En el estado de Monterey, por ejercicio indebido de funciones, autoridades de Nuevo León vincularon a proceso al ex-secretario de Obras Públicas estatal, Luis Gerardo Marroquín Salazar, quien evadió la prisión cautelar al presentar dos suspensiones provisionales otorgadas por un juez.
La Jueza de Control, Verónica Cecilia Díaz, estableció que el funcionario de la pasada administración otorgó indebidamente un contrato para la construcción del canal pluvial 1 en el Interpuerto Monterrey, ubicado en el municipio de Salinas Victoria.
En ese marco, consideró que Marroquín Salazar “actuó de forma dolosa con un grado de participación directo y material durante el proceso y ejecución de la obra”.
De acuerdo con los argumentos presentados por la fiscal Cynthia Aguilar Guerra, el ex-funcionario estatal celebró un contrato de obra con la empresa Ruisolk Construcciones, S.A. de C.V., para la construcción de un canal pluvial por 40 millones 929 mil 109 pesos.
Dicho contrato, refirió la Fiscalía, se efectuó el 9 de octubre del 2014 presuntamente sin contar con el estudio de ingeniería necesario.
Asimismo, se firmaron tres convenios modificatorios en enero, junio y julio de 2015 con sobrecostos y sin que estos contaran con dictámenes técnicos; tras la firma de los mismos, el monto total de la obra pasó a 40 millones 991 mil 996 pesos.
Incluso, manifestó la Fiscalía, el estudio del primer convenio se realizó tiempo después de haberse firmado el documento, aunado a que durante dichos convenios se realizaron pagos improcedentes.
El gobierno estatal refirió que el proyecto original era la construcción de un pluvial de cinco mil 900 metros lineales, pero únicamente se construyeron 910 y también hubo modificaciones en los trabajos de excavación que en un principio se habían pactado, expuso la Fiscalía.
Al solicitar la Fiscalía aplicar como medida cautelar la prisión preventiva, la defensa legal de Marroquín Salazar presentó dos suspensiones provisionales otorgadas por el Juez Segundo de Distrito en Materia Penal Administrativa contra la orden de detención y para evitar ser obligado mediante el uso de la fuerza pública a presentarse.
Aunque la Fiscalía señaló que ambas suspensiones no surtían efectos en el caso concreto por tratarse de un acto posterior al otorgamiento de las medidas cautelares, la jueza determinó no imponer la medida cautelar; el cierre de investigación se estableció para el próximo 20 de julio.
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