miércoles, 7 de junio de 2017
Rechaza TEPJF uso indebido de recursos del gobierno federal y Eruviel en elección del Edoméx
- Morena señaló que hubo un uso indebido de recursos públicos a través de la entrega masiva de programas sociales en favor del PRI.
Por Mario Ruiz Hernández
VALLE DE MÉXICO., a 7 de junio del 2017.- Mientras las sesiones ininterrumpidas de los cómputos distritales de la elección a gobernador del estado de México, siguen con relativa calma, y en algunas juntas, con la presión de seguidores de morena y la ilegal actuación de observadores electorales a fines al movimiento López Obradorista.
Por otra parte, después del medio día, La Sala Superior del Tribunal Elector del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la inexistencia de la violación denunciada por morena atribuida al PRI, a Alfredo del Mazo Maza, a diversos funcionarios del Gobierno federal, así como al gobernador del estado de México, Eruviel Ávila Villegas.
Morena señaló que hubo un uso indebido de recursos públicos a través de la entrega masiva de programas sociales en favor de la elección del entonces candidato del PRI, Alfredo del Mazo Maza.
La confirmación de la inexistencia de la acusación presentada por morena se dio por unanimidad de votos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Al resolver el juicio SUP-JRC-178/2017, el Pleno de la Sala Superior desestimó los argumentos de morena.
En este sentido, señaló que el TEEM sí tomó en consideración la posible vulneración a principios de imparcialidad y neutralidad, y que analizó todos los argumentos expuestos por dicho partido político.
Asimismo, subrayó que los precedentes citados por Morena se referían al periodo de campañas, mientras que los hechos denunciados se llevaron a cabo durante el periodo anterior a las mismas (intercampañas), por lo que no resultaban relevantes para este caso.
El 12 de abril de este año, morena presentó una queja contra el Partido Revolucionario Institucional (PRI), su candidato a gobernador en el estado de México y diversos funcionarios públicos, por un supuesto uso indebido de recursos públicos, a través de la entrega de programas sociales.
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