La SNA solicitó a estados que apliquen la ley general 3 de 3

El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), apoyó el pronunciamiento de la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, sobre la aplicación de la Ley General de Responsabilidades en todos los estados del país, y consideró “innecesario” crear normativas locales cuando existe una general que las engloba. En lo que fue su segunda sesión ordinaria, el SNA exhortó a los Congresos de las entidades, para que no emitan las leyes locales de Responsabilidades, por el contrario, apliquen la legislación general, a través de una recomendación “no vinculante”. En ese sentido, Juan Manuel Portal Martínez, auditor Superior de la Federación (ASF), consideró importante que se aplique una sola legislación, que permita que los estados creen la propia, generaría el riesgo de que un delito de corrupción se considere grave en una entidad y en otra no. “En alguna entidad federativa, se calificará como no grave alguna situación de responsabilidad si no hubiera una inhabilitación, que en otros estados el mismo delito fuera clasificado de esta manera”, explicó Portal Martínez. Por su lado, Alfonso Pérez Daza, representante del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) citó la jurisprudencia P.VII.2017 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que la existencia de una Ley General, implica que las leyes locales homólogas quedarían derogadas. Además, se puede aplicar la Ley General sin necesidad de crear leyes locales, precisamente porque éstas se hacen innecesarias frente a la legislación de mayor jerarquía, ante lo cual, se acordó recomendar a las legislaturas locales que no emitan Ley de Responsabilidades locales. El comité también aceptó que se suspenda la obligación de presentar la Declaración Patrimonial, en tanto no se apruebe un formato específico en la nueva Ley de Responsabilidades. Arely Gómez González, aclaró que si bien la Secretaría de la Función Pública (SFP) está preparada para hacer frente a este reto, que no es menor y significa pasar de 1.6 millones de declaraciones a 6 millones, las cuales podrían significar un desperdicio de recursos, los funcionarios de menor nivel no tienen posibilidad de enriquecerse ilícitamente y sería irrelevante revisarlos con detalle. Mientras no haya formatos, no se obligará a realizar Declaraciones Patrimoniales, aunque la ley establece el 19 de julio, como fecha vigente de este ordenamiento. A dos semanas de que se cumpla el plazo para la instalación de los Sistemas Locales Anticorrupción (SLA), el SNA hizo un llamado a los 32 Congresos locales, a cumplir con los plazos que señala la Constitución y fijó como fecha límite el 19 de julio para tenerlos listos. Por concordancia, los integrantes del Comité Coordinador, aprobaron la creación de un mecanismo de seguimiento a los procesos de designación de los integrantes del SLA. Así como una metodología para elegir a los titulares de los Órganos Internos de Control (OIC) de la administración pública federal, para lo cual la titular de la SFP propuso crear un grupo estratégico y uno técnico. El propósito de ambos grupos es crear una política pública con criterios técnicos y especializados en este proceso, Jacquelline Peschard, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del SNA, abundó que esta propuesta implicaría un calendario de más de nueve meses, por lo que pidió un esfuerzo para recortar el plazo, Gómez González aceptó la petición y ofreció “entregarles” para diciembre del presente año. Por otro lado, el Comité Coordinador del SNA aceptó también la propuesta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), para que los jueces locales sean nombrados bajo el mismo mecanismo de elección de jueces de distrito y magistrados de circuito. Alfonso Pérez Daza, representante del CJF, detalló que realizarán exámenes públicos en tres etapas: de conocimientos, de presentación de proyectos y examen oral de oposición. Asimismo, el comité aceptó apegarse a la Matriz de Casos de Cohecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a fin de establecer el criterio que se utilizará para determinar los casos graves o prioritarios de corrupción.