Por presunta extorsión separaron de su cargo a funcionarias de la PGJ-CDMX

En la Ciudad de México, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) separó de sus cargos a la ministerio público de la Fiscalía de Robo de Vehículo, María Cristina Méndez Santana, y a la oficial secretario, Nallely Castellanos Robelo, luego de que presuntamente trataron de extorsionar a un ciudadano, a cambio de no modificarle su situación legal.

En tres llamadas telefónicas se reveló cómo exigieron dinero a una persona, a quien le robaron su motocicleta, en la colonia Condesa. Dos semanas después, la unidad fue recuperada y un hombre fue detenido, a quien la víctima acusó de haber participado en el robo de la unidad. El delincuente llevaba el casco puesto por lo que el dueño, en una primera instancia, dijo no reconocerlo y luego mencionó que era uno de los probables delincuentes. Ante esta situación, la ministerio público, María Cristina Méndez, junto con su oficial secretario, Nallely Castellanos Robelo, presuntamente exigieron 15 mil pesos para no cambiar el estatus de víctima a probable responsable, por el delito de falsedad en declaraciones. La Visitaduría General de la Procuraduría tomó conocimiento y las dos funcionarias fueron separadas de sus cargos, mientras se realiza una investigación. El subprocurador de Averiguaciones Centrales, Marco Antonio Reyes Peña, detalló que todas las actuaciones de las funcionarias serán investigadas. Reyes Peña indicó que darán “todas las facilidades a la Visitaduría Ministerial, así como a la Fiscalía de Servidores Públicos a efecto de que realice una revisión técnico jurídica de este expediente que, de esta averiguación previa que se inició en agosto del año pasado, del 2016 y de todos los expedientes que tenía esta unidad a su cargo”. Así mismo, la Fiscalía de Servidores Públicos ya tiene la instrucción de acelerar la investigación y dar la atención inmediata al denunciante, la Dirección General Jurídica de la institución ha separado ya del cargo a estas dos funcionarias, a efecto de que se realicen las investigaciones. Las funcionarias podrían llegar a ser presentadas ante un juez penal, por tratarse de delitos considerados graves.