Ariel Dulitzky, director de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas, detalló que según la investigación “hubo contratos entre ADT Petroservicios, que era una empresa creada por Los Zetas para lavar y dinero y Petróleos Mexicanos (PEMEX), hubo contratos millonarios y aparentemente de cada contrato entre el 10% y el 16% de esos contratos eran dedicados a sobornos. Los testigos no indicaron a quién se le pagaron estos sobornos si era a PEMEX o a algún otro funcionario público”.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue otro cliente de Los Zetas, en Coahuila, pues les vendían carbón para sus operaciones y les garantizaban contratos mediante licitaciones presuntamente arregladas a favor de la CFE.
El gobierno de Coahuila se deslindó de todas las acusaciones y pidió derecho de réplica.
El exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, emitió un comunicado donde afirmó que el documento “atenta en forma grave, injusta y directa” contra el honor del exmandatario y teme por su seguridad, la de su familia, esposa e hijos.
Negó “rotunda y categóricamente” las que llamó “falsas imputaciones” y anunció que pondrá “en marcha las acciones necesarias de carácter civil y penal” contra quienes lo acusan.
Dulitzky dijo que están dispuestos a “dialogar con cualquier autoridad, para que lo que dijeron los testigos, en los juicios en Texas, sean debidamente investigados” y apuntó que el único objetivo que tenía el informe era dar a conocer lo que habían dicho los testigos, en estos juicios.
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