La Comisión de Diversidad, que preside la diputada Salma Luévano de la bancada de MORENA, aprobó su Plan Anual de Trabajo, que incluye las estrategias a seguir en apoyo e impulso a la comunidad LGBTQI+. El plan estratégico está dividido en 13 ejes, lo que permitirá organizar el trabajo que se desarrolla en la Comisión.
Además, plantea establecer contactos con diversas instituciones con el propósito de obtener el reconocimiento que necesita la comisión, sobre todo porque la finalidad es velar por los derechos de la comunidad LGBTQI+.
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De igual forma, la comisión aprobó un dictamen con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a continuar promoviendo la igualdad y no discriminación, así como la inclusión de la diversidad en espacios laborales
El punto precisa que México tiene el lugar ocho entre los 10 países con mayor número de población de la diversidad sexual. De acuerdo con la Encuesta de Diversidad y Talento LGBT en México, 41 % de las personas transexuales tiene oportunidades limitadas de encontrar empleo, a pesar de contar con estudios superiores a los requeridos.
Menciona que los mercados laborales discriminan y segregan a las personas de la diversidad sexual, sin importar su experiencia y capacidad. Debido a sus preferencias sexuales, les son requeridos la prueba de VIH y test psicológicos, lo que ocasiona un trato diferenciado, pese a que el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra que toda persona tiene derecho al trabajo sin discriminación alguna.
Avala reuniones de trabajo con funcionarios
También fueron aprobados distintos acuerdos para solicitar reuniones de trabajo con funcionarios, lo cual también forma parte de la planeación estratégica de la Comisión. El primero invita a la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y no Discriminación del Consejo General del INE a una reunión de trabajo.
Otro acuerdo solicita reunión de trabajo con la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Dos más invitan al presidente de la Junta de Gobierno del INEGI, y a la Coordinadora de Estudios, Legislación y Políticas Públicas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), a reuniones de trabajo.
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