* Más de 80% de las y los mexiquenses percibe “muy frecuentes” los actos de corrupción de los gobiernos estatales y municipales.
La diputada Miriam Escalona, presidenta de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción del Congreso Local, afirmó que las personas servidoras públicas están obligadas a generar una nueva agenda en materia de combate a la corrupción y a establecer redes de colaboración con la sociedad civil organizada, pues naturalizar la corrupción implicaría enfrentar un futuro devastador desde el punto de vista social, económico y cultural.
La legisladora encabezó el foro “Retos y avances del sistema Estatal Anticorrupción”. En él, aludió a datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019, elaborada por el INEGI, la cual arrojó que 83.7 % de las y los mexiquenses percibió que los actos de corrupción son muy frecuentes en los gobiernos estatales y 80.4 % en los municipales. Consideró que son instituciones que inspiran poca confianza. Además, la tasa de personas que tuvieron contacto con algún servidor o servidora púbica y experimentó al menos un acto de corrupción fue de 20 mil 683 personas por cada 100 mil habitantes.
La legisladora propuso tres estrategias que permitirán avances concretos: dar seguimiento a la labor preventiva de los órganos fiscalizadores; duplicar el esfuerzo para impulsar criterios de profesionalización e implantación del servicio profesional de carrera, y promover la participación ciudadana mediante mecanismos de acceso a la información y rendición de cuentas.
En el contexto del Día Internacional contra la Corrupción, Escalona dijo que para seguir reforzando esta lucha se requieren medidas simbólicas y acciones contundentes que tiendan a recuperar la credibilidad de las y los ciudadanos en las instituciones públicas, estableciendo metas y objetivos claros.
En presencia de José Martínez Vilchis, comisionado presidente del INFOEM, agregó que el sistema debe demostrar eficiencia y eficacia en el desempeño de sus órganos y enfocar su trabajo, fundamentalmente, al trato de las personas con la policía y los agentes de tránsito, la atención de los Ministerios Públicos, la actuación de los jueces y la realización de trámites en línea.
También participante en el foro, Victorino Barrios Dávalos, titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma del Estado de México, expuso que todo servidor público debe acostumbrarse a rendir cuentas y que es preciso explorarse nuevas formas para nombrar a los contralores municipales, que actualmente son propuestos por las y los alcaldes, por lo que es necesario que sean designados o avalados por la Legislatura, para que no se vean obligados a informar a quien les paga.
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