• El objetivo es abordar, con una perspectiva interdisciplinaria, los elementos esenciales en la materia
La Cámara de Diputados, a través de las secretarías General, y de Servicios Parlamentarios, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP), organizó el curso “Nociones de Legislación y Política Ambiental”.
El objetivo es abordar, desde una perspectiva interdisciplinaria, los elementos esenciales de esta materia. Está integrado por cuatro módulos: el derecho humano al medio ambiente sano, introducción al estudio ecológico, legislación ambiental, y política ambiental institucional.
La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Karen Castrejón, afirmó que para frenar el deterioro de los recursos naturales la legislación y las políticas públicas en materia ambiental son indispensables. Advirtió la necesidad de aplicar acciones contundentes para frenar el deterioro de los recursos naturales e incorporar criterios de desarrollo sostenible en todas las actividades humanas.
Primer curso en su tipo
La secretaria General de la Cámara de Diputados, Graciela Báez, destacó que este curso es el primero en su tipo y resaltó que el CEDIP se ha integrado con un equipo con perfiles multidisciplinarios en el marco del Servicio Civil de Carrera, con el propósito de trabajar con las comisiones y, las y los diputados, para brindarles apoyo en su actividad legislativa.
El medio ambiente es un tema ante el cual no se puede permanecer indiferente
Juan Carlos Cervantes Gómez, director general del CEDIP, afirmó que actualmente el medio ambiente es un tema ante el cual no se puede permanecer indiferente, por lo que el Centro de Estudios desarrolla el análisis e investigación al respecto.
Destacó que el curso es novedoso al abordarse con una visión multidisciplinaria. Se ha estructurado en cuatro módulos para tocar el tema del reconocimiento del derecho humano al medio ambiente sano y los instrumentos internacionales, mediante los cuales los países han adquirido el compromiso de formular, modificar o adaptar la arquitectura normativa, diseñar e instrumentar políticas públicas y emprender acciones para fomentar su protección.
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