La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con el objetivo de prohibir por cualquier medio la distribución gratuita, venta y suministro de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico a menores de edad en las instituciones educativas públicas y privadas de educación básica.
El dictamen modifica la Fracción VIII del artículo 50 del citado ordenamiento legal. Fue avalado por unanimidad y turnado al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Establece dentro de las obligaciones de las autoridades federales, de las entidades federativas, de las municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, el prohibir también la venta a través de distribuidores automáticos o máquinas expendedoras de estos productos al interior de dichas instituciones.
La presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, Ana Lilia Herrera, dijo que el reto es prevenir y combatir la obesidad infantil, así como fomentar en la niñez hábitos alimenticios saludables.
Además, consideró que la promoción de una alimentación equilibrada, el consumo de agua potable, el fomento del ejercicio físico y el impulso a programas de prevención e información, son retos que no solo demandan legislar, “demandan que usemos el resto de nuestras facultades, la aprobación del presupuesto y la vigilancia de los recursos ya asignados, por cierto, cada vez más pocos”.
La diputada Rocío Banquells, puntualizó que es necesario realizar modificaciones a la ley para construir mecanismos de prevención de enfermedades y garantizar el derecho de las y los niños a un libre y adecuado desarrollo. “Consideramos que aprobar el dictamen representa una acción directa del Poder Legislativo en la protección del desarrollo integral de la infancia como un derecho humano”.
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