• Avaló por unanimidad reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad de 480 votos, el dictamen que reforma el párrafo quinto del artículo 54 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para establecer que no se podrá negar o restringir la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en los planteles educativos.
El documento, remitido al Senado para sus efectos constitucionales, plantea que en los casos donde sea necesario y de forma excepcional que las niñas, niños y adolescentes con discapacidad recurran a la educación especial, esta deberá tener perspectiva de inclusión y sin discriminación.
Al fundamentar el dictamen, la diputada Dulce María Corina Villegas Guarneros señaló que con esta reforma se avanza en la construcción de un país más igualitario en favor de niñas, niños y adolescentes con discapacidad y en donde la diversidad y el respeto a lo diferente sea el estandarte del actuar cotidiano.
Consideró indispensable que el Estado garantice y proporcione el mismo nivel de oportunidades en términos educativos; por ello, es necesario prever disposiciones normativas que garanticen el derecho de niñas, niños y adolescentes a la educación y pueda materializarse y ejercerse bajo condiciones ordinarias.
Por lo anterior, añadió, la educación deberá ser inclusiva debiendo tomar en cuenta las distintas capacidades, circunstancias y necesidades de quienes la reciban.
Argumentó que, de acuerdo con la Convención de las Personas con Discapacidad, corresponde al Estado proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes en esta condición con el objetivo de velar por su integridad y participación social plena.
Al fijar su postura a favor, la diputada de MC, Elvia Yolanda Martínez Cosío, expresó que es fundamental incorporar en la ley factores de sensibilización que permitan la inclusión de la niñez con discapacidad y que el Estado haga valer el principio del interés superior de esa población.
Añadió que las y los legisladores deben reconocer esta vulnerabilidad y garantizar una mejor calidad de vida, así como establecer la obligación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno en la generación de medidas que eviten la exclusión.
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