• Por unanimidad, la Cámara de Diputados adicionó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
La Cámara de Diputados aprobó, con la unanimidad de 489 votos, el dictamen que adiciona un segundo y tercer párrafos al artículo 45 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para precisar como responsabilidad de autoridades de los tres niveles de gobierno prevenir matrimonios infantiles.
El dictamen, enviado al Senado, establece que la edad mínima para contraer matrimonio es a los 18 años y que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, deberán adoptar medidas integrales para la protección de niñas, niños y adolescentes contra las prácticas nocivas de cesión a título oneroso o gratuito con fines de unión formal e informal o consuetudinaria.
Estas medidas deberán establecer acciones afirmativas respecto de niñas, niños y adolescentes que formen parte de comunidades indígenas, afromexicanas, con discapacidad, en situación de migración, desplazamiento o en exclusión social.
El dictamen de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia menciona que esta problemática es transversal y debe ser atendida por las autoridades del gobierno Federal, estatal y municipal, quienes requieren realizar acciones para garantizar el Interés Superior de la Niñez por encima de cualquier uso o costumbre que tenga como finalidad atentar contra los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Menciona que en México, a pesar de tener un marco jurídico robusto enfocado A la protección de las niñas, niños y adolescentes, subsisten prácticas relacionadas con el matrimonio infantil. Según datos del Inegi, en 2020 se registraron 335 mil 563 matrimonios, cantidad que representa una disminución de 33.5 por ciento respecto A 2019, cuando hubo 504 mil 923.
De estos matrimonios, 26 fueron con al menos uno de los contrayentes menor de edad. Los estados donde se registraron estos matrimonios: Chihuahua con 7 casos, Durango con 5, Guanajuato y Puebla con 3, y el resto correspondiente a cuatro entidades federativas.
El matrimonio infantil daña a niñas y niños
En la fundamentación, la presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI), expresó que el matrimonio infantil es una problemática inmersa en todos los niveles sociales, especialmente en las comunidades más pobres.
Indicó que en los hechos se justifica bajo los usos y costumbres de comunidades indígenas. “Las niñas son las más vulnerables, son víctimas de factores sociales y económicos, y a pesar de los esfuerzos por construir un marco jurídico sólido, parece que no nos alcanza para llegar a lo más profundo de esta situación que roba a las niñas su tranquilidad”.
De acuerdo con diversos estudios, dijo, 40 por ciento de las mujeres de 15 a 54 años en localidades rurales se unieron o se casaron antes de los 18 años. Los datos aumentan en 46 por ciento cuando se trata de mujeres hablantes de una lengua indígena. Una de cada diez jóvenes de 15 a 24 años que se casaron o unieron siendo niñas, lo hicieron con hombres diez años mayores que ellas. Tres de cada 10 de niñas de 10 a 15 años en comunidades indígenas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas siguen siendo vendidas por usos y costumbres para matrimonios forzados.
Herrera Anzaldo precisó que el matrimonio infantil daña a niñas y niños, violentando su presente y arruinando su futuro. Es la antesala de embarazos en adolescentes, obstaculiza el ejercicio de derechos y prolonga situaciones de precariedad y violencia contra las mujeres.
Prevenir la venta o intercambio
Al fijar su posicionamiento, la diputada Norma Angélica Aceves García (PRI) señaló que en todo el mundo, alrededor del 21 por ciento de mujeres adolescentes se han casado antes de cumplir los 18 años, y de seguir la incidencia actual, en 2030 más de 150 millones de niñas y adolescentes se casarán; en México, el matrimonio infantil afecta al 4.45 por ciento de adolescentes entre los 12 y los 17 años.
Mencionó que el dictamen tiene la intención de prevenir la venta o intercambio de niñas, niños y adolescentes para forzarlos al matrimonio. Añadió que la mejor vía para eliminar estas prácticas es el empoderamiento, sobre todo de las niñas, para decidir sobre su vida y futuro, que asistan a la escuela y puedan encontrar un empleo.
Poner un alto al matrimonio infantil
Karen Michel González Márquez, diputada del PAN, expresó que con el dictamen se puede poner un alto al matrimonio infantil. “Estamos viviendo una situación muy lamentable que es necesario terminar; al amparo de usos y costumbres, es desafortunada una práctica común que las niñas sean intercambiadas de manera forzada”.
Añadió que las menores sufren abusos de todo tipo, sexual, doméstico y de género; son víctimas de embarazos no deseados. “Estamos hablando de un acto de esclavitud que no debería de repetirse nunca más. A unos días de celebrar el 30 de abril, Día del Niño y la Niña, más que un regalo brindemos un legado que proteja a la niñez”.
Garantizarles sus derechos
El diputado Alberto Villa Villegas (Morena) consideró necesario garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Lamentablemente, dijo, existen prácticas familiares y sociales que vulneran sus derechos fundamentales y dignidad obligándoles a convertirse, a temprana edad, en esposas, esposos y, posteriormente, en padres o madres.
Abundó que el matrimonio infantil es parte de un ciclo repetitivo de carencias, pobreza y desigualdad. Por ello, aseveró, es vital establecer acciones afirmativas en favor de las niñas, niños y adolescentes que formen parte de comunidades indígenas, con discapacidad, en situación de falta de movilidad o exclusión social.
Aceptan reserva
El Pleno aceptó incluir la reserva de la diputada Elizabeth Pérez Valdez (PRD), a nombre de la diputada Gabriela Sodi Miranda (PRD), para modificar el artículo 45 del proyecto de decreto.
Indicó que las reformas deben estar enfocadas en aquellos grupos que, por su movilidad, se encuentran también en situaciones de vulnerabilidad, como son las niñas y los niños en situación de migración o desplazamiento, así como considerar a las comunidades afromexicanas.
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