Proponen iniciativa para fortalecer la crianza respetuosa entre las familias y comunidades

• La diputada Balderas Hernández impulsa reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

La diputada Itzel Josefina Balderas Hernández propuso una iniciativa para reformar el artículo 120 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con el objetivo de fortalecer la crianza respetuosa entre las familias y comunidades.

La modificación establece que corresponde a la Federación, a través del Sistema Nacional DIF, celebrar convenios de colaboración con los sistemas de entidades y municipios, así como con organizaciones e instituciones de los sectores público, privado y social.

La finalidad de dichos convenios es otorgar herramientas de apoyo para fortalecer una crianza respetuosa entre las familias y comunidades, a través de materiales digitales, talleres permanentes y capacitación al personal en la materia. 

Observa que en el país seis de cada 10 niñas y niños son criados con una disciplina violenta, lo que genera que su desarrollo físico, cognitivo y social se limite, además de que se normalizan los patrones de violencia.

El documento, que se analiza en la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, expone que cuando el infante crece en ambientes violentos desarrolla menos conexiones neuronales.

“Las experiencias que tiene un niño durante la primera infancia son decisivas para la arquitectura de su cerebro, por lo que exponerlos a situaciones de violencia afecta la estructura de sus conexiones neuronales”, señala.

Menciona que, con el fin de reconocer la importancia de la educación basada en el amor, en enero de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para prevenir, atender, sancionar y prohibir el castigo corporal humillante; asimismo, varios estados implementaron programas al respecto.

También, agrega, el DIF contribuye en la construcción de un nuevo estilo de crianza basada en el amor y el respeto, implementa talleres y otorga materiales informativos para madres, padres, cuidadores y servidores públicos.

Ejemplo de ello, añade, Guanajuato contribuye al desarrollo de competencias y habilidades parentales para mejorar las interacciones entre mamá, papá, hijas e hijos. Por su parte, Morelos implementó talleres sobre crianza positiva en jardines de niños y primarias públicas para aplicar estrategias que ayuden a la interacción entre la familia.

Añade que la ley faculta al DIF a establecer mecanismos que protejan a la niñez y adolescencia; sin embargo, no existe una obligación concreta para que el programa en materia de crianza positiva sea permanente.

Por lo anterior, destaca la importancia de incorporar en las atribuciones del Sistema Nacional DIF las acciones de promoción y fomento de una crianza positiva.

Piden que procedimientos de adopción sean expeditos, ágiles y con los requisitos estrictamente necesarios

• Se debe anteponer en todo momento el interés superior de la niñez

• La diputada Berenice Juárez Navarrete (PAN) planteó modificar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

La diputada Berenice Juárez Navarrete (PAN) propuso reformar el artículo 28 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de que los procedimientos de adopción sean en todo momento expeditos, ágiles, sin más trámites, plazos o requisitos que los estrictamente necesarios, anteponiendo en todo momento el interés superior de la niñez.

La iniciativa señala que, según datos de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en México hay aproximadamente 33 mil niñas, niños y adolescentes viviendo en algún centro de asistencia social, privados de estar en familia y en comunidad.

Una de las principales causas de ello, añade, es que en nuestro país se prioriza más la institucionalización del cuidado de los menores en situación de desamparo, que su integración a un núcleo familiar donde sea posible su desarrollo integral.

 Resalta que miles de procesos de adopción se encuentran detenidos entre largos y tediosos trámites burocráticos, mientras los obstáculos administrativos para que se concreten adopciones, provocan el estancamiento de los juicios. Uno de los principales contratiempos es la resolución judicial de los menores de edad, pues un juez debe determinar si son idóneos para ser adoptados, hecho que puede prolongarse por largo periodo, incluso de años.

Ello, añade, por la búsqueda de los padres o familiares biológicos del infante o de la espera para que los padres biológicos acepten que no pueden hacerse cargo de ellos y cedan los derechos para que el menor sea jurídicamente apto para ser adoptado. Derivado de ello, así como del resto de trámites administrativos y judiciales, los procesos de adopción en nuestro país pueden durar hasta 5 años.

El documento enfatiza que “cada día que pasa para las niñas y niños que habitan en centros de asistencia social, representa una posibilidad menos de poder ser adoptados e integrados a un entorno familiar, pues la mayoría de personas que inician trámites de adopción, prefieren a menores de 0 a 4 años”.

​Refiere que datos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia DIF, durante 2020 se registraron sólo 23 adopciones, 16 más que en 2019 cuando se contabilizaron siete.

 Afirma que la adopción, como disyuntiva de cuidado alternativo, representa el principal mecanismo que permite garantizar el derecho que tiene toda niña, niño y adolescente a vivir en un entorno familiar que le brinde protección y cuidado, estabilidad material y emocional, dotándolos de una infancia feliz y los prepare para la vida adulta.

No obstante, adoptar en el país puede ser un proceso complejo y lento para quienes aspiran a ser padres o madres, llegando a representar una verdadera prueba de resistencia.

Por ello, indica, “hay una deuda social del sistema, ya que este no está funcionando alrededor de los niños”. Su estancia en espera de adopción debe ser del menor tiempo posible, debiendo responder en todo momento el cumplimiento de sus derechos.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia para su análisis y dictaminación.

Impulsan establecer la Alerta de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes

 

• Se proponen mecanismos de coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, para garantizar la integridad de la población infantil

• La diputada Gómez del Campo Gurza (PAN) pide adicionar varios artículos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

La diputada Mariana Gómez del Campo Gurza (PAN) propuso crear la Alerta de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes, con un enfoque preventivo y la implementación de mecanismos de respuesta inmediata para la atención, sanción y erradicación de la violencia infantil.

Lo anterior, mediante una iniciativa también suscrita por las y los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y publicada en la Gaceta Parlamentaria, que adiciona los artículos 145 Bis, 145 Ter, 145 Quáter, 145 Quinquies, 145 Sexies y 145 Septies de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Define la Alerta “como el conjunto de acciones gubernamentales coordinadas, integrales, de emergencia y temporales, realizadas entre las diversas autoridades para establecer medidas que articulen la identificación, detección, atención, prevención y reducción de los principales factores de violencia contra niñas, niños y adolescentes, para garantizar una respuesta rápida y eficaz de las diferentes autoridades del Estado”.

Sus objetivos son incorporar mecanismos de coordinación entre las autoridades federales, municipales y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, con el fin de garantizar la vida, la integridad, la libertad, la seguridad y el acceso a la justicia para las niñas, niños y adolescentes.

De igual forma, proponer acciones conjuntas para su prevención, atención y sanción. Para ello, destaca la necesidad de monitorear, identificar y advertir oportunamente los riesgos de violencia; propiciar escenarios de información pública sobre las acciones y logros frente a riesgos y situaciones relacionadas, así como unificar y coordinar estrategias con todas las entidades federativas, para lograr mayor eficacia.

La legisladora Gómez del Campo señala que la Alerta se emitirá cuando exista un contexto de violencia contra niñas, niños y adolescentes, caracterizado por el incremento persistente de hechos o delitos que involucren violaciones a sus derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad en un territorio.

También cuando existan omisiones documentales y reiteradas por parte de las autoridades gubernamentales del cumplimiento de sus objetivos en materia de prevención, atención, sanción y acceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes.

Su trámite se podrá iniciar a solicitud de organismos públicos autónomos o internacionales de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil o grupos de familiares de víctimas. Asimismo, a partir de la identificación por parte del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y del incremento persistente de hechos o delitos que involucren violaciones de sus derechos fundamentales. 

La Declaratoria de Alerta deberá presentarse al Gobierno Federal a través de la Procuraduría Federal de la Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes. Para su levantamiento, se deberá acreditar fehacientemente su cumplimento, mediante la incorporación en las políticas públicas o legislación, y/o de la disminución sostenida de la violencia identificada. 

En su argumentación refiere que, de acuerdo con la organización Save The Children, en 2021 se cometieron en México más de 27 mil 772 delitos contra este sector: dos mil 450 homicidios (siete diarios), más de 107 feminicidios de niñas y adolescentes (nueve al mes) y 13 mil 758 lesiones. En tanto que, al primer trimestre de 2022, hubo 595 homicidios y aumentaron 83.52 por ciento los reportes de violencia familiar.

Gómez del Campo agregó que México está en deuda con las niñas, niños y adolescentes, porque las diferentes formas de violencia que se ejercen sobre ellas y ellos no deben tolerarse ni por instituciones gubernamentales ni por la sociedad. 

Aprueban establecer que los tres niveles de gobierno adopten medidas para prevenir matrimonios infantiles

• Por unanimidad, la Cámara de Diputados adicionó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La Cámara de Diputados aprobó, con la unanimidad de 489 votos, el dictamen que adiciona un segundo y tercer párrafos al artículo 45 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para precisar como responsabilidad de autoridades de los tres niveles de gobierno prevenir matrimonios infantiles.

El dictamen, enviado al Senado, establece que la edad mínima para contraer matrimonio es a los 18 años y que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, deberán adoptar medidas integrales para la protección de niñas, niños y adolescentes contra las prácticas nocivas de cesión a título oneroso o gratuito con fines de unión formal e informal o consuetudinaria.

Estas medidas deberán establecer acciones afirmativas respecto de niñas, niños y adolescentes que formen parte de comunidades indígenas, afromexicanas, con discapacidad, en situación de migración, desplazamiento o en exclusión social.

El dictamen de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia menciona que esta problemática es transversal y debe ser atendida por las autoridades del gobierno Federal, estatal y municipal, quienes requieren realizar acciones para garantizar el Interés Superior de la Niñez por encima de cualquier uso o costumbre que tenga como finalidad atentar contra los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Menciona que en México, a pesar de tener un marco jurídico robusto enfocado A la protección de las niñas, niños y adolescentes, subsisten prácticas relacionadas con el matrimonio infantil. Según datos del Inegi, en 2020 se registraron 335 mil 563 matrimonios, cantidad que representa una disminución de 33.5 por ciento respecto A 2019, cuando hubo 504 mil 923.

De estos matrimonios, 26 fueron con al menos uno de los contrayentes menor de edad. Los estados donde se registraron estos matrimonios: Chihuahua con 7 casos, Durango con 5, Guanajuato y Puebla con 3, y el resto correspondiente a cuatro entidades federativas. 

El matrimonio infantil daña a niñas y niños

En la fundamentación, la presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI), expresó que el matrimonio infantil es una problemática inmersa en todos los niveles sociales, especialmente en las comunidades más pobres. 

Indicó que en los hechos se justifica bajo los usos y costumbres de comunidades indígenas. “Las niñas son las más vulnerables, son víctimas de factores sociales y económicos, y a pesar de los esfuerzos por construir un marco jurídico sólido, parece que no nos alcanza para llegar a lo más profundo de esta situación que roba a las niñas su tranquilidad”.

De acuerdo con diversos estudios, dijo, 40 por ciento de las mujeres de 15 a 54 años en localidades rurales se unieron o se casaron antes de los 18 años. Los datos aumentan en 46 por ciento cuando se trata de mujeres hablantes de una lengua indígena. Una de cada diez jóvenes de 15 a 24 años que se casaron o unieron siendo niñas, lo hicieron con hombres diez años mayores que ellas. Tres de cada 10 de niñas de 10 a 15 años en comunidades indígenas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas siguen siendo vendidas por usos y costumbres para matrimonios forzados.

Herrera Anzaldo precisó que el matrimonio infantil daña a niñas y niños, violentando su presente y arruinando su futuro. Es la antesala de embarazos en adolescentes, obstaculiza el ejercicio de derechos y prolonga situaciones de precariedad y violencia contra las mujeres.

Prevenir la venta o intercambio

Al fijar su posicionamiento, la diputada Norma Angélica Aceves García (PRI) señaló que en todo el mundo, alrededor del 21 por ciento de mujeres adolescentes se han casado antes de cumplir los 18 años, y de seguir la incidencia actual, en 2030 más de 150 millones de niñas y adolescentes se casarán; en México, el matrimonio infantil afecta al 4.45 por ciento de adolescentes entre los 12 y los 17 años.

Mencionó que el dictamen tiene la intención de prevenir la venta o intercambio de niñas, niños y adolescentes para forzarlos al matrimonio. Añadió que la mejor vía para eliminar estas prácticas es el empoderamiento, sobre todo de las niñas, para decidir sobre su vida y futuro, que asistan a la escuela y puedan encontrar un empleo.

Poner un alto al matrimonio infantil

Karen Michel González Márquez, diputada del PAN, expresó que con el dictamen se puede poner un alto al matrimonio infantil. “Estamos viviendo una situación muy lamentable que es necesario terminar; al amparo de usos y costumbres, es desafortunada una práctica común que las niñas sean intercambiadas de manera forzada”.

Añadió que las menores sufren abusos de todo tipo, sexual, doméstico y de género; son víctimas de embarazos no deseados. “Estamos hablando de un acto de esclavitud que no debería de repetirse nunca más. A unos días de celebrar el 30 de abril, Día del Niño y la Niña, más que un regalo brindemos un legado que proteja a la niñez”. 

Garantizarles sus derechos

El diputado Alberto Villa Villegas (Morena) consideró necesario garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Lamentablemente, dijo, existen prácticas familiares y sociales que vulneran sus derechos fundamentales y dignidad obligándoles a convertirse, a temprana edad, en esposas, esposos y, posteriormente, en padres o madres.

Abundó que el matrimonio infantil es parte de un ciclo repetitivo de carencias, pobreza y desigualdad. Por ello, aseveró, es vital establecer acciones afirmativas en favor de las niñas, niños y adolescentes que formen parte de comunidades indígenas, con discapacidad, en situación de falta de movilidad o exclusión social.

Aceptan reserva

El Pleno aceptó incluir la reserva de la diputada Elizabeth Pérez Valdez (PRD), a nombre de la diputada Gabriela Sodi Miranda (PRD), para modificar el artículo 45 del proyecto de decreto.

Indicó que las reformas deben estar enfocadas en aquellos grupos que, por su movilidad, se encuentran también en situaciones de vulnerabilidad, como son las niñas y los niños en situación de migración o desplazamiento, así como considerar a las comunidades afromexicanas.

Aprueban reformas sobre el contenido de la reglamentación para realizar trámites de adopción

• El dictamen, que adiciona la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, fue avalado por unanimidad.

La Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad de 472 votos, adicionar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de establecer el contenido de la reglamentación para realizar los trámites de adopción cuando los solicitantes acudan a las Procuradurías de Protección, al Sistema Nacional DIF o a los Sistemas de los estados en la materia. 

La adición de un segundo párrafo al artículo 30 Bis 4, remitida al Senado de la República, indica que la reglamentación que para tales efectos se emita deberá de contener los requisitos y documentos necesarios y suficientes para el trámite administrativo de adopción, cuyo propósito es determinar la idoneidad del o los adoptantes.

Además, las y los profesionistas encargados de realizar las entrevistas deberán tener la experiencia necesaria, que podrá acreditarse con los documentos correspondientes, y desempeñar sus funciones en estricto apego al interés superior de la niñez.

Las funciones y atribuciones de los organismos encargados de realizar los trámites administrativos, evaluaciones, opiniones y emisión del certificado de idoneidad también deberán acatar este principio.

El documento menciona que la adición tiene la finalidad de ampliar el campo de protección y otorgar certeza jurídica en aras de salvaguardar el interés superior de la niñez.  

Al fijar su postura, el diputado Salomón Chertorivski Woldenberg (MC) refirió que el Censo de Alojamiento de Asistencia Social del INEGI menciona que existen casi 900 casas hogar para menores de edad en el país.

La población usuaria residente es de más de 26 mil menores de edad; las niñas, niños y adolescentes que llegan a estos lugares lo hacen por muy diversas razones: son abandonados al nacer, huérfanos, víctimas de violencia, negligencia o abuso sexual, entre otras. 

Afirmó que “las, los y les niños tienen derecho a una familia, a vivir en un lugar seguro y en un entorno estable”. Enfatizó que “hoy alzamos la voz por aquellas generaciones que apenas vienen, porque es nuestra obligación defenderlas, defenderlos y legislar para garantizar sus derechos”.

Aprueba Cámara de Diputados reformas para proteger a niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad

• Modifican los artículos 10 y 26 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

La Cámara de Diputados aprobó que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, deberán adoptar de manera inmediata las garantías y medidas de protección especial de derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas de orfandad.

Con 482 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, se avalaron reformas a los artículos 10 y 26 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El dictamen establece que el Sistema Nacional DIF o los sistemas de las entidades, en coordinación con las procuradurías de Protección, garantizarán que reciban de manera inmediata todos los cuidados que se requieran por su situación de orfandad.

Brindan protección y certeza a la infancia

La legisladora Margarita Zavala de Acción Nacional, mencionó que todo lo que se refiere a niñas, niños y adolescentes debe ser prioritario para el Estado mexicano. Por ello, se deben garantizar sus derechos a la salud, educación, a tener una familia y a la seguridad.

Hizo votos para brindar protección y certeza a la infancia, principalmente a la que está en situación de orfandad. De acuerdo con UNICEF, en México hay 1.6 millones de niñas, niños y adolescentes en esta condición, a causa del fallecimiento de sus padres o madres, a consecuencia de diversos factores, como migración, crimen organizado, feminicidio y por covid-19.

Zavala detalló que, hasta marzo de 2021, el INMUJERES ubicó 796 casos de niñas, niños y adolescentes huérfanos por el feminicidio. Además, de acuerdo con el DIF, son alrededor de 118 que han quedado en la misma situación a causa del covid-19.

Obligación jurídica y prioridad social

La promovente de la reforma, Laura Barrera, señaló que, de acuerdo con un estudio en Suecia, cuando una niña o niño pierde a su madre a temprana a edad por causa de una enfermedad, su riesgo de padecer depresión oscila entre el 15 y 19 por ciento. Sin embargo, cuando la muerte ocurre por homicidio, suicidio o accidente, esto se suma a casi 223 por ciento más.

Subrayó que garantizar los derechos de la infancia es una obligación jurídica y una prioridad social. Esto, aunado al diseño de mejores programas institucionales y programáticos, así como al incremento de la inversión presupuestal en el bienestar de niñas y niños requiere de una participación y compromiso más amplio y la intervención de cada uno de los sectores del país.