* Diputadas y diputados de PRI y PAN y la FGJEM respaldan la
propuesta de Morena que surge a raíz del robo de agua en Ecatepec.
* Las bancadas tienen como límite el 5 de mayo para entregar
observaciones a la propuesta.
Las bancadas de Morena, PRI y PAN en el Congreso local, así
como representantes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México
(FGJEM), consideraron viable la iniciativa de sancionar con penas de dos a seis
años de prisión a quien, sin causa justificada, impida o restrinja de cualquier
forma el flujo del agua destinado al suministro de las y los usuarios, así como
de hasta ocho años de cárcel en contra de quien la explote o comercialice.
En reunión de trabajo, diputadas y diputados de las
comisiones de Procuración y Administración de Justicia y de Recursos
Hidráulicos, presididas por el diputado Gerardo Ulloa Pérez (Morena), acordaron
entregar antes del 5 de mayo las observaciones a la propuesta de reformas al
Código Penal estatal, presentada por las legisladoras Elba Aldana Duarte,
Azucena Cisneros Coss y Luz Ma. Hernández Bermúdez, así como por los
legisladores Daniel Andrés Sibaja González y Faustino de la Cruz Pérez, todos
de Morena.
Al exponer la propuesta, el legislador Daniel Sibaja
puntualizó que esta iniciativa surgió a partir de que en Ecatepec se han
detectado cinco tomas clandestinas de robo industrial, por lo que es necesario
el punto de vista de la FGJEM para conocer en qué casos podrían aplicar dichas
sanciones, con pleno respeto a la presunción de inocencia.
El diputado Faustino de la Cruz señaló que el huachicoleo
del agua está a cargo de una organización delictiva que ya puso en situación de
emergencia a Ecatepec y próximamente lo hará con otros municipios y Max Agustín
Correa Hernández (Morena) planteó que se incluyan sanciones a las autoridades
involucradas por acción u omisión.
Los legisladores Gerardo Lamas Pombo y Francisco Javier
Santos Arreola, del PAN, propusieron sanciones menores para el robo para uso
doméstico y la creación de padrones de surtidores de agua en pipa, así como la
revisión del funcionamiento de plantas tratadoras de agua y revisión de tomas
de suministro para diferentes establecimientos.
Del PRI, el diputado Mario Santana Carbajal y la legisladora
Josefina Aguilar Sánchez añadieron que es necesaria una revisión de los comités
autónomos de agua por las tarifas sin regulación que manejan, así como de las
purificadoras y sistemas de riego.
En su intervención, Fernando Ulises Cárdenas Uribe, fiscal central jurídico de la FGJEM, reconoció que la iniciativa abona al combate de la sustracción ilegal del agua y que el Estado sí tiene facultades para atender la situación porque lo respalda la Ley de Aguas del Estado de México y Municipios y el suministro usa la infraestructura estatal.
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