• Las comisiones unidas de Educación y de Pueblos Indígenas
y Afromexicanos lo avalan con 28 y 25 votos, respectivamente.
• Se envió a la Conferencia para la Dirección y Programación
de los Trabajos Legislativos, a la Dirección de Asuntos Jurídicos y a la
Secretaría de Servicios Parlamentarios.
Las comisiones unidas de Educación y de Pueblos Indígenas y
Afromexicanos, que presiden las diputadas de MORENA, Flora Tania Cruz Santos e
Irma Juan Carlos, respectivamente, aprobaron el acuerdo por el que se regula el
procedimiento para el cumplimiento de la sentencia dictada en la acción de
inconstitucionalidad 121/2019 en materia de educación indígena.
El documento fue avalado por 28 votos de la Comisión de
Educación y 25 votos, de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos; no
hubo votos en contra ni abstenciones.
Establece la constitución del comité de orientación de los
68 pueblos indígenas de México y del pueblo afromexicano y señala que las
iniciativas que tengan las Comisiones de Educación del Congreso de la Unión
para dictamen se presentarán ante el Comité Orientador para que defina si las
tomará en consideración total o parcialmente, o en su caso sean desechadas.
Asimismo, continuar el proceso de dictaminación que incluye,
además de las etapas ordinarias de un proceso legislativo, las fases indicadas
en la Acción de Inconstitucionalidad 121/2019 y establece un plazo de 120 días
a partir de la aprobación por las juntas directivas de las comisiones unidas y
se sujetará a los tiempos enmarcados, así como a las fechas que se señalan en
el Programa de Consulta.
Destaca que la implementación y desarrollo de la fase
consultiva estará a cargo de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos,
cuya junta directiva estará facultada para resolver todos los aspectos surgidos
durante dicho proceso consultivo y no previstos.
Asimismo, refiere que la Comisión de Educación estará
a cargo de la elaboración del proyecto de iniciativa y de dictamen, lo que no
limita la participación de las y los integrantes en las asambleas derivadas del
proceso consultivo.
También se autoriza a estas comisiones unidas a solicitar a
la presidencia de la Mesa Directiva que dé indicaciones a la Unidad de
Transparencia y a la Coordinación de Comunicación Social para que en auxilio de
ambas comisiones se hagan cargo de dar cumplimento en materia de transparencia
y difusión al proceso de consulta, nombrando para tal efecto a un vínculo
institucional que acompañe durante todo el proceso y tenga, para fines de
información pública, un teléfono y correo electrónico institucional.
Estipula que se haga del conocimiento al Pleno de la LXV
Legislatura y se envíe a la Gaceta Parlamentaria para su publicación durante
cinco días hábiles consecutivos, y que los casos no previstos en el acuerdo
serán resueltos por la mayoría de los integrantes de las comisiones unidas.
Una vez aprobado el acuerdo, se remitió copia a la
Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, a la
Dirección de Asuntos Jurídicos y a la Secretaría de Servicios Parlamentarios en
cumplimiento de los incisos d) y e) del artículo tercero; cuarto, sexto y
séptimo del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los
Trabajos Legislativos por el que se define el procedimiento para atender las
resoluciones judiciales en las que se vincule a su cumplimiento a la Cámara de
Diputados.
La diputada Irma Juan Carlos manifestó que se realizará un
trabajo transparente para abonar al desarrollo de los pueblos indígenas y
afromexicanos, “comprometidos con las causas de las comunidades y conscientes
de la deuda histórica que el Estado mexicano tiene con los pueblos
originarios”.
Resaltó que las consultas estipuladas en el acuerdo “se
hacen en el marco de una sentencia de la Suprema Corte” y que, de ahora en
adelante, todas las iniciativas relacionadas con pueblos y comunidades
indígenas y afromexicanas deberán ser consultadas.
Reconoció que falta un presupuesto acorde a las
necesidades de las 20 sedes en que se realizará la consulta con presencia de 68
pueblos indígenas del país. Señaló que los recursos se avalan en la Junta de
Coordinación Política por lo que se requiere del apoyo de todos los grupos
parlamentarios.
A su vez, la diputada Flora Tania Cruz Santos (MORENA) dijo
que ambas presidencias consideraron modificar el plazo de 90 días, que
originalmente proponía el acuerdo, a 120 días, que permita un buen trabajo de
dictaminación, pues es un proceso de consulta y de mucho trabajo que incluye
diversos puntos.
Confió en que se realizará un buen trabajo, porque “hay
grandes personas en ambas comisiones que sabremos cumplir con este
mandato”.
Reconoció la experiencia previa en la realización de
consultas de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos. “Estamos en
buenas manos, con gente de experiencia en la realización de estas actividades”.
El diputado Juan Carlos Romero Hicks (PAN) indicó que la
propuesta es necesaria y bien elaborada. Destacó la importancia de formar un
grupo de redacción de siete personas que reciba y elabore la propuesta final,
coordinado por las mesas directivas de las comisiones.
La diputada Anabey García Velasco (PAN) se pronunció por que
sea un proceso “transparente, sin sesgos políticos y haya una verdadera
inclusión de los pueblos originarios”, y que refleje que la prioridad son éstos
y haya una integración de todos los puntos de vista, con apertura para que
todos podamos ejercer el Poder Legislativo en bien de estas comunidades.
La diputada Araceli Ocampo Manzanares (MORENA) resaltó la
importancia de contar con 120 días para terminar el dictamen porque es un tema
muy importante, considerando que la consulta es un derecho de pueblos indígenas
y afromexicanos y se debe hacer con todas las formalidades de la ley, para
darles ese respeto y garantizarles que manifiesten de manera libre su decisión.
El diputado Juan Pablo Sánchez Rodríguez (MORENA) indicó que
se prevén 20 sedes para realizar los foros de consulta, lo que lleva a un tema
de presupuesto, “y nos tendremos que encargar todos, no solo las presidentas,
porque es una gestión que se deberá hacer”. Es un trabajo fuerte, pero
consideró que las dos juntas directivas son muy amplias y aptas para elaborar
la redacción.
La diputada Brianda Aurora Vázquez Álvarez (MORENA) confió
en que las juntas directivas harán un trabajo adecuado, y que todo el proceso
dejará un gran enriquecimiento y conocimiento. Llamó a participar, mostrar
interés y trabajar en unidad pues esto ES fundamental para todos los pueblos
originarios.
La diputada Martha Barajas García (MORENA) dijo que más allá
de dar paso a una respuesta de inconstitucionalidad, se garantizará a pueblos
indígenas y afromexicanos su derecho a la educación. “Nadie debe quedarse sin
expresar su voz, por eso son 120 días de intenso trabajo”, y se pronunció por
elaborar un marco jurídico idóneo en esta materia.
Enseguida, el diputado Alfredo Vázquez Vázquez (MORENA)
afirmó que realizar la consulta con tiempo es lo correcto, porque es un
ejercicio que requiere de un profundo análisis que involucra a muchos sectores.
Señaló que esta decisión va en favor de la educación multicultural bilingüe “y
sabremos corregir la ruta para ser incluyentes con todos los sectores”.
La diputada Shirley Guadalupe Vázquez Romero (PT) indicó que
estos foros permitirán conocer las demandas de las poblaciones indígenas y
afromexicanas, que necesitan especialistas en educación especial para abatir el
rezago, incluir a niñas y niños con barreras de aprendizajes, maestros de
educación física y la enseñanza de inglés como tercer idioma.
Del PAN, la diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez pidió que la próxima consulta a los 68 pueblos originarios y afromexicanos cuente con logística suficiente en lo económico, humano y material para concretarlas y no haya carencias económicas para concluir estos procesos que buscan mejorar las condiciones de vida de estos pueblos.
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