La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó las reglas básicas que regirán sus sesiones y trabajos

* Prevé un total de seis sesiones de diciembre de 2024 a enero de 2025

* Cita para el miércoles 8 de enero de 2025, a las 11:00 horas

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó, en votación económica, el acuerdo de la Mesa Directiva relativo a las reglas básicas para el desarrollo de las sesiones, la conformación del orden del día, los debates, las votaciones y los trabajos de las reuniones de la Mesa Directiva y de las comisiones, durante el primer receso del tercer año de la LXVI Legislatura.

El documento tiene el propósito de complementar la normatividad aplicable al funcionamiento de la Comisión Permanente, con el fin de contribuir al mejor desarrollo de los trabajos de esa instancia.

Sesiones

El acuerdo establece que la Comisión Permanente celebrará sus sesiones los días miércoles de cada semana. Conforme al calendario se define que éstas serán en diciembre el 17 (instalación y primera reunión), y para enero los días 8, 15, 22 y 29 (posible clausura).

La Mesa Directiva, previo acuerdo con los representantes de los grupos parlamentarios, podrá convocar a sesiones en días diferentes a los calendarizados. Durante el primer receso, las sesiones de la Comisión se celebrarán en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Respecto a la participación de las legisladoras y los legisladores en las sesiones se permitirá el reemplazo indistinto entre propietarios y sustitutos para los efectos del pase de lista, siempre y cuando éstos pertenezcan a la misma Cámara. Los grupos parlamentarios, 24 horas antes de la celebración de las sesiones, informarán a la Mesa Directiva el nombre de la legisladora o el legislador que asistirá, a efecto de que la Secretaría de Servicios Parlamentarios elabore la lista correspondiente.

Con el objetivo de dar cumplimiento a lo que dispone el segundo párrafo del artículo 45 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, una vez declarada abierta la sesión, la legisladora o el legislador que haya pasado lista de asistencia no podrá ser sustituido, por lo que, en caso de retirarse de la sesión, no se permitirá que otro legislador o legisladora cubra su ausencia para efectos de votaciones o participación en los debates.

Asimismo, se planea que las sesiones inicien a las 11:00 horas y tendrán una duración de hasta cuatro horas, mismas que podrán ser ampliadas para el desahogo de algún asunto en particular. Lo anterior con la autorización del Pleno y a propuesta de la presidencia de la Mesa Directiva.

Orden del día

Para la integración del orden del día, estipula que a los asuntos legales que las disposiciones establezcan como materia de la Comisión Permanente, se podrán incluir otros siempre que en su registro se observen las disposiciones contenidas en estas reglas.

El orden del día se integrará bajo la modalidad de registro de asuntos en línea, lo cual deberá realizarse únicamente por correo electrónico en la dirección comisionpermanente@diputados.gob.mx, a más tardar a las 13:00 horas del día anterior a la sesión, a través del correo institucional de las personas que cada grupo parlamentario acredite previamente ante la Mesa Directiva y la Secretaría de Servicios Parlamentarios; lo anterior, con la finalidad de ordenar los debates.

Además, en el orden del día de las sesiones, los asuntos deberán agruparse de la siguiente manera:

a) Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior;

b) Comunicaciones;

c) Solicitudes de licencia;

d) Acuerdos de la Comisión Permanente;

e) Declaratorias de aprobación de reforma constitucional;

f) Iniciativas de ley o decreto;

g) Dictámenes;

h) Proposiciones no legislativas;

i) Solicitudes de excitativa;

j) Agenda política; y

k) Efemérides.

Iniciativas

En cuanto a las iniciativas, éstas se deberán publicar previamente en la Gaceta Parlamentaria. Serán presentadas por un tiempo de hasta cinco minutos, se insertarán en el Diario de los Debates y serán turnadas a las comisiones de la Cámara correspondiente. No se concederá la palabra a ningún otro orador para referirse a la iniciativa presentada.

En cada sesión se propondrá en tribuna una iniciativa por cada grupo parlamentario, en orden descendente, salvo el grupo parlamentario de MORENA, quien podrá presentar dos iniciativas, una al principio y otra al final.

Realizan en Cámara de Diputados foro sobre el fenómeno migratorio en América del Norte hacia 2025

• Contar con propuestas conjuntas para atender los principales retos de la gestión migratoria que enfrenta México, el objetivo

• Participaron diputados, expertos, académicos e investigadores

La Cámara de Diputados, a través de la Secretaría General, la Secretaría de Servicios Parlamentarios y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), llevó a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro el foro “México ante el fenómeno migratorio: hacia una estrategia de gestión migratoria en América del Norte 2025”.

El encuentro, realizado en coordinación con la Universidad Iberoamericana, en el marco de “The migration conference”, tuvo el objetivo de elaborar propuestas conjuntas entre diversos actores para atender los principales retos de la gestión migratoria que enfrenta México.

La Diputada Ana Laura Valenzuela Sánchez (PAN), Presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, dijo que en las mesas de trabajo se hablará sobre diversos temas y propuestas para ver qué se puede hacer entorno a la migración.

Señaló que la mayor parte de las personas que migran no son por gusto o por ganas de explorar otro país, pues en la mayoría de los casos es por necesidad porque las situaciones de su nación las están orillando a buscar una mejor oportunidad para ellos y sus familias.

“Estas generaciones que representamos los hijos de los migrantes tenemos esta situación en donde no somos ni de aquí ni de allá; sin embargo, sabemos lo que es y significa para una familia el hecho de dividirse, de empezar de cero o de estar a expensas de una autoridad migratoria para saber tu status”, agregó.

El Diputado Mario Alberto Torres Escudero (MORENA) comentó que hay muchas personas en tránsito en el mundo; estos ciudadanos están ejerciendo un derecho universal que es el de migrar y México siempre ha tenido una cultura y tradición de aceptar a migrantes. “Escucharemos a expertos que nos van a compartir las investigaciones por parte de ellos, de institutos o investigadores sobre lo que están haciendo los países a nivel mundial con el tema de la migración”.

Manifestó que este fenómeno mundial está ligado actualmente a dos temas importantes: la situación económica en los países de origen, lo cual los obligan a migrar por no encontrar el bienestar que buscan en sus países de origen, y el segundo factor es el cambio climático.

La Diputada Olimpia Tamara Girón Hernández (MORENA) indicó que el sistema de migración tiene muchas deficiencias, por lo que es necesario buscar elementos trascendentales para hacer eficiente la normatividad y las políticas públicas que se establecen para lograr el bienestar para todas y todos los que viven en el país y de quienes transitan por el mismo.

“Se estarán analizando temas trascendentales e importantes como es la reinserción; es decir, que ese migrante no es ni de aquí ni de allá, y esos son temas que se deben tomar en cuenta, ¿por qué sale una persona de su zona, de su familia, donde le quieren, donde pertenece?, pues por una sencilla razón: todas y todos buscamos un bienestar”.

El Diputado Manuel Alejandro Robles Gómez (MORENA) dijo que las instituciones están promoviendo este ejercicio, sobre todo porque México está perdiendo mucho al no darle la atención a este tema, pero también para facilitar un enfoque en donde se deje de ver como un problema y que la migración sea atendida como una gran oportunidad.

“México puede ofrecer un gran planteamiento, nosotros en Cámara de Diputados presentamos muchas iniciativas para reformular este enfoque de la migración y ponerle todo el énfasis al cumplimiento del Estado mexicano con la movilidad humana, poniéndole el énfasis a la protección internacional”, agregó.

Autoridades y ponentes

Hugo Christian Rosas de León, Secretario de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados, señaló que el fenómeno migratorio no puede ser abordado desde una perspectiva nacional, sino que requiere de una visión internacional e interregional, y por eso resulta afortunado que en este evento se tenga la participación de especialistas y académicos en el tema.

Mencionó que sería un esfuerzo aislado que el fenómeno migratorio fuera atendido únicamente desde la perspectiva regional, a la vez que también sería parcial que fuera tratado desde el ámbito nacional. Por eso, es importante revisar la normatividad y los acuerdos internacionales entre los países en los cuales se da el fenómeno migratorio, así como revisar y analizar las dinámicas institucionales de las naciones de tránsito.

Hasuba Villa Bedolla, Directora General del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP), dijo que una de las tareas que se tienen pendientes es dejar de ver a las personas migrantes como objeto de derecho y comenzar a concederles la categoría de sujetos de derecho. Asimismo, indicó que esta convocatoria es muy importante porque se tocan las problemáticas y los temas sobre este fenómeno de la migración para que sean atendidos.

Ana Gabriela Núñez Pérez, Directora General del CESOP, resaltó que se van a discutir muchos temas que no solo son irrelevantes para la región, sino de cómo se pueden potenciar estas políticas y acciones hacia otras partes del mundo. “De pronto si le hemos dado este enfoque regional al fenómeno migratorio, pero tenemos que ver qué es lo que pasa porque es un enfoque global”.

Margarita Núñez Chaim, Coordinadora del Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana, señaló que desde la institución que representa se contribuye a transformar las condiciones de injusticia que se viven en los contextos migratorios y las personas forzadas a migrar. Celebró la realización de este foro que convoca a autoridades, organismos internaciones, academia y sociedad civil, para dialogar, escucharnos e intercambiar visiones y llegar a propuestas que permitan transformar estas realidades.

Salvador Guerrero Navarro, del departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana (IBERO), manifestó que se pueden hacer diversas propuestas sobre este tema tan importante y que en dicha institución se han abonado los temas migratorios.

Vía plataforma digital, Ariel Alvarado, de la Secretaría permanente del Fropel, indicó que la migración es un fenómeno complejo que afecta a millones de personas, presenta desafíos significativos en áreas como la seguridad, derechos humanos, integración social y económica, y la cooperación internacional. “La movilidad de las personas no se detiene en las fronteras, es un proceso dinámico que requiere respuestas por parte del gobierno y las organizaciones”.

Mesas de trabajo

Las y los participantes, entre académicos, investigadores y autoridades, hablaron sobre la gestión de la movilidad humana en México frente a las políticas migratorias de Estados Unidos y Canadá, a fin de exponer sus propuestas y tomar nota de las ideas más importantes.

Las siete mesas de trabajo llevaron el nombre de: Políticas y procedimientos de externalización de fronteras; Regularización migratoria; Fortalecimiento de la COMAR; Eliminar la detención migratoria; Creación y consolidación de políticas comprehensivas de integración; Desvinculación de la perspectiva militar y de seguridad de la política migratoria; Migraciones asociadas a los efectos del cambio climático y los conflictos socioambientales.

En ellas se habló sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de la migración, el pago de costo de derechos, un plan nacional de desarrollo para que se articule la política migratoria, tener un presupuesto para atender la migración, voluntad política para avanzar en la regularización migratoria.

Asimismo, fortalecer el presupuesto a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), legislar con evidencia y perspectiva de seguridad.

Concluye en San Lázaro el curso “Los derechos LGBTIQ+ en México”

La Cámara de Diputados, a través de la Secretaría General, la Secretaría de Servicios Parlamentarios y el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP), que dirige la maestra Hasuba Villa Bedolla, dio por concluido el curso “Los derechos LGBTIQ+ en México”, que tuvo como objetivo dar un panorama de los avances y pendientes legislativos en materia de derechos de las personas de la población de la diversidad sexual y la importancia de su reconocimiento.

La Directora General del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), maestra Ana Gabriela Núñez Pérez, dijo que es necesario precisar algunos derechos para la comunidad LGBTIQ+ y que el propósito del curso fue empatizar y sensibilizar respecto a este tema. 

Señaló que se debe contar con un marco jurídico que dé certidumbre jurídica para el ejercicio de los derechos de estas personas, ya que hay pocos países que cuentan con uno. “Canadá, tiene una ley de derechos humanos donde específicamente tiene un apartado de orientación sexual e identidad de género y también tiene una carta de derechos y libertades para la comunidad LGBTIQ+”. 

Indicó que se necesita contar con una capacitación y sensibilización para los operadores jurídicos y para quien forme parte del servicio público, a fin de que no pese un estigma o estereotipo y se cumplan los derechos de estas personas. 

José Stalin Muñoz Ayora, Investigador del CEDIP, resaltó que los crímenes de odio son delitos contra una persona en donde la víctima es intencionalmente seleccionada por características de discriminación como la religión, raza, discapacidad, identidad de género y orientación sexual. 

Mencionó que los ECOSIG son los esfuerzos para corregir la orientación sexual y de identidad de género de las personas y estas prácticas son aplicadas a las personas que decidieron cambiar su orientación sexual, principalmente niñas, niños y adolescentes, y dentro del orden jurídico mexicano se ha buscado prohibirlas y castigar su uso. 

Martín García Osorio, Director de Estudios de Constitucionalidad del CEDIP, manifestó que con este curso se tuvo la oportunidad de explorar y debatir sobre el marco jurídico convencional, los derechos de las personas trans, las políticas internacionales y los avances, y retos en el reconocimiento de la identidad de género.  

Ponentes

Jessica Marjane Durán Franco, Asesora Jurídica de Red de Juventudes Trans México, expuso que, en la opinión de la Corte Interamericana, el procedimiento para la adecuación de la identidad de género auto-percibida puede substanciarse en sede jurisdiccional o en dese administrativa, a condición de que en una u otra instancia tal procedimiento consista en un trámite de naturaleza materialmente administrativa que cumpla con los requisitos que al efecto señala la Corte. 

Refirió que la falta de reconocimiento a la identidad, de acuerdo al Informe de Personas Trans y de Género Diverso y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, señala que: "La falta de garantía del derecho al reconocimiento de la identidad de género tiene como consecuencia que las personas trans y de género diverso muchas veces porten documentos de identificación que no coindicen con su identidad de género. 

Ulises Pineda Miranda, Coordinador de los trabajos sobre igualdad y diversidad de la dirección general de Diversidad Sexual y Derechos Humanos, adscrita a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, advirtió que se tienen problemáticas como la invisibilidad, falta de acceso a derechos humanos, poca o nula representación en políticas públicas, desinformación y prejuicios, falta de lugares seguros, confusión entre género y características sexuales, desinformación y prejuicios en torno a la educación sexual integral y las poblaciones trans.

Aseguró que es necesario trabajar en una mayor coordinación interinstitucional, homologación de términos, armonización en las leyes, instrumentos y demás herramientas jurídicas y de la administración pública, política interseccional, mayor inclusión de las poblaciones LGBTIQ+, vinculación constante y reconocida con organizaciones de la sociedad civil y académica. 

Alexis Javier Esperanza Reyes, Asesor de la Comisión de Diversidad de la Cámara de Diputados, resaltó que esta instancia trabajó en las identidades y experiencias de las personas LGBTIQ+, a fin de que fueran visibilizadas. 

Indicó que la Comisión se encargó de capacitar a otros servidores públicos en materia de respeto a la diversidad sexual en conjunto con organizaciones de la sociedad civil. También, colaboraron con personas expertas, sociedad civil y centros de estudio, para que dieran argumentos y visiones para el dictamen de la reforma que prohibiera las terapias de conversión. 

La Cámara de Diputados organiza la conferencia Los derechos sociales en la consolidación de la Constitución mexicana

• Actualmente perduran y se fortalecen instituciones que son piedra angular de la democracia: Cervantes Gómez

En el marco del 106 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Diputados, a través de la Secretaría General, la Secretaría de Servicios Parlamentarios y el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarios (CEDIP), organizó de manera virtual la conferencia “Los derechos sociales en la consolidación de la Constitución mexicana”.

El doctor Juan Carlos Cervantes Gómez, director general del CEDIP, afirmó que hoy en día perduran y se fortalecen instituciones, principios rectores y órganos instituidos, que son piedra angular de la democracia, como la república, la división de poderes, el sistema federal o la supremacía constitucional entre otros; pero el que resalta es la justicia social.

Sin lugar a dudas, dijo, una de las grandes aportaciones que México ha hecho al resto del mundo es la inclusión de los derechos sociales en una ley fundamental, ya que los constituyentes supieron encauzar con éxito las reivindicaciones sociales emanadas de la Revolución mexicana.

La falta de libertades, el acceso a la tierra, seguridad social, reconocimiento de los derechos laborales y la falta de acceso a la educación, fueron el motor para que los derechos sociales tuvieran un reconocimiento y fueran el eje del nacimiento de un pionero constitucionalismo social, subrayó.

En su intervención, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), señaló que los programas sociales que han quedado en la Constitución se deben ver como una fórmula reglamentaria de difícil retracción que obliga a que sean permanentes y progresivos.

Se requiere, además, un sector social que tiene que ver con los derechos sociales del gremio de los trabajadores de la industria, de los servicios y del comercio, y no tiene que ver en su posición frente a la actividad diaria, cotidiana y laboral.

Mencionó que la Constitución fue producto de un movimiento armado que contenía muchos reclamos sociales, dichos de manera desarticulada y sin ningún rigor académico; simplemente era una gran expectativa que flotaba en el ambiente popular y que los constituyentes y la propuesta de Carranza supusieron captar para que quedaran sin importar su jerarquía, prácticamente inamovibles por muchísimos años.  

“Los derechos sociales están en la Constitución. Con todo y que se mueve despacio, por las razones políticas que hay en el país, ha ido creciendo la dimensión que contiene normas que van más allá de los derechos individuales”, concluyó.

El doctor Hugo Ítalo Morales Saldaña, presidente del Claustro de Doctores de la Facultad de Derecho de la UNAM, destacó que el Congreso Constituyente no se hubiera integrado sin la usurpación del poder por parte de Victoriano Huerta, y sin una revolución que motivó la presidencia de Francisco I. Madero.

Por eso estamos convocados para seguir los principios que nos ha animado el triunfo de la Revolución. “No sigamos principios doctrinarios, vamos a seguir los que implican nuestros deseos de que efectivamente impregne todos sus principios en una Constitución”, agregó.

Aclaró que, si esto implica una reglamentación, “hagamos una reglamentación, vamos a cambiar el principio tradicional, a crear principios más concretos en favor de los factores esenciales que animan a nuestro país, que son la agricultura y el trabajo”.

Realizan la conferencia inaugural del curso “Cómo ser un asesor legislativo”

Con el propósito de continuar con la profesionalización y actualización de los servidores públicos que colaboran al quehacer legislativo de las y los diputados, el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP), la Secretaría General y la Secretaría de Servicios Parlamentarios, llevaron a cabo la conferencia inaugural del curso “Cómo ser un asesor legislativo”, en el Espacio Cultural San Lázaro.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Ignacio Mier Velazco (MORENA), indicó que en cinco módulos se busca fomentar el servicio profesional parlamentario para que no sean trianuales y el personal no caiga en la incertidumbre, pues este cargo es fundamental en el quehacer y creación de los productos legislativos.

Apuntó que el cargo de diputado y diputada es la esencia de la quinta política, ya que se basa en la representación popular genuina de todos los distritos del país y las fracciones políticas; de ahí, la necesidad de que el personal que labora en el Palacio Legislativo, como los asesores, estén en profesionalización constante.

Ante ello, reconoció la labor de la Secretaría General por impulsar estas actividades y pidió a las áreas correspondientes coadyuvar a la construcción de un modelo que permita fortalecer la capacitación parlamentaria.

La secretaria general de la Cámara de Diputado, Graciela Báez Ricárdez, dijo que vamos por el camino correcto, ya que la profesionalización de las y los servidores públicos y del personal en general, abona al trabajo legislativo para que se lleve a cabo de manera efectiva y eficiente, pues se necesita de un staff técnico bien preparado.

Apuntó que este evento surgió del libro “Cómo ser un asesor legislativo”, presentado hace un año y que fue enviado a los 32 congresos estatales.

“Gracias al apoyo de los órganos de gobierno se ha fortalecido la profesionalización de los funcionarios públicos de la Cámara de Diputados, a través del Servicio Civil de Carrera, pero en el cual no entraban los asesores de legisladores y de grupos parlamentarios. En la Cámara de Diputados tenemos alrededor de mil 200 asesores”. 

Hugo Christian Rosas de León, secretario de Servicios Parlamentarios, puntualizó que el Poder Legislativo se fortalece con la experiencia de las y los legisladores, pero también con la profesionalización de los asesores que respaldan el trabajo, lo cual es uno de los objetivos del libro y el curso que hoy se inaugura.

Destacó la relevancia del libro, el cual tuvo como fin recopilar la gama de saberes que debe contar el profesionista que auxilia al legislador o legisladora y al final contribuir a sus labores, lo que los convierte en la parte técnica del Poder Legislativo.

Ismael Carvallo Robledo, director general del Espacio Cultural San Lázaro, destacó la gran convocatoria para este curso, en donde se inscribieron 512 personas.

Es una gran satisfacción, pues se ve el éxito que ha tenido el libro “Cómo ser un asesor legislativo”.  

Abundó que el curso incluye cinco módulos, que se desarrollarán en tres sesiones cada uno: “La Política, El Estado y la Historia. El Saber Político”, “Los Tres Poderes del Estado, La Institución Parlamentaria y la Representación Política, el Diputado y el Asesor Legislativo”, “El Funcionamiento de la Cámara de Diputados. Qué Debe Saber un Asesor Legislativo”, “El Funcionamiento de la Cámara de Diputados. Qué Debe Saber Hacer un Asesor Legislativo” y el último “Política y Comunicación Política”.

En el evento estuvieron presentes también Juan Carlos Cervantes Gómez, director del CEDIP, y José Omar Sánchez Molina, secretario de enlace de la Junta de Coordinación Política.

Inauguran el curso virtual “El Control de la Constitucionalidad de los actos del Poder Legislativo”

• El objetivo es analizar los medios de control de la constitucionalidad.

La Cámara de Diputados, a través de la Secretaría General, la Secretaría de Servicios Parlamentarios y el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP), inauguró el curso virtual “El Control de la Constitucionalidad de los actos del Poder Legislativo”.

El taller tiene el objetivo de analizar los distintos medios de control de la constitucionalidad reconocidos en el ordenamiento jurídico, a través de los cuales se puede cuestionar la seguridad de los actos u omisiones del Poder Legislativo, exponiendo en cada caso su definición, antecedentes, evolución normativa, aspectos procesales y los efectos de las resoluciones.

Al inaugurar el curso, la diputada Aleida Alavez Ruiz (MORENA) afirmó que el Poder Legislativo es el primer vigilante de que la Constitución, los tratados internacionales en materia de derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sean acatados; en caso contrario, los tribunales están para ajustar la norma a esos parámetros, desaplicarla o expulsarla del marco jurídico nacional.

Consideró que el Poder Legislativo se ha desarrollado con la idea de que sus actos están envueltos en una burbuja y que nada ni nadie puede revisar sus resoluciones; sin embargo, la emblemática reforma a la Constitución en materia de derechos humanos de 2011 ha aclarado esa falsa idea.

Afirmó que todas las autoridades deben regir su actuación con base en los principios de los derechos humanos, tanto constitucionales como de los instrumentos internacionales en la materia.

Mencionó que el Poder Judicial ha ejercido sus facultades de revisor de la actividad legislativa, lo que genera que se enmiende el camino. “Hemos ajustado las normas en materia de libre desarrollo de la personalidad e interés superior de la niñez, autonomía reproductiva y libertad de expresión, entre otras”.

Puntualizó que este control no ha quedado ahí, ya que las omisiones legislativas han sido objeto de reproche judicial. “En este momento tenemos en la Cámara de Diputados alrededor de 15 mandamientos judiciales en vía de cumplimiento”.

Juan Carlos Cervantes Gómez, director general del CEDIP, mencionó que en el curso se analizará la necesidad de controlar los actos del Poder Legislativo frente a los abusos que se puedan cometer o por las confrontaciones con los principios constitucionales que pudiesen generarse.

Puntualizó que cuando los controles internos del Congreso fallan frente al intento de preservar la constitucionalidad de sus actos, así como las omisiones del Poder Legislativo, son puntos que obligan a analizar cada vez más la figura de la autonomía parlamentaria respecto del control externo e interno.

“En los años ochenta era imposible pensar en la posibilidad de controlar los actos del Poder Legislativo; actualmente esto es una función recurrente del Poder Judicial”, afirmó.

Dijo que el curso tiene grandes expectativas; confió en que las y los asesores de la Cámara de Diputados y del Senado reflexionen sobre el tema y determinen “si estamos ya insertos en un proceso de control para poder transitar adecuadamente”.

Aprueban acuerdo para dar cumplimiento a resolución de la SCJN en materia de educación indígena

• Las comisiones unidas de Educación y de Pueblos Indígenas y Afromexicanos lo avalan con 28 y 25 votos, respectivamente.
• Se envió a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, a la Dirección de Asuntos Jurídicos y a la Secretaría de Servicios Parlamentarios.

Las comisiones unidas de Educación y de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que presiden las diputadas de MORENA, Flora Tania Cruz Santos e Irma Juan Carlos, respectivamente, aprobaron el acuerdo por el que se regula el procedimiento para el cumplimiento de la sentencia dictada en la acción de inconstitucionalidad 121/2019 en materia de educación indígena. 

El documento fue avalado por 28 votos de la Comisión de Educación y 25 votos, de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos; no hubo votos en contra ni abstenciones.

Establece la constitución del comité de orientación de los 68 pueblos indígenas de México y del pueblo afromexicano y señala que las iniciativas que tengan las Comisiones de Educación del Congreso de la Unión para dictamen se presentarán ante el Comité Orientador para que defina si las tomará en consideración total o parcialmente, o en su caso sean desechadas.

Asimismo, continuar el proceso de dictaminación que incluye, además de las etapas ordinarias de un proceso legislativo, las fases indicadas en la Acción de Inconstitucionalidad 121/2019 y establece un plazo de 120 días a partir de la aprobación por las juntas directivas de las comisiones unidas y se sujetará a los tiempos enmarcados, así como a las fechas que se señalan en el Programa de Consulta. 

Destaca que la implementación y desarrollo de la fase consultiva estará a cargo de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, cuya junta directiva estará facultada para resolver todos los aspectos surgidos durante dicho proceso consultivo y no previstos.

 Asimismo, refiere que la Comisión de Educación estará a cargo de la elaboración del proyecto de iniciativa y de dictamen, lo que no limita la participación de las y los integrantes en las asambleas derivadas del proceso consultivo. 

También se autoriza a estas comisiones unidas a solicitar a la presidencia de la Mesa Directiva que dé indicaciones a la Unidad de Transparencia y a la Coordinación de Comunicación Social para que en auxilio de ambas comisiones se hagan cargo de dar cumplimento en materia de transparencia y difusión al proceso de consulta, nombrando para tal efecto a un vínculo institucional que acompañe durante todo el proceso y tenga, para fines de información pública, un teléfono y correo electrónico institucional.

Estipula que se haga del conocimiento al Pleno de la LXV Legislatura y se envíe a la Gaceta Parlamentaria para su publicación durante cinco días hábiles consecutivos, y que los casos no previstos en el acuerdo serán resueltos por la mayoría de los integrantes de las comisiones unidas.

Una vez aprobado el acuerdo, se remitió copia a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, a la Dirección de Asuntos Jurídicos y a la Secretaría de Servicios Parlamentarios en cumplimiento de los incisos d) y e) del artículo tercero; cuarto, sexto y séptimo del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos por el que se define el procedimiento para atender las resoluciones judiciales en las que se vincule a su cumplimiento a la Cámara de Diputados.

La diputada Irma Juan Carlos manifestó que se realizará un trabajo transparente para abonar al desarrollo de los pueblos indígenas y afromexicanos, “comprometidos con las causas de las comunidades y conscientes de la deuda histórica que el Estado mexicano tiene con los pueblos originarios”. 

Resaltó que las consultas estipuladas en el acuerdo “se hacen en el marco de una sentencia de la Suprema Corte” y que, de ahora en adelante, todas las iniciativas relacionadas con pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas deberán ser consultadas.

 Reconoció que falta un presupuesto acorde a las necesidades de las 20 sedes en que se realizará la consulta con presencia de 68 pueblos indígenas del país. Señaló que los recursos se avalan en la Junta de Coordinación Política por lo que se requiere del apoyo de todos los grupos parlamentarios.

A su vez, la diputada Flora Tania Cruz Santos (MORENA) dijo que ambas presidencias consideraron modificar el plazo de 90 días, que originalmente proponía el acuerdo, a 120 días, que permita un buen trabajo de dictaminación, pues es un proceso de consulta y de mucho trabajo que incluye diversos puntos.

Confió en que se realizará un buen trabajo, porque “hay grandes personas en ambas comisiones que sabremos cumplir con este mandato”. 

Reconoció la experiencia previa en la realización de consultas de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos. “Estamos en buenas manos, con gente de experiencia en la realización de estas actividades”.

El diputado Juan Carlos Romero Hicks (PAN) indicó que la propuesta es necesaria y bien elaborada. Destacó la importancia de formar un grupo de redacción de siete personas que reciba y elabore la propuesta final, coordinado por las mesas directivas de las comisiones.

La diputada Anabey García Velasco (PAN) se pronunció por que sea un proceso “transparente, sin sesgos políticos y haya una verdadera inclusión de los pueblos originarios”, y que refleje que la prioridad son éstos y haya una integración de todos los puntos de vista, con apertura para que todos podamos ejercer el Poder Legislativo en bien de estas comunidades.

La diputada Araceli Ocampo Manzanares (MORENA) resaltó la importancia de contar con 120 días para terminar el dictamen porque es un tema muy importante, considerando que la consulta es un derecho de pueblos indígenas y afromexicanos y se debe hacer con todas las formalidades de la ley, para darles ese respeto y garantizarles que manifiesten de manera libre su decisión.  

El diputado Juan Pablo Sánchez Rodríguez (MORENA) indicó que se prevén 20 sedes para realizar los foros de consulta, lo que lleva a un tema de presupuesto, “y nos tendremos que encargar todos, no solo las presidentas, porque es una gestión que se deberá hacer”. Es un trabajo fuerte, pero consideró que las dos juntas directivas son muy amplias y aptas para elaborar la redacción.

La diputada Brianda Aurora Vázquez Álvarez (MORENA) confió en que las juntas directivas harán un trabajo adecuado, y que todo el proceso dejará un gran enriquecimiento y conocimiento. Llamó a participar, mostrar interés y trabajar en unidad pues esto ES fundamental para todos los pueblos originarios.

La diputada Martha Barajas García (MORENA) dijo que más allá de dar paso a una respuesta de inconstitucionalidad, se garantizará a pueblos indígenas y afromexicanos su derecho a la educación. “Nadie debe quedarse sin expresar su voz, por eso son 120 días de intenso trabajo”, y se pronunció por elaborar un marco jurídico idóneo en esta materia.

Enseguida, el diputado Alfredo Vázquez Vázquez (MORENA) afirmó que realizar la consulta con tiempo es lo correcto, porque es un ejercicio que requiere de un profundo análisis que involucra a muchos sectores. Señaló que esta decisión va en favor de la educación multicultural bilingüe “y sabremos corregir la ruta para ser incluyentes con todos los sectores”.

La diputada Shirley Guadalupe Vázquez Romero (PT) indicó que estos foros permitirán conocer las demandas de las poblaciones indígenas y afromexicanas, que necesitan especialistas en educación especial para abatir el rezago, incluir a niñas y niños con barreras de aprendizajes, maestros de educación física y la enseñanza de inglés como tercer idioma.

Del PAN, la diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez pidió que la próxima consulta a los 68 pueblos originarios y afromexicanos cuente con logística suficiente en lo económico, humano y material para concretarlas y no haya carencias económicas para concluir estos procesos que buscan mejorar las condiciones de vida de estos pueblos.