Comisiones legislativas iniciaron el análisis de la
iniciativa del presidente del TSJEM.
Divide posturas el costo en centros penitenciarios y el
monitoreo de las preliberaciones.
La creación del Centro de Supervisión de Libertad en
Ejecución Penal que busca sentar las bases para una efectiva reinserción social
de personas privadas de la libertad, propuesta por Ricardo Alfredo Sodi
Cuéllar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México,
generó debate sobre las ventajas y desventajas de acelerar las preliberaciones
en los centros penitenciarios y los costos que representarían para el Estado.
Al iniciar el análisis de la iniciativa de Ley de
Supervisión y Asistencia de la Libertad en Ejecución Penal del Estado de México
por parte de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, su
presidente, el diputado Gerardo Ulloa Pérez (MORENA) dijo que la presencia del
magistrado Ricardo Sodi es muestra de colaboración institucional por un marco
legal que favorezca el acceso a la justicia.
Particularmente, con esta ley, que busca regular la
supervisión y vigilancia de la libertad en la ejecución penal, con la finalidad
de insertar social, familiar, laboral y económicamente a la persona
beneficiada.
Diputadas y diputados de MORENA, PRI, PAN, MC y del PVEM
manifestaron posturas encontradas al conocer el presupuesto anual del Centro
que deberá ser de 8.7 millones a 8.9 millones de pesos, el sobrecupo de 160 por
ciento en los centros penitenciarios, que en 2022 fueron preliberadas 561
personas y que cada persona privada de su libertad cuesta 700 pesos diarios al
Estado.
Los diputados Mario Ariel Juárez Rodríguez (MORENA), Braulio
Antonio Álvarez Jasso (PRI), Alonso Adrián Juárez Jiménez (PAN) y la diputada
María Luisa Mendoza (PVEM) calificaron a la iniciativa como vanguardista y de
relevancia, coincidieron en sus beneficios en materia de derechos humanos,
presunción de inocencia y de justicia, y para economizar los gastos que el
Estado ejerce por las personas privadas de su libertad y optar por su
supervisión en la libertad condicional.
En contraparte, el diputado Faustino de la Cruz Pérez (MORENA)
cuestionó la necesidad de incrementar la estructura gubernamental y pidió
información sobre el nivel socioeconómico de las personas privadas de su
libertad, cuántos han obtenido su preliberación, si han reincidido y qué hace
el Estado para su reinserción social y laboral.
El legislador Gerardo Lamas Pombo (PAN) expresó su
preocupación por que se privilegia la liberación de personas para despresurizar
los centros penitenciarios, por lo que pidió que solo la obtengan quienes la
merezcan, mientras que el diputado Martín Zepeda Hernández, coordinador parlamentario
de Movimiento Ciudadano, solicitó un análisis conjunto de las comisiones de
Finanzas Públicas y Derechos Humanos.
El magistrado Sodi Cuellar expuso que el sistema
penitenciario mexiquense está saturado, que no existe un organismo autónomo que
determine el riesgo y que siempre hay parcialidad de quienes de quienes
intervienen en el proceso porque son quienes ejecutan la sanción, por lo que es
necesario adecuar el marco legal para darle congruencia con el artículo IV
transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Subrayó que el Estado de México sería el primero del país con este tipo de normas, que buscan determinar una autoridad encargada para la supervisión de la libertad en la ejecución penal distinta a la autoridad penitenciaria o instituciones policiales; la creación del Centro de Supervisión de Libertad en Ejecución Penal dependiente de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, así como determinar la forma en la que se tramitarán los procedimientos para la obtención del beneficio, entre otros aspectos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario