• La minuta
adiciona los artículos 38 y 102 de la Carta Magna, en materia de suspensión de
derechos para ocupar un cargo
• Se debe tener la
aprobación de mínimo 17 congresos a más tardar la primera semana de junio para
que entre en vigor
El Grupo Plural de Igualdad Sustantiva, coordinado por la
diputada Aleida Alavez Ruiz (MORENA), hizo un llamado a los congresos locales a
aprobar la minuta que adiciona los artículos 38 y 102 de la Constitución
Política, en materia de suspensión de derechos para ocupar un cargo, empleo o
comisión del servicio público, conocida como “3 de 3 contra la violencia”.
La diputada Alavez Ruiz explicó que se tienen los acuses de
que todos los congresos estatales están notificados de esta comunicación que se
hizo del proyecto de decreto. Detalló que para que pueda entrar en vigor esta
disposición en el siguiente periodo electoral, se debe contar con la aprobación
de mínimo 17 congresos locales a más tardar la primera semana de junio.
“El llamado es a quienes están actualmente en periodos de
sesiones, a que antes de que venza el plazo para hacer adecuaciones a las
reglas electorales que deben ser publicadas a más tardar nueve días antes de
iniciar el periodo electoral para el cual se pretenda aplicar”, externó.
También “queremos agradecer que ya se aprobó en nueve
congresos locales”, que son los de la Ciudad de México, Veracruz, Sinaloa, Baja
California, Quintana Roo, Tamaulipas, Estado de México, Tabasco y Colima.
Recordó que esta reforma es para que las mujeres tengan la
garantía de que ningún violentador pueda acceder al poder, ya que el artículo
38 de la Constitución Política establece que quien tenga una sentencia firme
por violencia política en razón de género, violencia doméstica, violencia
familiar y sea moroso en la pensión alimentaria, no podrá acceder a un cargo de
elección popular o al servicio público en general.
“Requerimos que antes de que termine el mes de mayo, 17
congresos estatales, al menos, hayan ya ratificado esta minuta y nuestro
reconocimiento a los que ya lo han hecho”, enfatizó.
La diputada María Clemente García Moreno (MORENA) pidió a
los Congresos de los estados ejercer esta “contraloría social”, y que sus
legisladores agilicen este procedimiento. Sugirió que en la “3 de 3” se incluya
también a aquéllos que hayan discriminado y no puedan estar en un espacio de
diálogo como el Congreso y no esperar a que lo diga el Tribunal Electoral.
Ana Karina Rojo Pimentel, diputada del PT, agradeció al
Grupo Plural el seguimiento que ha dado para que en los congresos locales se
apruebe esta iniciativa. Consideró que “no ha sido fácil, pero creemos que van
a estar de acuerdo todos los grupos parlamentarios en esta importante
iniciativa que salió de la Cámara de Diputados y esperamos que lo más pronto
posible todos los congresos estén armonizados con esta ley”.
La diputada María de Jesús Rosete Sánchez (PT) felicitó a
todas “las diputadas que desde sus estados vienen impulsando esta iniciativa
para que se apruebe y sea una realidad latente para que los derechos se puedan
palpar”.
La diputada Adriana Bustamante Castellanos (MORENA) destacó
la importancia de esta reforma para que las personas que violentan o no son
capaces de hacerse cargo de sus responsabilidades familiares no puedan ocupar
un cargo de elección popular o de designación porque “sabemos que no son
capaces de generar políticas públicas de protección a las mujeres”.
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