Plantean reforma que establece obligaciones para los prestadores del servicio de estacionamiento

• El Diputado Quiroga Treviño impulsa iniciativa que adiciona un artículo 65 Quáter a la Ley Federal de Protección al Consumidor

Con el objetivo de establecer obligaciones para los prestadores del servicio de estacionamiento, tales como la emisión de comprobantes de depósito, la adopción de condiciones básicas de seguridad y la exhibición clara de tarifas, el Diputado Luis Orlando Quiroga Treviño, del PVEM, presentó una iniciativa que adiciona un artículo 65 Quáter a la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

La propuesta, turnada a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, precisa que los establecimientos mercantiles que ofrecen servicio de estacionamiento deberán emitir a cada usuario un boleto, comprobante o medio electrónico de depósito del vehículo, motocicleta o bicicleta, en el que se especifiquen las condiciones del servicio y la hora de entrada.

Además, contar con iluminación suficiente y adecuada durante todo el tiempo que permanezca en operación el estacionamiento, y disponer de señalización clara, visible y suficiente para el control de entradas, salidas y circulación interna.

También, contar con un seguro de responsabilidad civil o mecanismo de garantía equivalente que cubra los daños que pudieran sufrir las personas usuarias, sus vehículos, motocicletas o bicicletas, así como a terceros, en los términos y montos que establezcan las disposiciones aplicables, tomando como referencia la Unidad de Medida y Actualización, y cubrir el pago del deducible correspondiente en los casos en que el daño o siniestro sea atribuible al titular u operador del estacionamiento.

De igual forma, garantizar espacios de estacionamiento seguros y adecuados para motocicletas y bicicletas, y sujetarse a las tarifas autorizadas por la autoridad competente, mismas que deberán exhibirse en lugar visible y de fácil acceso para las personas usuarias. 

Destaca que en ningún caso los titulares u operadores de estacionamientos podrán exhibir, imponer o hacer valer cláusulas, avisos o disposiciones que contravengan lo previsto en esta Ley.

En su fundamentación, el documento explica que el fin es dotar de certeza jurídica a las personas consumidoras, prevenir abusos y asegurar un equilibrio justo en la relación contractual derivada del depósito de vehículos.

Destaca que, pese a que el marco mercantil reconoce la naturaleza de depósito y la responsabilidad inherente al servicio de estacionamiento, en la práctica persisten conductas que generan desequilibrios en la relación entre proveedores y personas consumidoras. 

Entre dichas conductas resaltan la falta de información clara sobre las condiciones del servicio, la inexistencia o insuficiencia de seguros de responsabilidad civil, la exhibición de avisos o cláusulas que pretenden excluir indebidamente la responsabilidad del establecimiento, así como la ausencia de medidas mínimas de seguridad e iluminación.

“Estas prácticas colocan a las personas usuarias en una situación de desventaja y vulneran los principios de certeza jurídica, información adecuada y protección efectiva al consumidor que reconoce la Ley Federal de Protección al Consumidor”, advierte. 

Por ello, sostiene, resulta necesario fortalecer el marco normativo federal mediante la incorporación de disposiciones específicas que regulen el servicio de estacionamiento ofrecido por establecimientos mercantiles, armonizando la legislación de protección al consumidor con las reglas del depósito mercantil previstas en el Código de Comercio. 

Piden garantizar a consumidores uso gratuito de estacionamiento, las primeras dos horas, en plazas comerciales

• El Diputado Luis Orlando Quiroga Treviño (PVEM) impulsa cambios a la Federal de Protección al Consumidor  

El Diputado Luis Orlando Quiroga Treviño (PVEM) propuso modificar el artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor para establecer que los proveedores estarán obligados a garantizar el uso gratuito del estacionamiento a las y los consumidores al menos durante las primeras dos horas.

Además, plantea considerar como una práctica abusiva condicionar el acceso a los bienes o servicios ofrecidos en plazas, centros o unidades comerciales mediante el cobro por el uso de estacionamientos o espacios indispensables para dicho consumo.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados, señala en su exposición de motivos que el propósito es crear un marco jurídico que garantice la protección efectiva y equilibrada de las personas consumidoras, sin desconocer los derechos de los proveedores.

Reconoce que las personas con movilidad reducida, adultos mayores y otros grupos en situación de vulnerabilidad dependen del uso de automóviles para acceder a bienes y servicios básicos.

Por ello, la iniciativa busca garantizar que las personas consumidoras no enfrenten dicha carga que es desproporcionada, por lo que el estacionamiento de plazas comerciales debe considerarse un servicio accesorio del derecho al consumo y cobrarlo constituye una práctica abusiva.

Destaca que de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Plazas Comerciales (AMPC) existen más de 900 centros comerciales y en la mayoría el estacionamiento se cobra como un servicio adicional, incluso en algunos estados se ha detectado que las máquinas y relojes son alterados para cobrar más.

Sin embargo, prohibir el cobro total de estacionamiento significaría una carga excesiva par los proveedores, de ahí que una manera de proteger al consumidor es otorgarle horas obligatorias de acceso gratuito, siempre que el usuario haga un consumo en algún establecimiento de la plaza comercial.

Aclara que la protección de los derechos de las y los consumidores es primordial para el sistema jurídico mexicano, pero el marco actual coloca a la ciudadanía en una estructura de pago de estacionamiento, porque no tiene normatividad que lo proteja de esta erogación.

Por otro lado, el marco jurídico, institucional y económico favorece sistemáticamente al proveedor, por lo que las y los usuarios constantemente están a expensas de cobros desregulados y condiciones de los estacionamientos de las plazas comerciales. 

Plantean regular instalación y uso de dispensadores de agua potable en espacios públicos y comerciales

• El objetivo es proteger el derecho humano al agua y a la salud, señala el Diputado Manzanilla Téllez (PT), en una iniciativa

El Diputado Emilio Manzanilla Téllez, del PT, presentó una iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud y a la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de regulación de dispensadores de agua potable en espacios públicos y comerciales.

La modificación establece que queda prohibida la instalación de dispensadores automáticos de agua potable en la vía pública, espacios comunitarios, unidades habitacionales o centros comerciales, cuando no cuenten con autorización sanitaria emitida por la autoridad competente.

Precisa que toda persona física o moral que instale, opere o administre dispensadores de agua potable deberá acreditar la fuente de abastecimiento y el proceso de purificación utilizado, garantizar el mantenimiento periódico, limpieza y cambio de filtros, colocar en lugar visible la fecha del último mantenimiento, datos de contacto del responsable y resultados de análisis bacteriológicos recientes.

También, deberán permitir la inspección sanitaria sin previo aviso, obtener licencia municipal o delegacional para su instalación en espacios públicos. 

Añade que la Secretaría de Salud, en coordinación con autoridades estatales y municipales, expedirá las normas oficiales correspondientes y podrá ordenar la clausura de cualquier dispensador que represente riesgo sanitario.

Precisa que los proveedores que ofrezcan agua potable a través de dispensadores automáticos deberán garantizar la veracidad en la información sobre la calidad del agua, procesos de purificación, tarifas y mantenimiento del equipo.

Estipula que cualquier omisión, falsedad o incumplimiento en dicha información será considerado publicidad engañosa y dará lugar a las sanciones previstas en esta Ley.

En su fundamentación, la iniciativa turnada a las comisiones unidas de Salud, y de Economía, Comercio y Competitividad, señala que el objetivo es proteger el derecho humano al agua y a la salud, cerrar brechas regulatorias, y asegurar que ninguna persona, por falta de información o regulación, ponga en riesgo su salud al tratar de ejercer su derecho a hidratarse.

“Esta reforma propone una respuesta anticipada a un fenómeno que, de no atenderse, podría derivar en crisis sanitarias focalizadas. En lugar de esperar brotes o escándalos de contaminación, se apuesta por una regulación proactiva”, subraya.

Destaca que en un país donde las enfermedades diarreicas siguen siendo una causa importante de morbilidad, especialmente en menores de cinco años, es inaceptable que se permita el funcionamiento de dispositivos de consumo humano sin regulación alguna.

Aclara que no se trata de criminalizar la innovación o restringir el acceso al agua, sino de asegurar que cualquier sistema de distribución del recurso cumpla con estándares mínimos de salubridad, legalidad y transparencia.

“Este marco normativo permitirá a los municipios y gobiernos estatales contar con herramientas claras para autorizar, supervisar o retirar estos dispositivos”, puntualiza.

Piden que comercios estén obligados a emitir recibos electrónicos a las y los consumidores

 

• La Diputada Rojo Pimentel (PT) plantea modificar la Ley Federal de Protección al Consumidor

Con el objetivo de que los establecimientos comerciales estén obligados a emitir recibos en formato electrónico a las y los consumidores que hayan realizado la compra de cualquier bien o servicio, la Diputada Ana Karina Rojo Pimentel (PT) propuso reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

La modificación al artículo 12 y adición de un artículo 76 Bis 2 de dicha norma legal precisa que solo en el caso de que los consumidores lo requieran expresamente, el comercio deberá ofrecerles el recibo o comprobante físico. 

La propuesta, remitida a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, señala que actualmente el artículo 12 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece que el proveedor está obligado a entregar los recibos o comprobantes por el uso y goce de los servicios al consumidor, pero no señala una forma predeterminada de emitir los mismos, es decir, de manera impresa o digital.

Argumenta que más del 50 por ciento de los tickets impresos terminan en el bote de basura junto a otros desperdicios y la mayor parte de éstos están hechos de papel térmico el cual no puede ser reciclado derivado del agregado de químicos con los que se producen. 

La digitalización de los recibos, indica, permite eliminar el uso de papel y dejar de almacenarlos en carteras o repisas; en cambio, los tickets electrónicos quedarán almacenados en la bandeja del correo y siempre resultarán accesibles, sin riesgos de pérdida. 

Sostiene que la reducción de costos asociados con la impresión y distribución de tickets en papel beneficiará a los gobiernos y a las empresas, al asignar recursos a áreas estratégicas y a promover la eficiencia económica.

La transición a comprobantes digitales, añade, también facilita la fiscalización y recaudación del control por parte de los gobiernos, permite un seguimiento eficiente de las transacciones comerciales a través de medios digitales, simplifica la auditoría, mejora la transparencia y fortalece la recaudación de impuestos, al asegurar un flujo más efectivo de recursos para el Estado.

La iniciativa afirma, además, que es importante contribuir a la preservación del medio ambiente y la biodiversidad al reducir el consumo de papel, así como sensibilizar a la sociedad sobre pedir su comprobante de compra o ticket de manera digital, y tomar conciencia de los beneficios ambientales, económicos y de salud.

Por ello, asegura, la iniciativa busca robustecer el marco regulatorio y salvaguardar los derechos de las y los consumidores de los diferentes bienes y servicios, así como cuidar el medio ambiente.

Buscan prohibir que proveedores cobren a usuarios comisión por uso de terminal punto de venta

• Frenar las malas prácticas contra consumidores, el objetivo

El Diputado Brígido Ramiro Moreno Hernández (PT) presentó una iniciativa que reforma el artículo 7 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para establecer que: “queda prohibido que el proveedor transfiera la comisión por el servicio de la terminal punto de venta al consumidor”.

El documento, enviado a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, busca brindar certeza y otorgar seguridad jurídica tanto a los usuarios como a los proveedores en las relaciones comerciales, así como frenar las malas prácticas que existen en este tema.

Argumenta que, con los avances tecnológicos, el uso de tarjetas de crédito y débito para el pago de productos y servicios son más cotidianos; sin embargo, también se ha prestado para el cobro de comisiones indebidas por parte de algunos proveedores a los usuarios por la utilización de las terminales punto de venta.

Detalla que cuando se hace uso de una terminal electrónica, en ocasiones el proveedor solicita al usuario el pago de una comisión extra por el uso del servicio de la terminal que va de entre el 3 y 5 por ciento del valor total de la compra, lo cual resulta abusivo y contrario a lo estipulado en los contratos que celebran los proveedores con las instituciones bancarias.

Agrega que este tipo de acciones condicionan y obstaculizan la promoción de la inclusión financiera, debido a que los usuarios pueden llegar a pensar que les resulta más costoso efectuar una compra a través de tarjetas de crédito o débito.

Subraya que es importante mencionar que la utilización de esta tecnología no sólo beneficia al usuario, sino también a los proveedores, quienes incrementan sus ventas y disminuyen los riesgos que implica el manejo de efectivo.

Ante este panorama, Moreno Hernández considera fundamental que quede definido en la ley que todo proveedor está obligado a exhibir de forma notoria y visible el monto total a pagar por los bienes, productos o servicios que ofrece, el cual deberá incluir impuestos, comisiones y cualquier otro costo que se requiera para tal fin.

El legislador señala que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) reconoce que el cobro de comisiones por el uso de terminal punto de venta es indebido, y recomienda a los usuarios víctimas a comunicarlo a su banco, a fin de que puedan tomar las medidas necesarias hacia los proveedores.

Reitera que con esta reforma se eliminaría todo argumento para el cobro de este tipo de comisiones, con lo cual se procuran la equidad, la certeza y la seguridad jurídica entre proveedores y consumidores.

Impulsan reforma para combatir cobro de cargos abusivos en compra de boletos para espectáculos

•El diputado Carrillo Soberanis (PVEM) presentó iniciativa para modificar la Ley Federal de Protección al Consumidor

El diputado Juan Luis Carrillo Soberanis (PVEM) propuso adicionar un artículo 76 Bis 2 a la Ley Federal de Protección al Consumidor, a fin de establecer que el proveedor que se dedique a la venta de boletos para espectáculos en vivo vía telefónica, a través de plataformas de internet o cualquier otro medio digital, no podrá realizar cargos adicionales por concepto de impresión u otras comisiones que excedan el 5 por ciento del costo del boleto.

El documento explica que son múltiples los abusos cometidos contra los consumidores de eventos de espectáculos por parte de algunas empresas, y con la reforma “se busca poner un alto a las comisiones adicionales que las empresas boleteras hacen en perjuicio de los clientes”.

Recalca que el objetivo de la iniciativa es “abonar a la eliminación de prácticas abusivas en contra de los consumidores”; por ello, tiene como finalidad regular los cargos adicionales que hacen las empresas dedicadas a la venta de boletos de acceso a eventos y centros de espectáculos. 

La propuesta, turnada a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, destaca que cada vez son más frecuentes las quejas por parte de los usuarios en cuanto a la calidad en el servicio, cancelación de boletos sin explicación, duplicidad o falsificación de entradas, así como largas filas y poca eficiencia en los centros de atención al cliente, en donde se ha convertido en una constante no encontrar una respuesta satisfactoria a los problemas que se registran.

Agrega que una de las quejas es la relacionada con los cargos adicionales que se hacen al momento de completar la compra de cualquier boleto para algún espectáculo, ya sea deportivo, cultural o musical, los cuales suelen ser sumamente excesivos, y los usuarios llegan a pagar más de un 20 por ciento del valor original del boleto. 

Adicional a ello, continúa, al acudir a los centros de atención al cliente se le solicita un cobro extra por boleto por concepto de impresión.

Refiere que, de acuerdo con académicos, en México las empresas se quedan hasta con el 20 por ciento del costo de un boleto, mientras que en otros países esto no es así. “En Estados Unidos, por ejemplo, se reembolsa el costo de emisión de boletos de eventos pospuestos”. 

Por ello, puntualiza, es importante eliminar las prácticas abusivas por parte de estas empresas y la reforma tiene como finalidad regular los cargos adicionales que hacen.

Analizan en Comisión de Economía iniciativa sobre garantías de productos eléctricos y electrónicos

 

• Representantes de empresas y de organizaciones civiles expresan observaciones a la propuesta de reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor

La Comisión de Economía, Comercio y Competitividad se reunió con representantes de empresas y asociaciones civiles para dialogar y escuchar diversos planteamientos, a fin de enriquecer la propuesta de dictamen a la iniciativa que reforma los artículos 77 y 80 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de vigencia de garantías de los productos eléctricos y electrónicos.  

El presidente de la Comisión, diputado Jorge Ernesto Inzunza Armas, dijo que la idea es escuchar la opinión de los distintos sectores y hacer un dictamen que se traduzca en beneficios para el consumidor. 

Asimismo, agregó, seguir teniendo una industria dinámica que permita condiciones para ofrecer al mercado los mejores productos. “Siempre hemos cuidado que tengamos una industria viable, en crecimiento, pero también que el consumidor cuente con las mejores condiciones posibles, es decir, un ganar ganar”. 

Mencionó que el objeto es analizar y dialogar sobre esta iniciativa y escuchar opiniones que mejoren y enriquezcan la propuesta de dictamen, que se sometería a votación a finales de agosto. 

El diputado Enrique Godínez del Río, promovente de la iniciativa, indicó que ésta tiene un fin importante que es el cuidado del consumidor, para que cuente con las garantías suficientes de un producto que le pueda durar más allá de lo que actualmente marca la ley. 

Señaló que el tema del medio ambiente también es importante considerarlo en la propuesta de reforma, a fin de elevar el tipo de producto que se ofrece al consumidor y que hoy tanto afecta nuestros ecosistemas, como son los desperdicios eléctricos, electrónicos y de electrodomésticos. 

“Reconocemos a la industria, a los ‘retailers’ y de alguna forma este tipo de iniciativas tienen un contexto para diseñar estrategias en las cuales la industria ofrezca productos que eleven el tiempo de duración hacia cada uno de los consumidores. El sentido es que elevemos de tres meses a 24 meses la garantía que se ofrece en los ‘retailers’”, agregó. 

El diputado Gabriel Ricardo Quadri de La Torre comentó que en algún momento tendrá que crearse un mecanismo financiado por las empresas productoras o importadoras de productos electrónicos, para pagar el acopio y el reciclaje de todos los materiales tóxicos que están implicados en ellos.    

Dijo que “el tema central debe ser cómo creamos la institucionalidad, la regulación y los mecanismos de financiamiento tendrán que estar a cargo de las empresas productoras e importadoras para acopiar y reciclar la creciente cantidad de residuos electrónicos que se producen en el país”. 

En la reunión participaron representantes de empresas de tecnología, de telecomunicaciones y de venta de artículos electrónicos al menudeo, entre ellos Javier Altamirano Magaña, director de operaciones de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información; Luli Herreramoro, directora de Relaciones con Gobierno y Política Pública de HP Inc para México y Centroamérica; Nimbe Ewald, gerente de Asuntos Gubernamentales para México, Centroamérica y el Caribe de Apple, y Alberto Villaseñor, director jurídico de Elektra. 

Asimismo, representantes de Samsung, de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, asociaciones civiles como Caminemos al Futuro y de recicladores de residuos electrónicos, empresarios en el ramo de la tecnología y de telefonías, entre otros. 

Externaron que es necesario revisar el dictamen en el término de garantías, hacer un análisis profundo de los alcances de las disposiciones contenidas en la iniciativa para que junto con todos los actores involucrados se pueda construir una reforma sin perjudicar al consumidor, los intereses de las industrias y el medio ambiente. 

También, que la extensión de la garantía de productos eléctricos y electrónicos podría incrementar sustancialmente el costo de los mismos, ya que los fabricantes y minoristas deberán tomar cuenta un volumen mayor de devoluciones y solicitudes de reparación o reemplazo.  

Asimismo, proteger los derechos del consumidor, implementar herramientas para que la gente sepa usar los aparatos y así se alargue el tiempo de su vida útil y señalar que la economía circular es fundamental.

Buscan prohibir que proveedores de servicios cobren comisión por uso de tarjeta de débito o crédito

· Esta práctica será sancionada con multa de 311.73 pesos a 997 mil 568.98 pesos 
· La diputada Susana Cano González (MORENA) impulsa iniciativa para modificar la Ley Federal de Protección al Consumidor

La diputada Susana Cano González (MORENA) propuso reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor, a fin de prohibir que los proveedores de bienes, productos o servicios, cobren una comisión, monto, cargo adicional o equivalente, a los consumidores cuando estos utilicen como medio de pago tarjeta de débito o crédito, y no dinero en efectivo. 

La iniciativa, que adiciona el artículo 15 Bis y reforma el 126 de la citada Ley, señala que “esa práctica abusiva en perjuicio de la economía de los consumidores se sancionará por la Procuraduría” con multa de 311.73 pesos a 997 mil 568.98 pesos.

El documento, turnado a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, explica que esta propuesta de reforma busca proteger los derechos de los consumidores “y tener piso parejo para todas y todos los que queramos pagar con dinero en efectivo o a través de tarjetas de débito o crédito”. 

Refiere que muchos negocios que ofrecen productos o servicios cuentan con terminales de pago que son brindadas por entidades financieras las cuales, a través de un contrato, les cobran una renta mensual. 

Agrega que muchos de los negocios han establecido una “política abusiva contra los consumidores”, ya que cuando estos realizan el pago con tarjeta de débito o crédito el establecimiento les cobra una “comisión, monto o cargo adicional” por aceptar este medio de pago, con porcentajes que van de 3 a 6 por ciento sobre el monto total por pagar. 

Menciona que actualmente no hay una norma legal específica que sancione cuando los empresarios realicen un cobro adicional al monto pactado por los productos o servicios, por el hecho de pagar con tarjetas de débito o crédito. 

“Este vacío en nuestra legislación abre la puerta para que esta práctica, que es contraria a los derechos de los consumidores, pueda irse “normalizando” al grado de que se convierta en una costumbre aceptada tanto por los proveedores de servicios como por los consumidores”, advierte.

Por ello, indica, es necesario dar herramientas legales a la PROFECO “para que los negocios que realicen este tipo de prácticas totalmente contrarias a los derechos de los consumidores sean sancionados con una multa pecuniaria, misma que en caso de reincidencia pueda tener repercusiones tales como el cierre del negocio”.

Considera que esta reforma será una gran aliada para incentivar el consumo dentro de nuestra población, “brindándoles herramientas que les den seguridad jurídica y que los protejan ante las prácticas abusivas de los empresarios en sus establecimientos”.

Impulsan reformas para mejorar el funcionamiento de la PROFECO

• Necesaria, plataforma digital para que el procedimiento de conciliación sea expedito: MC 
• Que el patrimonio de la Procuraduría esté integrado por el 50 por ciento de los ingresos del cobro de las multas   

Diputadas y diputados integrantes del grupo parlamentario de MC impulsan reformas para que la Procuraduría Federal del Consumidor cuente con una plataforma digital que sirva como herramienta para llevar a cabo el procedimiento de conciliación de manera virtual y garantizar que ésta sea expedita.

​Señala que cuando exista una queja o denuncia de alguna persona consumidora, los proveedores deberán registrarse de manera obligatoria a la plataforma digital administrada por la PROFECO, para que se tenga la opción de realizar los trámites necesarios y sustanciar los procedimientos conciliatorios en línea a elección del consumidor.

Las modificaciones a los artículos 23, 24 y 111 de la Ley Federal de Protección al Consumidor también proponen establecer que el monto del Presupuesto de Egresos de la Federación que se le asigne a la Procuraduría “no podrá ser inferior al autorizado en el año fiscal anterior”.

Asimismo, que su patrimonio esté integrado por “el 50 por ciento de los ingresos totales que provengan del cobro de las multas que realice en el ejercicio de sus atribuciones”.

Precisa que la PROFECO tendrá la atribución de que el monto adquirido por las multas que no hubiesen sido cubiertas oportunamente deberá servir para fortalecer su capacidad de gestión, procedimientos y respuesta efectiva a las y los consumidores, así como a vigorizar la difusión de los derechos del consumidor.

La exposición de motivos de la iniciativa, suscrita por el diputado Jorge Álvarez Máynez e integrantes del grupo parlamentario y remitida a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, explica que esta iniciativa tiene como fin mejorar el funcionamiento de la PROFECO y así evitar malas prácticas en contra de las personas consumidoras, derivado de la falta de presupuesto y alternativas que den acceso oportuno a las y los consumidores de presentar quejas, denuncias y procesos de conciliación.

Señala que la falta de presupuesto complica las tareas que la PROFECO debe realizar para proteger los derechos de las y los consumidores, lo que provoca inequidad e inseguridad jurídica para los mismos.

Sostiene que se deben impulsar nuevos mecanismos de conciliación mediante la utilización de las tecnológicas disponibles, ya que son una herramienta valiosa para que las y los consumidores vean garantizados sus derechos, además de que su utilización resulta esencial para disminuir costos y trámites burocráticos.

Destaca que es conveniente establecer un mecanismo para que todos los proveedores tengan que registrarse en el módulo digital administrado por la Procuraduría, para hacer eficientes los trámites y los procedimientos conciliatorios derivados de una queja o denuncia.

“Consideramos que esta Procuraduría debe actuar de manera más eficiente, al ser uno de los organismos más sensibles en el desarrollo y la defensa de la economía de las familias mexicanas”, puntualiza.

El precio de agua embotellada en establecimientos de alimentos no debe exceder del doble del costo comercial

Pretende evitar el abuso en el cobro y garantizar su accesibilidad
El precio de agua embotellada en establecimientos de alimentos no debe exceder del doble del costo comercial.
 
• El diputado López Casarín (PVEM) busca adicionar la Ley Federal de Protección al Consumidor
 
• Pretende evitar el abuso en el cobro y garantizar su accesibilidad

El diputado Javier López Casarín (PVEM) presentó una iniciativa con el propósito de que en todo establecimiento de prestación de servicio en el que se vendan alimentos para consumo en el lugar e incluyan en su carta la venta de agua embotellada, su precio no exceda más del doble del costo comercial que fija el productor.
 
La propuesta, que adiciona un artículo 57 Bis a la Ley Federal de Protección al Consumidor, enviada a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, busca evitar el abuso en el cobro de agua embotellada en los diferentes establecimientos dedicados a la venta de alimentos, y garantizar su accesibilidad, con el fin de que los ciudadanos puedan optar por una alternativa saludable frente a otro tipo de bebidas envasadas.
 
Menciona que hoy en día, los clientes de cualquier comercio pagan un sobreprecio por el agua en venta, ya que esta absorbe los costos de traslado, embotellamiento y etiquetado, lo que conlleva la industria del agua purificada.
 
López Casarín argumenta que en México se han realizado grandes inversiones para generar una infraestructura suficiente que garantice el acceso al agua potable en los hogares. No obstante, actualmente el agua dista de ser un bien público en nuestro país.
 
Hasta 4.5 millones de personas, que viven en un millón 215 mil hogares, no cuentan con un suministro por tuberías y no tienen otra opción que buscarla en pozos, en otras viviendas o recolectarla de la lluvia, según reportó el Censo de Población y Vivienda 2020, añade.
 
Precisa que muchas ciudades del mundo, incluida la Ciudad de México, cuentan con plantas de depuración del agua. Aunado a esto, están los riesgos de contaminación durante el paso por tuberías y tanques en mal estado y el temor colectivo de que el agua del grifo de las casas no sea apta para consumo humano; “riesgos todos que hacen que México sea el país que más agua embotellada consume en el mundo como la alternativa más segura”

Relata que debido a la pobre regulación, el país se ha convertido en un gran mercado para la venta de agua de consumo, pues de acuerdo al Observatorio Hídrico de la Universidad Nacional Autónoma de México, “los mexicanos gastan en la compra de agua embotellada 70 por ciento de lo que se recauda por tarifas del servicio de agua”.
Añade que, entre las bebidas envasadas, el agua embotellada tiene mayor nivel de consumo; más de un tercio de todas las bebidas envasadas que se consumen a nivel mundial son de agua. Le siguen las alcohólicas, representando casi el 19 por ciento del consumo mundial.

La situación dentro de los establecimientos dedicados a la venta de alimentos y otros productos para el consumo, expone, no es diferente. Por lo general, los comensales optan por la compra de agua embotellada en los comercios, pues si bien es cierto que hay una obligatoriedad para que estos ofrezcan agua en vaso de manera gratuita, también es que las personas que asisten prefieren el agua embotellada como una mayor garantía de potabilidad, situación que es aprovechada para elevar el costo.

Por ello, destaca la importancia de regular un servicio abusivo por parte de los comercios, los cuales disponen sobreprecios en los productos que satisfacen necesidades básicas como el agua.

Avala Comisión de Economía, Comercio y Competitividad reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor

•    Establece que agencias automotrices informen al consumidor que pueden contratar el seguro que más les convenga
•    También aprueba exhorto a PROFECO

La Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, que preside el diputado Jorge Ernesto Inzunza Armas (PAN), aprobó reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor, para que, en la compraventa a crédito de vehículos automotores, los consumidores puedan contratar el seguro que más les convenga.

Adiciona una fracción VII al artículo 66 de ese ordenamiento, para establecer que, en toda operación a crédito al consumidor, las agencias automotrices, en caso de compraventa de vehículo automotor con propulsión de combustión interna, con baterías eléctricas recargables, híbridos, y con motor accionado por hidrógeno, deberán informar al consumidor que están en la posibilidad de contratar el seguro del vehículo que más convenga sus intereses, ya sea proporcionado por la propia agencia o uno gestionado por el consumidor.

La iniciativa propuesta por la diputada Mónica Becerra Moreno (PAN), aprobada por 17 votos a favor y 16 en contra, señala que cuando se pretende adquirir algún vehículo nuevo o seminuevo a crédito, agencias automotrices obligan a los consumidores a contratar el seguro que ellos les ofrecen, los cuales tienen precios más elevados y no cumplen con las necesidades del comprador.

El diputado Ildefonso Guajardo Villarreal (PRI) dijo que la reforma evitará prácticas monopólicas, porque cuando se compra un carro en mensualidades se exige un seguro “que encasqueta la agencia y no da opción. La iniciativa permitirá que no se obligue a usar la aseguradora que diga la agencia, sino ir al mercado y buscar el mejor precio para el aseguramiento y cumplir con tener el auto asegurado, frente al compromiso de pagos”.

Asimismo, se aprobó con modificaciones el dictamen sobre la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) a iniciar una investigación y, en su caso, imponga a la empresa MEGACABLE, S.A de C.V., la multa que por ley corresponda.

El diputado Omar Enrique Castañeda González (MORENA) dijo que este exhorto es parte de las responsabilidades de las y los diputados de escuchar a la ciudadanía y provocará que esta y otras empresas den un mejor servicio y garanticen que lo que ofrecen sea lo que entregan.

El diputado Guajardo Villarreal consideró que se debe saber si PROFECO se ha tardado, si rebasó los tiempos o no ha actuado con oportunidad, conocer los antecedentes para saber si la institución no está actuando con la rapidez que requiere y, si sus tiempos son excesivos, cambiar los términos de respuesta.  Añadió que la Cámara de Diputados no establece si se imponen sanciones, como se presentó en la propuesta original.

En este sentido, el diputado Carlos Noriega Romero (Noriega) propuso modificar el dictamen para que se incluya el exhorto a, en su caso, establecer sanciones.

La diputada Sandra Luz Navarro Conkle (Morena) afirmó que la Cámara de Diputados debe ser la autoridad que sancione a esta empresa. “Tenemos la obligación de que se respete la ley, por eso considero que sí es competencia de nosotros”.

La propuesta del diputado del César Agustín Hernández Pérez (Morena) fue avalada por 33 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

Una vez aprobados, ambos dictámenes fueron remitidos a la Mesa Directiva para los efectos de su programación legislativa.

Piden que aparatos electrónicos y electrodomésticos presenten etiqueta sobre durabilidad y reparabilidad

• La diputada Díaz García (MORENA) sugiere adicionar y reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor
• Indica que entre 2015 y 2021, los mexicanos desecharon un millón 103 mil 570 toneladas de residuos electrónicos

La diputada Karla Estrella Díaz García (MORENA) presentó una iniciativa para que los productos o aparatos electrónicos, electrodomésticos y dispositivos electrónicos cuenten con una etiqueta con información sobre durabilidad y reparabilidad, e incluya un sistema de identificación y comprensión por parte de los consumidores. 

El documento, enviado a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, busca adicionar un artículo 34 Bis y reformar el artículo 77 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Señala que la garantía ofrecida del bien o servicio sea de diez años, ajustando la vida útil estimada en función de la categoría del producto. En el caso de contenidos o servicios digitales, esa será de cinco años. 

Menciona que las actualizaciones del software electrónico deben ser reversibles y no deben reducir el rendimiento del producto. Además, el fabricante informará sobre el tiempo en que se facilitarán las actualizaciones de los programas adquiridos.

Expone que, en el ámbito de los residuos electrónicos, según estimaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, actualmente en el mundo se desechan cerca de 50 millones de toneladas al año y sólo se recicla formalmente 20 por ciento de esos desperdicios. 

De igual modo, cada mexicano produjo 9.23 kilogramos de residuos electrónicos entre 2015 y 2021. En total, desecharon en promedio un millón 103 mil 570 toneladas de residuos electrónicos anualmente en ese periodo. 

La diputada Karla Díaz indica que la mayor parte de estos residuos (66 por ciento) corresponde a pantallas LCD y televisores, así como a computadoras de escritorio y portátiles (24 por ciento) y en menor medida a grabadoras y reproductores de sonido (6 por ciento) y a teléfonos celulares (4 por ciento). 

Considera que se debe hacer hincapié en la reparabilidad de los productos y la lucha contra la obsolescencia programada, así como la conversión de los residuos en recursos. “Conocer la huella de carbono que generamos ayuda a emprender acciones cotidianas que disminuyan las emisiones. Es necesario tener conciencia de esto para contribuir a un futuro más sostenible”. 

La iniciativa promueve una estrategia que busca garantizar y alargar la vida útil de los dispositivos electrónicos, con reparaciones sistemáticas rentables y atractivas para los consumidores, que favorezcan la reparación de los productos en lugar de un consumismo desmedido o la fabricación de aparatos de corta vida útil que son sustituidos al poco tiempo, precisa.

Subraya que la finalidad es garantizar el derecho a reparar y reutilizar los aparatos electrónicos, electrodomésticos, actualizar los software, eliminar la obsolescencia programada de los productos y crear una estimación útil al mismo.

Plantean que la PROFECO vigile la actuación de empresas que venden boletos digitales, para evitar abusos

• El diputado Alcántara Martínez (PT) presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor.

El diputado Leobardo Alcántara Martínez (PT) propuso reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor, con el objetivo de regular la actuación de empresas que comercializan boletos para espectáculos a través de líneas telefónicas, plataformas de internet o medios digitales, y de esa forma prevenir, combatir y erradicar prácticas que vayan en detrimento de los derechos de los consumidores.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, plantea adicionar en el artículo 24 una fracción XIII Bis para que la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (PROFECO) tenga la facultad de vigilar y verificar que los términos y condiciones de las empresas o proveedores que comercializan boletos para espectáculos, a través de líneas telefónicas, plataformas de internet o cualquier medio digital, cumplan con las disposiciones contenidas en esta ley.

Propone agregar el artículo 76 Bis 2 para estipular que las empresas o proveedores que comercializan boletos para espectáculos a través de líneas telefónicas, plataformas de internet o cualquier medio digital deberán abstenerse de instrumentar promociones o condiciones que limiten el derecho de los consumidores a acceder de forma igualitaria a la compra de boletos y establecer protocolos para prevenir el acaparamiento y reventa de boletos.

Además, que desglosen de manera clara los cargos por servicio, impresión u otras comisiones y no sean superiores al cinco por ciento del costo del boleto, e instrumenten políticas de reembolso prontas y expeditas que no excedan un lapso de 30 días naturales.

Precisa que, para el caso de cancelación o cambio de fecha de un evento por causas imputables al proveedor, por desastres naturales o sanitarios, el reembolso del boleto deberá realizarse de manera íntegra, incluyendo las comisiones y que, una vez realizado el cobro de un boleto, el proveedor o la empresa no podrá establecer plazos para su entrega o expedición.

En su exposición de motivos argumenta que la Profeco ha manifestado diversos abusos contra los consumidores por parte de empresas que comercializan boletos a través alguno de esos medios.

Una problemática reiterada es la cancelación de boletos adquiridos de ese modo y no se imprimieron dentro de un tiempo determinado, lo cual “resulta un sinsentido en virtud de que el cobro ya se realizó y el consumidor debería imprimir o descargar sus boletos en el momento que él lo considere pertinente”, subraya.  

Señala que no hay procedimientos para solicitar un reembolso de los boletos adquiridos, porque el mismo sólo aplica cuando un evento fue cancelado.

Esta situación, agrega, representa un verdadero atentado contra la economía de las y los consumidores, porque los cargos por servicios y envío representan cerca del 20 por ciento del valor de cada boleto, mientras que en otros países estos cobros son menores al siete por ciento, y en países como Estados Unidos se realiza el reembolso íntegro de lo pagado por cada boleto.

Advierte que cada vez son más recurrentes las prácticas discriminatorias en la venta de boletos para espectáculos, como las llamadas preventas exclusivas para tarjetahabientes de determinados bancos, además de la evidente falta de implementación de protocolos para prevenir la reventa y el acaparamiento de boletos.

Por ello, sostiene que es necesario realizar cambios legales para prevenir y erradicar dichas prácticas.

Piden proteger a los consumidores ante los nuevos cambios en el consumo y adquisición de bienes y servicios

• El comercio electrónico ha acelerado los fraudes en los sistemas digitales, causando incertidumbre y rezago para defender a la población.
• Para ello, el diputado González Aguirre (PRI) promueve reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

A fin de proteger a los consumidores, así como mejorar las cadenas de producción ante los cambios digitales en la compra y contratación de bienes y servicios, el diputado del PRI, Mariano González Aguirre, promueve una iniciativa para reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor.

​Plantea modificar los artículos 6, 7 y 7 Bis de ese marco legal, para que los proveedores de bienes y servicios físicos y digitales, así como los consumidores estén obligados al cumplimiento del mismo.

De igual forma, que las entidades de las administraciones públicas federal, estatal, municipal y del gobierno de la Ciudad de México, también estén obligadas en cuanto tengan el carácter de proveedores físicos y/o digitales o consumidores, establece la iniciativa turnada a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad

En el precepto 7 plantea que todo proveedor de bienes y servicios físicos y/o digitales, está obligado a informar y a respetar los precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, restricciones, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones aplicables en la comercialización de los insumos.

Asimismo, aquellos que se hubiera ofrecido, obligado o convenido con el consumidor para la entrega del bien o prestación del servicio, y bajo ninguna circunstancia serán negados estos bienes, productos o servicios a persona alguna, así como la información de los mismos, apunta la propuesta.

La modificación al artículo 7 Bis, refiere que el proveedor de bienes y servicios físicos y/o digitales deberá informar de forma notoria y visible el monto total a pagar por los bienes, productos o servicios que ofrezca al consumidor.

El legislador por Durango refirió que estas reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor son necesarias, en virtud de que en México el comercio electrónico registra un crecimiento importante, al alcanzar en 2019 el 35 por ciento, siendo el país que mayor aumento presentó a nivel global de acuerdo con la consultoría eMarketer.

Durante 2020 las ventas digitales crecieron más del 30 por ciento, junto a países como Argentina, España y Reino Unido, tendencia que pudo significar un crecimiento de hasta el 44 por ciento al cierre de 2021, y crecer a más del 57 por ciento para el 2025, representando un ingreso por más de 24 mil millones de dólares para ese año, según la consultoría Statista.

El documento subraya que una parte significativa de la población tuvo interacción activa en las plataformas y canales de compra-venta del comercio electrónico ante la pandemia, la cual también ha acelerado los fraudes en los sistemas digitales, causando incertidumbre y rezago para la defensa de los consumidores.

La firma IntSights Cyber Intelligence reporta que México es uno de los países más sensibles a estos riesgos, junto con Brasil, Colombia y Argentina en América Latina.

La plataforma de transacciones digitales Adyen ha señalado que el incremento de interacciones ha sido crucial para la aceleración de fraudes en los sistemas digitales. 

Cassia Pinheiro, líder de riesgo y cumplimiento en Latinoamérica para Adyen, también ha señalado que una de las causas se ubica en la “estabilidad en los intentos de transacciones y la reducción de actividad de los comercios durante la pandemia”.

Resaltó que la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) indicó que la evolución del consumidor mexicano a los comercios electrónicos ha trascendido favorablemente.

Según un estudio que realizó a finales de 2020, el comprador mexicano está cada vez mejor informado y 9 de cada 10 realizan interacciones en canal físico y digital, impactando en la frecuencia de compra y la continuidad de las plataformas digitales, por lo que en dos de cada 10 compañías el comercio electrónico representará el 30 por ciento de sus ventas totales.

OMV RADIO recomienda: Guns N’ Roses ya arrancó la venta de boletos para su show en Monterrey

*El concierto se llevará a cabo con todas las medidas sanitarias y el aforo que permitan las autoridades en el estadio de béisbol más moderno de América Latina.
*Con un show renovado de primer nivel y no visto por el público mexicano, los boletos tendrán opción a reembolso de acuerdo a las leyes aplicables.
*Se presentarán el martes 12 de octubre de 2021 en el Estadio de Béisbol Monterrey, casa de Los Sultanes.
*Boletos a la venta en funticket.mx

 La banda norteamericana Guns N’ Roses estará presentando su set plagado de grandes éxitos para la ciudad de Monterrey el próximo martes 12 de octubre de 2021 en el Estadio de Béisbol Monterrey, casa de Los Sultanes, para vibrar con los regios al ritmo de los clásicos como “Sweet Child O’ Mine” y “November Rain”, entre otras. Con esto, el grupo liderado por Slash, Duff y Axl Rose están dispuestos a seguir demostrando que al paso de los años siguen siendo esa banda digna de permanecer en el trono de los grupos de rock de estadio y que es muy difícil que aún hoy existan otras formaciones capaces de hacerles sombra tanto en su trayectoria, como en su puesta en escena. Boletos a la venta en funticket.mx

Considerado el parque de béisbol más moderno de América Latina, el Estadio de Beisbol Monterrey festeja así un nuevo espectáculo de primer nivel y de calidad mundial que llega a sus instalaciones, escenario de brillantes capítulos escritos en la historia del Club Monterrey, el equipo con mayor tradición en la Liga Mexicana y sede de la primera serie de temporada regular fuera de Estados Unidos o Canadá, que ahora recibirá a la banda americana más grande del planeta en medio de una impecable logística y organización con la que ya cuenta el estadio y que le ha valido una gran reputación mundial, justamente porque brinda una serie de comodidades y experiencias a los asistentes como ningún otro de su tipo, sin contar con la gran vista que se ofrece desde cualquier punto en que se ubique un espectador. 

Tras los últimos shows ofrecidos por la reformada banda, queda claro que siguen tan fuertes como siempre, con esos mismos ímpetus con los cuales cimbraron el mundo y que no están tan lejos en el tiempo (sobre todo viendo su última presentación en el Vive Latino), dejando con ello muy en claras las razones por las cuales el hard rock mundial les debe tanto a ellos. Axl se encuentra como cantante en uno de sus mejores momentos de su carrera renaciendo cual ave fénix. Y no sólo él. Los actuales Guns N’ Roses viven una nueva era dorada y un gran momento profesional y gracias a eso el público regio podrá disfrutar de una increíble sesión de hard rock el próximo martes 12 de octubre de 2021 en el Estadio de Béisbol Monterrey, casa de Los Sultanes, con un espectáculo perfectamente preparado y estudiado.

El público que compre sus entradas puede estar seguro de hacer una de las mejores inversiones que pueda hacer en su entretenimiento, no solo por la vista de privilegio y las diversas experiencias que el inmueble puede brindar tanto dentro del mismo como fuera de él, como es la vista que da una sensación de intimidad por la cercanía con el escenario desde cualquier punto en que se ubique un espectador, sino también por la certeza que garantiza que la compra de los boletos en funticket.mx es completamente segura, pues estos están sujetos a reembolso o posibles cancelaciones por covid-19, con base en los términos y condiciones publicados en los portales oficiales, en los cuales se especifica que todos los compradores están protegidos por la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

Entre los términos y condiciones que amparan una posible devolución o reembolso, están que "El consumidor expresamente reconoce y acepta que, en caso de reprogramación del evento, el promotor tendrá hasta 12 meses para reagendar una nueva fecha que estará sujeta a la disponibilidad del recinto y artistas, así como a las disposiciones de las autoridades federales, estatales y municipales. En el caso que durante este periodo se llegue a informar de la cancelación definitiva del evento dictado por alguna autoridad competente, el reembolso aplicará de acuerdo a lo establecido en las leyes aplicables”.

Es importante señalar que todas las medidas sanitarias se aplicarán con extrema dedicación y esmero y en todo momento el inmueble y los organizadores estarán atentos para cumplir con el aforo que las autoridades estatales y municipales permitan en esas fechas. Por otra parte, la empresa KEY será la encargada de la sanitización del estadio, y se confirmó que se realizará un proceso top, ya que es lo que se tiene que hacer para este tipo de eventos. El blindaje que se usará es el mismo que se sigue en partidos de la NFL y en algunos otros puntos en Estados Unidos.  

Jaime Herrera, director general de KEY comentó, “El blindaje sanitario está basado en una certificación que se conoce como “Star”, fue diseñado por la GBAC que se dedica a hacer protocolos para pandemia. Es una certificación que se usa en muchos de los estadios de la NFL y aeropuertos de Estados Unidos”, explicó el encargado de sanitizar el estadio. Además, actualmente se está trabajando con una de las principales agencias de talento a nivel mundial que representa a los mejores artistas globales, la cual valida completamente la experiencia operativa y capacidad financiera de los promotores, así como la experiencia de las empresas que participan en la producción del evento, ya que es el mismo show que se presenta en Las Vegas, París, Ámsterdam, Japón y otros países. 

En este momento hay diversos planes para garantizar la mejor de las experiencias a los asistentes para que asistan de todo el país con la seguridad de que vivirán una experiencia irrepetible, pues se está trabajando de la mano con las autoridades para garantizar que se cumplan sobradamente los lineamientos que salvaguarden la integridad de los participantes en cuanto a seguridad y protocolos de protección civil, reforzando las recomendaciones sanitarias emitidas por la Secretaría de Salud, todo ello para llevar este gran show a una de la ciudades más importantes de Latinoamérica en lo que se avizora como un show especial, con una enorme producción en lo que será un suceso que quedará en la historia y que no se repetirá.

Guns N’ Roses se presentará el martes 12 de octubre de 2021 en el Estadio de Béisbol Monterrey, casa de Los Sultanes, con todos sus éxitos y un grandioso espectáculo que no dejará impávido a nadie. Obtén tus boletos en funticket.mx