Aprueban comisiones hasta 16 años por violencia sexual contra menores

 

La nueva reforma asegurará el bienestar de niños ,niñas y adolescentes.

• Comisiones Unidas del Congreso local avalaron sancionar a quienes, haciendo uso de las tecnologías de información, violenten sexualmente a otra persona, duplicando las penas si se trata de menores de edad.

• La iniciativa del Diputado Carlos Martínez también otorga mayores atribuciones a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes estatal.

• Congresistas de MORENA, PT y PAN coincidieron en fortalecer el principio del interés superior de la niñez.

Comisiones Unidas del Congreso local aprobaron sanciones de hasta 16 años y 800 Unidades de Medida de Actualización (UMA), equivalente a 90 mil 515 pesos, a quien, haciendo uso de tecnologías de la información y la comunicación o cualquier otro medio escrito, electrónico o de mensajería, pretenda o logre concertar un encuentro o acercamiento físico con menores de edad para obtener concesiones de índole sexual o material audiovisual con contenido explícito.

La iniciativa, promovida por el Diputado Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo (MORENA), establece que habrá penas de hasta ocho años de prisión y una multa de 45 mil 256 pesos (400 UMA’s) para quien cometa este delito contra cualquier persona, pero puntualiza que las sanciones se elevarán al doble si el delito se comete contra menores de edad, personas que requieran apoyos para comprender el significado de los hechos, o contra quien demande apoyos extraordinarios (independientemente de que exista coacción, intimidación, hostigamiento, amenazas y engaños).

La propuesta, avalada por unanimidad en comisiones de Procuración y Administración de Justicia, y de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Primera Infancia de la LXII Legislatura mexiquense, añade atribuciones a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes estatal para la protección de estos sectores de la población.

El proponente recalcó  que con la reforma se pone en el centro de atención a las niñas y niños y sus derechos, frente a la violencia, desigualdad, impunidad o abandono, ya que cada medida es un paso más en la consolidación de una sociedad más justa y segura, razón por la cual agradeció la colaboración de Valeria González Ruiz, coordinadora de Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute; la sociedad civil; las asociaciones, y las bancadas parlamentarias por enriquecer su propuesta.

Al respaldar la iniciativa, las Legisladoras María del Carmen de la Rosa Mendoza (MORENA), Ana Yurixi Leyva Piñón (PT) y Emma Laura Álvarez Villavicencio (PAN) coincidieron en que fortalecer el marco legal garantiza los derechos humanos de las personas menores y los grupos vulnerables, desde una visión de prevención y protección, considerando sanciones más severas a quienes los violenten.

La iniciativa que reforma el Código Penal, la Ley de Víctimas, el Código Administrativo y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, todos del Estado de México, establece de manera clara la aplicación del principio del interés superior de la niñez en todos los delitos cometidos contra estos grupos de la población.

Además, se refuerzan las facultades de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, otorgándole un papel determinante en la valoración del perdón legal cuando las víctimas son menores de edad. Asimismo, se integran medidas para la protección inmediata de víctimas menores en coordinación con autoridades judiciales, de salud y procuración de justicia, con un enfoque integral, sin discriminación y sin revictimización.

De igual manera se obliga a las instituciones de salud a dar atención prioritaria e inmediata a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, con la obligación avisar a la Procuraduría de Protección y al Ministerio Público para la activación de medidas urgentes. También se fortalece la atención psicosocial, jurídica y médica de las instancias estatales correspondientes para la restitución integral de derechos y la reparación del daño.

Tendrá Estado de México Ley de Cultura y Justicia Cívica

• Comisiones legislativas aprobaron las iniciativas que presentaron por separado las diputadas Karla Aguilar y Azucena Cisneros.
• El nuevo ordenamiento promoverá el acceso a la justicia cívica en los municipios mexiquenses.

Comisiones Unidas del Congreso local aprobaron por unanimidad la Ley Justicia Cívica del Estado de México y Municipios conforme a las iniciativas presentadas por separado por las legisladoras Karla Aguilar Talavera (PRI) y Azucena Cisneros Coss (MORENA), después de recibir los comentarios y propuestas del Poder Judicial, a través de Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia.

Conforme al dictamen expuesto en reunión de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y Procuración y Administración de Justicia por el Legislador Gerardo Ulloa Pérez (MORENA), el nuevo ordenamiento de ley tiene por objeto promover el acceso a la justicia cívica y regular su funcionamiento en los municipios mexiquenses, establecer normas mínimas de comportamiento cívico que permitan garantizar el respeto a las personas y sus bienes, además de mejorar la convivencia social y mantener el orden público.

Establece la clasificación básica de las conductas que constituyan infracciones administrativas, las sanciones, los procedimientos para su imposición y para regular la actuación de las y los servidores públicos responsables, además de instituir en los municipios los medios alternativos de solución de controversias cívicas.

En su momento, la Diputada Karla Aguilar expuso que el nuevo ordenamiento contribuirá con la restauración del tejido social, cerrar el paso a la impunidad y consolidar la cultura de la legalidad y la paz entre las y los mexiquenses. Resaltó las aportaciones del Poder Judicial sobre mediación y conciliación, constitucionalidad de las infracciones, lineamientos generales para el debido proceso, justicia para adolescentes y la posible consulta a comunidades originarias y personas con alguna discapacidad.

Indicó que la justicia cívica es una política nacional implementada con éxito en algunas entidades en el marco del Modelo Homologado de Justicia Cívica, y que tras un año de trabajo se logró diseñar un modelo innovador que establece las reglas básicas para mejorar el día a día en la comunidad cuya mayor demanda es la paz, y que permitirá a los municipios contribuir gracias a un enfoque que privilegia la agilidad procesal por encima de los formalismos burocráticos; la reparación del daño por encima de la sanción económica y, sobre todo, la mediación y conciliación en lugar de la confrontación estéril.

A su vez, el Diputado Braulio Álvarez Jasso (PRI) consideró que las municipalidades deben atender estas conductas en primera instancia, porque se evita que escalen a otras dimensiones y otros ámbitos. Señaló que el modelo da resultados en las entidades donde ya se aplica. Destacó que también se recibieron propuestas de las secretarías de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad, y que en el caso de los municipios ya operan las oficinas conciliadoras que deberán convertirse en juzgados cívicos.

La Diputada María Isabel Sánchez Holguín (PRI), quien recordó que en México 62 por ciento de las personas mayores de 18 años consideraban inseguro vivir en su ciudad, destacó que esta ley sentará las bases para acceder de manera efectiva a mecanismos de solución a conflictos cotidianos.

El Legislador Gerardo Ulloa Pérez (MORENA) agradeció las aportaciones del Poder Judicial para enriquecer el decreto final, en tanto que la Legisladora Karina Labastida Sotelo preguntó si se consultó con la Consejería Jurídica del gobierno estatal y si los municipios cuentan con recursos para su aplicación.

En su oportunidad, el Magistrado Ricardo Sodi reseñó sus aportaciones y destacó la oportunidad de este nuevo ordenamiento toda vez que el Poder Judicial prepara también una reforma integral del Código Penal para adelgazarlo retirando varias conductas que hoy se consideran delitos, pero pueden quedar en el ámbito de las faltas administrativas.

Esta ley, abundó, contribuirá a la restauración del tejido social y a la construcción de políticas integrales en materia de seguridad. Refrendó la disposición del Poder Judicial de colaborar con el Congreso mexiquense en todas las acciones que signifiquen un bien a la sociedad y el estado, como en este caso en que, si bien el ámbito de actuación de la Ley de Justicia Cívica es esencialmente municipal, emitieron observaciones, aportaciones y sugerencias.

Avanza en comisiones propuesta para combatir tiraderos clandestinos

Ayuntamientos deberán de implementar campañas para la correcta clasificación de residuos.

Aprovecharán poder calorífico de los residuos sólidos urbanos en municipios.

Por unanimidad, Comisiones Unidas del Congreso local aprobaron reformas para combatir la proliferación de tiraderos clandestinos y que los municipios junto con el gobierno estatal aprovechen el poder calorífico de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, conforme a las iniciativas promovidas por el diputado Isaac Martín Montoya Márquez y las legisladoras María Luisa Mendoza Mondragón y Claudia Desiree Morales Robledo (PVEM).

En reunión presidida por la diputada María de los Ángeles Dávila Vargas (PAN), las comisiones aprobaron también que los municipios asignen recursos para el manejo integral y sostenible de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, así como implementar programas educativos entre la población para la correcta clasificación de los residuos y su posterior aprovechamiento, en concordancia con la reforma al Código para la Biodiversidad impulsada por las diputadas del PVEM.

El diputado Isaac Montoya detalló que las reformas le otorgan a la Secretaría del Medio Ambiente facultades para combatir los tiraderos clandestinos, se hace corresponsables a los municipios en la identificación de estos tiraderos junto con las autoridades estatales y federales y se abre la puerta a la participación de la sociedad civil en estas tareas.

La legisladora María Luisa Mendoza Mondragón, coordinadora de la bancada Verde, indicó que el mal manejo de residuos es fuente de numerosos problemas ambientales y urbanos, particularmente en esta entidad que genera 12 por ciento de la basura a nivel nacional. Al reconocer que algunos municipios trabajan de manera correcta en el manejo de sus residuos, expuso que todavía faltan mayores acciones para combatir las emisiones de carbono.

Para el diputado Omar Ortega Álvarez, coordinador parlamentario del PRD, es claro que urgen herramientas para combatir la contaminación y contar con ordenamientos apropiados para un cambio de paradigma; sustentable y sostenible. La diputada Beatriz García Villegas dijo esperar que no quede en letra muerta y llamó a generar un acuerdo para dar recursos a los ayuntamientos de modo que puedan llevar a la práctica estas nuevas disposiciones.

El dictamen aprobado por las comisiones de Legislación y Administración Municipal, Protección Ambiental y Cambio Climático comprende reformas a las leyes Orgánica de la Administración Pública, Orgánica Municipal y de Cambio Climático, así como al código para la Biodiversidad y Administrativo, todos del Estado de México.

Precisan perspectiva de género en planeación y el desarrollo estatal

 

Se homologa el concepto de la Ley de Planeación con el de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la entidad.

A fin de contribuir al empoderamiento femenino y superar los desequilibrios de género que aún persisten, Comisiones Unidas del Congreso local aprobaron por unanimidad la iniciativa de la diputada Martha Amalia Moya Bastón y del diputado Enrique Vargas del Villar, del grupo parlamentario del PAN, para homologar el concepto de perspectiva de género de la Ley de Planeación con el de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ambos de la entidad.

Para ello, en reunión de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Igualdad de Género, se avaló la reforma a la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios para definir a la perspectiva de género como una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres, a fin de reducir las vulnerabilidades y eliminar las causas de la opresión de género, como las dimensiones de la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género.

Asimismo, se promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres, contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para diseñar políticas públicas y programas, el acceso a recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones.

La legisladora Martha Amalia Moya agradeció las observaciones y el respaldo de las diferentes bancadas y aseguró que la iniciativa representa un avance para que la perspectiva de género se incorpore en la Ley de Planeación.

La legisladora Alicia Mercado Moreno destacó que la iniciativa ayudará a clarificar los conceptos para una mejor comprensión de la legislación estatal; la diputada Carmen de la Rosa Mendoza resaltó que se incluyera que las acciones gubernamentales deban ser enfocadas con una perspectiva de género y una transversalización; el legislador Gerardo Ulloa Pérez reconoció que se consideraron los comentarios para tener una iniciativa incluyente; y de la bancada del PRI, la legisladora Isabel Sánchez Holguín afirmó que con la propuesta se da un paso muy importante para señalar las necesidades de las mujeres y visibilizar sus derechos.

Aprueba Congreso de Edoméx matrimonio igualitario en comisiones

Las reformas en materia civil también reconocen el concubinato igualitario.
La entidad se convertiría en la número 29 del país en aprobar estas reformas.

Comisiones unidas del Congreso local aprobaron el matrimonio igualitario en el Estado de México, al establecer en la legislación civil estatal que el matrimonio es una institución de carácter público e interés social, por medio de la cual dos personas de manera libre y voluntaria deciden compartir un estado de vida, con lo cual, la entidad se convertiría en la 29 en el país en aprobar estas reformas.

En reunión de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, Procuración y Administración de Justicia y para la Igualdad de Género, las y los diputados establecieron que la edad mínima para contraer matrimonio es de 18 años y que el concubinato es la relación de hecho entre dos personas, las que viven juntas y hacen vida en común por un periodo mínimo de un año, periodo que no se considerará cuando haya hijos o hijas.

Asimismo, que las concubinas y concubinos tienen derechos y obligaciones alimentarias de familia, hereditarios y de protección contra la violencia familiar, en especial en cuanto a la protección de mujeres y menores.

Las reformas al Código Civil incluyen las tres iniciativas presentadas por separado por las diputadas Anais Miriam Burgos Hernández, María del Carmen de la Rosa Mendoza y Lourdes Jezabel Delgado Flores y los diputados Daniel Andrés Sibaja González, Max Agustín Correa Hernández e Isaac Martín Montoya Márquez, de MORENA; el diputado Omar Ortega Álvarez y las legisladoras María Elida Castelán Mondragón y Viridiana Fuentes Cruz, en nombre del PRD, así como de la legisladora Beatriz García Villegas (MORENA). Acudieron a la reunión de comisiones los coordinadores legislativos de MORENA, Maurilio Hernández González; PRI, Elías Rescala Jiménez; PAN, Enrique Vargas del Villar; PRD, Omar Ortega Álvarez; Movimiento Ciudadano, Martín Zepeda Hernández y la coordinadora legislativa del Verde Ecologista, María Luisa Mendoza Mondragón.

Prospera solicitud para la restitución de Fondo Metropolitano

El punto de acuerdo impulsado por el diputado Alfredo Quiroz también pide garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos.

Comisiones Unidas del Congreso local aprobaron de manera unánime solicitar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la restitución del Fondo Metropolitano para el ejercicio fiscal 2023 y que adopte las medidas pertinentes para fortalecerlo.

El punto de acuerdo, impulsado por el diputado Alfredo Quiroz Fuentes (PRI), también solicita que se actualice y mejore el mecanismo de asignación del Fondo para precisar las disposiciones de carácter general para la aplicación y erogación de los recursos que se entregarán, así como para garantizar el seguimiento, control, rendición de cuentas y transparencia de los recursos para las zonas metropolitanas.

Durante la reunión de las comisiones de Planeación y Gasto Público, Finanzas Públicas, y Asuntos Metropolitanos, conducidas por el diputado Max Agustín Correa Hernández (MORENA), y tras agradecer las aportaciones de los grupos legislativos, Alfredo Quiroz dijo que la restitución del Fondo beneficiará a la entidad, por lo que confió en que esta solicitud tendrá respaldo en la Cámara de Diputados federal.

Con base en el punto de acuerdo, remitido al Pleno para su votación definitiva, el legislador Sergio García Sosa, coordinador legislativo del PT, señaló que el fondo permitirá desarrollar proyectos de beneficio urbano, demográfico, social y de movilidad, en beneficio de la población de la zona metropolitana del Valle de México, la más grande del país con 16 delegaciones de la Ciudad de México, 59 municipios mexiquenses y un municipio de Hidalgo, donde habitan 22 millones de personas, así como la del Valle de Toluca, gracias a sus ventajas geográficas y de conectividad.

Traducirán información de transparencia a lenguas originarias

La reforma facilitará el acceso de los pueblos originarios a la información pública: Miriam Escalona.
En la entidad 417 mil 603 personas de 3 años y más son hablantes de alguna lengua indígena.

Para facilitar el acceso a la información de las personas hablantes de alguna lengua indígena en el Estado de México, Comisiones Unidas del Congreso local aprobaron por unanimidad reformas a la Ley de Transparencia y Acceso de la Información Pública para que los sujetos obligados garanticen que la información tenga un lenguaje sencillo, y en los casos que se requiera, realicen las gestiones necesarias para que se cuente con la traducción a lenguas originarias principalmente cuando se trate de residentes en la entidad.

En reunión de las comisiones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción, así como de Asuntos Indígenas, la diputada Miriam Escalona Piña (PAN), autora de la iniciativa, señaló que esta reforma prevé la entrega de información de transparencia en lenguas indígenas de manera escrita y verbal, y se pronunció por continuar el perfeccionamiento de la legislación que amplíe el acceso a la información.

En su momento, la diputada Anais Miriam Burgos Hernández (MORENA) planteó el apoyo del Consejo Integral para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, así como perfeccionar la redacción para la plena aplicación de esta reforma, mientras que el diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (MORENA) expuso propuestas para precisar la reforma, las cuales fueron integradas al dictamen.

Del PRI, después de manifestar su apoyo a la iniciativa, la diputada Gretel González Aguirre (PRI) preguntó sobre las propuestas relacionadas con el lenguaje de señas y para que la información también se entregue en archivos de audio, y la legisladora Josefina Aguilar Sánchez dijo que estas acciones contribuyen a que los pueblos indígenas dejen de ser vistos como una figura folklórica y se les vea como seres humanos que requieren atención. Propuso colaborar en la traducción y convocó a sumar a la Universidad Intercultural de San Felipe del Progreso que cuenta con docentes en lenguas originarias, además de instancias como Radio y Televisión Mexiquense.

Cabe señalar que de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, para ese año, el Estado de México registró 417 mil 603 personas de 3 años y más hablantes de lengua indígena, de los cuales 308 mil 587 corresponden a los pueblos indígenas originarios: mazahua, otomí, nahua, tlahuica y matlatzinca.