• Comisiones legislativas aprobaron las iniciativas que
presentaron por separado las diputadas Karla Aguilar y Azucena Cisneros.
• El nuevo ordenamiento promoverá el acceso a la justicia
cívica en los municipios mexiquenses.
Comisiones Unidas del Congreso local aprobaron por
unanimidad la Ley Justicia Cívica del Estado de México y Municipios conforme a
las iniciativas presentadas por separado por las legisladoras Karla Aguilar
Talavera (PRI) y Azucena Cisneros Coss (MORENA), después de recibir los
comentarios y propuestas del Poder Judicial, a través de Ricardo Sodi Cuellar,
presidente del Tribunal Superior de Justicia.
Conforme al dictamen expuesto en reunión de las comisiones
de Gobernación y Puntos Constitucionales y Procuración y Administración de
Justicia por el Legislador Gerardo Ulloa Pérez (MORENA), el nuevo ordenamiento de ley tiene por objeto promover el acceso a la justicia cívica y regular su
funcionamiento en los municipios mexiquenses, establecer normas mínimas de
comportamiento cívico que permitan garantizar el respeto a las personas y sus
bienes, además de mejorar la convivencia social y mantener el orden público.
Establece la clasificación básica de las conductas que
constituyan infracciones administrativas, las sanciones, los procedimientos
para su imposición y para regular la actuación de las y los servidores públicos
responsables, además de instituir en los municipios los medios alternativos de
solución de controversias cívicas.
En su momento, la Diputada Karla Aguilar expuso que el nuevo
ordenamiento contribuirá con la restauración del tejido social, cerrar el paso
a la impunidad y consolidar la cultura de la legalidad y la paz entre las y los
mexiquenses. Resaltó las aportaciones del Poder Judicial sobre mediación y
conciliación, constitucionalidad de las infracciones, lineamientos generales
para el debido proceso, justicia para adolescentes y la posible consulta a
comunidades originarias y personas con alguna discapacidad.
Indicó que la justicia cívica es una política nacional
implementada con éxito en algunas entidades en el marco del Modelo Homologado
de Justicia Cívica, y que tras un año de trabajo se logró diseñar un modelo
innovador que establece las reglas básicas para mejorar el día a día en la
comunidad cuya mayor demanda es la paz, y que permitirá a los municipios
contribuir gracias a un enfoque que privilegia la agilidad procesal por encima
de los formalismos burocráticos; la reparación del daño por encima de la
sanción económica y, sobre todo, la mediación y conciliación en lugar de la
confrontación estéril.
A su vez, el Diputado Braulio Álvarez Jasso (PRI) consideró
que las municipalidades deben atender estas conductas en primera instancia,
porque se evita que escalen a otras dimensiones y otros ámbitos. Señaló que el
modelo da resultados en las entidades donde ya se aplica. Destacó que también
se recibieron propuestas de las secretarías de Justicia y Derechos Humanos y de
Seguridad, y que en el caso de los municipios ya operan las oficinas
conciliadoras que deberán convertirse en juzgados cívicos.
La Diputada María Isabel Sánchez Holguín (PRI), quien
recordó que en México 62 por ciento de las personas mayores de 18 años
consideraban inseguro vivir en su ciudad, destacó que esta ley sentará las
bases para acceder de manera efectiva a mecanismos de solución a conflictos
cotidianos.
El Legislador Gerardo Ulloa Pérez (MORENA) agradeció las
aportaciones del Poder Judicial para enriquecer el decreto final, en tanto que
la Legisladora Karina Labastida Sotelo preguntó si se consultó con la
Consejería Jurídica del gobierno estatal y si los municipios cuentan con
recursos para su aplicación.
En su oportunidad, el Magistrado Ricardo Sodi reseñó sus
aportaciones y destacó la oportunidad de este nuevo ordenamiento toda vez que
el Poder Judicial prepara también una reforma integral del Código Penal para
adelgazarlo retirando varias conductas que hoy se consideran delitos, pero
pueden quedar en el ámbito de las faltas administrativas.
Esta ley, abundó, contribuirá a la restauración del tejido
social y a la construcción de políticas integrales en materia de seguridad.
Refrendó la disposición del Poder Judicial de colaborar con el Congreso
mexiquense en todas las acciones que signifiquen un bien a la sociedad y el
estado, como en este caso en que, si bien el ámbito de actuación de la Ley de
Justicia Cívica es esencialmente municipal, emitieron observaciones,
aportaciones y sugerencias.
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