Proponen reforma constitucional para que el delito de despojo amerite prisión preventiva oficiosa

• Es indispensable para prevenir la reincidencia, evitar dilaciones indebidas y salvaguardar los derechos de las personas afectadas, señala la Diputada Vázquez García (MORENA) en una iniciativa

La Diputada Dionicia Vázquez García (MORENA) planteó reformar al artículo 19 de la Constitución Política para incluir el delito de despojo dentro de los casos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Al exponer los motivos de su iniciativa, la legisladora explica que su propuesta responde a la grave situación de inseguridad patrimonial que enfrenta un amplio sector de la población, en especial personas mayores, familias en condición de vulnerabilidad y comunidades desplazadas.

Asegura que la inclusión del delito de despojo en el catálogo de prisión oficiosa es indispensable para prevenir la reincidencia, evitar dilaciones indebidas y salvaguardar los derechos fundamentales de las personas afectadas.

El carácter sistemático y violento del despojo, así como su alta tasa de impunidad, justifican plenamente esta medida que permitirá que los responsables no evadan la acción de la justicia mediante prácticas dilatorias, intimidaciones o reincidencia, y contribuirá a restablecer la confianza ciudadana en el Estado de derecho, subraya.

Explica que el delito de despojo consiste en la ocupación ilegal y generalmente violenta de bienes inmuebles ajenos, siendo el Estado de México y la Ciudad de México las entidades con el índice más alto en ese delito, concentrando más del treinta por ciento de las denuncias.

El documento, turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales, menciona que este fenómeno, lejos de ser un problema local, se convierte en una crisis nacional de desplazamiento forzado y violencia patrimonial, en la que frecuentemente se encuentran indicios de corrupción y colusión de autoridades.

“Estudios recientes manifiestan que en uno de cada diez municipios del país existe una relación directa entre el aumento de denuncias por despojo y el incremento de homicidios”, refiere.

Puntualiza que dicha actividad criminal afecta no sólo el derecho de propiedad, sino también el derecho humano a la vivienda, a la seguridad jurídica y al libre disfrute de los bienes.

Piden establecer en la Constitución Política la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción

• La diputada Vázquez García (PT) impulsa cambios a la Carta Magna
• Busca garantizar una gestión pública transparente y eficiente

Con el propósito de establecer que la comisión de delitos relacionados con actos de corrupción, por parte de cualquier servidor público o particulares, sea considerada imprescriptible y sujeta a investigación y sanción, la diputada Dionicia Vázquez García (PT) propuso reformar los artículos 109 y 114 de la Constitución Política.

 La iniciativa, turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales para dictamen, y de Transparencia y Anticorrupción para opinión, sostiene que la reforma es fundamental para “fortalecer la lucha contra la corrupción y garantizar una gestión pública transparente y eficiente”. 

Afirma que, a través de la imprescriptibilidad de ese tipo de delitos, “se envía un mensaje claro a la sociedad de que no se tolerará la corrupción y los responsables rendirán cuentas”. Considera que “esto puede disuadir a los funcionarios públicos y a los particulares de cometer delitos de corrupción en el futuro”. 

Destaca que la imprescriptibilidad de la acción penal por los delitos de corrupción es una medida diseñada para proteger los derechos y el bienestar de la sociedad y “no atenta contra los derechos humanos, siempre y cuando se aplique de manera justa y equilibrada y respetando los derechos de los acusados”. 

Explica que la corrupción es un término que se refiere a la práctica ilegal o deshonesta de usar un cargo o posición en el ejercicio de la función pública para obtener un beneficio personal o económico y puede manifestarse en diferentes formas, como el soborno y la malversación de recursos públicos.

Menciona que la imprescriptibilidad de la acción penal por los delitos de corrupción sólo se aplica en casos en los que se han cometido hechos ilícitos y se encuentra respaldada por leyes y procedimientos legales. Los derechos humanos de los acusados, incluyendo el derecho a un juicio justo y la presunción de inocencia, deben ser respetados en todo momento.

Por ello, indica, “fortalecer el marco legal para el combate a la corrupción es crucial”, porque “no combatirla implica un obstáculo para el progreso social y económico, en virtud de que se desvían los recursos públicos que podrían ser utilizados para mejorar las condiciones de vida de las personas que más lo necesitan”.

Proponen que en educación básica y media superior se brinde atención de salud mental

• La diputada Vázquez García (PT) pide reformar las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, la General de Educación y la Reglamentaria del artículo 3º de la Constitución Política 

La diputada Dionicia Vázquez García (PT) presentó una iniciativa para que la Secretaría de Educación Pública (SEP), en coordinación con la Secretaría de Salud y las autoridades educativas estatales diseñen y ejecuten programas de prevención, identificación y atención oportuna a problemas de salud mental de los educandos, en las escuelas públicas de educación básica y media superior.

​La propuesta, turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y Población, y de Educación para dictamen, y a la Comisión de Salud para opinión, reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, la General de Educación y la Reglamentaria del artículo 3º de la Constitución Política.

Establece que los educandos tendrán derecho a ser respetados en su integridad, identidad y dignidad, lo cual incluye la promoción de su salud mental como un aspecto fundamental de su bienestar y desarrollo, así como a la protección contra cualquier tipo de agresión física, moral o psicológica.

Además, plantea que se diseñen y apliquen estrategias educativas que generen ambientes basados en una cultura de la paz para fortalecer la cohesión comunitaria y una convivencia democrática, teniendo en cuenta la importancia de la salud mental en el proceso educativo.

De igual manera, busca que se lleven a cabo, en el ámbito de su competencia, las acciones y programas vinculados a la promoción de la salud mental, considerándola un componente fundamental para el desarrollo integral y bienestar de los educandos.

Estipula que son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o la tutela promover la participación de sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años en la práctica de hábitos para la buena salud mental dentro y fuera de los planteles educativos, como un medio para fomentar el bienestar emocional, fortalecer las habilidades socioemocionales y contribuir al óptimo rendimiento académico, en aras de formar ciudadanos resilientes y comprometidos con su entorno. 

En tanto, la Secretaría de Salud deberá en colaboración con la Secretaría de Educación elaborar los lineamientos de los programas de prevención, identificación y atención oportuna a problemas de salud mental de los educandos, para las escuelas públicas de educación básica y media superior.

La diputada Vázquez García enfatizó que promover políticas de salud mental en las escuelas públicas de educación básica y media superior, previene problemas futuros relacionados con el bienestar emocional y cognitivo; además, se forma a las futuras generaciones para enfrentar los desafíos de la vida de manera resiliente y empática, lo que contribuye a la cohesión social y a una convivencia armónica.

Subrayó que este tema trasciende las divisiones políticas y debe ser considerado como una prioridad en la agenda legislativa para beneficio de niñas, niños y adolescentes educandos.

Impulsan reforma para prohibir venta o suministro de bebidas energéticas a menores de 18 años

• La violación de dicha de disposición se sancionará con multa de hasta dos mil veces la UMA
• La diputada Dionicia Vázquez García (PT) propone reformar la Ley General de Salud 

Con el propósito de prohibir la venta o suministro de bebidas energéticas a menores de 18 años, la diputada Dionicia Vázquez García (PT) planteó modificar los artículos 215, 216 Bis y 419 de la Ley General de Salud y establecer que la violación de dicha disposición se sancionará con multa de hasta dos mil veces la Unidad de Medida y Actualización. 

Las reformas precisan que sólo se podrá exceptuar dicha prohibición cuando menores de 18 años, en casos excepcionales, previa autorización por escrito de uno de sus padres o tutor y siempre que se trate de situaciones en las que se requiera una dosis de energía adicional, como en el caso de deportistas en competiciones o de alta exigencia física.

También se incluye la definición de bebida energética como “cualquier líquido que contenga estimulantes como la cafeína, taurina, tiamina u otros ingredientes que se comercialicen con la finalidad de aumentar temporalmente el nivel de energía, el estado de alerta y la capacidad de rendimiento físico o mental en las personas”.

La exposición de motivos de la iniciativa, turnada a la Comisión de Salud, señala que el consumo de bebidas energéticas en niñas, niños y adolescentes es considerado inapropiado por los expertos, debido a los estimulantes que contienen.

Menciona que, de acuerdo con investigaciones, el consumo frecuente de estas bebidas puede afectar negativamente el equilibrio adecuado de carbohidratos, grasas y proteínas necesarias para un óptimo crecimiento, desarrollo y salud. Por ello, es importante concientizar sobre los riesgos asociados al consumo de bebidas energéticas en los menores de 18 años y promover una alimentación y estilo de vida saludables para su bienestar general.

El documento refiere que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que el consumo excesivo de bebidas energéticas está asociado a sobredosis de cafeína, diabetes tipo 2, problemas durante el embarazo, efectos neurológicos y cardiovasculares en niños y adolescentes, dependencia, mala salud dental y obesidad.

Asimismo, la OMS recomienda a los gobiernos introducir las siguientes políticas regulatorias: un límite sobre la cantidad de cafeína que puede llevar una bebida, una restricción sobre su venta a niños y adolescentes, educar a quienes ofrecen cuidados médicos en torno a la intoxicación, dependencia y síndrome de abstinencia de cafeína y regular la publicidad de bebidas energizantes.

​Resalta que en México no se cuenta con medidas suficientes para proteger a los menores de 18 años con relación al consumo, venta y distribución de bebidas energéticas. Esto ha llevado a un consumo excesivo de productos que contienen aditivos y estimulantes, lo que representa un grave riesgo para la salud de este sector poblacional.

Ante ello, es importante implementar medidas de regulación y control para proteger la salud y bienestar de las niñas, niños y adolescentes y con la iniciativa se pretende establecer la prohibición

de la venta de bebidas energéticas a menores con el objetivo de proteger su salud y bienestar, evitando que consuman productos que tengan efectos negativos en su organismo.