Comparecen ante la Tercera Comisión de la Permanente cinco aspirantes a magistrados del Tribunal Unitario Agrario

• Diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios externaron sus comentarios respecto a la justicia agraria

La Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, que preside el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana (MORENA), atendió la comparecencia de cinco personas propuestas por el Ejecutivo Federal para ocupar diversas magistraturas vacantes del Tribunal Unitario Agrario, a efecto de que sean elegidas por la Comisión Permanente.

El acuerdo aprobado por esta instancia la semana pasada, contiene los nombres de las diez personas propuestas para ocupar dichas vacantes, cuyo proceso de entrevistas se dividió en dos bloques de comparecencias a fin de agilizar los trabajos.

Durante la reunión de este día, Medina Filigrana dijo que la idea es desahogar las diez comparecencias para, posteriormente, elaborar un proyecto que contenga los puntos de consenso de las y los legisladores de esta Comisión y poder presentarlo al pleno de la Permanente.

Indicó que existen conflictos agrarios muy añejos entre entidades de la República —como el de los Chimalapas, en los límites de Oaxaca y Chiapas—, en los que el Tribunal Unitario Agrario juega un papel importante para evitar que demore su solución, pues son regiones “donde la situación social, de por sí, es compleja por la diversidad de pueblos originarios que ahí habitan y las condiciones de marginación”.

De ahí que resaltara la importancia de que las resoluciones sean expeditas, apegada a derecho y con sentido social. No nada más es aplicar la ley, dijo, en un tema agrario la prioridad es apegarse al Estado de derecho y hacer justicia a los pueblos originarios.

La Diputada Gabriela Sodi (PRD) precisó que es necesario garantizar de manera clara y rotunda la independencia de las y los magistrados y del Tribunal respecto de poderes fácticos, por lo que se deben tomar acciones para no subordinarse y evitar la corrupción.

De MC, el Diputado Carlos Alberto León García resaltó que se debe acercar la justicia a las comunidades más alejadas y vulnerables y garantizar la atención con traductores, por lo que expresó que el Tribunal debe ser cercano para garantizar el derecho de las mujeres a acceder a la justicia.

María Guadalupe Chavira De la Rosa, Diputada de MORENA, indicó que el Tribunal señaló la necesidad de que las mujeres tengan más y mejores condiciones en materia agraria, pues, aunque ya las han reconocido en núcleos ejidales y tienen condiciones de equidad, igualdad inclusión y participación, aún falta mucho para agilizar su atención.

También del grupo parlamentario de MORENA, la Diputada Adriana Bustamante Castellanos consideró que se debe conocer el alcance del principio de la libre autodeterminación de pueblos y comunidades indígenas, así como el respeto a los usos y costumbres desde la labor del Tribunal.

Del PVEM, el Diputado Luis Edgardo Palacios Díaz expresó que es necesario conocer los temas en que la procuración y administración de justicia agraria se haya desarrollado de manera integral y saber cómo actuarán para impartirla.

La Diputada Lilia Aguilar Gil (PT) señaló que la reforma al artículo 164 de la Ley Agraria debe aportar a la impartición de justicia a las y los campesinos, “a quienes este sistema nunca los ha tomado en cuenta en plenitud de derechos”.

De MORENA, la Diputada Erika Vanessa Del Castillo Ibarra, manifestó sus inquietudes acerca del proceso administrativo y legal para obtener permisos de escrituración en terrenos situados en zonas de conservación y los terrenos comunales en la Ciudad de México, y cómo resolver litigios indígenas que llevan muchos años.

Aspirantes

En su exposición, Alejandro Domínguez Muñoz manifestó la importancia de que la justicia sea pronta y expedita para dar certidumbre, para lo cual se deben eliminar diferimientos de audiencias y prácticas que afectan el desarrollo del proceso. Propuso impulsar la capacitación constante del personal y fortalecer las campañas de justicia itinerante, para que la gente que carece de conocimientos y recursos conozca sus derechos y cómo defenderlos.

Carlos Durán Riojano, indicó que mantener la independencia del Tribunal se logra teniendo claro el papel del magistrado y del reconocimiento de los valores éticos. Refirió que, para dar la atención debida a los asuntos, resolverá con base en los principios de perspectiva de género, interculturalidad, protección al menor como prioridad y a grupos vulnerables.

Elohim Sandoval Pérez, señaló que como magistrado sus resoluciones serán el resultado de un análisis minucioso del cumplimiento al debido proceso. Agregó que ejercerá una labor cercana a la gente, buscando la conciliación como herramienta fundamental.

Gabriel Juárez García, expresó que los tribunales agrarios deben resolver el rezago de los asuntos recibidos antes de 2020, reforzar las jornadas de justicia itinerante, adecuar las salas de los tribunales agrarios para permitir la videograbación de audiencias, fortalecer su impartición mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, y hacer cumplir sentencias de manera pronta y expedita.

Griselda Martínez Vázquez, afirmó que falta mucho para resolver las controversias por la tenencia de la tierra, las cuales deben dirimirse en el cauce de la legalidad. Expresó que el 51 por ciento del territorio es propiedad social y los justiciables reclaman justicia pronta y expedita. “Es un llamado que debemos atender con comprensión, análisis, correcta interpretación y aplicación de las normas del derecho agrario”.

Dictámenes

Previamente, la Tercera Comisión aprobó el dictamen a la proposición con punto de acuerdo para que la Comisión Permanente realice un pronunciamiento relativo a la sequía que se registra en algunos estados el país.

Otro, a fin de exhortar a las dependencias del Gobierno Federal y a los gobiernos de los estados y municipios, para que adopten previsiones por la temporada de ciclones y huracanes sucedidos en el país.

De igual forma, se aprobó la adenda por la que se modifica la segunda fecha de las comparecencias de cinco personas propuestas por el presidente de la República para ocupar diversas magistraturas vacantes del Tribunal Unitario Agrario.

Inician en la Cámara de Diputados los diálogos nacionales sobre las reformas constitucionales al Poder Judicial

• La certeza debe ser el faro señero que guíe los contenidos resultantes de la reforma: Guerra Castillo

• Presidentes de JUCOPO de diputados y senadores destacan apertura para dialogar

En la Cámara de Diputados inició el primero de nueve foros de los diálogos nacionales sobre las reformas constitucionales al Poder Judicial, con el tema ¿Qué Poder Judicial tenemos? ¿Qué Poder Judicial queremos?, cuyo objetivo es ampliar el análisis y discusión de los proyectos de reformas constitucionales que se encuentran en esta Cámara.

Debe ser una reforma que refleje la apertura democrática del Congreso

La Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, afirmó que la certeza es el bien público que debe determinar tanto el debate amplio de esta reforma al Poder Judicial como su resultado. “La certeza debe ser el faro señero que guíe los contenidos resultantes de la reforma”.

Certeza, enfatizó, “en los derechos de las y los trabajadores integrantes del Poder Judicial, certeza para los inversionistas y actores económicos y certeza para la sociedad mexicana que en los conflictos que lleve ante la jurisdicción sean resueltos siempre de manera rápida y bajo el único criterio de la razonabilidad de la norma”.

Resaltó que debe ser una reforma que refleje la apertura democrática del Congreso. “Es un momento definitorio en el que la democracia se debe abocar a revisar cómo funciona una de sus ramas y en mejorarla en beneficio de su depositario supremo que es el pueblo mexicano”.

Que los poderes democráticos aquí convocados, indicó, “nos entreguemos, con visión de Estado y patriotismo, a confeccionar una reforma que mejore la vida de la República”.

Guerra Castillo se pronunció por analizar las condiciones necesarias para mantener la independencia de los jueces, debatir el funcionamiento de los poderes judiciales locales y el por qué congestionan a la jurisdicción federal; y buscar la mejor forma de supervisar el recto y ético ejercicio de la judicatura.

Asimismo, añadió, hacer “la justicia accesible a todas las personas y no solo a los pudientes”; generar condiciones para que todos los juicios sean más ágiles y rápidos. “Revisemos también las fallas y fortalezas de nuestros ministerios públicos para que procuren efectivamente la justicia que la sociedad mexicana espera de ellos”.

La diputada externó su deseo porque el resultado de estos diálogos se traduzca en la consolidación de un Poder Judicial que mejore el acceso de las personas a una justicia pronta y expedita, y en la certeza de vivir en un Estado que haga efectivo el disfrute y la protección de sus derechos.

“El espíritu republicano nos obliga a atender la otredad, a escucharnos unos a los otros para analizar, debatir y construir una reforma incluyente, que retome el sentir de la ciudadanía que exige jueces imparciales, honestos y preparados y, a su vez, consolidar un sistema de justicia con garantías para el eficaz ejercicio de su función”, puntualizó.

Hay coincidencias en la reforma judicial

El Presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara de Diputados, Jorge Romero Herrera (PAN), reconoció la voluntad al diálogo que existe para esta reforma y otras que vendrán, para escucharnos, pues “nosotros tenemos una auténtica fe en que esto sea el principio de los espacios de diálogo y de escucharnos, y nosotros aspiramos que sea lo mismo por parte de la mayoría”.

Llamó a intercambiar las ideas más allá de decisiones que estén preestablecidas con un afán de mejorar los productos finales. Acción Nacional, dijo, debe ser una oposición que centre su debate en proponer y dar argumentos técnicos y jurídicos. “Nosotros no vamos ya a enfocarnos en señalar y descalificar. Nosotros queremos argumentar y que se escuchen nuestros argumentos”.

Adelantó que en la reforma judicial hay coincidencias, como es en el plazo máximo para resolver los asuntos judiciales a favor, la reconfiguración administrativa y disciplinaria interna, y las disposiciones políticas de austeridad, pero se centrará el debate y la argumentación en “no perder con un nuevo modelo la independencia y la autonomía que deben tener sustancialmente las mujeres y hombres que juzguen en el país, que se encuentre un punto medio”.

Diálogo fructífero y respetuoso

En tanto, el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila (MORENA), externó su beneplácito por este ejercicio de diálogo y expresó que se cumple una sugerencia de la virtual presidenta de la República.

“Venimos con toda la disposición a escuchar. Nosotros tenemos puntos de vista sobre la reforma que iremos desahogando, pero advertimos al país y a la población que venimos acompañados de una gran legitimidad. El pueblo nos otorgó el poder reformador de la Constitución, el pueblo nos otorgó el tener constituyente permanente”, añadió.

Destacó que actuarán con prudencia y cautela, y van a respetar la expresión y el punto de vista de las minorías, pero también de los miembros del Poder Judicial; sin embargo, no van a desoír el mandato popular. Pidió que sea un diálogo fructífero y respetuoso. “Esperamos que haya frutos, si podemos enriquecer y mejorar las iniciativas fruto de este intercambio lo haremos con responsabilidad en el Congreso”.

Se estará atento a los planteamientos de todos

Por la Comisión de Puntos Constitucionales, organizadora de estos foros, su presidente, diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (MORENA), destacó que estos diálogos se pretenden enmarcar sobre la reforma judicial; por ello, se estará atento a los planteamientos iniciales que todos expondrán.

Resaltó que se parte de la propuesta para instituir en la Constitución la participación ciudadana para la elección de los miembros de la Judicatura; frente a ello está la independencia del Poder Judicial y el respeto de los derechos de los trabajadores. “Ello señala los límites para dialogar con las personas interesadas, lo que implica escuchar y atender razones para adecuar textos, mover comas y puntos en diversos temas que surgen de la iniciativa presidencial”.

Añadió que hoy se escuchará un posicionamiento conciso e infaltable sobre la visión del Poder Judicial y lo que se puede reformar para erradicar las fallas y hacer verdad la máxima constitucional de “tener en México una justicia pronta y expedita”.

Consolida el Senado de la República tradición diplomática de México

•En este sexenio se promovió el respeto al derecho internacional y la vía diplomática como la única opción legítima de mantener la paz entre las naciones: Ana Lilia Rivera.

En materia de política exterior, los trabajos del Senado de la República se enfocaron en honrar la tradición diplomática de México, pues promovió la paz, la justicia social y el respeto al derecho internacional.

La Presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera, agregó que durante LXIV y LXV Legislaturas, en la Cámara de Senadores se reconoció la política exterior como crucial para el desarrollo nacional.

Por ello, agregó en su discurso sobre el cierre del último Periodo Ordinario de Sesiones de este sexenio, en un contexto internacional complejo, los senadores adoptaron una estrategia dinámica, feminista, orientada a la defensa del interés nacional, la no intervención y la cooperación para el desarrollo.

Ana Lilia Rivera afirmó que el Senado apostó por una diplomacia parlamentaria innovadora, capaz de abordar desafíos como la rivalidad entre naciones y el cambio climático, ya que, a través de diversos pronunciamientos conjuntos, se condenó el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. 

Además, agregó, se defendió la soberanía nacional, se instó al respeto del derecho internacional, al reconocimiento de la vía diplomática como la única opción legítima de mantener la paz entre las naciones y se instó a la protección de los derechos humanos por encima de cualquier interés.

De acuerdo con datos publicados en la página de Internet del Senado de la República, en su apartado de Asuntos Internacionales Aprobados, se destaca que la Cámara avaló 58 instrumentos internacionales y 144 nombramientos de personal diplomático.

Entre estos asuntos, destaca la aprobación del Tratado entre México, los Estados Unidos de América y Canadá (T-MEC); el Tratado de Beijín sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales.

Además de la lista actualizada de reservas y notificaciones a la Convención Multilateral para Implementar las Medidas relacionadas con los Tratados Fiscales Destinadas a Prevenir la Erosión de las Bases Imponibles y el Traslado de Beneficios; y el Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Federativa del Brasil.

Detalla que, de esos instrumentos internacionales, fueron aprobados 22 acuerdos internacionales con distintos países, en rubros como servicios aéreos, asuntos aduaneros, en materia de educación, ciencia, cultura, medio ambiente, deporte y para el desarrollo del sector cafetero.

De la misma forma, el Senado dio su respaldo a tres convenciones internacionales con la Organización de los Estados Americanos contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia; Contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia; sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

También aprobó 15 convenios internacionales; nueve protocolos; y 20 tratados con Organismos Internacionales.

“De cara al pueblo de México, puedo decir con orgullo, que nuestros esfuerzos colectivos en la arena internacional reflejan la fortaleza de nuestro compromiso con la paz, la justicia y la cooperación mundial”, expresó Ana Lilia Rivera en el cierre del Periodo.

Aseguró que todo este trabajo se hizo de manera conjunta, pues “se cruzaron líneas partidistas” por el bien común y del progreso del país.

Por ello, agradeció a cada legislador, “por su incansable labor y su inquebrantable dedicación” para fortalecer el papel del Senado de la República como un actor responsable y proactivo, en la búsqueda de conseguir un multilateralismo, que fortalezca la acción coordinada y cotidiana en momentos de emergencia de México y el mundo, bajo una visión humanitaria, afectiva y transparente, con base en los principios constitucionales.

Exhortan a congresos locales a homologar sus leyes en materia de movilidad y seguridad vial

 

La Senadora López Gómez afirma que con ello se contribuirá a la protección de la vida e integridad física de los ciudadanos.

La Senadora Gabriela López Gómez presentó un punto de acuerdo para solicitar a los congresos de diversos estados de la República que homologuen sus leyes en materia de movilidad y seguridad vial.

En el documento, que fue publicado en la Gaceta Parlamentaria del 12 de marzo, la Legisladora de MORENA hizo un llamado a las legislaturas locales para que den cumplimiento a lo que establece la Constitución Política, a los plazos y disposiciones de los artículos transitorios de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

López Gómez pidió a los congresos de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas a realizar dichas modificaciones.

En el punto de acuerdo, turnado a la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, subrayó que es necesario que se lleve a cabo la armonización de sus leyes locales con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en estos 17 estados, para que cuenten con una regulación que siente las bases y directrices de una movilidad adecuada.

Con ello, enfatizó la legisladora, se garantizará el derecho a la movilidad y seguridad vial, se establecerá la jerarquía de la movilidad y se permitirá la regulación del transporte público y privado de manera correcta.

Además, agregó, se evitará gravar y sobre regular al autotransporte federal y priorizará los modos de transporte de personas, bienes y mercancías con menor costo ambiental y social.

La Senadora López Gómez aseveró que es imprescindible ordenar y regular las actividades y conductas en materia de movilidad y seguridad vial en todos los estados de la república, para garantizar y salvaguardar este derecho humano.

La armonización de las leyes locales con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial no sólo garantiza el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales, sino que también contribuye a la protección de la vida y la integridad física de los ciudadanos, asentó.

Comisión de Puntos Constitucionales avala mecanismo interno para discusión de iniciativas en materia electoral

• Trabajará de manera conjunta con la Comisión de Reforma Política-Electoral.
• Diputadas y diputados intercambian opiniones sobre la prisión preventiva oficiosa.

La Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (MORENA), aprobó con 20 votos a favor, 12 en contra y 2 abstenciones, el acuerdo sobre el mecanismo para la discusión interna de las iniciativas constitucionales en materia de reforma política-electoral.

Robledo Ruiz indicó que el acuerdo es un instructivo de trabajo para procesar el estudio, la discusión y, en su caso, la dictaminación de las iniciativas que existen, empezando por la del presidente de la República, las de los grupos parlamentarios del PT y del PAN, así como las que en lo individual han presentado diputadas y diputados.

En las comisiones que tienen la tarea de dictaminar, como son la de Reforma Política-Electoral y la de Puntos Constitucionales, hay 42 iniciativas. Mencionó que se propone marcar tiempos para recibir de todas las diputadas y diputados de esta instancia legislativa, las opiniones que deseen para poderlas condensar, integrar y circular. 

Precisó que en una fecha que se acuerde, se busca arrancar el proceso de trabajo de discusión, y aclaró que la Comisión de Reforma Política-Electoral será la encargada de realizar el borrador de dictamen; no obstante, “nos autorizamos a sesionar de manera conjunta, cuando la oportunidad del proceso legislativo lo permita”.

Expuso que el propósito es darse plazos muy laxos y autorizarse a trabajar de manera conjunta con la Comisión de Reforma Política-Electoral, una vez que “concluyeron los foros del Parlamento Abierto acordados por la Junta de Coordinación Política y estamos a la espera de la compilación de los mismos”.

Desde plataforma digital, la diputada Laura Lorena Haro Ramírez (PRI) dijo estar en contra del acuerdo, ya que tiene imprecisiones, al no señalar fechas claras, “pues la discusión de la vida democrática del país no puede sujetarse solamente a que en el mes de septiembre se reciban las aportaciones y los comentarios de las fracciones parlamentarias, sin hacer un análisis real y exhaustivo de las conclusiones del Parlamento Abierto; no puede ser votada fast track”.  

Por MORENA y vía telemática, la diputada Irma Juan Carlos pidió contemplar la iniciativa que presentó sobre la participación política de los pueblos indígenas y afromexicano, para que se pueda dictaminar de manera conjunta con la del presidente y de los grupos parlamentarios del PAN y del PT. 

El diputado Pedro Vázquez González (PT), vía digital, argumentó que ya se han hecho aportaciones y hay suficiente discusión, debate y propuestas, “por lo que veo innecesario que se posponga la aprobación del acuerdo”. 

Acuerdo para la discusión de la reforma política-electoral

El acuerdo precisa que las diputadas y los diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales podrán presentar por escrito o a través de las cuentas de correo electrónico, las opiniones, reflexiones, instrumentos y propuestas que correspondan a las iniciativas turnadas para su opinión, durante el mes de septiembre.

Menciona que, previamente, se circularán los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales las conclusiones del Parlamento Abierto sobre la materia.

En su oportunidad, deberá celebrarse sesión ordinaria de la Comisión con el objeto de dar a conocer y, en su caso, disertar y discutir sobre las opiniones, reflexiones, instrumentos y propuestas de las diputadas y los diputados.

Relata que una vez que la Comisión haya celebrado la sesión ordinaria referida, turnará de forma oficial las opiniones, reflexiones, instrumentos y propuestas a que se refiere el acuerdo, a la Comisión de Reforma Política-Electoral para que sean consideradas e incorporadas en el proceso y elaboración del dictamen de las iniciativas de reforma constitucional.

Además, la Comisión de Puntos Constitucionales sesionará de manera conjunta con la Comisión Política-Electoral, con el objeto de discutir y, en su caso, aprobar el proyecto de dictamen de reforma constitucional en materia electoral.

Prisión preventiva

En asuntos generales, el diputado Robledo Ruiz indicó que desde hace años existe en la Constitución la figura de la prisión preventiva oficiosa, pero ante la propuesta de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para eliminarla, “es indispensable estudiar y ponderar una posición sobre el tema”.

Destacó que, desde el punto de vista de los derechos humanos, algunos piensan que no debe existir y, desde el punto de vista de otras razones del Estado como la seguridad interior y la seguridad pública, “es necesario que algunas personas aún sin la sentencia, reincidentes o muy peligrosas, lleven su proceso penal en reclusión provisional”. 

Argumentó que modificar, cambiar o suprimir la Constitución es una tarea exclusiva y propia del Congreso mexicano y del constituyente permanente. “Es un asunto de la mayor importancia para la vida y la salud de la República; me parece que afecta a las instituciones republicanas una intromisión de esa naturaleza por parte de la Corte y que debe preocupar a todos”, añadió.

Desde plataforma digital, la diputada Susana Prieto Terrazas (MORENA) planteó analizar la Constitución y los convenios internacionales. “Hay que revisar el catálogo de los delitos que se pueden determinar graves y establecer una sanción en contra de los jueces que dicten prisión preventiva cuando no se trate de esos delitos; hay libertad y discrecionalidad hacia los jueces para aplicarla”. 

Salvador Caro Cabrera, diputado de MC, subrayó que la figura de prisión preventiva oficiosa tiene un rol institucional relevante, pero en el contexto actual y en el contenido de la Constitución debe replantearse. Añadió que si la Corte tomara una decisión unilateral “tendría un efecto terrible y habría una impunidad más profunda. Es oportuno que podamos entrar a un análisis y estudio serio de cuál será la forma en que subsistirá la prisión preventiva”.

El diputado del PT, Jorge Luis Llaven Abarca, sugirió defender la autonomía del Poder Legislativo, “más allá de cumplir los acuerdos internacionales en el respeto a los derechos humanos, abrir la posibilidad de que se modifique el precepto constitucional por una vía que no es la que el proceso mismo marca; creo que estamos ante un riesgo muy grave”. 

Por MORENA, la diputada Andrea Chávez Treviño dijo estar en contra de la intromisión a la esfera del Poder Legislativo que en diversas ocasiones ha promovido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que ameritaría “en el futuro realizar un espacio de reflexión sobre el fondo del tema respecto a la supremacía constitucional”. 

La diputada Yeidckol Polevnsky Gurwitz (MORENA) mencionó que es indispensable que la Comisión de Puntos Constitucionales haga un pronunciamiento que deje en claro cuál es la posición. “No estamos en contra de los derechos humanos, lo que no aceptamos es la intromisión de ningún otro poder en una tarea que es exclusiva del Congreso mexicano; nos corresponde a nosotros legislar una reforma constitucional de esta magnitud. Es urgente hacer reformas al Poder Judicial y analizar el tema de la prisión preventiva”.

Impulsan ley que garantice agua potable en Edoméx

Las y los diputados consideran urgente evitar una crisis del agua como la que ya se vive en Nuevo León y otras entidades.
La Comisión de Recursos Hidráulicos prepara Parlamento Abierto para la reforma integral de la Ley del Agua.

Ante la urgencia de evitar una crisis del agua como la que se vive en Nuevo León y en otras entidades de la República, en reunión de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Congreso local, que preside la diputada Beatriz García Villegas (MORENA), las y los legisladores plantearon la necesidad de reformar la Ley del Agua de la entidad para contribuir al rediseño de un marco jurídico eficaz que permita la gestión y sustentabilidad de los recursos hídricos en la entidad.

En reunión de trabajo para iniciar el análisis del punto de acuerdo de la propia diputada García Villegas en el que se solicita a instancias públicas, académicas, privadas y de las sociedad civiles que participen en mesas de trabajo para impulsar esta reforma, también se dio a conocer que, de las 25 cuencas del Estado de México, 12 presentan niveles deficitarios, y de los 15 acuíferos subterráneos, nueve presentan sobreexplotación.

En este marco, la legisladora Beatriz García detalló que para el Parlamento Abierto se prevén foros en las cuatro regiones hidrológicas administrativas, que son la de Aguas del Valle de México, Lerma-Santiago-Pacífico, Balsas y Golfo Norte, a los que, además, se invitará a colectivos y asociaciones defensoras del vital líquido.

La legisladora consideró que se debe actualizar la actual Ley del Agua del Estado de México para alcanzar a mediano y largo plazo el manejo sustentable de los recursos hídricos, mediante el análisis de la recarga de los acuíferos, la recolección y aprovechamiento agua pluvial, el uso de aguas tratadas, la operación y mantenimiento de sistemas de distribución, drenaje y alcantarillado, las funciones de las comisiones de agua y organismos operadores, el sistema financiero relacionado, las concesiones para su aprovechamiento y el marco de sanciones por infracciones y delitos.

De acuerdo con la exposición de motivos del punto de acuerdo, presentado por la diputada Elba Aldana Duarte (MORENA), la escasez de agua en zonas urbanas empeorará para 2050 y México será uno de los 10 países donde aumente el déficit hídrico, que podría afectar a 74.8 millones de habitantes, además de incrementarse la sequía y la temperatura. En la Ciudad de México, de acuerdo con algunos escenarios, la escasez podría dejar de ser estacional y convertirse en perenne.

El exhorto se dirige a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra del Gobierno estatal, la Comisión del Agua y la Comisión Técnica del Agua estatales, al Instituto Mexicano del Agua, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional del Agua, a los poderes ejecutivo y legislativo de la Ciudad de México y de los Estados de Hidalgo, Michoacán, Morelos, Puebla y Querétaro.

A propuesta del diputado Max Correa Hernández se incluiría a la Comisión de Cuenca de la Presa Madín; así como a la Universidad Autónoma del Estado de México, a la Universidad Mexiquense del Bicentenario, al Instituto Hacendario, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y otras instancias estatales y pueblos originarios, a propuesta de la diputada Josefina Aguilar Sánchez, Mario Santana Carbajal y Jaime Cervantes Sánchez, del PRI.