• La Diputada González Márquez (PAN) busca reformar el artículo 4º de la Constitución Política
A fin de que toda persona tenga el derecho humano a ser
buscada en los términos que las leyes fijen; que las autoridades garanticen de
manera rápida, expedita y urgente dicho derecho, y pueda ser exigido también
por quienes se consideren víctimas, la Diputada Karen Michel González Márquez
(PAN) presentó una iniciativa.
El documento, que reforma el artículo 4º de la Constitución
Política, enviado a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen,
considera vital que el Estado garantice el derecho a ser buscado a cualquier
persona, generando cada vez más mecanismos que ayuden a salvaguardar la
integridad de las personas buscadoras y de los desaparecidos para garantizar su
paradero.
Indica que México es uno de los países con más personas
desaparecidas en el mundo. Refiere que, de acuerdo con el Registro Nacional de
Personas Desaparecidas y No Localizadas, se registraron 112 mil 449 son
personas desaparecidas y no localizadas en el periodo que comprende del 1 de
enero de 1962 al 13 de octubre de 2023. De ese total, 99 mil 335 son personas
desaparecidas, y 13 mil 114 personas no localizadas. 13 mil 728 fueron
localizadas sin vida.
Entre enero de 2006 y septiembre de 2023 se contabilizaron
un total de 95 mil 900 personas desaparecidas o no localizadas en México, de
los que más de 70 por ciento son hombres.
González Márquez argumenta que la crisis de personas
desaparecidas en México es un fenómeno social y político que afecta a miles de
familias y comunidades en todo el país. Las consecuencias son devastadoras para
las víctimas y sus familiares, quienes sufren una violación grave de sus
derechos humanos y una vulneración de su dignidad.
Ante esa situación, abunda, diversos actores sociales han
exigido al Estado mexicano que asuma su responsabilidad de prevenir,
investigar, sancionar y reparar las desapariciones, así como garantizar la
verdad, la justicia y la memoria para las víctimas.
Expone que el derecho humano a ser buscado se refiere al
conjunto de normas, principios y mecanismos que garantizan el derecho de las
personas desaparecidas y sus familiares a conocer la verdad sobre su paradero,
su identidad y su destino, acceder a la justicia y a la reparación integral del
daño.
“Este derecho se fundamenta en el reconocimiento de la
dignidad humana y en el deber del Estado de proteger y garantizar los derechos
humanos de todas las personas bajo su jurisdicción. Este derecho se ha
desarrollado a partir de la experiencia de miles de familias que han sufrido la
desaparición forzada o involuntaria de sus seres queridos en el contexto de la
violencia, la inseguridad y la impunidad que prevalecen en el país”, añade.
Puntualiza que el reconocimiento de este derecho humano en
la Constitución Política no solamente sería un reconocimiento a las familias de
personas desaparecidas en el país, sino que genera un nuevo paradigma de protección
a quienes día con día buscan a sus familiares desaparecidos.
