“LXV Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad”
“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del
Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"
• El Diputado Martínez Ventura (PT) busca reformar la Ley Federal del Trabajo
Para que los patrones otorguen permiso de un día laboral con
goce de sueldo a las y los trabajadores que fueron víctimas de robo o asalto
durante sus traslados desde sus lugares de origen a los centros de trabajo y
posteriormente a su retorno, para que denuncien el delito del cual fueron
víctimas ante el Ministerio Público correspondiente, el Diputado Luis Enrique
Martínez Ventura (PT) impulsa una iniciativa.
La propuesta de reforma a los artículos 132 y 134 de la Ley
Federal del Trabajo, enviada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social,
también establece como obligación de los trabajadores que hayan solicitado
permiso para denunciar el delito de robo o asalto del cual fueron víctimas
deberán presentar al patrón el documento que avale dicha acción, con la
finalidad de evitar abusos de confianza.
Se pretende incrementar las denuncias por parte de las
víctimas, así como dar los elementos legales a las autoridades correspondientes
para que detengan a los delincuentes que han cometido robo o asalto en la calle
o transporte público, y reducir el índice criminal ocasionado por este delito,
una disminución de la inseguridad y un aumento de la tranquilidad de la
población que usa el transporte público.
Precisa que el robo o asalto en calle o transporte público
es el primer delito con más índice criminal en México, pues representó el 22.5
por ciento de los 27.6 millones de delitos que se cometieron durante 2020 en el
país. En promedio a nivel nacional en las zonas urbanas se registró una tasa de
8 mil 161 robos o asaltos en calle o transporte público por cada 100 mil
habitantes y en las zonas rurales se estimó una tasa de 2 mil 607 robos por
cada 100 mil habitantes.
En las zonas metropolitanas la incidencia es aún más alta;
por ejemplo, en la del Valle de México se registró un promedio de 17 mil 381
robos por cada 100 mil habitantes. El Banco de Desarrollo de América Latina
declara que más del 40 por ciento de los pasajeros de la Ciudad de México y
Guadalajara manifiestan haber sufrido o presenciado este delito durante su traslado
en transporte público.
Para el caso de las y los trabajadores del país, abunda,
ocho de cada diez tienen la necesidad de movilizarse a través del transporte
público para llegar a sus centros laborales y posteriormente regresar a sus
hogares; este sector es uno de los más vulnerables de ser víctimas de un robo o
asalto en la calle o trasporte público y lo más grave es que en la mayoría de
los casos el delito de robo o asalto en calle o transporte público queda
impune, debido a que los delincuentes no son sancionados apropiadamente.
Esa falta de justicia se debe principalmente a que el 94.4
por ciento de las víctimas no denuncia, complicando las detenciones
correspondientes, debido a que en el sistema penal acusatorio se plantea que
tiene que haber flagrancia del delito y una denuncia previa. Según la Encuesta
Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021,
las principales causas de la falta de denuncias es la pérdida del tiempo, ya
que las víctimas invierten de 2 a 4 horas ante el Ministerio Púbico.
Precisa que para las trabajadoras y los trabajadores la
pérdida de un día laboral viene acompañada por la reducción del salario
correspondiente, pues en la mayoría de los casos sus ingresos son insuficientes
para satisfacer sus necesidades diarias.
Expone que este delito genera violencia, muerte, miedo e
incertidumbre en la población que usa el transporte público, reduciendo así su
calidad de vida. Estos actos delictivos a nivel nacional han provocado a las
víctimas pérdidas monetarias por victimización y gastos a consecuencia de daños
en la salud, donde en los últimos 3 años, en promedio, anualmente las pérdidas
a causa de este delito alcanzan los 31 mil millones de pesos.
Por ello, es urgente generar acciones que ayuden a
incrementar las denuncias correspondientes ante las autoridades encargadas de
impartir justicia, con el fin de generar elementos legales que permitan detener
y sancionar debidamente a los delincuentes.
