Necesario, que repartidores en motocicleta de plataformas digitales cuenten con seguro contra accidentes

• El Diputado Martínez López (PAN) plantea reformar la Ley Federal del Trabajo

El Diputado Paulo Gonzalo Martínez López (PAN) impulsa reformas para que las personas físicas y morales que administren o gestionen servicios a través de plataformas digitales, en su carácter de patrón, tengan la obligación de garantizar a las y los trabajadores que realicen servicios de reparto en motocicleta durante el tiempo laborado, una cobertura de seguro. 

La reforma al artículo 291-K de la Ley Federal del Trabajo, precisa que dicho seguro deberá amparar, como mínimo, accidentes, lesiones y daños a terceros derivados de la prestación del servicio, sin perjuicio de las obligaciones de aseguramiento y seguridad social previstas en esta Ley y demás disposiciones aplicables.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en su exposición de motivos señala que en México miles de personas encuentran en las plataformas digitales una fuente de ingreso mediante actividades de reparto y entrega de alimentos, productos y mercancías. 

Menciona que quienes realizan entregas en motocicleta se encuentran expuestos a hechos de tránsito, caídas, lesiones y daños materiales que pueden ocurrir mientras cumplen una tarea para una plataforma digital. 

Ante un accidente, las consecuencias pueden trascender el momento del hecho y convertirse en gastos médicos, daños materiales, pérdida temporal o permanente de ingresos y, en los casos más graves, afectar directamente el patrimonio y la estabilidad económica de una familia, precisa.

Expone que la Ley Federal del Trabajo ya reconoce un régimen específico para las personas trabajadoras en plataformas digitales y establece obligaciones particulares para las empresas que administran o gestionan servicios mediante estas herramientas; sin embargo, este marco reconoce la necesidad de adaptar la legislación laboral a las nuevas formas de organización del trabajo y contempla obligaciones relacionadas con la seguridad social y la salud. 

El Diputado Martínez López resalta que se busca avanzar hacia un modelo de trabajo en plataformas digitales que combine innovación, libertad económica, generación de ingresos y responsabilidad. “Se trata de reconocer que detrás de cada aplicación, pedido y entrega existe una persona que trabaja, se expone y merece protección”.

Considera que proteger a quienes realizan reparto mediante motocicleta no significa obstaculizar el funcionamiento de las plataformas digitales ni impedir que continúe desarrollándose este sector sino establecer una regla elemental de responsabilidad, ya que si una persona está trabajando debe contar con condiciones mínimas que le permitan regresar a casa con seguridad y, si ocurre un accidente, no enfrentar sola sus consecuencias económicas. 

Aclara que su iniciativa no propone crear una nueva estructura administrativa, establecer un fondo público ni imponer obligaciones generales a todas las personas trabajadoras. Al contrario, plantea únicamente que las plataformas que utilizan este modelo de trabajo asuman una responsabilidad mínima frente a los riesgos que acompañan directamente la prestación del servicio de reparto en motocicleta.

Comisión de Trabajo prioriza jornada de 40 horas, inclusión laboral y derechos ante la inteligencia artificial

• Aprueba su programa anual de trabajo para el tercer año de ejercicio y el segundo informe semestral de actividades, correspondiente a marzo-agosto 2026

La Comisión de Trabajo y Previsión Social, presidida por la Diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado (MORENA), aprobó su programa anual de trabajo del tercer año de ejercicio de la LXVI Legislatura, en el que establece como prioridades dar seguimiento a la implementación de la jornada laboral de 40 horas, fortalecer la inclusión de personas con discapacidad y ampliar los derechos laborales de las y los médicos residentes.

Se contempla actualizar el marco jurídico para responder a los desafíos derivados de la automatización y la inteligencia artificial, así como promover mejores condiciones laborales y trabajo digno. 

Para ello, se indica, es necesario anticiparse a las transformaciones en los centros de trabajo, garantizar la capacitación continua y procurar que la innovación tecnológica se traduzca en progreso social y estabilidad económica, sin afectar la certeza jurídica de las personas trabajadoras.

El objetivo es fortalecer el marco jurídico laboral mediante la revisión, actualización y creación de normas que atiendan las nuevas realidades del mercado de trabajo, incluida la reducción de la jornada laboral, la ampliación de la seguridad social, la protección de sectores vulnerables y la igualdad de derechos

El programa refiere que se impulsarán las iniciativas sobre inclusión de personas con discapacidad, en materia de contratación, capacitación y erradicación de la discriminación, y se fortalecerá el marco laboral y formativo de las y los médicos residentes, para establecer condiciones adecuadas de descanso, remuneración y jornadas de guardia, y prevenir situaciones de precarización, violencia y acoso.

Segundo informe semestral del segundo año de ejercicio

De igual forma, esta Comisión aprobó su segundo informe semestral correspondiente al periodo marzo-agosto 2026, en el cual destaca la aprobación de reformas sobre la jornada laboral, transparencia y protección de datos, constancias laborales, certificación en agroexportación, trabajo de deportistas profesionales y derechos de las mujeres trabajadoras.

Se señala que se desarrolló una agenda legislativa orientada a fortalecer los derechos de las personas trabajadoras y ampliar los mecanismos de protección, mediante el análisis, discusión y dictaminación de diversas iniciativas y minutas para reformar la Ley Federal del Trabajo.

Con estas acciones, la Comisión de Trabajo y Previsión Social refrendó su compromiso con el fortalecimiento del trabajo digno, la justicia social y la protección de los derechos laborales, al tiempo que busca contribuir a la productividad, competitividad y bienestar de las familias mexicanas.

Aprobados ambos documentos, se enviaron a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, para los efectos correspondientes.

Posteriormente, se aprobó que el 2 de octubre sea la fecha límite para recibir las observaciones de las y los integrantes respecto a la Opinión en materia de presupuesto. La Diputada Gómez Maldonado indicó que con esas aportaciones se elaborará un documento que se pondrá a consideración de la Comisión, para posteriormente enviarlo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Impulsan iniciativa que obliga a patrones permitir a trabajadores pausas activas para combatir el sedentarismo

* La Diputada González Franco (MC) planteó cambios a la Ley Federal del Trabajo

La Diputada Amancay González Franco (MC) propuso reformar la Ley Federal del Trabajo, a fin de que sea obligación de los patrones permitir la realización de pausas activas, que son breves interrupciones de la actividad laboral destinadas a realizar movimientos físicos o ejercicios de relajación.

Señala que lo anterior posibilitará a todas las personas trabajadoras que desempeñan funciones que requieran largos periodos de permanecer estáticos en un sólo lugar, realizar actividad física para combatir los efectos del sedentarismo, como es el caso de oficinistas, guardias de seguridad, choferes y otros trabajadores cuyas obligaciones sean análogas.

La misma disposición se observará en los establecimientos industriales cuando lo permita la naturaleza del trabajo, precisa.

Las modificaciones a los artículos 132, 133 y 423 de dicha ley precisan que las pausas activas deberán tener como mínimo una duración de 40 minutos por jornada laboral, distribuidos en dos pausas activas de 20 minutos cada una, así como garantizar espacios adecuados.

Asimismo, establecen que queda prohibido a los patrones o sus representantes impedir que las personas trabajadoras disfruten de las pausas activas. El reglamento contendrá los tiempos y formas en que las personas trabajadoras tendrán acceso a dichas pausas en caso de que la actividad que realicen requiera de largos periodos de inmovilidad y sedentarismo.

En México, indica, la cultura laboral a menudo está asociada con largas jornadas y pocas interrupciones, lo que lleva a una acumulación de fatiga física y mental de los empleados.

Las pausas activas permiten reducir estos efectos negativos, incrementando la concentración y reduciendo la fatiga, y representan una medida preventiva sencilla, de bajo costo y fácil implementación, que puede generar mejoras significativas en la salud de los trabajadores y pueden llevarse a cabo en cualquier entorno de trabajo sin grandes modificaciones o recursos.

El documento, turnado a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, señala que los cambios en los modelos de trabajo, especialmente con el incremento de empleos que requieren largas horas frente a computadoras en ambientes de oficina, han aumentado el problema del sedentarismo. La permanencia prolongada en una misma posición, ya sea de pie o sentado, ha sido asociada con múltiples problemas de salud.

Estudios realizados en México y otras partes del mundo, agrega, han documentado que una postura estática mantenida durante largos periodos puede provocar serios problemas circulatorios, várices, dolores de espalda y fatiga muscular.

Refiere que las pausas activas en el lugar de trabajo y en instituciones educativas han sido implementadas con éxito en varios países del mundo, donde han contribuido a mejorar la salud de los individuos, a incrementar la productividad y mejorar el ambiente laboral.

Promueven incluir el estrés como enfermedad de trabajo

• La Diputada Chávez Flores (PRD) propuso modificar la Ley Federal del Trabajo

Con el objetivo de considerar el estrés como enfermedad de trabajo, la Diputada Macarena Chávez Flores (PRD) propuso adicionar los artículos 476-Bis y 476-Ter a la Ley Federal del Trabajo.

Asimismo, reformar el artículo 487 de dicha legislación para establecer que los trabajadores que sufran un riesgo de trabajo tendrán derecho, además de asistencia médica y quirúrgica, a la psicológica y psiquiátrica.

El proyecto de la Legisladora Chávez Flores, turnado a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, explica en su fundamentación que el estrés laboral es un fenómeno cada vez más frecuente y de consecuencias importantes, las cuales afectan el bienestar físico y psicológico del trabajador; los problemas de salud relacionados con el estrés van en aumento cada día, debido a que las características de las labores a realizar dentro de un empleo han cambiado radicalmente en las últimas décadas.

“Anteriormente, los trabajos, en su mayoría, demandaban por lo general, solo fuerza muscular, pero actualmente requieren de un esfuerzo mental y, además, de un desgaste emocional; esto, aunado al considerable incremento en el ritmo de trabajo, pues un número menor de trabajadores deben alcanzar los mismos o incluso mayores resultados”, explica.

Puntualiza la necesidad de llevar a cabo un estudio de las consecuencias más importantes derivadas del vivir sometido al estrés en el día a día, cómo los efectos repercuten en el trabajador y en sus familiares y la manera en que afectan su bienestar físico y psicológico.

Menciona que la reforma está encaminada a proteger a los trabajadores que no logran identificarse a través de ninguna enfermedad descrita en la tabla de enfermedades, en virtud de que el enfermo cambia constantemente de sintomatología y los tratamientos no pueden tener la efectividad deseada, el médico tratante en determinados casos, debe señalar en el dictamen el “síndrome de etiología a determinar”.

Agrega que esto ayudará a evitar que se sature el sistema jurídico con demandas innecesarias, por lo que es primordial que se dé entrada a esta iniciativa para evitar problemas de tipo legal, proteger la integridad y la seguridad social del trabajador.

La iniciativa plantea que “se interpretará como estrés laboral, a consideración de dos dictámenes que ofrezca el médico del paciente de forma continua y positiva a su vez, con tal de poder determinarlo como enfermedad de trabajo, tomando en consideración las diferentes doctrinas de asociaciones o instituciones médicas renombradas”.

Precisa que “se entiende por dictámenes de forma continua a aquellos que acreditan que el paciente por ningún motivo haya roto con la incapacidad al haberse integrado al área laboral, o que, durante el periodo de su incapacidad, uno de los dos dictámenes difiera con la sintomatología descrita para el estrés, teniendo el paciente derecho a que se pueda reevaluar en caso de que el primer dictamen sea contradictorio con el segundo”.

Indica que “se entiende por dictámenes de forma positiva a los que deberían de corroborar la incapacidad por estrés laboral, no incurriendo en falta de ética médica por cuestiones inherentes al paciente, ya que tal hecho será sancionado conforme a lo establecido por las leyes aplicables”.

Piden que en jornadas continuas se ofrezca a las y los trabajadores un espacio para su recreación y activación física

• La Diputada Murillo Manríquez (PAN) busca reformar la Ley Federal del Trabajo

La Diputada Sonia Murillo Manríquez (PAN) impulsa una iniciativa que plantea reformar el artículo 63 de la Ley Federal del Trabajo, a fin de que las y los trabajadores cuenten con un espacio para su recreación y actividades físicas y deportivas durante su descanso de media hora en jornadas continuas.

 La propuesta, enviada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, busca crear una cultura laboral saludable y fomentar ambientes flexibles para que las y los trabajadores puedan conciliar su vida familiar y laboral; además, reduzcan el estrés e incrementen su compromiso con la empresa.

Destaca que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha declarado la urgencia de incrementar la actividad física y deportiva entre todas las personas, lo cual sólo es posible mediante cambios sistémicos y de comportamientos, toda vez que se estima que los niveles de actividad física disminuyeron un 41 por ciento en el ámbito mundial, mientras que los problemas de salud mental aumentaron al doble entre la juventud.

El estudio de dicho organismo refiere que la actividad física regular puede llegar a reducir en un 30 por ciento la obesidad, la depresión y otros problemas de salud mental, así como aumentar en 40 por ciento el rendimiento académico; además, podría sumar 12 billones de dólares de beneficios económicos al Producto Interno Bruto (PIB) Mundial para 2040.

Apunta que el estudio del INEGI “Módulo de Práctica y Ejercicio Físico” 2021, reveló que el 60.4 por ciento de la población mayor de 18 años dijo no ser activa físicamente, debido a que no realiza ejercicio físico por la falta de tiempo, cansancio por el trabajo y problemas de salud.

La Diputada Murillo Manríquez considera que México aún está lejos de tener los mejores estándares de activación física en comparación de las grandes potencias, ya que mientras en Estados Unidos y Canadá el 20 por ciento de su población se ejercita formalmente en un centro deportivo, en nuestro país sólo lo hace el 3.7 por ciento.

Subraya que los factores por las que las personas no realizan actividades físicas son los altos costos de los gimnasios, el estilo de vida y la falta de espacios públicos para entrenamientos. Ante ello, las políticas en la materia deben diseñarse en conjunto con los entes privados para ofrecer áreas seguras para la activación física.

Sin embargo, la legisladora asegura que estas medidas no son suficientes, pues se requieren generar políticas públicas que logren la vinculación familiar, física y activa a una mayor productividad en los momentos en las jornadas laborales.

Por ello, argumenta que cerca de la mitad de los trabajadores sufre estrés laboral y uno de cada cuatro dice que la oficina es su principal causa de estrés y que el 57 por ciento de los empleados cree que este padecimiento afecta directamente su rendimiento.

Enfatiza que la promoción del deporte y cualquier actividad de recreación puede producir hormonas favorables para la felicidad, tranquilidad y bienestar, así como la generación de endorfina, serotonina y dopamina.

Agrega que otros beneficios son la disminución de la depresión, el insomnio, el consumo de medicamentos, enfermedades como Parkinson y Alzheimer, y la generación de una mayor socialización.

Propone iniciativa capacitar a las y los trabajadores sobre el uso de tecnologías digitales e inteligencia artificial

• El Diputado Martínez Ventura (PT) pide reformar la Ley Federal del Trabajo

El Diputado Luis Enrique Martínez Ventura (PT) planteó reformar la Ley Federal del Trabajo, para establecer que los patrones deberán proporcionar a las y los trabajadores información y capacitación sobre el uso y aplicación de nuevas tecnologías digitales, como la inteligencia artificial, que sean implementadas para mejorar la productividad en las empresas, con el fin de actualizar y perfeccionar sus conocimientos y habilidades en relación con estas herramientas.

La adición al artículo 153-C y la modificación a la fracción IV del artículo 153-K de dicha ley también señalan que las recomendaciones que formule el Comité Nacional de Productividad sobre planes y programas de capacitación y adiestramiento también tendrán como propósito elevar la competencia laboral; asimismo, deberán considerar el manejo de nuevas tecnologías digitales, como la inteligencia artificial.  

La iniciativa, remitida a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, señala que al incluir la capacitación en inteligencia artificial y nuevas tecnologías como parte de las obligaciones de los empleadores y del Comité Nacional de Productividad, se busca garantizar que las y los empleados reciban la formación necesaria para adaptarse a los cambios tecnológicos y mantenerse relevantes en el mercado laboral actual. 

Agrega que esta propuesta no solo beneficiaría a la clase trabajadora al mejorar sus oportunidades de empleo y desarrollo profesional, sino también contribuirá a impulsar la productividad y la competitividad de las empresas mexicanas.

Martínez Ventura indica que al promover la capacitación en inteligencia artificial se fomenta la innovación y la adopción tecnológica en las empresas, lo que puede generar nuevas oportunidades de crecimiento económico y creación de empleos. 

Considera que al garantizar que las y los trabajadores estén equipados con las habilidades necesarias para aprovechar las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial, se promueve un desarrollo económico más inclusivo y sostenible para México en el contexto de la economía digital global.

Por ello, concluye, las modificaciones a la legislación laboral tienen como objetivo proteger sus derechos e intereses frente a los desafíos planteados por la inteligencia artificial, así como fomentar un entorno más dinámico y competitivo que impulse el crecimiento económico y el bienestar social en el país.

El Senado aprobó en este sexenio reformas para fortalecer derechos laborales

Durante las LXIV y LXV Legislaturas fueron publicadas en el DOF, 15 reformas a la Ley Federal del Trabajo aprobadas por Comisión del Senado

La Comisión de Trabajo y Previsión Social, que preside el Senador Napoleón Gómez Urrutia, publicó su informe de actividades relativas a los trabajos de las Legislaturas LXIV y LXV, donde destaca que en este sexenio se publicaron en el Diario Oficial de la Federación 15 reformas a la Ley Federal del Trabajo, que fortalecen los derechos humanos y laborales de las personas trabajadoras del país.

En el reporte se resalta que los Decretos publicados en el DOF durante estos casi seis años, aprobados por la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República, representan el 114 por ciento, en comparación con los que se realizaron con los gobiernos desde Carlos Salinas de Gortari a Enrique Peña Nieto.

Es decir, en casi seis años se publicaron en el Diario Oficial de la Federación más del doble de reformas a la Ley Federal del Trabajo de las realizadas en las gestiones de los presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, los cuales, en su totalidad sólo suman siete.

Además, en este documento se detalla que las reformas a este ordenamiento, publicadas en el Diario Oficial en este sexenio, incluyen las relativas a la justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva, que se realizaron en mayo de 2019.

También las que se refieren a las licencias por cuidados médicos, de junio de 2019; así como la prueba piloto de las modificaciones legales que garantizan los derechos de las personas trabajadoras del hogar, de julio de ese mismo año.

“La Comisión también aprobó, en 2022, el dictamen en materia de derechos de personas trabajadoras del hogar que reformó únicamente la Ley del Seguro Social (como segunda fase de la prueba piloto), y que otorgó a todas y todos los trabajadores en este sector el derecho a la seguridad social básica beneficiando a este grupo laboral y a todas sus familias”, resalta el documento.

En enero de 2021, se publicó la reforma en materia de teletrabajo y en marzo la referente a la fijación del salario mínimo por arriba de la inflación.

Además, en abril de ese año, también se publicaron las reformas para regular la subcontratación (outsourcing) y en julio las adecuaciones a los artículos transitorios del Decreto publicado en materia de subcontratación.

Mientras que, en 2022, entró en vigor la reforma que regula las labores peligrosas o insalubres y la que concede a las personas trabajadoras permisos para el ejercicio del voto en elecciones populares y procesos de revocación de mandato.

También la que tiene que ver con vacaciones dignas, en diciembre de 2022; y en noviembre de 2023 la que otorga licencias a padres y madres con menores diagnosticados con algún tipo de cáncer; así como la que actualiza la tabla de enfermedades de la Ley Federal del Trabajo.

En enero de este año, concluyeron su proceso legislativo las modificaciones en materia de derechos laborales de las personas trabajadoras del campo, y la que tiene el propósito de imponer multa a la persona empleadora que no afilie a las personas trabajadoras al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores.

El informe detalla que las reformas que se encuentran en proceso legislativo son en materia de permisos de paternidad; de derechos laborales de personas adultas mayores; en materia de no discriminación salarial entre mujeres y hombres; las referentes a la salud mental en el trabajo; lactancia extendida; violencia y acoso laboral; inclusión laboral de las personas con discapacidad y desconexión digital.

También en materia de uso de tecnología para labores de seguridad en centros de trabajo; de protección de derechos de deportistas profesionales; de derechos de las personas trabajadoras del arte; de derechos de personas trabajadoras de la industria aeronáutica y para dotar a las personas trabajadoras en los sectores de servicios, comercio y centros de trabajo análogos de suficientes asientos o sillas con respaldo.

Además, las que se refieren al aumento de 15 a 30 días de aguinaldo para las y los trabajadores en México; las que aumentan de cinco a 20 días de permiso de paternidad y adopción y 10 días más en caso de complicaciones en el parto; y las que se refieren a la traducción a la lengua indígena de las condiciones de trabajo en caso de que él o la trabajadora pertenezca a alguna de las comunidades reconocidas en México.

Los y las legisladoras de la Comisión de Trabajo y Previsión Social realizaron diversos eventos relacionados con la labor legislativa, entre los que destacan el foro “Mujeres: Violencia y Acoso Laboral”, y los parlamentos abiertos titulados “Reforma a la Ley del Seguro Social en materia de Personas Trabajadoras del Hogar” y “Vacaciones Dignas”, así como “Mujeres en la Economía”.

También sostuvieron reuniones con el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, con mujeres líderes sindicalistas de Latinoamérica y Canadá, entre otras actividades.

México requiere de una nueva legislación en materia laboral, consideran en la Cámara de Senadores

Propone Napoleón Gómez Urrutia foros regionales en todo el país para analizar los temas

Es necesario realizar un análisis serio y profundo sobre la elaboración de una nueva legislación en materia laboral en México, que se divida en dos normas, una Ley Federal Laboral y una Ley Federal de Procedimientos Laborales, aseguró el Senador Napoleón Gómez Urrutia.

Durante una reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que se llevó a cabo el pasado 17 de abril, el senador presentó el informe “Reformas laborales en la LXIV y LXV Legislaturas del Senado de la República. Un logro sin precedente en México”.

El legislador comentó que la elaboración de ambas legislaciones no será un trabajo fácil, porque se debe llevar a cabo una planeación y ejecución de programas, pues se tiene que incluir a todos los sectores del país y desde luego al más importante, el sector obrero.

Precisó que se deben llevar a cabo foros regionales en todo el país, de tal forma que se logre un gran avance en materia laboral, que dejaría para las generaciones futuras un marco jurídico fortalecido en la protección de los derechos de las y los trabajadores de la República Mexicana.

El presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social dijo que en dichas leyes se debe armonizar y establecer con claridad las últimas modificaciones que han sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación por el presente Gobierno, “y que han ayudado a mejorar la vida de las y los trabajadores y sus familias”.

Gómez Urrutia recordó que se han publicado 15 reformas relacionadas con la libertad sindical y negociación colectiva; licencias con cuidados médicos; derechos de las personas trabajadoras del hogar; y teletrabajo.

Además, las relativas a la fijación del salario mínimo por arriba de la inflación; para regular la subcontratación; en materia de justicia laboral; vacaciones dignas; actualización de la tabla de enfermedades; derechos laborales de las personas trabajadoras del campo.

Así como las reformas a los artículos transitorios en materia de subcontratación; para regular labores peligrosas e insalubres; conceder a las personas trabajadoras permisos para el ejercicio del voto en elecciones populares y procesos de revocación de mandato; licencias a padres y madres que tengan hijos diagnosticados con algún tipo de cáncer; y multas a empleadores que no afilien a los trabajadores al Fonacot.

El senador consideró que es necesario que también se incluyan las reformas que quedaron pendientes durante estas dos Legislaturas como:

Los permisos de paternidad; derechos laborales de personas adultas mayores; no discriminación salarial entre mujeres y hombres; salud mental en el trabajo; lactancia extendida; violencia y acoso laboral; inclusión laboral de las personas con discapacidad; desconexión digital; uso de tecnología para labores de seguridad en centros de trabajo; protección de derechos de deportistas profesionales.

Y las reformas que son relativas a derechos de las personas trabajadoras del arte; derechos de personas trabajadoras de la industria aeronáutica; para dotar a las personas trabajadoras en los sectores de servicios, comercio y centros de trabajo análogos, de suficientes asientos o sillas con respaldo.

De igual forma, para garantizar un aumento de 15 a 30 días de aguinaldo para los trabajadores en México; en materia de aumento de cinco a 20 días de permiso de paternidad y adopción y 10 días más en caso de complicaciones en el parto; traducción a la lengua indígena de las condiciones de trabajo en caso de que la persona trabajadora pertenezca a alguna de las comunidades reconocidas en México.

En Tijuana, BC, diputadas, diputados y ponentes dialogan sobre reformas para reducir la jornada laboral y proteger el salario

• El evento formó parte de los Foros de Diálogo Estatal, organizados por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados

La Comisión de Trabajo y Previsión Social llevó a cabo en la Universidad de Tijuana, Baja California, el foro “Reducción de la jornada laboral y protección del salario”, en el marco de los diálogos estatales realizados por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para analizar las iniciativas del Ejecutivo Federal y las presentadas por diversos grupos parlamentarios, en ambas materias.

El Diputado Alfredo Porras Domínguez (MORENA), presidente de la Comisión, afirmó que el trabajo dignifica a la gente. Puntualizó que las capacitaciones que reciben las y los trabajadores deben verse reflejado en su bolsillo.

Señaló que los patrones tienen razones que son válidas, pero gracias al trabajador y a su esfuerzo colectivo las empresas tienen rentabilidad, a pesar de que por deshumanización los primeros aplican una serie de trampas, por lo cual son relevantes estos encuentros para nutrir con argumentos la discusión. “Hoy estamos usando la herramienta más fuerte de la política: el diálogo”.

Al dar la bienvenida, la Diputada Evangelina Moreno Guerra (MORENA) dijo que ante la necesidad de una mayor incidencia de la ciudadanía en general y de los sectores involucrados, la Cámara de Diputados impulsa foros estatales y regionales con la finalidad de analizar y escuchar de viva voz el sentir de la población sobre las diversas iniciativas envidas por el Ejecutivo al Congreso de la Unión

Enfatizó que es impostergable el avance de los derechos laborales y tener mayores conquistas emanadas del Congreso. “Los invito a expresar en este foro su sentir sobre reducción de la jornada laboral y protección del salario”.

La Diputada Susana Prieto Terrazas (sin partido) comentó que mucho se habla de la reducción de la jornada laboral, pero poco se ha tocado el tema de protección del salario, donde la iniciativa del Ejecutivo pretende que se eleve a rango constitucional la obligación de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos el hecho de que el aumento al salario siempre sea superior a los niveles de la inflación, propuesta que, aseguró, “se queda corta”.

“Debemos descubrir y disertar, sobre todo con esta situación de que ha aumentado el mínimo, pero los patrones dejan a los trabajadores certificados en ese mínimo, por lo que se debe discutir también esta iniciativa de protección al salario”.

También de MORENA, el Diputado Mario Alberto Torres Escudero mencionó que de los trabajadores migrantes temporales que se encuentran en Estados Unidos, muchos regresarán a México a unirse a la fuerza laboral o, incluso, iniciar su propia empresa, pero desconocen las leyes en la materia.

Felicitó a sus compañeros por la labor legislativa que llevan a cabo.

Ponentes

Jesús Jiménez Rosas, director de Recursos Humanos del Corporativo Hyundai, dijo que debe tomarse en cuenta el tema del “nearshoring”, pues las empresas buscan moverse a regiones estratégicas donde aprovechan la comunicación y la mano de obra capacitada. Advirtió que la reducción de la jornada podría afectar en alrededor de un 20 por ciento sus niveles de producción, por lo que también se debe garantizar la situación de las empresas y buscar cómo aumentar la productividad.

Sol Merino Cuevas, secretaria general del Sindicato Nacional Nueva Cultura Laboral, calificó como justa y necesaria la reforma presidencial, pero sugirió incluir en ella a las diferentes ramas, pues algunas obtienen sus ganancias por horas, como es el caso de los meseros, lo relacionado a las horas extra. Dijo que se debe fortalecer el poder adquisitivo del trabajador y su calidad de vida.

René Bartolo Mireles Tejada, presidente del Colegio de Especialistas de Derecho Laboral A.C., consideró que los sectores laborales deben ser puestos a la vista, pero aseguró que no se trata de estar legislando para los trabajadores o los empresarios, los ricos o los pobres, sino hacerlo por el país, pues el interés común es el bienestar de México. Alertó que dicha reforma tendrá un impacto en el 95.6 por ciento de las microempresas, que difícilmente la soportarán.

Ismael Plascencia, representante del secretario de Comunicación del Estado de Baja California, abordó el problema relativo a la cantidad de empresas informales, pues un trato igual entre desiguales no debe aplicarse, además de la falta de desarrollo interno por salarios castigados bajo el pretexto de la inflación. Planteó prepararse ante el próximo cambio tecnológico, con inteligencia artificial.

Urgen en el Senado a ratificar Convenio 176 de la OIT sobre seguridad en minas

Buscan erradicar todos los riesgos que atenten contra seguridad y salud de trabajadores.

El Senador Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, presentó un punto de acuerdo para solicitar al titular del Poder Ejecutivo Federal, que remita al Senado el Convenio 176 sobre la seguridad y salud en las minas, de la Organización Internacional del Trabajo, para su ratificación.

A lo largo de la historia, explicó el senador del Grupo Parlamentario de MORENA, en México han perdido la vida una gran cantidad de trabajadoras y trabajadores mineros durante el desarrollo de sus actividades.

De esta manera, agregó en el documento que inscribió en la Gaceta Parlamentaria del 9 de abril, la aprobación de este instrumento internacional es un acto de justicia social.

La ratificación del Convenio 176 tiene el objetivo de obligar a que los empleadores eliminen todos los riesgos que atenten contra la seguridad de las y los trabajadores de la minería, puntualiza la propuesta turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Gómez Urrutia detalló que este instrumento compromete a las autoridades correspondientes a designar un inspector que investigue y notifique sobre cualquier evento riesgoso y les concede a las y los empleados el derecho de informar sobre accidentes e incidentes peligrosos en sus áreas de trabajo.

El senador informó que la reforma laboral de 2012 incluyó un capítulo para garantizar la seguridad de las y los trabajadores; sin embargo, denunció, sólo aplica a las minas de carbón, lo que deja sin protección a 93 por ciento del ramo.

Este convenio, subrayó, “es trascendental para el fortalecimiento de los derechos de las y los trabajadores mineros, específicamente respecto al derecho a la consulta y participación en las medidas de seguridad y salud aplicables a los peligros y riesgos presentes en el sector”.

Proponen otorgar un día laboral a las y los trabajadores víctimas de robo o asalto para denunciar el delito

“LXV Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad”
“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

• El Diputado Martínez Ventura (PT) busca reformar la Ley Federal del Trabajo

Para que los patrones otorguen permiso de un día laboral con goce de sueldo a las y los trabajadores que fueron víctimas de robo o asalto durante sus traslados desde sus lugares de origen a los centros de trabajo y posteriormente a su retorno, para que denuncien el delito del cual fueron víctimas ante el Ministerio Público correspondiente, el Diputado Luis Enrique Martínez Ventura (PT) impulsa una iniciativa.

La propuesta de reforma a los artículos 132 y 134 de la Ley Federal del Trabajo, enviada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, también establece como obligación de los trabajadores que hayan solicitado permiso para denunciar el delito de robo o asalto del cual fueron víctimas deberán presentar al patrón el documento que avale dicha acción, con la finalidad de evitar abusos de confianza.

Se pretende incrementar las denuncias por parte de las víctimas, así como dar los elementos legales a las autoridades correspondientes para que detengan a los delincuentes que han cometido robo o asalto en la calle o transporte público, y reducir el índice criminal ocasionado por este delito, una disminución de la inseguridad y un aumento de la tranquilidad de la población que usa el transporte público.

Precisa que el robo o asalto en calle o transporte público es el primer delito con más índice criminal en México, pues representó el 22.5 por ciento de los 27.6 millones de delitos que se cometieron durante 2020 en el país. En promedio a nivel nacional en las zonas urbanas se registró una tasa de 8 mil 161 robos o asaltos en calle o transporte público por cada 100 mil habitantes y en las zonas rurales se estimó una tasa de 2 mil 607 robos por cada 100 mil habitantes.

En las zonas metropolitanas la incidencia es aún más alta; por ejemplo, en la del Valle de México se registró un promedio de 17 mil 381 robos por cada 100 mil habitantes. El Banco de Desarrollo de América Latina declara que más del 40 por ciento de los pasajeros de la Ciudad de México y Guadalajara manifiestan haber sufrido o presenciado este delito durante su traslado en transporte público.

Para el caso de las y los trabajadores del país, abunda, ocho de cada diez tienen la necesidad de movilizarse a través del transporte público para llegar a sus centros laborales y posteriormente regresar a sus hogares; este sector es uno de los más vulnerables de ser víctimas de un robo o asalto en la calle o trasporte público y lo más grave es que en la mayoría de los casos el delito de robo o asalto en calle o transporte público queda impune, debido a que los delincuentes no son sancionados apropiadamente.

Esa falta de justicia se debe principalmente a que el 94.4 por ciento de las víctimas no denuncia, complicando las detenciones correspondientes, debido a que en el sistema penal acusatorio se plantea que tiene que haber flagrancia del delito y una denuncia previa. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021, las principales causas de la falta de denuncias es la pérdida del tiempo, ya que las víctimas invierten de 2 a 4 horas ante el Ministerio Púbico.

Precisa que para las trabajadoras y los trabajadores la pérdida de un día laboral viene acompañada por la reducción del salario correspondiente, pues en la mayoría de los casos sus ingresos son insuficientes para satisfacer sus necesidades diarias.

Expone que este delito genera violencia, muerte, miedo e incertidumbre en la población que usa el transporte público, reduciendo así su calidad de vida. Estos actos delictivos a nivel nacional han provocado a las víctimas pérdidas monetarias por victimización y gastos a consecuencia de daños en la salud, donde en los últimos 3 años, en promedio, anualmente las pérdidas a causa de este delito alcanzan los 31 mil millones de pesos.

Por ello, es urgente generar acciones que ayuden a incrementar las denuncias correspondientes ante las autoridades encargadas de impartir justicia, con el fin de generar elementos legales que permitan detener y sancionar debidamente a los delincuentes.

Continuó el foro para analizar la iniciativa que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas por semana

• En la cuarta mesa de diálogo se abordó el “Marco convencional de la jornada laboral y modelo de reducción en otros países”

Este lunes se realizó el cuarto foro de Parlamento Abierto para analizar la iniciativa que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas por semana, donde representantes sindicales y patronales abordaron el “Marco convencional de la jornada laboral y modelo de reducción en otros países”.

El Diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo (MORENA), presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, aseguró que es justa la reducción de la jornada laboral, pues en esta administración se han modificado el salario, las vacaciones y los esquemas de subcontratación.

Indicó que los empresarios son quienes conocen la empresa, pero muchos diputados son trabajadores y es precisamente el trabajador quien debe ayudar a convencer sobre la urgencia de realizar esta reforma; no obstante, también los empleadores pueden presentar un proyecto.

La Diputada Susana Prieto Terrazas (MORENA), promotora de la iniciativa, subrayó que es falso que se haya eliminado el modelo de subcontratación, pues existen tres mil 500 quejas en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en contra de empresas que siguen contratando bajo este esquema.

Refirió que esta Legislatura logró aumentar el periodo vacacional y los salarios de los trabajadores “que duraron 36 años con un aumento diario de dos pesos, porque la Comisión Nacional de Salarios Mínimos establece los mínimos, pero no paga los máximos. Por eso no tienen los dos millones y medio de trabajadores que requieren en la formalidad, porque no quieren pagar mejor”.

El Diputado Santiago Torreblanca Engell (PAN) destacó que todos los países que han implementado este esquema laboral pasaron por un proceso de gradualidad y flexibilidad para no rebasar esas 40 horas de trabajo; lo importante es determinar cómo insertarlo en México sin afectar la producción y la pérdida del empleo formal.

No se trata sólo de tener trabajo, dijo, sino que sea formal, porque de nada sirve que haya ocupación informal, mal pagada y sin seguridad social, para después decir que el desempleo en México es de los más bajos del mundo con el tres por ciento, “pero habría que ver bajo qué condiciones”.

El Diputado Sergio Barrera Sepúlveda (MC) señaló que este es un tema de gran trascendencia para mejorar la vida de las y los trabajadores mexicanos. Añadió que se necesita generar un diálogo, incluso, con empleados de determinados ramos, para saber qué mejorará con la reforma, encontrar coincidencias y analizar la flexibilidad y gradualidad que se requiere para su implementación.

Se debe, dijo, conocer el rol que tendrá el Ejecutivo Federal en este tema para incentivar la formalidad y “dependiendo de ello se verá el beneficio o afectación, pues México padece una informalidad muy grande”.

De igual forma, el Diputado Tereso Medina Ramírez (PRI), integrante del Grupo de Trabajo para la realización de estos foros, consideró que es necesario dar este paso histórico en favor de la clase trabajadora del país, pero el tema es cómo avanzar en su aplicación.

Subrayó que no se puede pensar en mejorar la productividad con la misma jornada de 48 horas y sin poder dar el salto hacia adelante, además, aún hay una deuda social con los trabajadores para mejorar los salarios, la seguridad social y el sistema de salud.

Participación de ponentes

El Director del Centro de la OCDE para América Latina, Mario López Roldán, señaló que éste es un tema central para el desarrollo económico y social de los países y consideró que la reforma es oportuna, gradual e incluyente, porque tiene grandes beneficios en materia de productividad, competitividad, salud, reducción de desigualdades y bienestar.

Indicó que, entre los países de esta organización, México tiene el peor balance entre vida y trabajo, pues es donde los trabajadores tienen menos tiempo para el esparcimiento, el cuidado personal y “donde hay más trabajadores pobres de tiempo”; además, tienen cinco años menos de vida en promedio, la salud mental ha tenido un deterioro significativo por el incremento de casos de ansiedad y depresión.

Ángel Evaristo Celorio Guevara, Coordinador jurídico del Comité Nacional de la CTM, dijo que, si se logra esta reforma, obligará a revisar los salarios, pues su alcance puede orillar al trabajador a tener menos horas de trabajo o a caer en la informalidad, dando al “traste” con la reforma. No obstante, la reducción de la jornada de trabajo, ya sea con dos días de descanso a la semana o con reducción de la jornada diaria, traerá grandes beneficios para los trabajadores, para sus familias, las empresas y para el país.

Mylene Cano de la Fuente, gerente de Asuntos Económicos de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), afirmó que el diálogo social, con la participación del sector obrero, patronal y el gobierno, es el espacio adecuado para realizar las modificaciones a la jornada laboral. “Solo a través de ello y con mesas de trabajo por sector, se podrán dimensionar los impactos potenciales y formas de contención para una reforma de esta magnitud”.

Carlos Hugo Morales Morales, Secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), manifestó su respaldo a la iniciativa y llamó a que se unifiquen en los términos planteados, tanto en lo privado como en lo público. Dijo que para no provocar efectos adversos se deben observar los parámetros de la Recomendación 116 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y, en su caso, solicitar asistencia técnica al organismo.

Tomás Héctor Natividad Sánchez, miembro de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), exhortó a considerar un proceso progresivo y gradual que analice un panorama completo, con impuestos, costos de empleo formal, precio del tiempo de horas extras, competitividad y productividad, pues su impacto no será igual en las diferentes áreas. “Si le metemos más costos a la economía formal terminará creciendo la informalidad”.

Patricio Flores Sandoval, Secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio, se pronunció por reducir el horario laboral, ya

que en la actualidad hay elevados niveles de estrés y una jornada de 40 horas generará más productividad y una mejor convivencia social. Destacó la importancia de abordar estos temas en mesas de trabajo con los legisladores, quienes, “en términos reales y de conciencia, ya debieron haber aprobado una reforma como ésta”.

Erika Quevedo, Directora general del Consejo de Empresas Globales, aseguró que una reforma como ésta requiere una reflexión profunda con ramas y sectores de la industria sobre el límite de horas laborales, de horas extras permitidas y sobre sistemas de jornadas especiales. Asimismo, se tienen que diseñar los incentivos correctos para el sector patronal que estimulen la inversión y promuevan la creación de empleos formales.

Octavio Benavides Narro, representante patronal ante la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, manifestó que esta iniciativa impactará a los empleadores y trabajadores mexicanos en muchos frentes, por lo que se tiene que ver desde una óptica global y con base en un análisis de diálogo social de corresponsabilidad de empresas, sindicatos y gobierno.

Buscan que contratos laborales contengan expresamente las obligaciones y prohibiciones de patrones y trabajadores

• El objetivo es que las y los empleados conozcan la protección jurídica de sus intereses laborales: Diputada Jiménez Angulo (PAN)

La Diputada Julia Licet Jiménez Angulo (PAN) presentó una iniciativa que reforma el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo, para eliminar de los contratos laborales los datos personales referentes al sexo y el estado civil de las y los trabajadores; asimismo, para establecer que se deben incluir en dichos documentos las obligaciones y las prohibiciones de patrones y empleados.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para dictamen, propone modificar la fracción I de dicho precepto para señalar que el escrito en que consten las condiciones de trabajo sólo debe contener nombre, nacionalidad, edad, Clave Única de Registro de Población, Registro Federal de Contribuyentes y domicilio del trabajador y del patrón.

Asimismo, adiciona una fracción X al mismo artículo para señalar que el contrato de trabajo también deberá contener “las obligaciones y prohibiciones de los patrones y de los trabajadores”, de conformidad con la Ley Federal del Trabajo.

El objetivo general de la reforma es que las y los trabajadores conozcan la protección jurídica de sus intereses laborales, siendo parte de sus derechos conocer y comprender las obligaciones y las prohibiciones de los empleadores y sus representantes.

Destaca que es necesario tomar acciones para prevenir y disminuir la carencia de conocimiento jurídico laboral y considerar medidas que permitan a todos los intervinientes en un centro de trabajo, conocer y comprender la normatividad a la que han de sujetarse una vez que se lleva a cabo una contratación laboral de subordinación.

Indica que el hecho de no proporcionar por escrito esas obligaciones deja a las y los trabajadores en indefensión, al desconocer la documentación jurídica necesaria para poder llevar a cabo su defensa, en caso de ser víctimas de algún abuso.

Se busca empoderar a la comunidad trabajadora, “que soporta situaciones viles por la necesidad de conservar su empleo y patrimonio, ofreciéndoles el conocimiento para saber cómo actuar en caso de discriminación laboral, coacción para renunciar, acoso sexual, despido injustificado o cualquier otra situación prohibida por la legislación”.

La Diputada Jiménez Angulo asegura que con esta reforma se busca orientar y prevenir de demandas laborales a emprendedores que inician su negocio y a empleadores, así como disminuir la saturación en los Centros de Conciliación de la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo o en el sistema judicial.  

Además, tiene la intención de ampliar la protección a la privacidad de las personas trabajadoras en general, en particular de la comunidad LGBTTTI, por lo que resulta pertinente eliminar el requisito de mencionar el sexo y el estado civil en los contratos de trabajo, individuales o colectivos, y/o en el escrito en que consten las condiciones de trabajo.

Aprueban en el Senado reforma para asegurar financiamiento de organizaciones sindicales

Se trata de que los sindicatos puedan obtener recursos para la defensa de los derechos laborales.  

El Pleno del Senado aprobó, con 67 votos a favor y 34 en contra, una reforma que busca asegurar el financiamiento de las organizaciones sindicales, para que puedan ejercer sus labores en defensa de las y los trabajadores de México.  

La propuesta, que fue enviada a la Cámara de Diputados, elimina el segundó párrafo de la fracción VI del artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo. Con ello, se podrán descontar de los salarios de los trabajadores las cuotas sindicales ordinarias previstas en los estatutos de los sindicatos. 

En el documento, las y los senadores precisaron que es potestad de los trabajadores ingresar o no a una organización sindical, por lo que en caso de ser parte de una, expresamente acepta que será sujeto de derechos y obligaciones. 

Consideraron que las cuotas sindicales tienen un lugar central en la posibilidad de organizarse efectivamente como trabajadores, pues los recursos que aportan las y los afiliados se emplean en la operación administración y crecimiento de su sindicato, lo que se traduce en mayor protección y beneficios laborales. 

Y que en Estados Unidos, a partir de una legislación que permitió que las personas trabajadoras puedan solicitar a la persona empleadora que no se les realizara el descuento de la cuota sindical, ocasionó un aumento en el número de personas sin afiliación, lo que trajo como consecuencia una vulnerabilidad hacia los empleados y provocó que sus derechos laborales fueran violentados. 

“Sin las cuotas sindicales, las organizaciones de los trabajadores carecerían de recursos para ejercer su responsabilidad en la defensa de los derechos de los trabajadores”, subrayaron los legisladores en el dictamen. 

El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Napoleón Gómez Urrutia expresó que la reforma busca garantizar los derechos laborales de las personas trabajadoras en México, porque “quien no se encuentra al corriente en sus cuotas, no forma parte del sindicato y no tiene el derecho a la protección y la seguridad laboral” que este brinda a sus afiliados.  

Por su parte, el presidente de la cRafael Espino de la Peña, manifestó que los sindicatos juegan un papel crucial en la defensa de los trabajadores, por lo que es fundamental garantizar la viabilidad financiera de estas organizaciones para que hagan su labor. 

La senadora Cecilia Margarita Sánchez García, de Morena, expresó que toda asociación sindical necesita de recursos para tener instalaciones, pagar servicios y defender a sus trabajadores, así como para dar garantías a los contratos colectivos. 

Al hablar en contra del dictamen, el senador del PAN, Damián Zepeda Vidales, afirmó que un valor universal de las personas es de poder decidir sobre su patrimonio y lo que esta reforma hace es no permitir que un trabajador, pueda libremente decirle a su empleador que no está de acuerdo en que le descuenten obligatoriamente una cuota sindical de su salario. 

La senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, dijo que con este dictamen se garantiza la libertad para que cualquier persona trabajadora pueda decidir si quiere o no afiliarse a alguna organización sindical. Y destacó que, en caso de que un empleado se encuentre registrado a un sindicato, la empresa debe descontar las cuotas, porque los sindicatos viven de ellas. 

El senador del PVEM, Rogelio Israel Zamora Guzmán, explicó que los descuentos se realizarán únicamente a aquellos trabajadores que hayan manifestado su derecho de pertenecer a un sindicato. 

Emilio Álvarez Icaza Longoria, del Grupo Plural, opinó que el trabajador debe tener la posibilidad de decidir libremente si acepta las cuotas sindicales, no obligarlos a través de la ley, porque no podemos vincular su derecho de libre asociación, al pago de éstas. 

Posteriormente, el senador de Acción Nacional, Damián Zepeda Vidales, presentó una reserva para dejar la legislación en los términos vigentes, misma que fue rechazada por la Asamblea

Impulsan en Edomex derecho a la desconexión digital

Busca evitar el riesgo de fatiga o el desencadenamiento de otros problemas de salud a las y los servidores públicos.
Establecerá límites claros al uso de la tecnología para fines laborales fuera del horario de trabajo.

Debido a que las actuales tecnologías permiten que las personas se mantengan conectadas y disponibles para el trabajo las 24 horas del día, los siete días de la semana, la legisladora Viridiana Fuentes Cruz propuso, en nombre del grupo parlamentario del PRD, establecer que las y los servidores públicos tengan derecho a la desconexión digital a efecto de respetar su tiempo de descanso fuera del tiempo de trabajo y llevar una vida más equilibrada, de acuerdo con lo establecido en la normatividad laboral.
Conforme a la propuesta de reforma a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, las instituciones o dependencias públicas deberán establecer mecanismos que garanticen el derecho y definir acciones de formación, a propósito de sensibilizar al personal, incluso quienes ocupen puestos directivos, sobre el uso responsable de las herramientas tecnológicas para evitar el riesgo de fatiga o el desencadenamiento de otros problemas de salud.
Para lo anterior, expone la iniciativa remitida a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, no podrá existir vulneración alguna a las prestaciones que por ley tenga la o el servidor público en el ejercicio de este derecho, y las instituciones a que hace referencia esta disposición deberán buscar prevenir y sancionar los actos hostiles que, en su caso, puedan suscitarse cuando la o el trabajador ejerza su derecho a la desconexión digital.
La legisladora explicó que la desconexión digital laboral es una práctica que consiste en establecer límites claros en cuanto al uso de la tecnología para fines laborales fuera del horario de trabajo, lo que puede ayudar a reducir el estrés y la sobrecarga de trabajo, mejorar la calidad de vida de las y los empleados y aumentar la productividad y la satisfacción laboral, entre otros aspectos.
Por otra parte, abundó, en los últimos años el derecho al descanso se ha visto sobrepasado, y ello se hizo evidente con la pandemia del 2019 que tuvo presencia en todo el mundo. Este fenómeno aceleró la incorporación de nuevos instrumentos tecnológicos para garantizar la operatividad y disponibilidad laboral y educativo, sin embargo, derivó en una situación de hiperconectividad.

Impulsan reformas para que la jornada laboral de mujeres con discapacidad no exceda las 6 horas diarias

• La diputada Espinosa Morales (PRD) plantea adiciones a las leyes federales del Trabajo y de los Trabajadores al Servicio del Estado
• Permitirá a las mujeres con discapacidad el derecho a un trabajo digno y al ejercicio de otros derechos humanos

Con el fin de lograr que la jornada laboral máxima de las mujeres trabajadoras con discapacidad no exceda las 6 horas diarias, la diputada Olga Luz Espinosa Morales (PRD), propone adicionar los artículos 61 de la Ley Federal del Trabajo y 22 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional.

La iniciativa remitida a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, destaca la importancia de reducir las horas laborales de las trabajadoras con discapacidad como una acción afirmativa y un ajuste razonable que les permita el ejercicio de otros derechos humanos.

Además, señala que la reforma es congruente con la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y apoya jurídicamente el cumplimiento de acceso al derecho a un trabajo digno.

Se pretende que, mediante el empleo, las mujeres trabajadoras con discapacidad alcancen la inclusión social y laboral, mediante acciones que les permita ejercer plenamente su derecho a un trabajo digno con un horario preferente.

La diputada Espinosa Morales menciona que la tasa de empleo para las mujeres con discapacidad es de apenas 20 por ciento, según el Informe Mundial sobre la Discapacidad. Destaca que el 32 por ciento de las personas con discapacidad que participan en alguna actividad económica, son mujeres.

Añade que, según el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), solo 4 de cada 10 personas con discapacidad realizan alguna actividad económica y aquellos que laboran ganan 33.5 por ciento menos que el resto de la población económicamente activa, mientras que las que no laboran ni dependen de alguien más (39 por ciento) obtienen sus ingresos de algún programa social del gobierno.

De acuerdo con un estudio de 2019 del IMCO sobre desigualdad, las mujeres sin discapacidad ganaban en promedio 4 mil 600 pesos mensuales y las mujeres con discapacidad, percibían alrededor de 3 mil 59 pesos, es decir, mil 541 pesos menos.

El documento argumenta que diversos análisis señalan que las personas con discapacidad tienen una menor probabilidad que el resto de la población de insertarse en el mercado de trabajo, y si lo hacen, usualmente reciben un menor. 

El ingreso laboral mensual promedio, expone, es menor para esta población, sobre todo en las categorías donde se concentran, auto-empleados y empleadores o patrones. Respecto a las horas de trabajo, son similares a las 48 de las personas sin discapacidad.

Datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018 estiman que la tasa de participación económica de las mujeres con discapacidad es de 21 por ciento.

La iniciativa toma relevancia al conocer que 56.9 por ciento de las mujeres con discapacidad están en el grupo de los 30 a 39 años de edad.

Comisión de Trabajo y Previsión Social se reunió con el titular del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje

• En México, los derechos laborales deben ser universales: diputado Baldenebro Arredondo.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social, presidida por el diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo (MORENA), se reunió de manera semipresencial con el magistrado Plácido Morales Vázquez, presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

El diputado Baldenebro Arredondo dijo que esta reunión es con el fin de que las y los diputados conozcan las necesidades del Tribunal y planteamiento de algunas sugerencias de cambios o iniciativas que se podrían analizar y construir. 

Comentó que ha habido situaciones en todos los distritos donde las organizaciones se acercan a las y los legisladores para exponerles sus problemáticas laborales, que a veces se encuentran sin avance en el Tribunal. 

En su intervención, el presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, magistrado Plácido Morales Vázquez, señaló que la reforma al artículo 69 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que permitió el voto personal, libre, directo y secreto para la elección sindical, empezó a dar oxígeno a este gremio. 

“Fue fundamental esta reforma y cómo desmanteló el viejo sindicalismo corporativo que de alguna forma neutralizaba las demandas de los trabajadores al servicio del Estado; generaba una casta de privilegios y de acuerdos, y los avances en lo que realmente son prestaciones que eleven el nivel de vida de los trabajadores no se daban”, agregó. 

Manifestó que lo que hace falta es una reforma constitucional para el Apartado B del artículo 123 de la Constitución que diera el siguiente paso al proceso de la reforma laboral que ustedes hicieron posible. 

Encontramos cuestiones, como en el refugio de la autonomía sindical, donde también hay maniobras para la continuidad de grupos en el control sindical, pero la ley puede darnos, sin violentar la autonomía sindical, los elementos para que nosotros pudiéramos garantizar la democracia en los sindicatos nacionales, tanto los federales como locales, mencionó. 

Intervención de las y los diputados 

La diputada Susana Prieto Terrazas (MORENA) dijo, vía zoom, que la reforma a la Ley Federal del Trabajo no alcanzó para el Apartado B en materia de la conciliación. “Las instituciones de gobiernos de los 3 niveles siempre dicen que no hay presupuesto para conciliar los asuntos laborales y cada cambio de administración tenemos el problema de cientos de casos de despido a nivel municipal, estatal y federal”. 

La diputada Margarita García García (PT) comentó que con esa reforma se avanzó en la ley, pero en los hechos aun no porque existe corrupción y malas prácticas donde el patrón sigue patrocinando a los sindicatos mayoritarios. “Lo importante es que de este diálogo tengamos comunicación directa para que sean atendidas las peticiones y podamos contribuir en este tema”.   

De la misma bancada, la diputada Ana Karina Rojo Pimentel manifestó que, si se enfocan en la materia y la ley, se podrá ir erradicando todo lo que se ha incumplido en materia de los trabajadores. Agregó que es necesario que en los sindicatos prevalezca la paridad entre las mujeres y hombres, y se amplié la ley en cuestiones de género. 

De MORENA, el diputado Iran Santiago Manuel propuso una reforma integral para garantizar los derechos laborales sindicales de los trabajadores, que los dirigentes no participen más de dos veces, impulsar la participación de los empleados en todo el proceso de la elección del sindicato y establecer que los sindicatos minoritarios tengan los mismos derechos que los mayoritarios. 

Tereso Medina Ramírez, diputado del PRI, consideró que la aplicación de la justicia laboral no depende de una sola persona, sino de todos; por ello, planteó que al igual que la reforma de los trabajadores del Apartado A, en el Apartado B en el proceso del derecho del Trabajo se incluya la conciliación obligatoria como un medio alterno para resolver conflictos. 

Vía Zoom, la diputada de MORENA, Araceli Ocampo Manzanares, reconoció el trabajo del funcionario y expresó la necesidad de generar mesas de trabajo para atender la solicitud de los sindicatos minoritarios y que se garantice la justicia, la democracia y la libertad en materia laboral. Resaltó que ha impulsado iniciativas para garantizar los derechos laborales, entre ellas la adición al artículo 124, en el Apartado B, para que la autoridad que no quiera reconocer un registro y una toma de nota sea sancionada. 

Respuestas 

En sus respuestas, el magistrado Morales Vázquez comentó que en materia sindical hacen falta en la ley los elementos para que ellos sean garantes de la igualdad, imparcialidad y libre competencia y no que en el principio de la autonomía sindical se sigan preservando privilegios u opacidad.   

“Está la ley, falta que hagamos el ejercicio. Todos pensamos que nuestro país es un país de trabajadores, de gente que trabaja y que los trabajadores tienen derechos”, agregó.

Manifestó que está a disposición de las y los integrantes de la Comisión para las dudas que tengan y para que trabajen de la mano en estos temas. Asimismo, estuvo de acuerdo en una agenda de mesas de trabajo.  

El diputado Baldenebro Arredondo resaltó que los derechos laborales en este país tienen que ser universales. “La gestión sindical, cuando está bien llevada por unos buenos dirigentes, día con día y cada revisión va consiguiendo más prestaciones para sus trabajadores. Debe haber ese equilibrio”.

Piden que patrones apliquen protocolo para prevenir discriminación laboral por razones de discapacidad

• El diputado Jaime Bueno Zertuche (PRI) plantea modificar la Ley Federal del Trabajo con ese propósito.
• La iniciativa se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para su análisis y dictamen.

Con el propósito de que sea obligación de los patrones implementar, en acuerdo con los trabajadores, un protocolo para prevenir la discriminación por razones de discapacidad, el diputado Jaime Bueno Zertuche (PRI) propuso modificar la fracción XXXI del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para su análisis y dictamen, refiere que dicho protocolo será un instrumento esencial para evitar y sancionar cualquier trato desfavorable o discriminatorio hacia las y los trabajadores con esta condición.

Añade que la implementación contribuiría significativamente a garantizar la igualdad en todos los aspectos laborales de las y los mexicanos con discapacidad desde las contrataciones, el salario, la asignación de tareas y responsabilidades, los ascensos, capacitaciones, y beneficios. 

También, señala, promoverá la cultura de respeto a los derechos, creará mayor conciencia entre las y los compañeros de trabajo y evitará y sancionará cualquier caso de acoso o violencia en su contra por parte de jefes, supervisores, colaboradores, trabajadores o cualquier otra persona, tales como clientes o consumidores. 

Precisa que la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017 revela que por lo menos uno de cada cuatro mexicanos mayores de edad cree que las personas con discapacidad son de poca ayuda en el trabajo y que casi 60 por ciento de las personas con discapacidad declararon haber experimentado insultos, burlas, amenazas, empujones o jalones, siendo los lugares de trabajo uno de los escenarios más frecuentes de estas reprochables conductas. 

En su iniciativa, subraya que se debe reconocer la prevalencia de la discriminación y violencia contra las personas con discapacidad en todos los ámbitos de su vida, particularmente en el laboral. “Se trata de brindar a las personas, así como a las autoridades competentes, una herramienta para prevenir, denunciar y sancionar las acciones, prejuicios y violaciones de que pudieran ser objeto en sus centros de trabajo”. 

Añade que en el largo camino para alcanzar la igualdad y ejercer sus derechos, las personas con discapacidad no sólo enfrentan falta de oportunidades para encontrar empleo, sino que, además, deben soportar ser blanco de acoso, burlas e incluso violencia por su condición y no cuentan con los mecanismos adecuados y confiables para denunciar estas conductas.

Impulsan reformas para reducir la jornada laboral de 48 a 36 horas a la semana

• Señala que para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta la jornada laboral.

La diputada Carolina Dávila Ramírez (PRI) propuso reformar y adicionar el artículo 123 de la Constitución Política, para reducir la semana laboral de 48 a 36 horas, tanto de las y los trabajadores del Apartado A como del Apartado B.

La iniciativa, enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, y a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para opinión, señala que para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta la jornada laboral.

En el apartado A, relativo a obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y, de una manera general, todo contrato de trabajo, propone que la jornada laboral se implementará dependiendo de las necesidades de cada sector mediante acuerdo entre los trabajadores y los patrones, pudiendo ser bajo las modalidades de jornada diaria corta, semana laboral comprimida o año laboral reducido.

Precisa que estos acuerdos deberán establecerse en el contrato colectivo de trabajo o, en su caso, en el contrato individual de trabajo.

En el apartado B, sobre los Poderes de la Unión y sus trabajadores, plantea que la jornada diaria máxima de trabajo será de treinta y seis horas a la semana, no pudiendo exceder de siete horas diarias el trabajo nocturno.

Agrega que se implementará mediante acuerdo entre los trabajadores y los Poderes de la Unión, y las modalidades pueden ser de jornada diaria corta, semana laboral comprimida o año laboral reducido. Los acuerdos deberán establecerse en el contrato colectivo de trabajo o, en su caso, en el contrato individual de trabajo.

Para facilitar la implementación de la reforma, se propone en los transitorios instaurarla paulatinamente de manera anual, realizando una reducción de la jornada laboral de 48 a 44 horas el primer año, de 44 a 40 horas el segundo año y de 40 a 36 horas el tercer año, con el propósito de atender las particularidades de cada sector e ir haciendo las adecuaciones necesarias para su aplicación.

En el documento se menciona que las jornadas excesivas tienen importantes consecuencias para los trabajadores y las empresas, provocan alteraciones en el sueño, en la vida familiar y social; generan fatiga, estrés, desórdenes del sueño y estado de ánimo.

A largo plazo aumentan las probabilidades de enfermedades cardiovasculares, desórdenes gastrointestinales y musculoesqueléticos, infecciones crónicas, enfermedades mentales y conflictos familiares, descenso en la seguridad del área de trabajo e incremento de riesgo de accidentes laborales y lesiones.

Datos de la OCDE señalan que cada mexicano trabaja dos mil 255 horas al año con poca productividad, la cifra más elevada entre las naciones parte de ese organismo.

Detalla que en Alemania se trabajan 26.2 horas a la semana, con un nivel de productividad de 74.2 dólares, y en Noruega 27.2 horas de trabajo con una productividad de 93.2 dólares, mientras en México con 41.3 horas trabajadas se tiene un nivel de productividad de 22.2 dólares, lejos de la mitad de la media de la OCDE, situada en 54.8 dólares.

Además, la Covid-19 ha modificado en México y en el mundo la forma de trabajar de diversas empresas y el sector público, con jornadas de 4 días, horarios escalonados y home-office. Estos primeros ensayos obligados permiten vislumbrar la posibilidad de cambiar las condiciones actuales de trabajo e ir paulatinamente reduciendo la jornada laboral para mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores e incrementar la productividad.

Proponen incrementar permiso de paternidad de 5 a 15 días laborales

• En caso de fallecimiento de la madre al nacimiento de sus hijas o hijos, podrá aumentar hasta por treinta días

• La diputada Berenice Montes Estrada (PAN) impulsa reformas a la Ley Federal del Trabajo

La diputada Berenice Montes Estrada (PAN), secretaria de Comisión de Trabajo y Previsión Social, impulsa una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo, con el objetivo de incrementar el permiso de paternidad de cinco a 15 días laborales, con goce de sueldo, a los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante.

La reforma a la fracción XXVII Bis, del artículo 132, también establece que: en caso de fallecimiento de la madre al nacimiento de sus hijas o hijos, o bien, en los 45 días posteriores al mismo, el permiso podrá aumentarse hasta por treinta días, presentando el certificado de defunción correspondiente.

El documento, turnado a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, refiere que, a pesar de los esfuerzos, nuestro país se encuentra rezagado en este rubro: las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la cual México forma parte, promedian 4.8 semanas de licencia por paternidad con goce de sueldo.

Agrega que, en comparación con otros países de Latinoamérica, México está por debajo de Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Paraguay y Venezuela, quienes ofrecen de ocho a 14 días de licencias por paternidad con el cien por ciento de goce de sueldo. Diversos especialistas en gestión de recursos humanos señalan que cinco días de licencia generalmente son insuficientes para alguien que acaba de ser padre.

Señala que, de acuerdo con el informe ¿Son los países ricos más favorables a las familias? realizado por la UNICEF, el permiso remunerado por paternidad ayuda a que los padres puedan establecer vínculos con sus hijos e hijas, contribuye al desarrollo saludable de los lactantes y los niños, además de reducir la depresión materna y cerrar la brecha de la igualdad de género.

Asimismo, revela que algunos de los beneficios de las licencias por paternidad son: se cierra la brecha de género y hay empleados más motivados.

La iniciativa menciona que el espíritu de las licencias o permisos de paternidad es respetar el derecho de los trabajadores a conciliar su vida personal y laboral, permitir a los padres que cumplan con sus obligaciones familiares y hacer valer los derechos del menor a recibir cuidados. En contraste, el permiso de paternidad en México no contribuye a ninguno de estos objetivos, pues además de ser inequitativo, no contempla todos los casos en que el trabajador necesita cuidar a su hijo por más tiempo.

Precisa que, si bien la Ley es clara en señalar el periodo y el supuesto en que procede el permiso de paternidad, eso está concebido bajo un esquema de familia biparental (padre y madre), en el que la mujer puede hacerse cargo del menor. La problemática surge cuando la mamá del bebé fallece en el parto, por lo que el hogar es monoparental; es decir, solo existe la presencia del padre.

En esta situación, añade, tal y como está diseñada la Ley, el trabajador sólo podrá dedicar cinco días laborables al cuidado de su hijo, por lo que este no podrá recibir un cuidado especial, tal y como si su mamá viviera.

Ello, configura una discriminación directa o indirecta al menor, pues por el simple hecho de no tener mamá, no va a recibir el cuidado de su progenitor, como aquellos infantes que sí la tienen; es decir, el bebé se vería discriminado frente a los nacidos o adoptados en familias biparentales, subraya.