▪ La propuesta está encaminada a afrontar los retos que
impone la actual realidad demográfica.
Las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios
Legislativos Segunda, que presiden la senadora Mónica Fernández Balboa y el
senador Rafael Espino de la Peña, respectivamente, aprobaron un dictamen
mediante el cual se expide una nueva Ley General de Población y se abroga la
ley vigente en la materia, que fue publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 7 de enero de 1974.
El nuevo ordenamiento establece las bases de coordinación
interinstitucional para formular y conducir la política de población e
interculturalidad, que atienda las causas y consecuencias de la dinámica
demográfica.
También tiene el objetivo de regular la organización y
funcionamiento de las instancias competentes en materia de población; así como
definir las políticas de movilidad humana y de interculturalidad para
salvaguardar los derechos humanos y sus garantías.
El dictamen fue aprobado por la Comisión de Gobernación, con
ocho votos a favor y siete en contra; mientras que la Comisión de Estudios
Legislativos Segunda, lo aprobó con siete votos a favor y cinco en contra.
Establece que el Consejo Nacional de Población es el órgano
colegiado encargado de la formulación, emisión, planeación y evaluación de la
política de población del país, el cual será presidido por la Secretaría de
Gobernación.
Plantea que las y los ciudadanos mexicanos tendrán la obligación
de inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos y obtener un CURP con
fotografía, el cual servirá como un documento oficial de identificación, que
hace prueba plena sobre los datos de identidad que contiene en relación con su
titular.
De acuerdo con el proyecto, la CURP con foto contendrá
nombre y apellidos; Clave Única de Registro de Población; fotografía del
titular; lugar de nacimiento; fecha de nacimiento; firma y huellas dactilares;
y deberá renovarse a más tardar, noventa días antes de que concluya su
vigencia; la cual no podrá exceder de 15 años.
El documento precisa que la propuesta está encaminada a
afrontar los retos que impone la actual realidad demográfica, dado que tiene un
enfoque de derechos humanos y su respeto irrestricto; transversalidad de la
política de población; federalismo; perspectiva intercultural; perspectiva de
género y de curso de vida; desarrollo sostenible; bienestar social e
individual; y promoción de la participación de los órdenes de gobierno en la
política de población.
Con la legislación, indica el documento, se buscan reducir
los riesgos y potenciar los beneficios del cambio en la estructura por edad y
el envejecimiento de la población, dado que con la información estadística y
sociodemográfica con enfoque prospectivo que se genere, se podrán generar
políticas públicas que atiendan las consecuencias económicas y sociales de este
fenómeno y así favorecer un envejecimiento saludable, activo y productivo.
La senadora Mónica Fernández Balboa expresó que de 1974 a la
fecha, la realidad demográfica del país ha cambiado, y por tanto es necesario
abrogar la ley vigente y expedir una nueva Ley General de Población.
“Estimamos que es de suma importancia actualizar el marco
normativo que rige al Estado en cuanto a sus leyes, con el propósito de mejorar
el sistema que se tiene y adecuarlo a la realidad que se vive”, consideró.
Por su parte, el senador Rafael Espino de la Peña dijo que
el ordenamiento busca mejorar el sistema actual en materia de población, así
como adecuarlo a las nuevas políticas y atender los nuevos desafíos de la
estructura y la dinámica poblacional.
“La legislación de 1974 ya no responde a los cambios
demográficos y sociales que ha tenido nuestro país en las últimas décadas”,
consideró.
