INEGI: Pobreza Multidimensional

En 2024, en México 38.5 millones de personas se encontraban en situación de pobreza multidimensional; 7.0 millones estaban

en situación de pobreza extrema

• El INEGI por primera vez realiza la medición de la pobreza multidimensional, atribución conferida por la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de diciembre de 2024, y reglamentada con la reforma a leyes secundarias, que entró en vigor el 17 de julio de 2025.

• En 2024, la población en situación de pobreza fue de 29.6 %: en México, 3 de cada 10 personas no tenían garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos sociales, como educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación y su ingreso mensual por persona no fue suficiente para adquirir una canasta alimentaria, bienes ni servicios necesarios.

• Entre 2022 y 2024, la población en situación de pobreza multidimensional pasó de 46.8 a 38.5 millones: la disminución fue de 8.3 millones de personas. La población en situación de pobreza extrema se redujo de 9.1 a 7.0 millones.

• Entre 2022 y 2024 aumentó el porcentaje de población vulnerable por carencias sociales en 2.7 puntos porcentuales para ubicarse en 32.2 % en 2024, a pesar de que se redujeron las carencias por acceso a educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación.

I. antecedentes

La medición oficial de pobreza en México responde a la necesidad de contar con información confiable y comparable, en el tiempo y en el espacio, sobre el estado del desarrollo social del país para formular, implementar y dar seguimiento a la política pública. Con base en los principios de la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), la medición se diseñó con perspectiva multidimensional y enfoque de derechos. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) realizó la medición de la pobreza multidimensional entre 2008 y 2022 con una periodicidad bienal, a nivel nacional y por entidad federativa. Para el ámbito municipal la periodicidad fue quinquenal. 

La reforma constitucional que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de diciembre de 2024 y las reformas de las leyes secundarias que entraron en vigor el 17 de julio de 2025 mandataron la extinción del CONEVAL y la transferencia de las funciones de medición de pobreza y evaluación integral de la política de desarrollo social al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Dichas funciones se enmarcan en los principios de independencia, objetividad, transparencia y rigor técnico. Con el fin de asegurar la continuidad y consistencia de la serie que inició en 2016, esta medición se realizó en apego a los Lineamientos y criterios generales para la definición, identificación y medición de la pobreza y su anexo único (Metodología para la Medición de la Pobreza en México), que emitió el CONEVAL.

De acuerdo con la metodología, la medición de la pobreza multidimensional cuenta con tres espacios analíticos: derechos sociales, bienestar económico y contexto territorial. El primero se refiere a los elementos mínimos o esenciales para el ejercicio de los derechos sociales (educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación). El segundo incorpora el ingreso como medio para satisfacer las necesidades alimentarias y no alimentarias. El tercer espacio analítico se refiere al contexto territorial, que da cuenta de aspectos que trascienden el ámbito individual e incorpora elementos relacionales y del entorno. Para efectos de la medición, se consideran los derechos sociales y el bienestar económico. Por su naturaleza, el contexto territorial se reporta con indicadores complementarios.  

El INEGI, a través de la Coordinación General de Medición de Pobreza y Evaluación Integral de la Política de Desarrollo Social (de reciente creación), realizó un análisis detallado de la información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024 y aplicó los mismos criterios y procesos que realizaba el CONEVAL para la identificación y medición de la pobreza. Además, en el marco de su autonomía técnica y de gestión, el INEGI mantuvo todos los mecanismos de transparencia y replicabilidad que, históricamente, han caracterizado la medición de la pobreza multidimensional.

Los resultados, que se ponen a disposición de las personas usuarias, ofrecen un diagnóstico actualizado de las condiciones de vida de la población y permiten hacer comparaciones en el tiempo y en el espacio. Asimismo, identifican desigualdades entre grupos de población y desafíos pendientes para el desarrollo social del país.

II. principales resultados

La población en situación de pobreza multidimensional es aquella cuyos ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y los servicios que requiere para satisfacer sus necesidades y no tiene garantizado el acceso a alguno de los derechos sociales de educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación. 

Para identificar a la población en situación de pobreza multidimensional se considera a quienes presentan carencia en al menos uno de los seis indicadores —rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación nutritiva y de calidad— y tienen un ingreso inferior a las líneas de pobreza, según ámbito rural y urbano. Dichas líneas de pobreza por ingreso equivalen al valor monetario mensual de la canasta alimentaria más la canasta no alimentaria, por persona. 

Para identificar a la población en situación de pobreza extrema se considera a quienes presentan tres carencias o más y tienen un ingreso inferior a las líneas de pobreza extrema por ingresos, según ámbito rural y urbano, equivalentes al valor monetario mensual de la canasta alimentaria, por persona (ver cuadro 1).

III. pobreza multidimensional

En 2024, a nivel nacional, el porcentaje de la población en pobreza multidimensional fue 29.6 %, es decir, 3 de cada 10 personas en México se encontraban en esta situación.

Al comparar con 2022, en 2024 el porcentaje de la población en situación de pobreza multidimensional disminuyó 6.8 puntos porcentuales (ver cuadro 1).

En 2024, las cinco entidades federativas con los porcentajes más altos de población en situación de pobreza multidimensional fueron Chiapas, con 66.0 %; Guerrero, con 58.1 %; Oaxaca, con 51.6 %; Veracruz, con 44.5 %; y Puebla, con 43.4 por ciento. En contraste, las cinco entidades con los porcentajes más bajos fueron Baja California, con 9.9 %; Baja California Sur, con 10.2 %; Nuevo León, con 10.6 %; Coahuila, con 12.4 %; y Sonora, con 14.1 % (ver mapa 1).

IV. pobreza extrema

En 2024, el porcentaje de población en situación de pobreza extrema fue 5.3 %, lo que representa una reducción de 9.1 a 7.0 millones de personas entre 2022 y 2024. Sin embargo, destaca que el número de carencias promedio de esta población se mantuvo en 3.8 carencias (ver cuadro 1).

Las cinco entidades con los porcentajes más altos de población en situación de pobreza extrema, en 2024, fueron Chiapas, con 27.1 %; Guerrero, con 21.3 %; Oaxaca, con 16.3 %; Veracruz, con 8.8 %; y Puebla, con 7.3 por ciento. En cambio, las cinco entidades con los porcentajes más bajos fueron Baja California, con 0.4 %; Nuevo León, con 0.5 %; Aguascalientes, con 0.6 %; Coahuila, con 0.8 %; y Colima, con 1.0 % (ver mapa 2).

1 Estos porcentajes tienen un nivel de precisión moderado (el coeficiente de variación se ubicó en el rango de [15,30) por ciento), a excepción de Baja California que tiene un nivel de precisión bajo (coeficiente de variación de 30 por ciento en adelante).

V. carencias sociales

El espacio de los derechos sociales, contemplado en la medición de pobreza multidimensional, permite identificar a las personas que no cuentan con los elementos mínimos para acceder a estos.

Como se muestra en la gráfica 1, en 2024 todas las carencias sociales se redujeron. No obstante, las personas vulnerables por carencias sociales aumentaron de 37.9 en 2022 a

41.9 millones en 2024.

VI. rezago educativo

En 2024, a nivel nacional, 24.2 millones de personas presentaron rezago educativo. Entre 2022 y 2024, el porcentaje de la población con esta carencia pasó de 19.4 a 18.6 por ciento. En términos absolutos, el número de personas disminuyó 0.8 millones. En 2024, en el ámbito urbano, 15.1 millones de personas presentaron esta carencia. En el rural, la cifra fue de 9.2 millones.

Entre 2022 y 2024, el rezago educativo se redujo en 25 entidades. En puntos porcentuales, dicho rezago disminuyó en Michoacán (3.2), Querétaro (3.1) e Hidalgo (2.0). Por su parte, seis entidades aumentaron su rezago educativo, principalmente en: Chiapas pasó de 31.1 a 34.0 %; Oaxaca, de 29.1 a 30.5 %; y Veracruz, de 25.5 a 26.3 por ciento. Finalmente, Tabasco se mantuvo como en 2022 (17.9 %).

VII. carencia por acceso a los servicios de salud

En 2024, a nivel nacional, 44.5 millones de personas presentaron la carencia por acceso a servicios de salud. Entre 2022 y 2024, el porcentaje de la población con carencia por acceso a los servicios de salud a nivel nacional disminuyó de 39.1 a 34.2 por ciento. En 2024, 30.6 millones de personas presentaron esta carencia en el ámbito urbano. En el ámbito rural, la cifra fue de 13.9 millones de personas.

2 De las 25 reducciones, cinco fueron estadísticamente significativas.

3 La disminución de Hidalgo no es estadísticamente significativa.

Entre 2022 y 2024, la carencia por acceso a los servicios de salud se redujo en 27 entidades federativas. La entidad con mayor reducción fue Oaxaca (de 65.7 a 43.9 %). Siguieron Guerrero (de 52.7 a 38.9 %) y Tabasco (de 44.8 a 35.1 %). Por su parte, en cinco entidades aumentó la carencia: las de mayor incremento fueron Baja California Sur (de 17.3 a 19.6 %) y Colima (de 21.9 a 24.0 %).

VIII. carencia por acceso a la seguridad social

En 2024, a nivel nacional, 48.2 % de la población presentó la carencia por acceso a seguridad social. Entre 2022 y 2024, esta carencia disminuyó dos puntos porcentuales: pasó de 50.2 a 48.2 % de la población. En 2024, en el ámbito urbano, 41.5 millones de personas presentaron esta carencia; en el rural, 21.2 millones.

Entre 2022 y 2024, la carencia por acceso a la seguridad social se redujo en 28 entidades federativas. Los tres estados con mayores disminuciones fueron Querétaro (de 43.2 a 37.4 %), Guanajuato (de 50.2 a 46.0 %) y Zacatecas (de 57.0 a 52.9 %). En contraste, San Luis Potosí (de 48.2 a 51.2 %), Colima (de 35.9 a 37.3 %) y Guerrero (de 71.6 a 72.6 %) fueron las entidades que presentaron un mayor aumento en dicha carencia.

IX. carencia por calidad y espacios de la vivienda

En 2024, a nivel nacional, 7.9 % de la población presentó carencia por calidad y espacios de la vivienda. Entre 2022 y 2024, el número de personas con esta carencia pasó de 11.7 a 10.3 millones de personas. En 2024, 5.8 millones de personas presentaron esta carencia en el ámbito urbano y 4.5 millones en el ámbito rural.

Entre 2022 y 2024, esta carencia disminuyó en 27 entidades federativas. Los estados con mayor reducción en la carencia por calidad y espacios de la vivienda fueron Quintana Roo (de 14.0 a 10.4 %), Nayarit (de 10.8 a 7.7 %) y Chiapas (de 22.1 a 19.0 %). En contraste, las entidades federativas con mayores aumentos de esta carencia fueron Baja California Sur (de 8.6 a 10.9 %), Colima (de 4.7 a 6.0 %) y Michoacán (de 10.3 a 11.1 %).

X. carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda

En 2024, a nivel nacional, 18.4 millones de personas presentaron carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda. Entre 2022 y 2024, el porcentaje de la población con esta carencia disminuyó de 17.8 a 14.1 por ciento. En 2024, en el ámbito urbano, 5.9 millones de personas presentaron esta carencia; en el rural, 12.5 millones.

4 De las 27 disminuciones, 16 fueron estadísticamente significativas.

5De las 28 reducciones, cinco fueron disminuciones estadísticamente significativas.

6Diferencias estadísticamente no significativas.

7De las 27 disminuciones, tres fueron estadísticamente significativas.

8De las entidades federativas listadas, solo Quintana Roo tuvo un cambio estadísticamente significativo.

Entre 2022 y 2024, en todas las entidades federativas —con excepción de Colima— se redujo la carencia por acceso a servicios básicos en la vivienda. Los estados con mayor disminución de dicha carencia fueron Quintana Roo (de 22.5 a 12.0 %), Tabasco (de 43.9 a 33.8 %) y Veracruz (de 37.4 a 28.5 %).

XI. carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad

En 2024, a nivel nacional, 14.4 % de la población presentó la carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. Entre 2022 y 2024, el número de personas con esta carencia pasó de 23.4 a 18.8 millones de personas. En 2024, 12.6 millones de personas presentaron esta carencia en el ámbito urbano, en comparación con 6.1 millones en el ámbito rural.

Entre 2022 y 2024, todas las entidades federativas —excepto Chihuahua— redujeron la carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. Los estados con mayores reducciones en el porcentaje de población que presentó esta carencia fueron Veracruz (de 21.6 a 14.2 %), Aguascalientes (de 15.6 a 8.7 %) y Tabasco (de 38.9 a 32.7 %).

XII. bienestar económico

En el espacio del bienestar económico se identifica a las personas cuyos ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades de forma mensual. Para la operacionalización de este indicador, se toman como base las Líneas de Pobreza por Ingresos (LPI) y las de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI), según ámbito rural y urbano.

En 2024, a nivel nacional, 46.0 millones de personas tenían un ingreso inferior a las LPI. Lo anterior significa que 35 de cada 100 personas en México no contaban con los recursos monetarios suficientes para adquirir los bienes y servicios para satisfacer sus necesidades (alimentarias y no alimentarias) al mes.

Entre 2022 y 2024, el porcentaje de la población con un ingreso inferior a las LPI (valor monetario de la canasta alimentaria más la canasta no alimentaria por persona al mes) se redujo de 43.5 a 35.4 por ciento. En términos absolutos, el cambio fue de 56.1 a 46.0 millones de personas.

En 2024, a nivel nacional, 12.1 millones de personas contaban con un ingreso inferior a las LPEI (valor monetario de la canasta alimentaria por persona al mes).

Entre 2022 y 2024, el porcentaje de la población que reportó un ingreso inferior a las LPEI pasó de 12.1 a 9.3 por ciento. Esto representó un cambio de 15.5 a 12.1 millones de personas que no pudieron adquirir los productos de la canasta alimentaria.

9 De las 31 disminuciones, 18 fueron estadísticamente significativas.

10 De las 31 disminuciones, 18 fueron estadísticamente significativas.

En el marco de la medición de la pobreza multidimensional 2024, la ENIGH permitió, por primera vez, la identificación de la población afrodescendiente en situación de pobreza, carencia y/o vulnerabilidad.

Como en su momento el CONEVAL, el INEGI hace del conocimiento público una nota técnica en la que se detallan los análisis que se realizaron a la ENIGH y los procedimientos que se llevaron a cabo para procurar la comparabilidad. Con lo anterior se aseguró la continuidad y consistencia de la medición. Asimismo, y con el fin de mantener la transparencia y la replicabilidad de la medición, el INEGI publica los programas de cálculo en Stata, R y Python. Finalmente, en seguimiento a los estándares de calidad que rigen al Instituto en el manejo de microdatos, se publican por primera vez errores estándar para todos los indicadores.

Las estimaciones de pobreza a nivel nacional, por entidad federativa y por grupos de población, además de infografías por entidad federativa, están disponibles en https://inegi.org.mx/desarrollosocial/pm/

Labor legislativa del Senado ha cambiado modelo económico y social del país: Ana Lilia Rivera

Señala que se han aprobado más de 50 reformas constitucionales para garantizar que el Estado ayude a los más vulnerables. 

Los trabajos legislativos que ha realizado el Senado de la República han sido trascendentes, pues las reformas aprobadas, en el fondo, cambiaron el modelo económico y crearon nuevos derechos sociales que no se construían desde 1917, aseguró la presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera. 

En entrevista, la Senadora destacó que han sido aprobadas más de 50 reformas a la Constitución Política, las cuales fueron trascendentes, ya que se garantizó por parte del Estado, la ayuda a los más vulnerables. 

Explicó que se aseguró el derecho a la pensión universal para adultos mayores, las becas a los jóvenes, así como el que niñas, niños y jóvenes con alguna discapacidad pudieran tener derecho a una pensión. 

Indicó que, hasta donde fue posible, también se avanzó en una reforma al Poder Judicial; además de que se logró que la paridad de género quedara plasmada en la Carta Magna, no solamente para cargos públicos de elección popular, sino para los cargos de la administración pública. 

De la misma forma, dijo, se avanzó en los derechos laborales, al declarar que en este país no puede sobrevivir la subcontratación ilegal; también se impulsó como nunca, el aumento de los salarios mínimos; y en materia hacendaria se garantizó que México hoy tenga el presupuesto más alto de su historia. 

Apuntó que se trabajó a favor de los derechos de los niños y las niñas, al reconocer que en este país existen los matrimonios forzados y que hay comunidades en los pueblos originarios donde hay usos y costumbres que no pueden estar por encima de los derechos humanos, por lo que “creamos leyes para sancionarlo, para castigarlo, y para erradicarlo”. 

Destacó que se avanzó, como nunca, en leyes para garantizar que las mujeres vivan una vida libre de violencia. 

Expresó que no sólo hubo una mejora en materia civil, penal, familiar, sino también en el ámbito electoral, ya que se logró aprobar la denominada “reforma constitucional 3 de 3”, mediante la cual se establece que ningún hombre que haya violentado física, sexual, emocionalmente a una mujer, o haya olvidado la responsabilidad que tiene de alimentar a sus hijos, pueda ser candidato a algún cargo público. 

Ana Lilia Rivera recordó que en materia ambiental, también hubo avances importantes, pues se reconoció que es una obligación del Estado el garantizar que los mexicanos tengan acceso a un ambiente libre de contaminación, además de que se generen leyes que impulsen las economías circulares, para que el reciclaje sea parte de las políticas públicas. 

Señaló que se garantizó la protección de los bienes biológicos y genéticos que habían sido durante muchos años parte de un inventario de negocios, ya que se logró que el maíz nativo fuera declarado en México como “Patrimonio Alimentario y Cultural de nuestro pueblo”. 

La Senadora subrayó que se aprobó la primera ley de alimentación adecuada y sostenible para nuestro país, “después de identificar que la pandemia dejó claro que México es un país con pandemias ocultas”. 

Recordó que en México la principal causa de muerte son enfermedades cardiovasculares, el exceso de sodio, de carbohidratos y la falta de ejercicio, se trata de padecimientos que “son largos, dolorosos y costosos para el Estado”. 

Agregó que las y los Senadores también avalaron una ley que garantiza a los mexicanos tener acceso a la justicia con menos burocracia, pues se aprobó que la resolución de los conflictos se pueda desarrollar de manera más sencilla y asequible para los ciudadanos. 

Hemos hecho un trabajo muy importante, pero sabemos que falta mucho, pues quedan pendientes, indicó. 

En este sentido, la legisladora refirió que aún se encuentra pendiente una reforma al Poder Judicial; otra en materia electoral; así como reformas a la ley de aguas; y a la ley agraria, “que son tan necesarias en este país”. 

Dijo que se buscará sacar la ley pendiente sobre la regulación del cannabis. “Es un tema que se ha discutido mucho y que se detuvo”. 

Señaló que es necesaria una Procuraduría Agraria “que realmente defienda los intereses de los campesinos y no se convierta en una institución que facilita el despojo”. 

También, apuntó, se debe garantizar a las mexicanas y a los mexicanos la estabilidad de la profesionalización de la Guardia Nacional. 

Afirmó que, en 38 sesiones, aprobaron más de 150 dictámenes, además de que “hemos sacado aproximadamente, más de 400 nombramientos”. 

Sin embargo, subrayó que hay nombramientos que faltan por hacer, por lo que las grandes discusiones para el próximo Periodo Ordinario de Sesiones que comienza en febrero, tendrán que ver sobre ellos.  

La legisladora destacó que es momento de abrir una gran discusión nacional sobre los órganos autónomos, analizar qué tanto le han servido a la sociedad, cuánto le cuestan al Erario Público y cuál es el beneficio para la generalidad del pueblo. 

Manifestó que se buscará trabajar en el diálogo para analizar los nombramientos de magistrados en salas locales, regionales y especiales electorales, porque tienen que salir antes de que llegue el proceso electoral. 

“Todavía nos faltan muchos pendientes, pero creo que estos seis años han sido muy importantes para la construcción de esta primera etapa de un proyecto que todavía tiene mucho por hacer”, puntualizó. 

Analizarán propuestas sobre derechos sociales y combate a la corrupción

● Proponen la creación de un Portal Digital de Difusión Anticorrupción.
● Proponen que El Carnaval de Chimalhuacán sea declarado patrimonio cultural.
● Impulsan perspectiva de género en procuración y administración de justicia
● Analizarán permuta de inmuebles entre Tenango del Valle y el IFREM

El Congreso recibió la propuesta de reforma a la Constitución Política Estatal para incluir el mandato para el estado de garantizar la entrega de becas o apoyos económicos o pensión no contributiva bajo los principios de universalidad, equidad y proporcionalidad, dirigidos principalmente a sectores en situación de vulnerabilidad y con el fin de terminar con el condicionamiento y exclusión en la entrega de estos beneficios por motivos políticos, ideológicos o clientelares.

Conforme a la propuesta, turnada a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y Desarrollo y Apoyo Social, el monto de los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos que corresponda para el fin señalado no podrá ser disminuido, en términos reales, respecto al asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior.

Van por un portal digital para hacer públicos actos de corrupción

El pleno remitió a dictamen la iniciativa de reforma a la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios que busca generar un Portal de Difusión Anticorrupción, como un sistema electrónico a cargo del Comité de Participación Ciudadana para recibir la información de las denuncias ciudadanas, así como la difusión pública de actos o hechos de corrupción que se presuman o puedan constituirse.

La iniciativa, que analizará la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Combate a la Corrupción, busca favorecer la participación ciudadana y proteger a las y los mexiquenses, por lo que crear un espacio digital donde los ciudadanos puedan señalar actos de corrupción y que estas puedan ser vinculadas con entes públicos fiscalizadores favorecerá el combate de estos hechos.

Impulsan perspectiva de género en procuración y administración de justicia

El Congreso local remitió a las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y para la Igualdad de Género la solicitud dirigida al presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura para que proponga criterios y medidas conducentes para eficientar la administración de justicia con perspectiva de género, y al titular de la Secretaría de Seguridad para que aplique los mecanismos necesarios para garantizar la prevención de delitos relacionados con violencia de género y asegurar la integridad física de las mujeres.

Asimismo, al titular de la Fiscalía General de Justicia a que, en la investigación y atención de delitos vinculados a la violencia de Género, se eviten conductas que constituyan discriminación y revictimización, desarrollando diligencias serias, imparciales, efectivas y orientadas a la obtención de la verdad con la debida perspectiva de género, y al titular de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos a que, a través del Instituto de la Defensoría Pública, se garantice el derecho a la defensa pública, el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica, con perspectiva de género.

Piden que Carnaval de Chimalhuacán sea declarado patrimonio cultural de Edomex

El Congreso local analizará la iniciativa para declarar El Carnaval de Chimalhuacán como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de México a fin de que se considere de interés público y social su conservación, respeto, promoción, fomento y salvaguarda.

Se busca también que el ejecutivo estatal, por conducto de la Secretaría de Cultura y Turismo, adopte las medidas que garanticen la viabilidad del Carnaval y en coordinación con organizaciones de la sociedad civil provea lo necesario para promocionarlo y preservarlo toda vez que es una tradición cercana a los 110 años que suele festejarse desde enero hasta la primera quincena de abril. La iniciativa será analizada por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Solicitan autorización para permutar inmueble en Tenango del Valle

La legislatura recibió la solicitud del ayuntamiento de Tenango del Valle para desincorporar un inmueble y permutarlo por una propiedad del Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM) en la cual fue construido un tanque elevado de agua potable para abastecer a la zona norte del municipio.

De acuerdo con la iniciativa, que será analizada por la Comisión de Patrimonio Estatal y Municipal, ambos predios cuentan con una dimensiones similares y en el caso de la propiedad de Tenango del Valle, que será permutada al IFREM, será necesario llevar a cabo supervisión arqueológica cuando se pretenda construir pues colinda con un área de monumentos arqueológicos.

La Cámara de Diputados organiza la conferencia Los derechos sociales en la consolidación de la Constitución mexicana

• Actualmente perduran y se fortalecen instituciones que son piedra angular de la democracia: Cervantes Gómez

En el marco del 106 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Diputados, a través de la Secretaría General, la Secretaría de Servicios Parlamentarios y el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarios (CEDIP), organizó de manera virtual la conferencia “Los derechos sociales en la consolidación de la Constitución mexicana”.

El doctor Juan Carlos Cervantes Gómez, director general del CEDIP, afirmó que hoy en día perduran y se fortalecen instituciones, principios rectores y órganos instituidos, que son piedra angular de la democracia, como la república, la división de poderes, el sistema federal o la supremacía constitucional entre otros; pero el que resalta es la justicia social.

Sin lugar a dudas, dijo, una de las grandes aportaciones que México ha hecho al resto del mundo es la inclusión de los derechos sociales en una ley fundamental, ya que los constituyentes supieron encauzar con éxito las reivindicaciones sociales emanadas de la Revolución mexicana.

La falta de libertades, el acceso a la tierra, seguridad social, reconocimiento de los derechos laborales y la falta de acceso a la educación, fueron el motor para que los derechos sociales tuvieran un reconocimiento y fueran el eje del nacimiento de un pionero constitucionalismo social, subrayó.

En su intervención, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), señaló que los programas sociales que han quedado en la Constitución se deben ver como una fórmula reglamentaria de difícil retracción que obliga a que sean permanentes y progresivos.

Se requiere, además, un sector social que tiene que ver con los derechos sociales del gremio de los trabajadores de la industria, de los servicios y del comercio, y no tiene que ver en su posición frente a la actividad diaria, cotidiana y laboral.

Mencionó que la Constitución fue producto de un movimiento armado que contenía muchos reclamos sociales, dichos de manera desarticulada y sin ningún rigor académico; simplemente era una gran expectativa que flotaba en el ambiente popular y que los constituyentes y la propuesta de Carranza supusieron captar para que quedaran sin importar su jerarquía, prácticamente inamovibles por muchísimos años.  

“Los derechos sociales están en la Constitución. Con todo y que se mueve despacio, por las razones políticas que hay en el país, ha ido creciendo la dimensión que contiene normas que van más allá de los derechos individuales”, concluyó.

El doctor Hugo Ítalo Morales Saldaña, presidente del Claustro de Doctores de la Facultad de Derecho de la UNAM, destacó que el Congreso Constituyente no se hubiera integrado sin la usurpación del poder por parte de Victoriano Huerta, y sin una revolución que motivó la presidencia de Francisco I. Madero.

Por eso estamos convocados para seguir los principios que nos ha animado el triunfo de la Revolución. “No sigamos principios doctrinarios, vamos a seguir los que implican nuestros deseos de que efectivamente impregne todos sus principios en una Constitución”, agregó.

Aclaró que, si esto implica una reglamentación, “hagamos una reglamentación, vamos a cambiar el principio tradicional, a crear principios más concretos en favor de los factores esenciales que animan a nuestro país, que son la agricultura y el trabajo”.