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viernes, 21 de agosto de 2026

CONADE se une a la conmemoración del 90 aniversario del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

  • El Dr. José Ramón Amieva y el Director Rommel Pacheco encabezaron el acto de celebración en las instalaciones del TFJA

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) se unió este jueves a la celebración del 90 aniversario del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que tiene por tarea contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho, al desarrollo del país y a la paz social.

La CONADE y su Director general Rommel Pacheco Marrufo otorgaron una placa conmemorativa en reconocimiento a su labor, trayectoria, cultura y compromiso de legalidad.



“Es un honor estar aquí y acompañarlos en esta ceremonia por estos 90 años que cumplen, muchas felicidades por todo el trabajo que hacen, que es fundamental para nuestro país”, expresó Rommel Pacheco.

“Nueve décadas se dicen fáciles, pero es un gran proceso y para nosotros es primordial que la CONADE trabaje con transparencia, cuidar los recursos públicos, garantizar la certeza institucional y actuar siempre dentro del marco jurídico porque fortalecer el deporte es también fortalecer las instituciones que los hacen posible”, agregó.


Por su parte, Dr. José Ramón Amieva Gálvez, Titular del Tribunal, agradeció el reconocimiento de la CONADE y externó que el hecho de continuar con el trabajo de legalidad y transparencia en beneficio de México.

“Así como existe la cultura física y el deporte, también existe la cultura de la paz y la transparencia, que es precisamente que instituciones, gobernados, federaciones y toda la sociedad y que tenemos una representación en la vida pública podamos tener bienestar, convivencia y de progreso fomentado por la Presidenta de México determinando la legalidad y validez de los actos para que el tema económico sea bien administrado, es un trabajo en conjunto”, aseguró.


Los titulares de ambas instituciones y el Magistrado de la Sala de Anticorrupción, Julio Sabines Chesterking develaron la placa en honor al 90 aniversario, en la que se lee:

“La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte se une a la conmemoración del 90 aniversario del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Este reconcomiendo destaca la importancia histórica de esta institución, así como su contribución al fortalecimiento del Estado de Derecho, la legalidad y el compromiso con México”.


Entre los invitados especiales en el acto figuraron el Presidente de la Liga Mexicana de Beisbol, Horacio De la Vega; así como los multimedallista centrocaribeños en Santo Domingo 2026, la nadadora artística Fernanda Arellano y el canoísta Daniel Ledesma.

La CONADE es parte de las instituciones que se han unido a esta celebración del TFJA como la Asociación Mexicana de Magistradas y Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa (AMTRIJA), Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, La Academia Mexicana de Derecho Fiscal, la Facultad de Derecho de la UNAM, la Sociedad de Autores y Compositores de México, Lotería Nacional, entre otras.

martes, 16 de junio de 2026

Sancionan a 39 personas servidoras públicas por cometer faltas graves y no graves


Conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) imponer las sanciones por faltas graves y a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, las faltas no graves.
 
En ese sentido, derivado de las acciones de investigación realizadas por la Unidad de Responsabilidades en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y los Órganos Internos de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la Secretaría de Educación Pública (SEP), en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el Banco del BIENESTAR S.N.C., I.B.D. (BABIEN), en la Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, S.A. de C.V. (ASIPONA Manzanillo) y en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en las que se obtuvieron las pruebas que demostraron infracciones graves, el TFJA impuso las siguientes sanciones:
 
CFE: Inhabilitación por 20 años a Roberto V., en CFE Distribución; a Alberto M., en el Laboratorio de Equipos y Materiales; y a José Q., en CFE Suministrador de Servicios Básicos; e inhabilitación por 10 años a Francisco D., en la Dirección Corporativa de Operaciones, y a todos ellos, sanción económica de manera solidaria por mil 192 millones 500 mil pesos, por contratar la adquisición e instalación de 82 mil optimizadores de tensión que no eran necesarios para la prestación del suministro eléctrico, en 2017.

IMSS: Inhabilitación por 10 años a José R., en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Puebla, por obtener un beneficio económico por 152 mil pesos por la venta de 182 guías del servicio de mensajería, en 2020.

Inhabilitación por 1 año a Guadalupe H., en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Celaya, Guanajuato, por exigir y obtener de forma ilícita y por motivo de sus funciones, un beneficio económico por 15 mil pesos, no comprendido en su remuneración, en 2020.

SEP: Inhabilitación por 10 años y sanción económica de 82 mil pesos a Francisco O., en el Tecnológico Nacional de México en Culiacán, Sinaloa, por recibir un doble pago, por plaza de estructura y por honorarios por la cantidad de 130 mil y 286 mil pesos, respectivamente, en 2021.

SHCP-INDAABIN: Inhabilitación por 8 años y sanción económica por 4.9 millones de pesos a Carlos M., en la Administración Región Golfo Centro, por realizar depósitos a su cuenta personal, por el mismo monto y no devolver un vehículo, en 2019.

BaBien: Inhabilitación por 10 años y sanción económica de 62 mil pesos a Esmeralda O., de la sucursal en Villahermosa, Tabasco, por realizar una conciliación en sucursal con información no verídica, en 2023.

Inhabilitación por 7 años y sanción económica por 50 mil pesos a Verónica G., de la sucursal en Ayoquezco de Aldama, Oaxaca, por realizar retiros, por el mismo importe, sin consentimiento de los titulares de las cuentas bancarias de 2020 a 2022.

Inhabilitación por 10 años y sanción económica por 22 mil pesos a Ana J., de la sucursal en Ayoquezco de Aldama, Oaxaca, por realizar retiros por un monto de 21 mil pesos, sin consentimiento de los titulares de las cuentas bancarias, de igual forma, la misma persona servidora pública fue inhabilitada por 8 meses y sanción económica por 15 mil pesos, por realizar retiros por el mismo monto de 2019 a 2022.

Asipona Manzanillo: Inhabilitación por 1 año a Saira H., en la Gerencia de Ingeniería; suspensión por 6 meses a Álvaro M., en la Gerencia General y a Noel M., en la Gerencia de Ingeniería; derivado de la autorización para el pago de una estimación por un importe de 10 millones de pesos, aún y cuando no se recibieron en tiempo dos insumos, en 2019.

SAT: Suspensión de 90 días a Rubén D., en la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo “2”, por emitir la determinación de un crédito fiscal por 205 millones de pesos por concepto de ISR, IVA, recargos y multas fuera de plazo, en 2018.

Suspensión de 30 días y sanción económica de 25 mil pesos a Carlos G., en la Administración de Recursos y Servicios en Celaya, Guanajuato, por celebrar un contrato por 200 mil pesos, sin contar con la autorización presupuestal, en 2019.

Suspensión por 30 días a Patricia C., en la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente en Campeche, por realizar la actualización de contraseña de los contribuyentes sin contar con el soporte documental requerido para el trámite, en 2020.

A través de la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos (PEMEX) y los Órganos Internos de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la Secretaría de Cultura (Cultura), en la Procuraduría Agraria (PA), en la Guardia Nacional (GN), en el Tren Maya S.A. de C.V. (Tren Maya), en la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en la Financiera para el Bienestar (FINABIEN), en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), y en el Instituto para Devolver al Pueblo lo robado (INDEP), impuso por faltas no graves las siguientes sanciones:
 
IMSS: Inhabilitación de 1 año a Vianet A., en la Unidad de Medicina Familiar de Tepic, Nayarit, por brindar un tratamiento inadecuado al diagnóstico de un menor, influyendo en su fallecimiento, en 2021.

Suspensión de 10 días a José B., en la Unidad de Medicina Familiar “33” en Culiacán, Sinaloa, por brindar un tratamiento inadecuado al diagnóstico de un paciente terminal en 2022.

Amonestación pública a Blas C., en el Hospital General Regional “58” en León, Guanajuato, por expedir incapacidad sin efectuar los registros correspondientes en 2023.

Amonestación pública a Rodolfo B., en Servicios Administrativos en Campeche, por no realizar dentro del plazo establecido el acta entrega al concluir su cargo en 2024.

Cultura: Inhabilitación por 6 meses a Alejandro R., en la Subsecretaría de Desarrollo Cultural, por no resguardar documentación de obra pública en 2023 y 2024.

PA: Inhabilitación por 3 meses a Armando J., en la Residencia de la Procuraduría Agraria en Tamazunchale, por agredir a un ciudadano en un núcleo agrario en 2023.

PEMEX: Suspensión de 30 días a Nishma R., en la Subgerencia de Confiabilidad de Equipos y Procesos, por no cumplir reiteradamente con el horario de su jornada laboral en 2025.

GN: Suspensión por 30 días a Enrique C., Jorge V., César T., Sujey G., Jovany H., José M. y Carlos G. todos ellos de la Jefatura General de Coordinación Policial; por proporcionar constancias de estudios carentes de validez en las evaluaciones de Permanencia y/o Transición de Licencia Oficial Colectiva para portación de armas de fuego en 2024.

Tren Maya: Suspensión por 15 días a Edilberto O., en la Coordinación General de Gestión de Infraestructura Ferroviaria, por incurrir en faltas de respeto hacia una compañera en 2024.

PROFECO: Suspensión por 15 días a Octavio S., en la Oficina de Defensa del Consumidor, por realizar una visita de verificación a una persona moral sin entregar la orden correspondiente en 2024.

CNBV: Suspensión por 15 días a Ernesto A., en la Vicepresidencia de Administración y Planeación Estratégica, por omisión en la formalización del acta entrega recepción del encargo en 2024.

FINABIEN: Suspensión por 15 días a Elsa R., en la Gerencia Estatal en Guerrero, por un faltante en caja detectado en un arqueo en 2024.

SAT: Suspensión de 15 días a Mónica P., en la Administración General de Servicios al Contribuyente, por no custodiar su usuario y contraseña de sistemas institucionales, lo que generó un uso indebido de los mismos en la generación de constancias de situación fiscal en 2022 y 2023.

ASA: Suspensión por 6 días a Sergio M., en la Estación de Combustibles México, por provocar un derrame de combustible de 2 mil 679 litros en 2025.

INDEP: Amonestación Pública a Araceli V., en Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación, por no realizar acta entrega al concluir su cargo en 2024.

Amonestación Pública a Julio T., en la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales por omisión en la formalización del acta entrega recepción del encargo en 2024.

Las sanciones se impusieron conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta.
 
Las personas sancionadas tienen derecho a impugnar, si lo hacen, esta Secretaría defenderá las resoluciones con la misma firmeza con que fueron dictadas: apegadas a derecho, respaldadas en evidencia y anteponiendo la protección de los derechos de las personas afectadas.
 
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, reafirma su compromiso para erradicar la corrupción en la vida pública y promover la ética, la honestidad, la integridad y el buen gobierno para fortalecer la confianza en las instituciones de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.

martes, 23 de julio de 2024

Comparecen ante Primera Comisión de la Permanente 28 aspirantes a magistraturas de salas regionales del TFJA

La Primera Comisión de la Permanente: Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, que preside el senador Navor Alberto Rojas Mancera (MORENA), se declaró en sesión permanente para realizar, en dos grupos, las comparecencias de las 28 personas designadas por el Ejecutivo Federal para ocupar las magistraturas vacantes de salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativas (TFJA).

Luego de las comparecencias, el senador Rojas Mancera informó que a través de los medios institucionales se indicará la fecha en la que se reanudará dicha sesión, con la finalidad de informar los resultados y desahogar el orden del día.

Grupo 1


La Diputada Adriana Bustamante Castellanos y los Senadores Navor Alberto Rojas Mancera y Rogelio Israel Zamora Guzmán, todos de MORENA, y vía remota el Diputado Ángel Benjamín Robles Montoya (PT) cuestionaron a los primeros 14 aspirantes.

Las personas comparecientes de este grupo fueron: Alejandra Martínez Martínez, Alejandro Paul Hernández Naranjo, Ana María Reyna Ángel, Beatriz Salgado Hernández, Berenice Martínez Mejía, Bricio Fernando Nava Aguilar, Claudia Elizabeth Cruz Martínez, Diana Berenice Hernández Vera, Federico Escutia Kobe, Graciela Vázquez Arellano, Guillermo Gabino Vázquez Robles, Jazmín Aquino Cruz, Juan José de la Garza Báez y Lawrence Salomé Flores Ayvar.

Las preguntas de los legisladores versaron principalmente sobre ¿cómo abatir el rezago y las controversias con las que cuentan actualmente las diferentes salas del Tribunal? ¿En materia ambiental, con qué herramientas se cuenta para hacerle frente al cambio climático y los desastres naturales, y de qué manera se aplicarían?

De igual forma, ¿cuáles son los requisitos con los que debe contar el justiciable, para que las salas regionales del Tribunal resuelvan sobre la inaplicación de una norma? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad que se identifican en el TFJA y cuál sería la pieza clave para solucionar esas necesidades?

Los legisladores interrogaron también respecto al juicio de lesividad y cómo puede ser utilizado para combatir la corrupción cuando afecte a un bien común. Con base en la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, ¿qué tipo de asuntos son del conocimiento del Tribunal y cuáles podrían ser sujetos de mediación y en su caso adquirir el carácter de cosa juzgada?

También, solicitaron respuesta de los contendientes si con la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias se puede garantizar a los ciudadanos el acceso a una justicia pronta y expedita.

Los comparecientes expusieron su experiencia y algunas de sus propuestas para mejorar el servicio dentro de las salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativas, entre las que se encuentra el compromiso de abatir el rezago existente que, afirmaron, está sujeto a las nuevas tecnologías y las medidas alternativas de impartición de justicia.

Se pronunciaron por conducirse con una estricta vocación de servicio en bien de la ciudadanía y en respeto al marco legal de la autoridad administrativa, a fin de lograr una impartición de justicia pronta y expedita. Precisaron que, en el combate a la corrupción, es necesario conducir primeramente con valores, pero en coordinación con todas las instituciones públicas.

Señalaron que la impartición de justicia es uno de los engranajes fundamentales de la democracia en el país y un contenedor de paz social, ya que sienta las bases del equilibrio que debe existir entre los derechos humanos de las personas, por resoluciones ilícitas y no justificadas de los gobernantes y por el interés público del Estado.

En este orden, estimaron que el TFJA no debe escatimar esfuerzos para contribuir a una justicia efectiva, cercana a quienes sirve y administran la justicia.

Grupo 2


Las personas comparecientes fueron: Lidia Margarita Roblero Hernández, Luisa Andrea López Ramírez, Manuel Eduardo Mendoza Jiménez, Marco Antonio Escobar Cuapio, María Gabriela Olguín Arellano, María Juana López Briones, María Orley Ortiz Ley, Miguel Ángel Chico Herrera, Pedro Zavala Pérez, Rodolfo Martínez Dagnino, Rosalía Álvarez Salazar, Samuel Mithzael Chávez Marroquín, Susana Mercado Alvarado y César Octavio Irigoyen Urdapilleta.

Las y los legisladores integrantes de la Primera Comisión de la Permanente las cuestionaron sobre derechos humanos, mejoras que podrían hacerse desde el Legislativo y su vocación de servicio.

El Diputado Leonel Godoy Rangel (MORENA) preguntó cómo es el procedimiento por el que las y los aspirantes imparten la justicia en defienden a los ciudadanos frente actos de autoridad, pero siempre revisando su legalidad y constitucionalidad y cuál sería la decisión que tomarían donde hubiera una disyuntiva entre la Constitución y un tratado internacional.

La Senadora del PVEM, Graciela Gaitán Díaz, pidió conocer el procedimiento de las salas regionales para hacer cumplir sus sentencias, así como saber si el plazo de 45 días para conceder resoluciones en la materia es suficientes o excesivo; además, qué elementos debe acreditar el actor al concurrir un juicio en materia de responsabilidad patrimonial del Estado.

La Diputada Marisol García Segura (MORENA) preguntó si las personas morales pueden ser titulares de derechos humanos, cómo garantizarían que su labor jurisdiccional observará los principios de legalidad, imparcialidad, respeto a los derechos humanos, certeza, honestidad y transparencia.

La Senadora Imelda Castro Castro (MORENA) interrogó por qué se consideran idóneos para ocupar los cargos de magistrados de este Tribunal.

La Diputada Yeidckol Polevnsky Gurwitz (MORENA) cuestionó sobre cuál es el papel que desempeña el TFJA en el sistema anticorrupción, en qué consisten el procedimiento de tipicidad en el procedimiento administrativo sancionador y el control difuso, así como el parámetro para su aplicación en materia administrativa.

El Senador José Narro Céspedes (MORENA) pidió conocer las propuestas y qué modificaciones se tienen que hacer para que este Tribunal mejore su acción pronta y expedita en la materia, además de ayudar en el combate a la corrupción.

Por su parte, las y los aspirantes consideraron que se requiere que haya más mujeres incorporadas a la impartición de justicia; además, que todos los fallos deben ser emitidos con apego a la legalidad, sin considerar el interés privado sobre el público o viceversa.

Consideraron adecuado el plazo de 45 días para emitir un fallo y resaltaron el papel de TFJA en el sistema de anticorrupción, pues se encargan de establecer las sanciones a servidoras o servidores públicos por la comisión de faltas graves.

Aseguraron que como juzgadores realizarán un estudio minucioso de los argumentos, así como las pruebas que cada una de las partes aporten. Sobre el control difuso refirieron que se requiere establecer una metodología para que el procedimiento se agilice y no se incumpla con las demandas.

Recordaron a las y los legisladores de la Primera Comisión de la Permanente que todo acto administrativo que realice este Tribunal debe estar fundado y motivado, como lo señala el artículo 16 de la Constitución.

miércoles, 25 de febrero de 2015

Aprueba comisión dictamen del sistema anticorrupción

MILENIO Ciudad de México La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que crea el Sistema Nacional Anticorrupción y que será llevado mañana al pleno para su discusión. El proyecto fue avalado con 24 votos a favor, una abstención y un voto en contra. En tanto, las reservas a este dictamen serán discutidas mañana en el pleno de la Cámara de Diputados donde se le dispensarán todos los trámites para iniciar su discusión y eventual aprobación. El dictamen de 165 cuartillas considera reformas a 14 artículos de la Constitución Política para dar origen a un Sistema Nacional Anticorrupción encabezado por un Comité Coordinador integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Anticorrupción, la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Instituto Federal de Acceso a la Información, con el mandato de diseñar políticas públicas en materia de fiscalización y rendición de cuentas, así como prevención de actos de corrupción. Entre los aspectos consensuados por las diversas fuerzas políticas destacan la ratificación del secretario de la Función Pública por parte del Senado; la facultad de la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar las participaciones federales de los estados, así como la ampliación a siete años de la prescripción de faltas administrativas graves. El proyecto prevé además sancionar los conflictos de interés de los servidores públicos y establece la posibilidad de aplicar la extinción de dominio sobre los bienes derivados de enriquecimiento ilícito. Una vez avaladas por el pleno de la Cámara de Diputados, la reforma anticorrupción deberá ser ratificada por el Senado de la República y la mayoría de las legislaturas locales, y el Congreso de la Unión contará con un plazo de un año para expedir las leyes secundarias correspondientes.