El primero exhorta a los tres niveles de gobierno a dar cumplimiento con lo dispuesto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de disminuir y erradicar la violencia hacia la mujer, así como al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, para que se refuerce la capacitación del personal que brinda atención.
El segundo contiene un llamado a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a sus homólogas de las 32 entidades federativas y municipios, con el propósito de que fortalezcan los servicios de apoyo psicológico, accesibles, gratuitos y confidenciales, para las personas integrantes de las corporaciones de seguridad pública.
El siguiente solicita al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación diseñar y promover estrategias y políticas focalizadas que aborden específicamente las necesidades de las víctimas de desplazamiento interno, con la finalidad de prevenir un trato desigual o discriminatorio.
El cuarto, avalado con modificaciones propuestas por la Comisión y por la Diputada Sue Ellen Bernal Bolnik (PRI), conmina a las secretarías de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana para que en coordinación con los poderes ejecutivos de las 32 entidades federativas, refuercen el diseño e implementación de las estrategias y programas encaminados a prevenir y erradicar el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, por parte de la delincuencia organizada y de grupos de autodefensa comunitaria, así como analizar la posibilidad de llevar a cabo acciones para garantizar el derecho de acceso a una vida libre de violencia, integridad personal, derecho a la vida, paz, supervivencia y desarrollo de la niñez.
El quinto dictamen exhorta a las fiscalías generales de Justicia y a los poderes judiciales de las 32 entidades federativas a judicializar las carpetas de investigación, así como garantizar una correcta impartición de justicia rigurosa y equitativa, aplicando con firmeza las sanciones establecidas en la ley para las personas que sean encontradas culpables del delito de feminicidio.
Otro más solicita que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con los gobiernos de los estados, el de la Ciudad de México, así como de los municipios del país, realice las acciones necesarias para llevar a cabo la actualización y/o creación de los Atlas de Riesgos de las 32 entidades federativas y sus municipios, así como a la Coordinación Nacional de Protección Civil, a efecto de implementar campañas de difusión masiva.
La siguiente proposición llama al Gobierno de la Ciudad de México a continuar desarrollando programas en beneficio de las personas en situación de calle.
El octavo dictamen exhorta a los congresos de las 32 entidades federativas a analizar y, en su caso, observar en sus respectivas legislaciones lo relacionado con el contenido del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular.
En otro punto de acuerdo avalado se pide a los gobiernos de las 32 entidades federativas, a través de sus mecanismos para el Adelanto de las Mujeres, y sus Sistemas Estatales de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres o sus equivalentes, difundir ampliamente en espacios públicos, medios oficiales, redes sociales y cualquier otra plataforma de comunicación disponible, información sobre los recursos de asistencia y apoyo a los que las mujeres y niñas pueden recurrir en situaciones de violencia.
El décimo dictamen, aprobado con cambios planteados por el diputado Benjamín Robles Montoya (PT), exhorta a la Secretaría de Gobernación, a través del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y a la Secretaría de Salud a fortalecer o, en su caso, establecer espacios de atención especializados para las personas de las diversidades LGBTIQ+ en todo el territorio nacional.
Para el mismo fin hace extensivo el llamado a los gobiernos locales de las 32 entidades federativas, con pleno respeto de la división de poderes.
El onceavo dictamen solicita a la Secretaría Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, que considere en todo momento las necesidades lingüísticas de las mujeres indígenas dentro del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres, así como del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.
Uno más, pide a las personas titulares del Poder Ejecutivo de las 32 entidades federativas, con pleno respeto a la división de poderes y la autonomía estatal, analizar la viabilidad jurídica y presupuestaria de fortalecer los modelos institucionales y de atención de las procuradurías estatales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, estableciéndolas como organismos públicos descentralizados de la Administración Pública Estatal con personalidad jurídica y patrimonio propios, y se les dote de recursos humanos, materiales y financieros para garantizar que funcionen de acuerdo con los contenidos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
La última proposición con punto de acuerdo pide a los congresos de las 32 entidades federativas establecer en sus leyes locales la definición de acoso escolar emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
