Cámara de Diputados declaró constitucional reforma para expedir ley general sobre feminicidio, tras el aval de 27 congresos locales

• El proyecto fue remitido al Senado para sus efectos constitucionales

La Cámara de Diputados emitió proyecto de declaratoria de aprobación de la reforma al artículo 73 de la Constitución Política, para facultar al Congreso de la Unión a expedir una ley general en materia de feminicidio, que contenga como mínimo los tipos penales y sus sanciones.

La Presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, dijo que una vez realizado el cómputo de votos aprobatorios de la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, se emite el siguiente proyecto de declaratoria:

“El Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, declara reformado el artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política, en materia de feminicidio. Se remite a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales”.

Previamente, la Secretaria de la Mesa Directiva, Diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal (PT) dio cuenta de la recepción y cómputo de 27 votos aprobatorios de las legislaturas de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México.

El documento, que derivó de una iniciativa presentada por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, faculta al Congreso de la Unión a expedir una ley general que establezca, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en materias de feminicidio.

El régimen transitorio señala que el Congreso de la Unión deberá expedir la legislación referida en el artículo 73, fracción XXI, inciso a), dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del mismo.

Además, las disposiciones legales de la Federación y de las entidades federativas en materia del delito de feminicidio continuarán vigentes hasta la entrada en vigor de la ley general que emita el Congreso de la Unión. En dicha ley se determinarán los plazos y condiciones para realizar las adecuaciones normativas correspondientes.

Emite la Cámara de Diputados declaratoria de constitucionalidad de reformas sobre igualdad sustantiva

* También incorporan en la Ley Suprema la perspectiva de género, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y los mecanismos tendientes a erradicar la brecha salarial

* La Mesa Directiva dio fe de la recepción de 21 votos aprobatorios de congresos locales. La declaratoria fue enviada al Senado de la República

La Cámara de Diputados emitió el proyecto de declaratoria de reforma y adición a los artículos 4º, 21, 41, 73, 116, 122 y 123 de la Constitución Política, en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y erradicación de la brecha salarial por razones de género.

En la sesión de este martes, la Diputada Dolores Padierna Luna (MORENA), en funciones de la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, expresó que una vez realizado el cómputo de votos aprobatorios de la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, se emite el siguiente proyecto de declaratoria:

“El Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y previa aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, declara reformados y adicionados los artículos 4º, 21, 41, 73, 116, 122 y 123 de la Constitución Política, en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y erradicación de la brecha salarial por razones de género. Se remite a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales”.

Previamente, la secretaria de la Mesa Directiva, Diputada Julieta Villalpando Riquelme (MORENA), informó que se recibieron 21 votos aprobatorios correspondientes a las legislaturas de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Hidalgo, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México.

Con las reformas y adiciones, el Estado garantizará el goce y ejercicio del derecho de igualdad sustantiva de las mujeres, y que toda persona tenga derecho a vivir una vida libre de violencias, por lo que el Estado tiene deberes reforzados de protección con las mujeres, adolescentes, niñas y niños.

Puntualiza que la actuación de las instituciones de seguridad pública también se regirá por el principio de perspectiva de género.

Los nombramientos de las personas titulares en la Administración Pública Federal del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas y municipios, deberán observar el principio de paridad de género. Las leyes determinarán las formas y modalidades que correspondan.

Menciona que las autoridades federales podrán conocer de las medidas u órdenes de protección que deriven de violencias de género en contra de las mujeres o de delitos del fuero común relacionados con las violencias de género contra las mujeres, en términos de las leyes correspondientes.

Además, las instituciones de procuración de justicia deberán contar con fiscalías especializadas de investigación de delitos relacionados con las violencias de género contra las mujeres, a efecto de proteger el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias.

Indica que a trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en cuenta sexo, género ni nacionalidad. Las leyes establecerán los mecanismos tendientes a reducir y erradicar la brecha salarial de género.

En los transitorias se establece que el Congreso de la Unión deberá armonizar el marco jurídico correspondiente a la materia para adecuarlo al contenido del presente decreto en un plazo que no excede de 90 días a partir de la entrada en vigor del mismo, debiendo incluir disposiciones que determinen los alcances y permitan dar cumplimiento gradual conforme a lo que se apruebe en los presupuestos de egresos correspondiente, así como las atribuciones y obligaciones necesarias para garantizar los derechos derivados del decreto.

En tanto, las entidades federativas deberán hacer lo propio en un plazo que no excederá de 180 días a partir de la entrada en vigor del mismo decreto.

Respalda Senado de la República proyecto para establecer un sistema de vivienda con orientación social

* El dictamen fue remitido a los congresos locales para su consideración

Por unanimidad, con 106 votos a favor, la Cámara de Senadores aprobó la reforma constitucional que establece un sistema de vivienda con orientación social para las trabajadoras y los trabajadores.

Los cambios al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permitirán el otorgamiento de créditos baratos y suficientes para la adquisición, mejora, obtención de suelo o construcción de vivienda.

La reforma constitucional dispone que la ley establezca los términos y condiciones para que las personas trabajadoras puedan acceder a las viviendas en arrendamiento social, así como al derecho de adquirirlas en propiedad.

Además, precisa que la mensualidad del arrendamiento social no pueda exceder el 30 por ciento del salario de las personas trabajadoras.

Alfonso Cepeda Salas, de MORENA, destacó que el proyecto beneficia a 55 millones de trabajadores, quienes podrán adquirir una casa, construir o remodelar una vivienda, con créditos accesibles y justos. Se trata, agregó, de una reforma con sentido humanista, que busca el bienestar familiar.

Miguel Márquez Márquez, del PAN, reconoció que esta reforma ayudará a resolver el déficit que se tiene en materia de vivienda, ya que las personas no sólo podrán adquirir créditos para la compra de vivienda, sino para construirla, además de que se ofrece un nuevo esquema de arrendamiento social.

En tanto, Mely Romero Celis, del PRI, reconoció que el dictamen sólo incluye a empleados formales y excluye a 50 por ciento de los trabajadores informales, por lo cual es necesario legislar para garantizar este derecho para todos.

Del PVEM, Virginia Marie Magaña Fonseca, dijo que el dictamen incorpora la figura de “arrendamiento social”, para que las personas trabajadoras puedan rentar y, posteriormente, adquirir una propiedad que les brinde seguridad y estabilidad.

Por el PT, Alejandro González Yáñez, expresó que la propuesta está encaminada a garantizar que la vivienda sea un derecho y no una mercancía, ya que busca resarcir el déficit, el abandono y el hacinamiento en el que viven millones de familias.

Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano, señaló que es necesario blindar la reforma con esquemas de transparencia y rendición de cuentas. Además, demandó la regularización de los trabajadores que laboran en el mercado informal.

En la discusión en lo particular, Carolina Viggiano Austria, Anabell Ávalos Zempoalteca, Miguel Ángel Riquelme Solís y Néstor Camarillo Medina, del PRI; así como Ivideliza Reyes Hernández, del PAN, presentaron reservas para modificar el dictamen, pero no fueron aceptadas por la asamblea, por lo que el proyecto fue aprobado en sus términos, con 103 votos a favor, y remitido a las legislaturas estatales.

La reforma que traslada la Guardia Nacional a la SEDENA ya es constitucional, declara la Cámara de Diputados

* La Mesa Directiva dio cuenta de la recepción de 26 votos aprobatorios de igual número de congresos locales

* El decreto fue enviado al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Tras contabilizar el voto aprobatorio de 26 congresos locales, la Cámara de Diputados declaró la constitucionalidad de las reformas a los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Carta Magna, en materia de Guardia Nacional.

En funciones de la presidencia de la Mesa Directiva, el Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna (MORENA), dijo que una vez realizado el cómputo de votos aprobatorios de la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México, se emite la siguiente declaratoria:

“El Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y previa aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México, declara reformados y adicionados los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución Política, en materia de Guardia Nacional. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales”.

Previamente, la Secretaria de la Mesa Directiva, Diputada Julieta Villalpando Riquelme (MORENA), dio cuenta de la recepción de una comunicación del Senado en torno al proyecto de declaratoria.

Informó al Pleno que se recibieron 26 votos aprobatorios de las legislaturas de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas, y de la Ciudad de México.

Indicó que “en virtud del cómputo realizado la Secretaría da fe de la recepción de 26 votos aprobatorios a la minuta al proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional. Se pide a todas y todos los presentes ponerse de pie”.

Entre lo reformado, se establece que la Federación contará con la Guardia Nacional, fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal militar con formación policial, dependiente de la Secretaría del ramo de Defensa Nacional (SEDENA), para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia.

Faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes que regulen y establezcan requisitos y límites para la participación del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en materia de seguridad interior y en tareas de apoyo a la seguridad pública.

En los artículos transitorios, se da un plazo de 180 días, contados a partir de la entrada en vigor del decreto, para que el Congreso de la Unión armonice el marco jurídico. Mientras tanto, la organización y funcionamiento de la Guardia Nacional continuará operando con apego a las disposiciones legales vigentes antes de la entrada en vigor del presente decreto.

Precisa que el Senado de la República, o en su caso la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se encargará de ratificar el nombramiento de los jefes superiores de la Guardia Nacional que proponga el presidente de la República.

Además, la persona titular de la Comandancia de la Guardia Nacional debe ostentar el grado de general de División de la Guardia Nacional en activo, y será designada por la persona titular de la Presidencia de la República, a propuesta de la persona titular de la Sedena.

En tanto no exista personal con formación de Guardia Nacional con la mencionada jerarquía, dicha designación recaerá en un general de División del Ejército, capacitado en materia de seguridad pública.

Respecto a las facultades del Ejecutivo Federal, éste podrá “disponer del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, en tareas de apoyo a la seguridad pública, en los términos que señale la ley”.

Los cambios constitucionales también estipulan que en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que “tenga previstas en esta Constitución y las leyes que de ella emanen”. Asimismo, que ningún extranjero podrá servir en la Fuerza Armada permanente, en tiempos de paz.

Destaca que el Ejecutivo Federal dispondrá lo conducente para que el personal procedente de la extinta Policía Federal cese de prestar sus servicios en la Guardia Nacional y quede adscrito a la Secretaría del ramo de Seguridad Pública, conservando sus derechos laborales adquiridos.

El personal que pertenezca a los organismos especializados podrá continuar prestando sus servicios en la Guardia Nacional de manera temporal, conforme a los convenios de colaboración que para tal efecto se formalicen entre las secretarías de la Defensa Nacional y de Seguridad y Protección Ciudadana.

Se transferirán a la SEDENA los recursos presupuestarios y financieros que correspondan para cubrir las erogaciones por concepto de servicios personales de la última plantilla general de plazas aprobada a la extinta Policía Federal y de confianza, así como los gastos de operación de la Guardia Nacional y los recursos materiales destinados a su operación, con excepción de aquellos requeridos para el personal que continuará, bajo la adscripción de la Secretaría del ramo de Seguridad Pública.

Se han recibido 20 notificaciones de congresos locales que ya aprobaron la “Ley 3 de 3 contra la violencia”: diputado Creel Miranda

• Encabezó una reunión con representantes de diversas asociaciones feministas promotoras de la reforma

El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, se reunió con representantes de diversas asociaciones feministas, quienes le solicitaron promover que la Comisión Permanente apruebe el próximo miércoles la declaratoria de la reforma constitucional conocida como “Ley 3 de 3 contra la violencia”.

Al respecto, el legislador informó que al día de hoy se han recibido 20 notificaciones de igual número de congresos locales que ya la aprobaron, y se espera que mañana se reciban otras, excepto los de aquellos que están en receso.

 Creel Miranda indicó que en este tema también existe el compromiso del presidente del Senado, Alejandro Armenta Mier. Los congresos que faltan por notificar son los de Sonora, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí, Nuevo León, Hidalgo, Oaxaca, Chiapas y Campeche. 

Previo al anuncio, el diputado presidente hizo tres reflexiones sobre la importancia de la declaratoria constitucional de dicha ley. La primera, dijo, esta reforma es constitucionalmente progresista, porque le da al corazón de la democracia en su avance para contener al poder arbitrario, por lo que resulta fundamental para los derechos humanos.

La segunda consideración, indicó Creel Miranda, es el significado político de la reunión, pues en medio de la enorme polarización del país las diversas asociaciones de mujeres logran un acuerdo a través del diálogo político.

Finalmente, la tercera reflexión giró en torno a la necesidad de destinar recursos para la implementación de la legislación, ya que, sin ello, “se verá severamente limitada”, porque en la actualidad el Ministerio Público tiene a su cargo 600 casos, además de que solo el 4.2 por ciento de ellos está abocado al tema de la violencia contra las mujeres. 

Intervención de legisladoras

La diputada Joanna Alejandra Felipe Torres dijo que están conscientes y comprometidas en que ningún servidor público que abusa de su poder, somete, acosa, viola y se desvincula de sus responsabilidades paternales, puede continuar siendo servidor público. “Una persona que realiza este tipo de actividades ilícitas es un delincuente, y a los delincuentes se les sanciona, no se les premia con más cargos públicos”. 

La diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz comentó que es necesario que en tiempo y forma se pueda allanar en la sesión de esta semana el anuncio formal de lo que implica la declaratoria constitucional de esta reforma, y después con los oficios que todas harán desde la trinchera que representan para que en la siguiente semana pueda, desde el Ejecutivo Federal, hacerse la publicación correspondiente.   

Del PRD, la diputada Elizabeth Pérez Valdez indicó que cuando personas violentadoras no llegan al poder o al servicio público, lo cierto es que el beneficio es para la sociedad, no en exclusiva para las mujeres. “Nosotras siempre decimos que las cosas de mujeres no son solo de mujeres, sino de la sociedad, y hoy se ve reflejado en esta iniciativa que ya tiene una realidad absoluta”. 

Amalia Dolores García Medina, diputada de MC, expresó que tuvieron que pasar 100 años para que esta iniciativa se convierta en ley y sea una obligación de los hombres el cumplir con sus hijos, y si bien, se ha avanzado en los derechos de las mujeres, con esta reforma se contribuye a que se instaure la ética en el servicio público y transformar el debate público. “Se habla de deudores alimentarios y violencia política en razón de género”. 

Por el PRI, la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo indicó que la “3 de 3” no es una cacería de brujas o brujos, “no se quiere venganza, sino justicia; es una oportunidad para que lleguen las y los mejores” a los cargos públicos. Añadió que ocho de cada 10 hijos separados no reciben una pensión alimenticia. “Hacemos un llamado a los congresos locales que faltan a que den ese paso por la tranquilidad, desarrollo y la paz del país”.

La diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo aplaudió las acciones de organizaciones y feministas para luchar y construir acciones a favor de las mujeres y hombres, “porque sabemos que cualquier ley, incluso la Constitución, puede utilizarse en contra y distorsionarse; la apuesta es hacer una sociedad más solidaria, ética y humana”. 

Por su parte, la senadora Kenia López Rabadán agradeció al diputado Santiago Creel por su tiempo y disposición para llevar a cabo esta reunión con las representantes de las asociaciones feministas. “Vamos hoy a hablar un grupo de mujeres; un grupo plural, incluyente y diverso”.

En la reunión participaron exdiputadas, representantes de grupos parlamentarios, integrantes de distintos colectivos y asociaciones feministas quienes manifestaron que es necesario la aprobación y publicación de esta reforma constitucional lo antes posible. 

Asimismo, dijeron que es inaceptable que se tengan agresores acusados de algún delito o sean deudores alimenticios en un cargo público y que, al cometer agresiones contra las mujeres, la política siga siendo un refugio para ellos y los casos se mantengan impunes. 

Cámara de Diputados recibe comunicaciones de dependencias federales y congresos locales

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en su sesión de hoy, envió a la Cámara de Diputados y a sus comisiones diversos oficios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dependencias federales, congresos locales y auditores especiales.

Se recibió del Tribunal Electoral oficio de notificación en relación con el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, relativo al expediente SUP JDC-111-2023. Se turnó a la Cámara de Diputados.

De la Procuraduría Fiscal de la Federación se remitió a la Cámara de Diputados oficio sobre el Informe del Segundo Semestre de 2022 de las operaciones a cargo del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

A la Comisión de Igualdad de Género se envió iniciativa del congreso del estado de Hidalgo, con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de matrimonio forzado. 

Se propone establecer en la legislación la prohibición explícita del matrimonio forzado de mujeres y niñas o de ser obligadas a establecer cualquier tipo de relación de carácter civil o personal, amparadas por usos, costumbres y tradiciones.

También, se conoció del auditor externo el Informe sobre el Ejercicio del Presupuesto de Gasto de Operación y Dictamen a los Estados Financieros del Fondo Mexicano del Petróleo y la Estabilización y el Desarrollo, correspondientes a los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2022.

Ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo y con base en el artículo 122 de la Ley Orgánica de los Estados Unidos Mexicanos. Fue remitida a la Comisión de Energía.

Además, se mandó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público un oficio del auditor externo respecto al Informe sobre el Ejercicio del Presupuesto de Gasto Corriente e Inversión Física y Dictamen a los Estados Financieros del Banco de México, correspondientes a los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2022, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley del Banco de México.