• En cuatro rondas de oradores, representantes de MORENA, PVEM y PT hablaron a favor; PAN, PRI y MC, en contra
En la discusión del dictamen en materia de prisión preventiva oficiosa, diputadas y diputados de MORENA, PAN, PVEM, PT, PRI y MC fijaron sus posturas a favor y en contra, en cuatro rondas de intervenciones, sobre la reforma al párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política.
Primera ronda
La Diputada Estela Carina Piceno Navarro (MORENA) expuso que los delitos que hoy se proponen integrar a la Carta Magna como la extorsión, contra la salud, posesión de narcóticos relacionados con el fentanilo y contrabando, ya se encuentran sancionados y son susceptibles de prisión preventiva, y con la reforma solo se enfatiza en qué delitos sí es aplicable la medida.
Por el PAN, la Diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, consideró que la reforma es contraria a los derechos humanos, al principio pro persona y al de presunción de inocencia; “es inconstitucional, inconvencional, regresiva, abusiva y constituye una pena anticipada, que mandará a la cárcel a personas a quienes no les ha probado un delito y afectará a los pobres y mujeres”.
Celia Ether Fonseca Galicia, Diputada del PVEM, lamentó que la extorsión pasó de ser un delito aislado a una práctica común, lo que pone en evidencia la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención, seguridad y justicia. “El dictamen representa una oportunidad para fortalecer las bases constitucionales, con el objetivo de dotar a las autoridades de herramientas jurídicas para hacerle frente de manera efectiva”.
A su vez, la Diputada Laura Hernández García (MC) destacó que ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa es un paso atrás en el compromiso con el respeto y cumplimiento de instrumentos internacionales de derechos humanos, y aplicarlo sin evaluar la peligrosidad y los riesgos procesales individuales vulnera el principio fundamental de presunción de inocencia y el derecho al debido proceso.
La Diputada Juana Acosta Trujillo (MORENA) dijo que el dictamen no solo busca ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, sino fortalece la capacidad para proteger a los ciudadanos y garantiza que aquellos que cometen delitos graves enfrenten las consecuencias de sus acciones de manera inmediata, debido a que es una herramienta para prevenir la comisión de nuevos delitos.
El Diputado del PAN, José Guillermo Anaya Llamas expresó que, de aprobarse la reforma, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos la echará atrás, pues tiene como fin encarcelar y después buscar pruebas, pues ya se han incumplido dos sentencias por violación al artículo 1° constitucional al no reconocer los derechos humanos y los tratados signados por México.
De MORENA, el Diputado José Alejandro Peña Villa detalló que la iniciativa amplía el catálogo de delitos para atender el narcomenudeo, la defraudación fiscal y combatir la extorsión, que este año ha registrado 50 mil casos, dando facultades para terminar con este cáncer que se ha ido agudizando. Se buscan condiciones para que se pueda sancionar a personas que actúen en perjuicio del pueblo.
Nadia Navarro Acevedo, Diputada del PRI, consideró que es un retroceso en materia de derechos humanos, pues “somos testigos de las lamentables consecuencias de reformas hechas al vapor y sobre las rodillas. La prisión preventiva oficiosa no va solucionar el problema de justicia. Buscaremos que los derechos sean respetados ante cualquier eventualidad de la que nadie está exento”.
A su vez, la Diputada Lilia Aguilar Gil (PT) subrayó que la reforma agrega delitos a la prisión preventiva, lo que abona a defender a los ciudadanos y víctimas que sufren de delitos como la extorsión, porque hoy hay cobro de piso. “No es para castigar empresarios sino para protegerlos, así como a comerciantes, ciudadanos, transportistas y a los pobres. Ya no más extorsión”.
El Diputado Luis Enrique García López (PAN) señaló que el dictamen viola el principio de presunción de inocencia, al establecer la privación de la libertad de forma automática y sin juicio; no agota las evaluaciones en materia penal como la idoneidad, proporcionalidad, racionalidad y temporalidad. “Contribuirá a una saturación del sistema penitenciario y al desvío de recursos económicos y materiales”.
Francisco Javier Estrada Domínguez, Diputado de MORENA, apuntó que con la reforma se combaten diversos delitos que lastiman a las y los mexicanos, y que ahora ameritarán prisión preventiva oficiosa, como es la extorsión, el narcomenudeo y las actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas. “Se manda un claro y duro mensaje a los delincuentes”.
De MC, la Diputada Patricia Mercado Castro dijo que extender la prisión preventiva oficiosa vulnera derechos humanos y el sistema de justicia adversarial; no se atacan las causas de la violencia criminal, sino las consecuencias y ofrece la prisión como castigo, en lugar de la reinserción como oportunidad. Se pronunció por impulsar un cambio en la política de drogas con la regulación del cannabis, y contar con una política efectiva de reinserción social.
Segunda ronda
La Diputada de MORENA, Sandra Anaya Villegas, sostuvo que la extorsión y las actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas son delitos de alto impacto que ponen en riesgo la integridad, paz y desarrollo de México, por lo que esta reforma busca darle elementos al Gobierno Federal para combatirlos de manera frontal, así como las estrategias el Ejecutivo.
César Israel Damián Retes, Diputado del PAN, mencionó que al ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa se busca meter a la cárcel a inocentes en lo que se averigua si son culpables o no, y se viola la presunción de inocencia, cuando se deben destinar los recursos suficientes y fortalecer las corporaciones policiacas. “No se garantiza ni seguridad ni justicia”.
El Diputado Antonio de Jesús Ramírez Ramos (PVEM) comentó que el sistema de justicia no es perfecto y que por ello se deben hacer ajustes para evitar que los presuntos criminales evadan la justicia durante el proceso penal para proteger a la víctima y garantizar la reparación del daño. “La reforma no está pensada desde la injusticia sino para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía”.
Por MC, el Diputado Rodrigo Ramos Enríquez afirmó que esta clase de reformas son inconvencionales y eso está claro en cualquier tratado internacional. Recordó que en 2018 se aprobó ampliar la prisión preventiva oficiosa y se decía que a los cinco años se iban a revisar sus resultados, pero no hay ningún informe, el cual es necesario para ver si la medida funciona o no y, a partir de ello, legislar.
La Diputada de MORENA, Alma Rosa De la Vega Vargas, puntualizó que la reforma es histórica debido a que impacta la vida de millones de mexicanas y mexicanos. “Aunque en la Constitución se establece un periodo de dos años como máximo de la prisión preventiva oficiosa, de acuerdo con datos del Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales dos de cada diez personas esperan más tiempo para obtener sentencia”.
Theodoros Kalionchiz De la Fuente, Diputado del PAN, aseveró que la prisión preventiva afectará a personas en situación de vulnerabilidad económica, las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, y afectará a los empresarios porque no habrá inversión ni empleo formal “y de la mano crecerá la delincuencia”.
El Diputado de MORENA, Julio César Moreno Rivera, expuso que se plantea agregar al catálogo de delitos graves la extorsión y el narcomenudeo, ilícitos que son un flagelo que afecta cada calle, colonia y hogar e incluso lo padecen los gobiernos municipales y estatales y las alcaldías de la Ciudad de México, ya que estas conductas están impunes.
Al fijar su posición, la Diputada Laura Ivonne Ruíz Moreno (PRI) advirtió que la reforma compromete los derechos fundamentales de los ciudadanos y la justicia, pues la prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar extrema que debe aplicarse solo en circunstancias extraordinarias y convertirla en un mandato para una lista creciente de delitos significa ignorar el principio de presunción de inocencia.
La Diputada Olga Lidia Herrera Natividad (PT) dijo que el dictamen es resultado de un trabajo arduo para combatir con mayor efectividad los delitos que han presentado alta incidencia en los últimos años, y es parteaguas para brindar una herramienta procesal penal. “Su aprobación es un paso hacia la construcción de un país más seguro y justo”.
Por MC, el Diputado Juan Ignacio Samperio Montaño recordó que la prisión preventiva oficiosa en México se ha convertido en un cimiento del sistema penal y merece una reflexión profunda y urgente, cuando fue concebida como una herramienta jurídica para proteger a la sociedad de aquellos que cometen delitos graves, y afecta a la clase más desprotegida porque no puede acceder a una defensa adecuada.
La Diputada Dolores Padierna Luna (MORENA) detalló que en 2008 se creó el concepto de prisión preventiva oficiosa; con ello, toda carga de la prueba recae en el Ministerio Público y el juez analiza la carpeta y determina lo establecido en la Constitución ante riesgo de fuga, amenaza a la víctima y destrucción de pruebas. “Esta figura ya existía con el nombre de delitos sin derecho de fianza, y las adecuaciones permitirán atender ilícitos que generan inseguridad pública”.
Marcelo de Jesús Torres Cofiño, Diputado del PAN, precisó que el dictamen representa una amenaza a la libertad y a la justicia, lo cual “es suficiente para que, ante un señalamiento sin pruebas y sin juicio, envíen a los ciudadanos a la cárcel limitando su derecho a la defensa. Agregar la defraudación fiscal puede resultar en un uso indebido y limitar la posibilidad de interponer mecanismos como el amparo”.
Tercera
rondaLa Diputada María Rosete, de MORENA, puntualizó que con la reforma se busca que extorsionadores no encuentren salidas fáciles y paguen por el daño que hacen a la comunidad, y que cada persona en México se sienta protegida al salir a la calle. “Es necesario que este delito, junto con el narcomenudeo, sean considerados en la Constitución como delitos que ameriten la prisión preventiva oficiosa”.
A su vez, la Diputada Laura Cristina Márquez Alcalá (PAN) se manifestó por un sistema de justicia que funcione y el delincuente vaya a la cárcel y el inocente y las víctimas tengan sus derechos resguardados, y un sistema donde todas y todos “podamos ejercer nuestros derechos con libertad, responsabilidad y sin tenerle miedo a la persecución política del régimen. La eficacia de la norma es fundamental. No se debe reformar la Constitución a contentillo”.
Del PVEM, la Diputada María Luisa Mendoza Mondragón resaltó la necesidad de que el Estado mantenga y refuerce las medidas legales para proteger a la ciudadanía, por lo que la prisión preventiva oficiosa en casos excepcionales y delitos graves debe actuar como una herramienta para garantizar que aquellos que representan un peligro para la sociedad no queden en libertad.
El Diputado Sergio Gil Rullán (MC) consideró vergonzoso estar discutiendo el cómo meter más gente a la cárcel, que no tiene recursos para pagar abogados, en vez de darle certeza a las 230 mil personas que están en prisión sin juicio y sin sentencia, para recuperar la reconstrucción social, la paz y la justicia.
La Diputada Gabriela Valdepeñas González (MORENA) señaló que la reforma obedece a circunstancias que vive el país y pretende incluir a la extorsión, la defraudación fiscal y el narcomenudeo, lo cual tiene respaldo popular y absoluto combatiendo a los delincuentes de cuello blanco. “El dictamen es parte de las políticas integrales que tienen como eje abatir la inseguridad pública”.
Alan Sahir Márquez Becerra, Diputado del PAN, se pronunció por defender el derecho de cada mexicana y mexicano a ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario. “Decimos no a este dictamen que busca ampliar la prisión preventiva oficiosa y que podría llevar a cualquier ciudadano a la cárcel sin pruebas y solo por una acusación muchas veces infundada”.
En tanto, el Diputado Javier Taja Ramírez (MORENA) aclaró que la reforma no busca la represión indiscriminada sino la justicia efectiva; trata de fortalecer el marco jurídico y dotarlo de las herramientas necesarias para combatir delitos de alta incidencia y consecuencias sociales devastadoras. “La prisión preventiva oficiosa es elemento de protección a las víctimas y para garantizar la seguridad pública”.
Por el PRI, el Diputado Luis Gerardo Sánchez Sánchez subrayó que su grupo parlamentario no está en contra de que se castiguen los delitos, sino de la forma en la que se pretende a través de la prisión preventiva oficiosa, cuando es crucial una regulación clara y específica para evitar abusos y garantizar la justicia. “Esta ambigüedad tendrá consecuencias graves”.
La Diputada del PT, Vanessa López Carrillo, puntualizó que la reforma al artículo 19 constitucional fortalecerá las capacidades del Estado para combatir de manera más eficaz delitos graves como la extorsión, el cual lacera al pueblo y lo tiene de rodillas y con miedo, ya que en cualquier momento los delincuentes irrumpen en su hogar para cobrar el derecho de piso.
Anayeli Muñoz Moreno, Diputada de MC, calificó como aberrante la reforma que amplía el catálogo de delitos porque afectará de forma diferenciada a las mujeres. No es una respuesta a la inseguridad. Estamos en contra y se necesita seguir planteando propuestas al sistema penal y esta no es la respuesta correcta a lo que México necesita”.
El Diputado Luis Humberto Fernández Fuentes (MORENA) dijo que la prisión preventiva oficiosa es ir contra los extorsionadores y narcotraficantes para evitar que salgan inmediatamente de la cárcel y dañen a las comunidades y para lograrlo se requiere dotar de herramientas al Estado. “Ir en contra de este dictamen es ser funcional a la delincuencia”.
Por el PAN, el Diputado Paulo Gonzalo Martínez López aseguró que se pretende aprobar una reforma en contra de los derechos humanos ampliando el catálogo de delitos para la prisión preventiva oficiosa. “Afectará de manera directa a mujeres, madres de familia, jóvenes y personas de escasos recursos que por delitos menores quedarán atrapados en un sistema que criminaliza la pobreza”.
Cuarta ronda
La Diputada Julieta Kristal Vences Valencia (MORENA) indicó que la inclusión de delitos en el catálogo que ameritan prisión preventiva oficiosa es una reforma integral y forma parte de las acciones de su partido para beneficiar a las y a los mexicanos, a los más pobres y a las mujeres del país.
Ricardo Astudillo Suárez, Diputado del PVEM, resaltó que la extorsión es un recurso muy atractivo para el crimen organizado y la reforma es una medida urgente y necesaria para que este delito amerite prisión preventiva oficiosa, lo que permitirá enfrentar la justicia sin la posibilidad de evadirla. El cambio constitucional fortalece el sistema de justica y es un paso firme hacia la seguridad y la justicia.
Por MC, la Diputada Patricia Flores Elizondo mencionó que la prisión preventiva oficiosa no es otra cosa que una detención sin juicio y aunque esta medida es obligatoria para ciertos delitos se debe encontrar equilibrio entre el respeto de los derechos y la necesidad de seguridad. Propuso que cada peso de los impuestos invertidos en encarcelaciones se dirija a la prevención de la delincuencia y a atender las causas que la originan.
La Diputada Jazmín Yaneli Villanueva Moo (MORENA) señaló que el dictamen ayudará a castigar la extorsión y el narcotráfico con una perspectiva más completa, lo que asegura mayor respeto a la dignidad de las personas afectadas y promueve un sistema judicial imparcial y equitativo.
El Diputado César Augusto Rendón García (PAN) consideró que la prisión preventiva oficiosa no es la ruta, pues inventar un delito de extorsión a una persona es de lo más fácil y, con ello, sólo se logrará un Estado policiaco que mañana perseguirá a las y a los mexicanos. “Pedimos enfocarnos a combatir al crimen, invertirle a la prevención, a una policía civil”.
José Narro Céspedes, Diputado de MORENA, destacó que en México se deben tomar medidas en el tema del fentanilo, actuar en consecuencia y resolver los problemas de inseguridad. Los alcances de la reforma representan una lucha contra la impunidad y el mejoramiento de la justicia. “Estamos a favor de la ampliación del catálogo”.
El Diputado Noel Chávez Velázquez (PRI) subrayó que la prisión preventiva oficiosa no es una herramienta de procuración de justicia ni una medida cautelar, sino un mecanismo que castiga la pobreza y lejos de promover una investigación sólida y eficaz, la debilita, pues con ella el Ministerio Público no necesita probar la existencia de un delito; basta con acusar a una persona.
La Diputada Greycy Marian Durán Alarcón (PT) destacó que la prisión preventiva juega un papel importante al evitar riesgos mayores para la sociedad, ya que en muchas ocasiones delincuentes peligrosos aprovechan la libertad para evadir la justicia. Aseguró que la reforma ofrecerá a las autoridades un mecanismo inmediato para actuar y ayudará a disminuir la percepción de impunidad en la sociedad.
De MC, el Diputado Francisco Javier Farias Bailon indicó que la prisión preventiva oficiosa es una práctica condenada en todo el mundo por ser violatoria de los derechos humanos e incluso existen sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que señalan a México. “Sabemos que esta reforma es un atentado en contra de los derechos humanos y, por eso, nuestro voto será en contra”.
Juan Hugo De la Rosa García, Diputado de MORENA, puntualizó que la Corte Interamericana no declaró inconvencional la prisión preventiva sino que encontró responsable a México en dos sentencias de 2022 por la falta de motivación en las decisiones judiciales. “Con el dictamen respondemos a las necesidades de la gente y cerramos filas para recuperar la seguridad de la gente, sin odios ni mentiras, con inteligencia, investigación y prevención”.
El Diputado Federico Döring Casar (PAN) expuso que con esta figura se establece una injusticia mayor con las mujeres, ya que el 81.2 por ciento fueron acusadas falsamente a través de la prisión preventiva oficiosa; en el caso de los hombres es del 73.9 por ciento y tres de cada diez personas en prisión tienen que esperar más de dos años para recibir sentencia.
