miércoles, 14 de diciembre de 2022

Aprueba Comisión dos dictámenes en materia de opciones educativas, aprendizaje digital y educación inicial

 

La Comisión de Educación, que preside la diputada Flora Tania Cruz Santos (MORENA), aprobó por 34 votos dos dictámenes a iniciativas que reforman la Ley General de Educación, en materias de opciones educativas, aprendizaje digital y educación inicial.

El primero tiene como fin establecer en el marco legal que se fomentarán diversas modalidades para dar opciones educativas presencial, en línea o virtual, abierta y a distancia, así como certificación por examen.

Añade que las autoridades educativas podrán ofrecer la educación media superior abierta, virtual o en línea. Asimismo, se fomentarán programas que garanticen el uso de las tecnologías de la información, además de garantizar la plena inclusión de niñas, niños y jóvenes en la sociedad digital.

Agrega que los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por el Estado y los particulares con autorización, deberán cumplir con los requisitos de higiene e infraestructura digital.

En sus transitorios menciona que las autoridades educativas contarán con un plazo de 180 días hábiles a la entrada en vigor del decreto para emitir los lineamientos para conceptualizar y definir las opciones educativas para los diferentes tipos, niveles y modalidades previstas en la Ley General de Educación.

De igual forma, que las obligaciones que se generan con motivo de la entrada en vigor de este decreto se sujetarán a la disponibilidad presupuestaria de los ejecutores del gasto responsables para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes, por lo que no se autorizarán recursos adicionales.

El segundo dictamen aprobado es el referente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6 de la Ley General de Educación, a fin de incluir la educación inicial.

También incluye un segundo transitorio que establece que las obligaciones que se generan con la entrada en vigor de este decreto se sujetarán a la disponibilidad presupuestaria de los ejecutores del gasto responsables para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes, por lo que no se autorizarán recursos adicionales.

El documento resalta la importancia de la educación inicial en el desarrollo de la capacidad de aprendizaje de los niños y, a la par, lograr la igualdad de oportunidades para su ingreso y permanencia en los siguientes niveles educativos básicos.

Indica que es oportuna esta iniciativa porque tiene como objetivo brindar certeza para ejercer el derecho a la educación inicial, así como establecer el deber de las madres, los padres o tutores, para que sus hijos o pupilos reciban este tipo de instrucción.

Validan dictámenes con puntos de acuerdo

Los integrantes de la Comisión también aprobaron, en un solo acto, un total de cuatro dictámenes con puntos de acuerdo -con 33 votos a favor- en materia de educación pública.

El primero de ellos exhorta a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) a implementar como parte de los planes y programas de estudio de la educación básica la instrucción de la Lengua de Señas Mexicana

El segundo pide a la SEP y a sus homólogas en las entidades federativas reforzar acciones de cuidado del medio ambiente. El propósito es que la comunidad escolar evite usar materiales no biodegradables para forrar los útiles escolares.

Respecto del tercero, se exhorta a las autoridades educativas a supervisar el envío a las entidades federativas, en formatos accesibles, de los libros de texto gratuitos.

El último pide a las autoridades de la SEP y de Jalisco, desarrollar e implementar medidas para erradicar el abandono escolar, fortalecer la regularización del alumnado, establecer espacios seguros y eliminar el acoso, la violencia en las aulas, así como promover el desarrollo de las escuelas verdes.

Asuntos generales

A petición de la diputada Sayonara Vargas Rodríguez (PRI) se renovó el tema sobre los asesores técnicos pedagógicos, mejor conocidos como ATP, para actualizar su situación profesional.

La diputada Olga Luz Espinosa Morales (PRD) pidió la presencia de la titular de las Universidades del Bienestar, a fin de que explique los servicios que otorgan esos planteles.

Por su parte, la diputada Shirley Guadalupe Vázquez Romero (PT) pidió avanzar en los temas que quedaron pendientes este año, por ejemplo, el programa "La Escuela es Nuestra".

La legisladora Mónica Herrera Villavicencio (MORENA) pidió el respaldo de sus compañeros para apoyar una iniciativa que entregó en la víspera.

El diputado Román Cifuentes Negrete (PAN) consideró de importancia realizar visitas a los planteles de las Universidades del Bienestar e impulsar las plazas laborales de las personas que integran la plantilla de profesores.

La presidenta de la Comisión anunció que entregó a la Junta de Coordinación Política a el informe de actividades de esta instancia de la Cámara de Diputados.

Cámara de Diputados aprobó acuerdo para la designación del Comité Técnico de Evaluación y convocatoria de elección de consejeras y consejeros del INE

 

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con 449 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, un acuerdo relativo al proceso para la designación del Comité Técnico de Evaluación, la convocatoria para la elección de consejeras y consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y de sus criterios específicos de evaluación.

El acuerdo señala que para llevar cabo el proceso para la designación del Comité Técnico de Evaluación, se remitirán oficios por parte de la presidencia de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y por lo que respecta a la Jucopo, conforme a sus normas internas, acordará la designación de tres personas para la integración de las siete personas que conformarán al Comité Técnico de Evaluación.

Precisa que los integrantes de dicho Comité deberán ser personas de reconocido prestigio y que no hayan sido postuladas o ejerzan algún cargo de elección popular o hayan desempeñado cargos de dirección en partidos políticos nacionales o locales y en agrupaciones políticas nacionales o locales, en todos los casos, en los últimos cuatro años previos a la designación a la que se refiere la presente convocatoria.

Indica que la fecha límite para recibir las designaciones de los dos órganos constitucionales autónomos será el 21 de diciembre de 2022.

También, con el acuerdo se aprueba la convocatoria pública para el proceso de elección de las personas aspirantes que ocuparán cuatro cargos de Consejeras y Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para el período del 4 de abril de 2023 al 3 de abril de 2032, las etapas completas para el procedimiento, sus fechas límites y plazos improrrogables.

Establece el procedimiento de elección de las personas aspirantes que ocuparán los cargos de consejeras y consejeros electorales del Consejo General del INE, el cual se desarrollará en las etapas siguientes: primero, el registro de las y los aspirantes quienes deberán cumplir y acreditar de manera debida, fehaciente y oportuna los requisitos y dentro del plazo comprendido del 9 de enero de 2023 al 20 de enero del 2023, podrán entregar su documentación de manera digital en el micrositio, convocatoriaine2023.diputados.gob.mx .

En la segunda etapa, de la evaluación de las y los aspirantes, el Comité Técnico analizará la documentación presentada por las personas aspirantes con objeto de evaluar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales; evaluar la idoneidad para ocupar el cargo de consejera o consejero. Detalla los criterios específicos con los que se evaluará a las personas aspirantes, la primera fase será la revisión de cumplimiento de requisitos constitucionales y legales; en la segunda fase, la evaluación de conocimientos; la tercera, la evaluación específica de la idoneidad y la cuarta fase es la entrevista con las personas aspirantes.

La tercera etapa abarcará la selección de las y los aspirantes que integrarán las listas que se remitirán a la Junta de Coordinación Política. Mientras que la etapa cuarta, será la elección de las consejeras y consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

El tercer resolutivo del acuerdo establece que una vez recibidas en la Jucopo las listas de las personas aspirantes por cada cargo a definir, concluirán las funciones del Comité Técnico de Evaluación. Toda la información que obre en su poder será remitida debidamente a la Junta para su resguardo. El Comité Técnico de Evaluación remitirá a la Jucopo toda documentación recibida y generada, asimismo un informe sobre el desarrollo de sus funciones dentro de los 15 días posteriores a que se reciban las listas señaladas.

Las acciones previstas en el presente Acuerdo se llevarán a cabo en las fechas que se indican a continuación: Máxima difusión de la convocatoria, a partir de su publicación; inscripción y registro de aspirantes, del 9 al 20 de enero de 2023; evaluación de las personas aspirantes, a partir del 23 de enero; remisión por parte del Comité Técnico de Evaluación de las listas de aspirantes a la Junta de Coordinación Política, 22 de marzo; remisión a la Mesa Directiva de las propuestas de las y los aspirantes por parte de la Jucopo, 27 de marzo; votación por el Pleno de la Cámara de Diputados 28 de marzo de 2023.

Además, en su caso, insaculación por el Pleno de la Cámara de Diputados, el 30 de marzo; y, en su caso, remisión de las listas al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la insaculación por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 3 de abril de 2023.

El documento aclara que lo no previsto en el presente Acuerdo y cualquier modificación o interpretación necesaria para cumplir su objetivo, será resuelto por la Jucopo.

Se instruye a la Secretaría General, a la Coordinación de Comunicación Social y al Canal del Congreso, a dar la mayor difusión y publicidad a la presente Convocatoria y a la unidad competente de la Cámara de Diputados a brindar el apoyo jurídico que requiera el Comité Técnico de Evaluación.

Para garantizar la máxima publicidad de la información que se genere en el proceso a que se refiere la presente Convocatoria, habrá un micrositio con propósito específico en la página electrónica de la Cámara de Diputados, en adición a la realización de prácticas de máxima publicidad y parlamento abierto que permitan transmitir en vivo y difundir las sesiones que determine el Comité Técnico de Evaluación por el Canal del Congreso, medios electrónicos y digitales, plataformas tecnológicas y cualquier otra vía que la Junta de Coordinación Política determine.

La instalación del Comité Técnico de Evaluación, se deberá realizarse entre el 22 de diciembre de 2022 y el 6 de enero de 2023.

Cierre sesión presencial

La presidencia de la Mesa Directiva, a cargo del diputado Santiago Creel Miranda, informó que, en términos de lo dispuesto por el artículo 100 numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

Enseguida, levantó la sesión presencial y solicitó a la Asamblea permanecer en el salón de sesiones para llevar a cabo la Sesión Ordinaria, en modalidad semipresencial, en diez minutos.

Diputadas y diputados fijan posicionamientos sobre el dictamen de la Cuenta Pública 2020

 

En la sesión semipresencial de este martes, diputadas y diputados de MORENA, PAN, PRI, PVEM, PT, MC y PRD fijaron sus posicionamientos sobre el dictamen relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020.

Tenemos finanzas públicas sanas

La diputada Aleida Alavez Ruiz (MORENA) afirmó que con responsabilidad y de cara a la nación acuden al escrutinio sobre el uso de los recursos públicos. Agregó que la Cuenta Pública 2020 es una rendición de cuentas que concluye un ciclo presupuestario y la radiografía del impacto severo que representó a las finanzas la pandemia de 2019.

“Nos hacemos cargo de haber sorteado, como se hizo, esta crisis que nos permite tener finanzas públicas sanas, recuperación de los fondos de contención y una moneda fuerte”, puntualizó.

El segundo año de ejercicio bajo el sello de la corrupción

Del PAN, el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández dijo que Acción Nacional anuncia su voto en contra del segundo año de ejercicio de Gobierno Federal por estar bajo el sello de la corrupción. Consideró lamentable que instituciones como el INSABI, IMSS, ISSSTE y la Secretaría de Salud, tuvieron desvíos de recursos por más de tres mil 500 millones de pesos.

“En el año más lamentable y crítico de la pandemia el Gobierno se dedicó a lucrar con la enfermedad de los mexicanos y hay tres mil 500 millones de pesos bajo observación por la compra de ventiladores, mascarillas, guantes y uniformes”, afirmó.

Los recursos se deben ejercer con responsabilidad y transparencia

El diputado Miguel Sámano Peralta (PRI) refirió que su grupo parlamentario votará en contra ya que considera que los recursos públicos se deben ejercer con responsabilidad, transparencia y visión de Estado, así como pensar siempre en el progreso del país y bajo una perspectiva incluyente, federalista y democrática.

Agregó que los resultados de la Cuenta Pública 2020 llaman a una reflexión profunda sobre el ejercicio del gasto público con base en la información generada por la fiscalización superior y los resultados arrojados por las más de mil 616 auditorías practicadas. En este sentido, agregó, es relevante que para ese año se haya compensado la caída de los ingresos públicos mediante el uso de 204 mil millones de pesos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios.

Contiene una revisión puntual y objetiva

En su turno, el diputado Luis Alberto Martínez Bravo (PVEM) comentó que el dictamen de la Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2020 contiene una revisión puntual y objetiva, así como un estudio exhaustivo que integra las conclusiones y recomendaciones que se realizan a los diferentes ejecutores del gasto público.

Señaló que la ejecución del gasto público para el ejercicio 2020 fue complicado para el país, toda vez que se tuvo que enfrentar a una crisis sanitaria; sin embargo, la administración actuó de manera oportuna. Reiteró su compromiso por dar seguimiento puntual a las observaciones y recomendaciones señaladas por la Auditoría Superior de la Federación.

Se refleja “el éxito de la política económica del gobierno”

Ángel Benjamín Robles Montoya, diputado del PT, dijo que el análisis y las conclusiones de la Cuenta Pública 2020 reflejan de manera exhaustiva “el éxito de la política económica del Gobierno Federal que ha combatido la corrupción y el dispendio”. Destacó que los recursos se destinan para apoyar a los más necesitados a través de los programas sociales.

Mencionó que el Gobierno Federal no aumentó impuestos, “no se endeudó y la honestidad presupuestal permitió mantener a la economía en niveles aceptables como lo demuestra la Cuenta Pública que estamos discutiendo”.  Recalcó que, para nosotros no hay ninguna duda, está demostrada la buena capacidad y el manejo económico”.

Este gobierno es el más opaco del México contemporáneo

De MC, la diputada Mirza Flores Gómez refirió que la deuda se incrementó en 9.8 por ciento con respecto al 2019, lo que representa más de 12 billones de pesos. La Comisión Federal de Electricidad no ha podido acreditar el faltante de mil 93 millones de pesos, dentro de los cuales mil 42 millones de pesos corresponden a salida de efectivo no identificado.    

Afirmó que solamente se han dado muestras de que este gobierno es el más opaco del México contemporáneo y resaltó que “en este ejercicio de Cuenta Pública se vuelve inútil si desde el principio no hay reglas de operación claras, ni controles administrativos y financieros, ni una adecuada rendición de cuentas del ejercicio del erario”.     

En contra por todas las irregularidades observadas

El diputado Miguel Ángel Torres Rosales (PRD) señaló que la rendición de cuentas es un ejercicio que completa el ciclo presupuestario, pero no las responsabilidades administrativas, ya que de este ejercicio pueden derivar demandas por el mal uso de los recursos públicos. “Esta función no debe ser menguada como lo ha hecho en las dos últimas cuentas públicas esta soberanía”.  

Subrayó que “a pesar de todas las irregularidades observadas, hoy se plantea un dictamen relativo a la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2020, que aprueba el ejercicio correcto del gasto y minimiza los hallazgos realizados por la Auditoría Superior de la Federación.

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Cuenta Pública 2020

 

• El dictamen recibió 255 votos a favor, 215 en contra y cero abstenciones
 
• Se integró, presentó y fiscalizó en cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales aplicables

La Cámara de Diputados aprobó, con 255 votos a favor, 215 en contra y cero abstenciones, el dictamen relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020. Se pidió publicarlo en el Diario Oficial de la Federación y comunicarlo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El documento precisa que la Cuenta Pública de la Administración Pública Federal se integró, presentó y fiscalizó en cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales aplicables.

Menciona que el ejercicio fiscal 2020 tuvo que modificarse luego de su aprobación en 2019 por la contingencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2. El confinamiento social en México a causa de esta emergencia llevó a una caída económica histórica que impactó en toda la actividad productiva, lo que afectó los ingresos petroleros, los tributarios y en el conjunto de las finanzas públicas.

El endeudamiento autorizado al Ejecutivo, expone, fue por 638,000.0 millones de pesos, ejerciéndose sólo 609,269.5 millones de pesos, de manera que el monto observado fue menor al autorizado. No obstante, al disminuir el Producto Interno Bruto (PIB) en un promedio anual de 8 por ciento la proporción del endeudamiento tuvo un incremento de 5.7 por ciento como deuda neta y de 5.6 por ciento como deuda bruta.

Agrega que, en 2020, las observaciones y solicitudes de aclaración por la Auditoría Superior de la Federación fueron equivalentes a un monto de 63,010.6 millones de pesos, lo que corresponde a 1.04 por ciento del gasto neto total.  Se han reintegrado 2,176.4 millones de pesos, de forma que aún están pendientes de solventar y aclarar 60,834.1 millones de pesos.

De esas posibles recuperaciones, añade, 39,565.7 millones de pesos corresponden a las entidades federativas, alcaldías, municipios y entes que ejercieron gasto federalizado. De esto se desprende que la proporción a solventar o aclarar para el sector público federal representa 0.39 por ciento respeto al gasto neto total.

De igual modo, estima que la labor de fiscalización practicada por la Auditoría Superior de la Federación a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2020 cumplió con los criterios de objetividad, normatividad y metodología para la selección, análisis y presentación de las auditorías practicadas.
 

Cuenta Pública, equilibrio de poderes y rendición de cuentas

 
Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputado Erasmo González Robledo (MORENA), mencionó que la Cuenta Pública es un elemento fundamental del equilibrio de Poderes y la rendición de cuentas, cuya finalidad es la evaluación de los resultados de la gestión financiera, la verificación de los criterios señalados en el Presupuesto de Egresos y la revisión del cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

Indicó que el dictamen expresa de manera fundamental y razonada una valoración política que permite a esta Legislatura evaluar y contrastar lo realizado por el Gobierno Federal y demás instancias ejecutoras de la Hacienda Pública.

La fiscalización, enfatizó, es un mecanismo esencial de rendición de cuentas y, como tal, resulta indispensable en el combate a la corrupción, al analizar el desempeño de los entes públicos, el cumplimiento de sus metas y la gestión financiera durante un ejercicio presupuestal.

Para el análisis del ejercicio presupuestal 2020, dijo, se practicaron mil 616 auditorías en la Cuenta Pública de ese año. La conclusión del dictamen, afirmó, se expresa en once resolutivos; en 2020, los ingresos del sector público presupuestario fueron de 5.3 billones de pesos, menores en 3.3 por ciento respecto del monto aprobado en la Ley de Ingresos para ese ejercicio fiscal.

Afirmó que la caída en el consumo de energéticos, que fue una constante mundial, llevó a una reducción en los ingresos petroleros, lo que originó una disminución de 381 mil millones de pesos a lo estimado, ya que el precio promedio anual observado durante 2020 fue de 35.8 dólares por barril, cuando la proyección para ese año fue de 49 dólares.

González Robledo argumentó que el gasto neto total ejercido por el sector público presupuestario en 2020 fue de poco más de 6 billones de pesos, monto inferior en 1.6 por ciento respecto de lo aprobado. Como porcentaje del PIB, representó 26 por ciento, una proporción superior en 2.2 por ciento en relación a la registrada en 2019.

El saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, que es el indicador fiscal más amplio de la deuda neta, ascendió a 12 billones de pesos al cierre de 2020, cantidad equivalente a 52.3 por ciento del PIB y mayor en 7.8 por ciento en términos reales respecto del año previo.

“El ejercicio fiscal 2020 tuvo que modificarse, después de su aprobación en 2019, por la contingencia sanitaria provocada por el Covid; en 2020, la disminución de los ingresos estimados fue compensada por el uso contingente de disponibilidades, en el que destaca el uso de 204 mil millones de pesos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios”, añadió.

El diputado González Robledo solicitó aprobar el dictamen, el cual no suspende las acciones establecidas por la Auditoría Superior de la Federación, “de tal manera que quienes sean presumiblemente responsables serán sancionados en apego a la normatividad vigente o, en su caso, podrán presentar las aclaraciones o las solventaciones correspondientes”.

MORENA, PAN, PRI, PT y PRD externaron opiniones a favor y en contra del dictamen relativo a la Cuenta Pública 2020

 

Diputadas y diputados de los grupos parlamentarios de MORENA, PAN, PRI, PT y PRD externaron opiniones a favor y en contra del dictamen relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del Ejercicio Fiscal 2020.

MORENA

El diputado Alberto Villa Villegas mencionó que la revisión de la Cuenta Pública 2020 y este dictamen identifican las áreas de mejora para generar acciones colectivas y, en su caso, sancionatorias en aras de fortalecer el desempeño de los gestores del gasto. Impulsa la práctica de un ejercicio de rendición de cuentas honesto y transparente que brinde certeza a las y los mexicanos sobre el manejo del erario, abundó.

A su vez, el diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez destacó que la fiscalización practicada por la Auditoría Superior de la Federación a la Cuenta Pública 2020 se realizó de manera profesional, rigurosa, objetiva, en apego a los criterios normativos y metodológicos para la selección de análisis y la presentación. “Estamos a favor del dictamen porque se cumplieron las metas de inversión”.

La diputada Lidia Pérez Barcenas sostuvo que su grupo parlamentario “está aquí para rendir cuentas”. Señaló que en la Cuenta Pública 2020 está el Tren Maya, el aeropuerto internacional, Diconsa, Liconsa y “estaremos vigilantes a que se resuelvan y que se atiendan estas observaciones; si no fuera así, que se castigue a los responsables”.

PAN

La diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra señaló que su grupo parlamentario no avalará el dictamen de la Cuenta Pública 2020 porque está plagado de irregularidades. “No seremos cómplices de un régimen opaco y que carece de un verdadero compromiso con la rendición de cuentas; no traicionaremos nuestros ideales de combate a la corrupción”.

Por su parte, el diputado Iván Arturo Rodríguez Rivera dijo que la Cuenta Pública 2020, como la de 2019, “está plagada de irregularidades en el ejercicio del gasto público” y con o sin pandemia el resultado habría sido el mismo. “Están reprobados”. Precisó que según la Auditoría Superior de la Federación hubo irregularidades por más de 60 mil millones de pesos y recordó que desde el inicio de esta administración “la deuda pública no ha hecho otra cosa que crecer”.

PRI

El diputado Ismael Alfredo Hernández Deras aseveró que su voto sería en contra porque se requiere un cambio de rumbo en México, una modificación que devuelva la estabilidad, armonía y la seguridad, sobre todo hacia las futuras generaciones. “Un cambio que convoque a la reconciliación, ya que todos valemos, todos contamos”.

PT

La diputada Maribel Martínez Ruiz apuntó que su voto sería a favor toda vez que se busca generar un nuevo modelo de nación que mejore el bienestar del pueblo con una política económica y social que administre los recursos del Estado con honradez, austeridad, transparencia y rendición de cuentas.

PRD

La diputada Edna Gisel Díaz Acevedo manifestó su voto en contra porque la mala administración ha dejado a enfermos sin medicamentos, a campesinos sin fertilizantes y más pobres que se han convertido en botín político de un partido que no gobierna, sólo moviliza, acarrea y promete. “Seguiremos alzando la voz en los casos de corrupción”.

Recibe Cámara de Diputados iniciativa del Ejecutivo sobre humanidades, ciencias, tecnologías e innovación

 

• Citan para sesión semipresencial, el jueves 15 de diciembre, a las 8:00 horas

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados remitió a las comisiones la iniciativa del Ejecutivo federal que expide la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y de la Ley de Planeación.

El documento fue enviado a las comisiones unidas de Educación y de Ciencia, Tecnología e Innovación, para dictamen, y a las comisiones de Gobernación y Población, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
 
Su finalidad es garantizar el derecho humano a la ciencia reconocido en la fracción V del artículo 3 de la Constitución Política, a través de una política articulada por el estado mexicano en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, en las que el Estado ejerza la rectoría indispensable para el desarrollo nacional y el bienestar de la población.
 
A la Comisión de Gobernación y Población se mandó la minuta del Senado, por el que se declara el 7 de octubre de cada año como el “Día Nacional de la Totoaba”.
 
La Mesa Directiva informó que, en términos de lo dispuesto por el artículo 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados y 12 numeral 2 del Reglamento para la contingencia sanitaria, las iniciativas contenidas en el orden del día, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
 
Enseguida, se levantó la sesión y se citó para la que tendrá lugar el jueves 15 de diciembre, a las 8:00 horas, en modalidad semipresencial. 

Rinden protesta cuatro funcionarios del Servicio de Administración Tributaria

 

• El encargado de tomar la protesta fue el presidente de la Mesa Directiva, diputado Santiago Creel Miranda
• Los nombramientos fueron aprobados por 242 votos a favor, 208 en contra y cero abstenciones

Ante el Pleno de la Cámara de Diputados, rindieron protesta como funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Antonio Martínez Dagnino, Armando Ramírez Sánchez, Gari Gevijoar Flores Hernández González y Ricardo Carrasco Varona.

Ello, luego de que, en sesión presencial, diputadas y diputadas avalaron sus nombramientos con 242 votos a favor, 208 en contra y cero abstenciones.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, fue el encargado de tomarle la protesta a Antonio Martínez Dagnino como Jefe del Servicio de Administración Tributaria; a Armando Ramírez Sánchez como Administrador General de Grandes Contribuyentes; a Gari Gevijoar Flores Hernández González como Administrador General de Recaudación, y a Ricardo Carrasco Varona como Administrador General Jurídico.
 
Conforme al dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Antonio Martínez Dagnino cuenta con la experiencia y el perfil profesional para realizar las funciones de Jefe del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda, al haberse   desempeñado   como   servidor    público   dentro    del   Servicio   de Administración Tributaria y en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
 
En tanto, Armando Ramírez Sánchez tiene licenciatura en Contaduría Pública, con especialidad en Estrategia Financiera, y maestría en Consultoría Estratégica de Negocios, así como haberse desempeñado tanto en la iniciativa privada como dentro del Servicio de Administración Tributaria en temas afines, por lo que reúne el perfil para ser Administrador General de Grandes Contribuyentes.
 
Por su parte, Gari Gevijoar Flores Hernández González, cuenta con licenciatura en Derecho y en el ámbito profesional se desempeñó en diversos cargos dentro del Servicio de Administración Tributaria, por lo que también cumple con la experiencia y el perfil profesional para desempeñarse como Administrador General de Recaudación
 
A su vez, Ricardo Carrasco Varona cursó la licenciatura en Derecho y cuenta con una amplia trayectoria profesional de más de 13 años dentro del Servicio de Administración Tributaria, por lo cual cumple con la experiencia y el perfil profesional para desempeñarse como Administrador General Jurídico.
 

Cuentan con conocimientos y cumplen los requerimientos

 
En la fundamentación del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la diputada Ana Elizabeth Ayala Leyva (MORENA), expresó que México requiere instituciones de vanguardia y con un alto grado de eficiencia y eficacia, libres de corrupción, con procedimientos claros y gente profesional en el ejercicio del quehacer público en el país.
 
Añadió que el pasado 20 de octubre, el Ejecutivo Federal expidió los nombramientos en el Servicio de Administración Tributaria, por lo que, la instancia legislativa, procedió al análisis y valoración de las propuestas.
 
Para ello, precisó que el 6 de diciembre pasado se reunieron con los funcionarios propuestos para contar con mayores elementos acerca de su capacidad técnica y experiencia profesional.
 
Del desarrollo de la reunión, agregó, “las y los integrantes de la Comisión de Hacienda coincidimos en que los funcionarios cuentan con los conocimientos y cumplen con los requerimientos necesarios para desempeñar los cargos para los que fueron propuestos dentro del SAT; los principios de responsabilidad, neutralidad y eficacia”.
 
Argumentó que las y los integrantes de la instancia legislativa están convencidos de que el SAT debe realizar sus funciones con óptica de promover una administración tributaria más eficiente que priorice la simplificación administrativa, fortalezca la recaudación, aumente la presencia fiscal y mejore el desarrollo de la economía nacional.
 
“Confiamos que los funcionarios que hoy toman protesta, fortalecerán las áreas del Servicio de Administración Tributaria con su experiencia en la materia para lograr un México justo, con certeza jurídica para todos y así continuar consolidando la transformación de la vida pública en México”, agregó.