• Diputadas, diputados, funcionarios y especialistas
destacan la importancia de reconocer los derechos de este sector
La Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, presidida
por la Diputada Irma Juan Carlos (MORENA), llevó a cabo el Foro de Diálogo
Estatal “Autonomía y libertad indígena” en la ciudad de Oaxaca, con el objetivo
de analizar las iniciativas constitucionales enviadas por el Ejecutivo Federal.
Reconocer derechos a pueblos indígenas y afromexicanos
La Diputada Irma Juan Carlos expresó que con la aprobación
de la reforma al artículo 2º constitucional los pueblos estarían reconocidos
desde la Carta Magna, así como sus derechos fundamentales, los cuales “se nos
han negado históricamente”.
Indicó que es un gran día para los pueblos y comunidades
indígenas y afromexicanas, pues estos espacios no existían, pero en este
momento histórico y de transformación “participamos de manera activa y directa
para incidir en las políticas públicas y en la legislación”.
Este foro de diálogo nacional, mencionó, es un espacio
acordado desde la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara de
Diputados, pues es la cámara de origen de 20 iniciativas de reformas legales y
constitucionales planteadas por el titular del Ejecutivo Federal, de las cuales
18 serán dictaminadas por la Comisión de Puntos Constitucionales.
Oaxaca, afirmó, es un estado pluricultural, plurilingüe y
pluriétnico; por ello, es necesario escuchar a cada uno de los ponentes para
defender esta propuesta de reforma construida desde las comunidades, y en más
de 100 foros de consulta que se realizaron a nivel nacional.
La reforma recoge las necesidades y demandas históricas de
los pueblos indígenas, un pendiente que el Estado mexicano ha tenido desde los acuerdos
de San Andrés Larráinzar, como es reconocer a los pueblos indígenas como
sujetos de derecho público y, con ello, el derecho a la consulta libre, previa
e informada y culturalmente adecuada, añadió.
Puntualizó que hoy se tiene este foro estatal y mañana será
el foro regional que tiene que ver con la participación de todos los pueblos
que conforman la tercera circunscripción plurinominal, en este caso los estados
del sur-sureste del país.
El Diputado Hamlet García Almaguer (MORENA) afirmó que la
aprobación de esta reforma supone el fortalecimiento de la capacidad de goce y
ejercicio de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas sobre su
territorio y recursos naturales, e implicaría un paso para que se respeten
profundamente sus derechos y de las generaciones venideras.
Destacó la trascendencia de la reforma, por el
reconocimiento constitucional de la personalidad de los pueblos y comunidades
indígenas, y reflexionó sobre sus posibles consecuencias en materia de goce y
disfrute de los recursos naturales y la titularidad de tierras, entre otras.
A nombre del Congreso de Oaxaca, el diputado local y
presidente de la Junta de Coordinación Política, Sergio López Sánchez (MORENA),
dio la bienvenida a las y los participantes, y precisó que este foro tiene por
objeto promover el debate, análisis y socialización de las reformas
constitucionales en materia indígena, porque el intercambio de ideas genera
herramientas para construir argumentos.
Recordó que los pueblos y comunidades indígenas y
afromexicanos son parte fundamental de la nación mexicana, por lo que su
reconocimiento como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y
patrimonio propio es respetar su identidad.
Participantes
Hugo Aguilar Ortiz, Coordinador General de Derechos
Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, señaló que la
reforma constitucional planteada por el Ejecutivo es de gran importancia, ya
que propone el reconocimiento de los pueblos originarios y afromexicanos como
sujetos de derecho público, lo cual tiene un impacto real en su calidad de
vida.
Apuntó que estas modificaciones permitirán saldar la deuda
histórica en los planes de justicia, al colocar como eje central la autonomía y
la libertad, entendida en un plano individual, es decir a la dignidad de la
persona; ambos elementos son piedras angulares en las que se construye un
sistema jurídico estatal.
Larisa Ortiz Quintero, Magistrada del Tribunal Superior
Agrario, destacó que se trata de un momento histórico e importante porque se
viene de una lucha de por lo menos 50 años en la que se ha insistido en la
necesidad de reformar la realidad que viven los pueblos y comunidades
indígenas.
Precisó que con esta reforma se reconoce al sujeto, lo que
le permitirá ejercer plenamente sus derechos fundamentales, entre ellos la
libre determinación a través de la autonomía, su personalidad jurídica con
patrimonio propio y las prácticas de organización y trabajo gratuito en las
comunidades.
Amparo Arias Rivas, magistrada de la Segunda Sala Unitaria
Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la
Corrupción del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción
del Estado de Oaxaca, señaló que con la reforma al artículo 2º constitucional
el Estado cumpliría con su obligación de reconocer a los pueblos y comunidades
indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho y dar una reparación de deuda
histórica.
Sin embargo, dijo que se debe adecuar la normatividad
administrativa, a fin de colocar los presupuestos en los pueblos y comunidades
para que sean considerados como entidades públicas y receptoras de los actos
administrativos.
Luis Enrique Cordero Aguilar, Magistrado de la Sala de
Justicia Indígena y de la Quinta Sala Penal y del Tribunal Superior de Justicia
en el Estado de Oaxaca, precisó que uno de los temas que se debe empujar en
esta reforma es el del sistema de administración de justicia e incluir las
justicias de los pueblos indígenas.
Señaló la importancia de incluir expresamente la
jurisdicción indígena en la Constitución, para tener un desarrollo legislativo
más robusto y que estas comunidades puedan defender sus derechos ante los
tribunales en diferentes materias.
Berta Ruth Arreola Ruíz, secretaria de Interculturalidad,
Pueblos y Comunidades indígenas y Afromexicanas de Oaxaca, mencionó que la
propuesta más importante es que a nivel constitucional se reconozca la
personalidad jurídica de las comunidades y pueblos afrodescendientes.
Externó su deseo por que en estos foros se tomen las
decisiones más acertadas para que la propuesta de reforma tenga éxito. “Tenemos
que obrar con inteligencia y objetividad para que al finalizar estos foros se
tome la ruta más asertiva para lograr el propósito”.
Xóchitl López Santiago, Consejera Nacional de Pueblos
Indígenas, puntualizó que la reforma al artículo 2º constitucional plantea el
reconocimiento de pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho
público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Pidió respetar sus
formas de gobierno, organización comunitaria y jurisdicción indígena, y que se
reconozcan los derechos de las comunidades indígenas residentes y
migrantes.
Propuso implementar una educación comunitaria, acceso
efectivo a los servicios de salud, reconocer la medicina tradicional, preservar
y desarrollar el patrimonio cultural, así como promover el uso y desarrollo de
las lenguas.
María de los Ángeles Santiago Sánchez, Representante de la
Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA), indicó que esta
reforma permite reconocer a los indígenas y afromexicanos como sujetos de
derecho público, lo cual los confiere de plena personalidad y capacidad
jurídica para ejercer una libre determinación y autonomía para dejar de ser
consideradas entidades de interés público y, con ello, garantizar su derecho a
la asignación y ejercicio directo del presupuesto.
El Diputado local Raúl Eduardo Bonifaz Moedano (MORENA),
representante del Congreso de Chiapas, destacó la importancia de conservar las
culturas indígenas y planteó construir centros educativos donde se imparta informática,
medicina, economía, ingeniería, gramática y lingüística.
Pidió una política intercultural de largo plazo, que el
Estado establezca compromisos claros y que cada año se dedique una semana
nacional del pluralismo para que los pueblos y comunidades expongan sus
propuestas y demandas.
