“Manzur viola proceso al exonerar al alcalde de Ecatepec” advirtió el legislador Octavio Martínez Vargas

José Manzur Quiroga, secretario general de Gobierno, violenta el debido proceso al exonerar a priori de toda responsabilidad al presidente municipal de Ecatepec, Pablo Bedolla, por las muertes ocurridas la madrugada del pasado 6 de julio en un baile de la 30-30, advirtió el diputado Octavio Martínez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la LVIII Legislatura mexiquense.

El legislador señaló como jurídicamente incorrecto que el edil sea prácticamente exonerado por Manzur Quiroga aún antes de que la Procuraduría mexiquense concluya sus indagatorias. Con su proceder, consideró, el secretario general de Gobierno “está violando al menos el procedimiento judicial, pues la Procuraduría no se ha pronunciado sobre la responsabilidad y él, a priori, exonera a alguien, es muy grave”, indicó. El Gobierno del estado, reiteró, trata de exonerar a Pablo Bedolla a sabiendas de que él es el responsable de la tragedia, conforme al artículo 135 del Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno de Ecatepec para el trienio 2013-2015. Esta disposición establece que “el Presidente Municipal, a través del Secretario del H. Ayuntamiento, tendrá facultades para autorizar, suspender o prohibir la presentación de cualquier espectáculo o diversión pública que se realice dentro del territorio del Municipio, así como intervenir en la fijación, disminución o aumento de los precios de acceso a los mismos, en atención a la categoría del espectáculo, a las características de comodidad, de presentación y de higiene de los establecimientos donde se presenten”. Aunque es el secretario del ayuntamiento quien otorga el permiso, como lo justificó Manzur Quiroga, prosiguió, el responsable por ley es el acalde. Incluso, acentuó, debió arraigarse al munícipe el mismo día de los hechos, para evitar que se sustrajera de la acción de la justicia. Mejor aún, expuso, por calidad moral el propio Pablo Bedolla “debe retirarse y sujetarse a la investigación de la Procuraduría”. No obstante, insistió, “por intereses políticos, no observo por parte del Gobierno del Estado disposición para sancionar a sus alcaldes en ninguna conducta, por eso actúan como actúan, sin ir más lejos, el alcalde de Naucalpan que se trasladó en vuelo privado a Brasil para el partido de México y tampoco hubo observación, opinión ni solicitud al Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) para iniciar investigaciones por desvío de recursos públicos”, expuso. “Hay una protección a los militantes priístas y eso es un pésimo precedente; abre la puerta para que en este estado todos los alcaldes priístas tengan impunidad”, lamentó finalmente.