Desclasificar caso Tlatlaya, solicitará el diputado Octavio Martínez Vargas a IFAI‏

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Legislatura mexiquense solicitará al Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información desclasificar el caso Tlatlaya.

El diputado Octavio Martínez Vargas, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Legislatura mexiquense, adelantó que solicitará al Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información (IFAI) desclasificar los datos “reservados” por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el caso Tlatlaya, en virtud de que los hechos son de interés público ahora que las tareas de seguridad ciudadana se encuentran en manos de la milicia. “Se debe transparentar y no ocultar nada, el que hayan declarado la información reservada durante 9 años, lo vamos a recurrir, vamos a ir al IFAI y espero que allí se transparente todo”, adelantó. El diputado local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) insistió en que no basta con juzgar en la Corte Militar por delitos contra las normas internas a los elementos del Ejército presuntamente involucrados, pues en este caso se cometieron ilícitos de carácter civil y los alcances de las sanciones deben extenderse a las autoridades superiores porque resulta ingenuo pensar que mandos medios y superiores no se encontraran enterados de los hechos. De corroborarse ahora la versión en el sentido de que los jóvenes abatidos eran integrantes de un grupo guerrillero que opera en la zona, indicó Martínez Vargas, además se incurrió en represión y esta conducta, dado que atenta contra la sociedad, también debe sancionarse. El escritor y periodista Francisco Cruz Jiménez, autor de Tierra Narca, asegura que los militares tenían la idea de que los civiles abatidos pertenecían al grupo guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Liberación del Pueblo (FAR-LP) y por eso los asesinaron. El Centro de Documentación de los Movimientos Armados (CEDEMA), que se alimenta con información del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), admite que las FAR-LP operan en más de 20 municipios del país, principalmente en los estados de México, Guerrero y Michoacán, desde finales de 2013. Este grupo ya había denunciado políticas de represión por parte de la administración del presidente Enrique Peña contra las organizaciones sociales, asesinatos, encarcelamiento de activistas y represión contra maestros disidentes y normalistas. Martínez Vargas consideró que el Estado de México se encuentra ya muy cerca de la ingobernabilidad, de seguir con el disfraz de que todo está en orden y no hacer nada por corregir la estrategia de combate a la delincuencia. “Deben reconocer que la estrategia ha fracasado, corregir el rumbo y valorar con seriedad la pertinencia de que el Ejército siga patrullando las calles, hay que sancionar y no proteger a los malos elementos”, reiteró.