Aparcó su bicicleta frente a las cuatro grilleiras de la policía que vigilaban la concentración y recibió los aplausos y vítores de las más de cien personas que se concentraron ante los juzgados. Así llegó Roberto Rivas, el bombero que hace año y medio se negó a colaborar en el desahucio de la anciana Aurelia Rey en A Coruña, a la vista en la que compareció este jueves tras presentar un recurso a la multa de 600 euros que la Subdelegación del Gobierno le puso por “alteración del orden público” después de mostrar un cartel de Stop Desahucios y tras negarse a cortar la cadena que impedía la entrada de los funcionarios judiciales a la casa de la mujer.
Rodeado de compañeros con sus cascos, miembros de Stop Desahucios, vecinos y familiares, Roberto Rivas atendió a los numerosos medios allí convocados para asegurar que “volvería a hacer” lo que hizo porque, según dice, negarse a colaborar en el desahucio, ocultarse con el casco y lucir un cartel de Stop Desahucios -motivos que argumenta la Subdelegación del Gobierno para la multa- “no es ilegalidad ninguna”.
Roberto Rivas, que habló este jueves por primera vez ante los medios, aclaró que no quiso “aprovechar el tirón mediático” para no quitarle el protagonismo a la gente que de verdad lucha por los derechos de la gente. “No fue algo premeditado”, aseguró, sino la respuesta a su convencimiento: “Los bomberos no debemos realizar este tipo de servicios; accedimos al trabajo para hacer unas determinadas labores, pero entre ellas no está echar la gente de sus casas”, añadió, tras advertir que “asumiría” las consecuencias de no hacer lo que le ordenó la policía. “Aceptaría las consecuencias, alegaría objeción de conciencia o dejaría el trabajo porque yo no me metí en esto para echar personas de su casa”, insistió.
Roberto Rivas denunció a la Subdelegación del Gobierno por la sanción que le fue impuesta y compareció hoy ante el juez junto a seis testigos, entre ellos agentes de policía y periodistas, que relataron su versión de lo acontecido en aquel polémico intento de desahucio que acabó con Aurelia Rey en una casa de protección oficial -tal y como reclamaba- y después de semanas de lucha social.
“Cogí el cartel para visibilizar con contundencia esa idea”, insistió Rivas, que aclaró también que la decisión de poner el casco para ocultar su rostro no fue más que para mostrar que eran “todos los bomberos” los que se oponían a colaborar en los desahucios. Sancionado por “alterar las masas e incitar a la violencia”, como él mismo detalla que le indicaron en el juzgado, el bombero considera que su multa lo que intenta es situar como “ilegal” la defensa de los derechos sociales.
“La desobediencia civil es una forma más de combatir la violencia legal en la que vivimos”, aseguró con firmeza, tras insistir en que “hay leyes que sí que incitan la violencia”. “Me sancionan por defender principios y valores”, añadió quien aclara que no fue expedientado por el Ayuntamiento. La sanción es una más de las que la Subdelegación del Gobierno impuso tras aquella jornada del 18 de febrero de 2013. El portavoz parlamentario del BNG, los portavoces municipales del Bloque y de Izquierda Unida o el secretario comarcal de la CIG, entre otros activistas, también fueron expedientados.
Como recuerda Stop Desahucios, y según datos del Ministerio de Interior, Galicia es la tercera comunidad con más expedientes administrativos abiertos, un total de 110, y ya fueron impuestas multas de más de 35.000 euros en el país por participar en diferentes protestas.
“No tengo miedo ninguno; lo peor que me podía pasar era perder mi trabajo, pero mi trabajo no es echar a la gente de sus casas”, insistió Rivas, que calificó de “falsos” los atestados policiales que fueron presentados como pruebas judiciales y que, según dice, omitieron partes del que aconteció en la calle Padre Feijóo. “No cometí ningún delito”, dijo también el bombero que agradeció la “solidaridad” de la gente, visualizada en las 104.000 firmas de apoyo que juntó en la plataforma Change.org.
El gesto de Roberto Rivas hace año y medio provocó reacciones no solo en parques de bomberos como los de Alicante, Madrid, Valencia, Murcia, Lana Rioja, Asturias, Valladolid, Andalucía, Catalunya o Canarias, sino también en otros colectivos profesionales a lo largo de todo el Estado, como cerrajeros y juristas. Muchos de ellos volvieron a mostrar su apoyo en el día de hoy.
El portavoz del BNG en el Ayuntamiento de A Coruña, Xosé Manuel Carril; la concejal socialista Yoya Neira; el portavoz nacionalista en el Parlamento, Francisco Jorquera; y la viceportavoz de AGE en la Cámara, Yolanda Díaz, estuvieron presentes en una concentración en la que los asistentes gritaron consignas cómo “ni gente sin casa ni casa sin gente”, “tú madero, aprende del bombero” o “no puede ser, bomberos en el juzgado y corruptos en el poder”.
Miguel Pardo / eldiario.es / Pressenza
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