24 HORAS Un juez mexicano ordenó procesar a cinco miembros de la Secretaría de Marina, incluido un alto mando, por su presunta participación en la desaparición de Armando del Bosque Villarreal en Nuevo León en agosto de 2013, informaron hoy fuentes cercanas al caso.
“Un juez de distrito confirmó un auto de formal prisión para el capitán de la Marina Raúl Enrique Sánchez Labrada y cuatro elementos más por su probable responsabilidad en la desaparición del joven“, informó en un boletín el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.
El juicio “es una buena señal en un mar de impunidad que protege a las Fuerzas Armadas del país, particularmente a la Marina”, dijo a Efe el presidente del Comité, Raymundo Ramos, quien actuó como representante de la familia de la víctima ante las autoridades.
Del Bosque, de 33 años, fue víctima de desaparición forzada en agosto de 2013 después de que unos marinos le ordenaran el alto cuando viajaba en su automóvil y lo detuvieran en la localidad de Colombia, municipio fronterizo con Nuevo Laredo.
Los marinos llevaron a Armando a unas instalaciones provisionales de la Marina a las afueras de la localidad y cuando su padre acudió a preguntar por él, el capitán al mando le dijo que lo estaban interrogando; sin embargo, una hora después negó que el joven estuviera allí detenido.
Tres meses más tarde, el 3 de octubre, el cadáver de Del Bosque apareció con heridas de bala y un tiro en la cabeza a unos dos kilómetros de la base de la Marina.
Según Ramos, este juicio es muy significativo porque “abre las demandas de justicia de muchas víctimas y familiares” cuando anteriormente “la Marina era intocable”.
Asimismo, consideró que es “muy difícil” que los inculpados puedan evadir la justicia por las evidencias y testimonios aportados, y confió en que el poder judicial “sea enérgico” ante este ejemplo de violación grave de los derechos humanos.
También recordó que se ha pedido a la fiscalía general que “aumente las medidas de seguridad” para el padre de la víctima, Armando Humberto del Bosque Gutiérrez, que fue testigo de la desaparición, y para sus familiares y representantes, pues temen “represalias por denunciar a un alto mando de la Marina”.
En este aspecto, denunció que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se haya negado a emitir un recomendación tras dos años y medio del suceso.
Según la directora de Amnistía Internacional (AI) para las Américas, Erika Guevara-Rosas, estas detenciones son “un rayo de esperanza” para que los familiares de la víctimas y de “decenas de miles de personas que continúan en paradero desconocido” puedan “conocer la verdad y obtener justicia”
Según cifras oficiales, se desconoce el paradero de más de 27,000 personas, en su mayoría desaparecidas desde que el presidente Enrique Peña Nieto ocupó su cargo en 2012, destacó AI en un boletín.
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