• Modifican los artículos 10 y 26 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
La Cámara de Diputados aprobó que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, deberán adoptar de manera inmediata las garantías y medidas de protección especial de derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas de orfandad.
Con 482 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, se avalaron reformas a los artículos 10 y 26 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El dictamen establece que el Sistema Nacional DIF o los sistemas de las entidades, en coordinación con las procuradurías de Protección, garantizarán que reciban de manera inmediata todos los cuidados que se requieran por su situación de orfandad.
Brindan protección y certeza a la infancia
La legisladora Margarita Zavala de Acción Nacional, mencionó que todo lo que se refiere a niñas, niños y adolescentes debe ser prioritario para el Estado mexicano. Por ello, se deben garantizar sus derechos a la salud, educación, a tener una familia y a la seguridad.
Hizo votos para brindar protección y certeza a la infancia, principalmente a la que está en situación de orfandad. De acuerdo con UNICEF, en México hay 1.6 millones de niñas, niños y adolescentes en esta condición, a causa del fallecimiento de sus padres o madres, a consecuencia de diversos factores, como migración, crimen organizado, feminicidio y por covid-19.
Zavala detalló que, hasta marzo de 2021, el INMUJERES ubicó 796 casos de niñas, niños y adolescentes huérfanos por el feminicidio. Además, de acuerdo con el DIF, son alrededor de 118 que han quedado en la misma situación a causa del covid-19.
Obligación jurídica y prioridad social
La promovente de la reforma, Laura Barrera, señaló que, de acuerdo con un estudio en Suecia, cuando una niña o niño pierde a su madre a temprana a edad por causa de una enfermedad, su riesgo de padecer depresión oscila entre el 15 y 19 por ciento. Sin embargo, cuando la muerte ocurre por homicidio, suicidio o accidente, esto se suma a casi 223 por ciento más.
Subrayó que garantizar los derechos de la infancia es una obligación jurídica y una prioridad social. Esto, aunado al diseño de mejores programas institucionales y programáticos, así como al incremento de la inversión presupuestal en el bienestar de niñas y niños requiere de una participación y compromiso más amplio y la intervención de cada uno de los sectores del país.
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