Proponen iniciativa para fortalecer la crianza respetuosa entre las familias y comunidades

• La diputada Balderas Hernández impulsa reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

La diputada Itzel Josefina Balderas Hernández propuso una iniciativa para reformar el artículo 120 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con el objetivo de fortalecer la crianza respetuosa entre las familias y comunidades.

La modificación establece que corresponde a la Federación, a través del Sistema Nacional DIF, celebrar convenios de colaboración con los sistemas de entidades y municipios, así como con organizaciones e instituciones de los sectores público, privado y social.

La finalidad de dichos convenios es otorgar herramientas de apoyo para fortalecer una crianza respetuosa entre las familias y comunidades, a través de materiales digitales, talleres permanentes y capacitación al personal en la materia. 

Observa que en el país seis de cada 10 niñas y niños son criados con una disciplina violenta, lo que genera que su desarrollo físico, cognitivo y social se limite, además de que se normalizan los patrones de violencia.

El documento, que se analiza en la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, expone que cuando el infante crece en ambientes violentos desarrolla menos conexiones neuronales.

“Las experiencias que tiene un niño durante la primera infancia son decisivas para la arquitectura de su cerebro, por lo que exponerlos a situaciones de violencia afecta la estructura de sus conexiones neuronales”, señala.

Menciona que, con el fin de reconocer la importancia de la educación basada en el amor, en enero de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para prevenir, atender, sancionar y prohibir el castigo corporal humillante; asimismo, varios estados implementaron programas al respecto.

También, agrega, el DIF contribuye en la construcción de un nuevo estilo de crianza basada en el amor y el respeto, implementa talleres y otorga materiales informativos para madres, padres, cuidadores y servidores públicos.

Ejemplo de ello, añade, Guanajuato contribuye al desarrollo de competencias y habilidades parentales para mejorar las interacciones entre mamá, papá, hijas e hijos. Por su parte, Morelos implementó talleres sobre crianza positiva en jardines de niños y primarias públicas para aplicar estrategias que ayuden a la interacción entre la familia.

Añade que la ley faculta al DIF a establecer mecanismos que protejan a la niñez y adolescencia; sin embargo, no existe una obligación concreta para que el programa en materia de crianza positiva sea permanente.

Por lo anterior, destaca la importancia de incorporar en las atribuciones del Sistema Nacional DIF las acciones de promoción y fomento de una crianza positiva.

Aprueban reformas sobre el contenido de la reglamentación para realizar trámites de adopción

• El dictamen, que adiciona la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, fue avalado por unanimidad.

La Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad de 472 votos, adicionar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de establecer el contenido de la reglamentación para realizar los trámites de adopción cuando los solicitantes acudan a las Procuradurías de Protección, al Sistema Nacional DIF o a los Sistemas de los estados en la materia. 

La adición de un segundo párrafo al artículo 30 Bis 4, remitida al Senado de la República, indica que la reglamentación que para tales efectos se emita deberá de contener los requisitos y documentos necesarios y suficientes para el trámite administrativo de adopción, cuyo propósito es determinar la idoneidad del o los adoptantes.

Además, las y los profesionistas encargados de realizar las entrevistas deberán tener la experiencia necesaria, que podrá acreditarse con los documentos correspondientes, y desempeñar sus funciones en estricto apego al interés superior de la niñez.

Las funciones y atribuciones de los organismos encargados de realizar los trámites administrativos, evaluaciones, opiniones y emisión del certificado de idoneidad también deberán acatar este principio.

El documento menciona que la adición tiene la finalidad de ampliar el campo de protección y otorgar certeza jurídica en aras de salvaguardar el interés superior de la niñez.  

Al fijar su postura, el diputado Salomón Chertorivski Woldenberg (MC) refirió que el Censo de Alojamiento de Asistencia Social del INEGI menciona que existen casi 900 casas hogar para menores de edad en el país.

La población usuaria residente es de más de 26 mil menores de edad; las niñas, niños y adolescentes que llegan a estos lugares lo hacen por muy diversas razones: son abandonados al nacer, huérfanos, víctimas de violencia, negligencia o abuso sexual, entre otras. 

Afirmó que “las, los y les niños tienen derecho a una familia, a vivir en un lugar seguro y en un entorno estable”. Enfatizó que “hoy alzamos la voz por aquellas generaciones que apenas vienen, porque es nuestra obligación defenderlas, defenderlos y legislar para garantizar sus derechos”.

Necesario, un registro de niñas, niños y adolescentes en estado de orfandad a causa de la pandemia: PAN

 

• Llevar un control que sirva de base para diseñar y dar seguimiento a las acciones y políticas públicas, el objetivo.
• Diputada Sonia Rocha Acosta (PAN) planteó reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La diputada Sonia Rocha Acosta (PAN) planteó reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de que el Sistema Nacional DIF, así como sus similares en las entidades y municipales, en coordinación con las procuradurías de Protección, lleven a cabo con el apoyo del INEGI, la identificación y el registro de niñas, niños y adolescentes que están en estado de orfandad a causa de la pandemia por Covid-19.

La finalidad, agrega, es llevar un control exacto de este grupo poblacional dentro del Sistema de Información que sirva de base para el diseño, implementación y seguimiento de las acciones y políticas públicas para su debida atención.

Las modificaciones a los artículos 29 y 116 de dicha ley, también proponen establecer que corresponderá a las autoridades federales y locales de manera concurrente, la atribución de llevar a cabo las acciones y políticas públicas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en estado de orfandad a consecuencia de la pandemia por Covid-19, los cuidados necesarios para salvaguardar su vida, integridad y el ejercicio pleno de los derechos establecidos en esta ley.

El documento, remitido a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, señala que el virus ha ocasionado la muerte de miles de personas, muchas de ellas padres y madres de familia o incluso cuidadores de menores de edad. Así, miles de niñas y niños han perdido algún progenitor, cuidador o cuidadora, o a ambos progenitores.

Menciona que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), señaló que más de 118 mil niñas, niños y adolescentes en el ámbito nacional habrían quedado en situación de orfandad a consecuencia de la pandemia por el Covid-19.

De acuerdo con una investigación realizada en colaboración con los sistemas estatales y municipales, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), 86 mil 188 niñas, niños y adolescentes perdieron a su padre, 32 mil 50 a su madre y 124 a ambos.

La organización México Social hace referencia a una investigación The Lancet respecto a niñas, niños y adolescentes que han quedado en estado de orfandad por haber perdido a su madre o padre u ambos a causa de la pandemia por el Covid-19, en la que señala que es un sector altamente vulnerable que requiere la atención interdisciplinaria que debería incluir trabajo social, psicología, medicina y, desde luego, otro tipo de intervenciones especializadas de los gobiernos para garantizar su adecuada educación y en general el acceso a condiciones adecuadas de bienestar que garanticen su vida presente y futura.

Por ello, agrega la diputada Sonia Rocha Acosta, es necesaria la intervención del Estado para contrarrestar las consecuencias desafortunadas que pueden padecer los menores de edad, mediante políticas públicas eficaces que busquen solucionar los problemas apoyando a las y los infantes y adolescentes a salir adelante, a pesar de experimentar la pérdida de vidas de sus cuidadores y protectores.

Aprueba Cámara de Diputados reformas para proteger a niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad

• Modifican los artículos 10 y 26 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

La Cámara de Diputados aprobó que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, deberán adoptar de manera inmediata las garantías y medidas de protección especial de derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas de orfandad.

Con 482 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, se avalaron reformas a los artículos 10 y 26 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El dictamen establece que el Sistema Nacional DIF o los sistemas de las entidades, en coordinación con las procuradurías de Protección, garantizarán que reciban de manera inmediata todos los cuidados que se requieran por su situación de orfandad.

Brindan protección y certeza a la infancia

La legisladora Margarita Zavala de Acción Nacional, mencionó que todo lo que se refiere a niñas, niños y adolescentes debe ser prioritario para el Estado mexicano. Por ello, se deben garantizar sus derechos a la salud, educación, a tener una familia y a la seguridad.

Hizo votos para brindar protección y certeza a la infancia, principalmente a la que está en situación de orfandad. De acuerdo con UNICEF, en México hay 1.6 millones de niñas, niños y adolescentes en esta condición, a causa del fallecimiento de sus padres o madres, a consecuencia de diversos factores, como migración, crimen organizado, feminicidio y por covid-19.

Zavala detalló que, hasta marzo de 2021, el INMUJERES ubicó 796 casos de niñas, niños y adolescentes huérfanos por el feminicidio. Además, de acuerdo con el DIF, son alrededor de 118 que han quedado en la misma situación a causa del covid-19.

Obligación jurídica y prioridad social

La promovente de la reforma, Laura Barrera, señaló que, de acuerdo con un estudio en Suecia, cuando una niña o niño pierde a su madre a temprana a edad por causa de una enfermedad, su riesgo de padecer depresión oscila entre el 15 y 19 por ciento. Sin embargo, cuando la muerte ocurre por homicidio, suicidio o accidente, esto se suma a casi 223 por ciento más.

Subrayó que garantizar los derechos de la infancia es una obligación jurídica y una prioridad social. Esto, aunado al diseño de mejores programas institucionales y programáticos, así como al incremento de la inversión presupuestal en el bienestar de niñas y niños requiere de una participación y compromiso más amplio y la intervención de cada uno de los sectores del país.