Piden atender y prevenir la explotación económica digital de menores por quienes ejercen su patria potestad

• La Diputada Ana Karina Rojo Pimentel (PT) propone reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

La Diputada Ana Karina Rojo Pimentel (PT) impulsa una iniciativa para establecer que las autoridades federales, estatales, municipales y de las demarcaciones de la Ciudad de México, prevengan, atiendan y sancionen la explotación económica o comercial digital de las niñas, niños y adolescentes, por parte de quienes ejercen la patria potestad, tutela, custodia o de terceros.

La propuesta busca adicionar la fracción IX al artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para estipular que esta modalidad de explotación es aquella que se realiza a través del uso sistemático de su imagen, voz o datos personales en redes sociales, plataformas digitales o medios de transmisión para la generación de ingresos, monetización o beneficios publicitarios, por quienes ejerzan la patria potestad, tutela, custodia o de terceros y vulneran su privacidad, educación, salud mental, desarrollo integral o descanso.

La legisladora sostiene que su propuesta tiene como objetivo hacer frente a un modelo de negocio que se ha consolidado a nivel mundial en los últimos años, el cual está basado en la monetización de contenido audiovisual en redes sociales, plataformas de video y medios digitales. 

Subraya que dentro de este ecosistema ha proliferado el fenómeno conocido como sharenting comercial o trabajo infantil digital: la utilización sistemática, intensiva y mercantilizada de la imagen, voz, vida privada e intimidad de personas menores de edad para generar ingresos económicos, patrocinios o beneficios publicitarios a favor de sus progenitores, tutores o terceros.

Rojo Pimentel relata que esta práctica “muchas veces es disfrazada bajo la narrativa de pasatiempo familiar o entretenimiento inocuo”; sin embargo, constituye en la realidad una forma no regulada de trabajo e hiperexposición infantil. 

En este sentido, destaca que de acuerdo con estimaciones de organismos internacionales cerca del 81 por ciento de las niñas y niños en países con acceso a internet tienen presencia digital antes de cumplir los dos años de edad, y que antes de llegar a los cinco años sus tutores han publicado en promedio más de mil 500 imágenes o videos suyos sin su consentimiento.

Ante esta nueva realidad, considera que “el Estado mexicano no puede permanecer inerte ni mantener una ceguera digital en su legislación de protección a la infancia, por lo que su iniciativa prevé corregir esta laguna normativa para garantizar que el interés superior de la niñez prevalezca sobre cualquier interés económico o mercantil en el entorno digital”.

Abunda que con estas modificaciones normativas se logrará visibilizar y tipificar la monetización no regulada de la imagen, voz o datos de personas menores de edad como una forma de explotación económica que las autoridades deben prevenir, atender y sancionar.

Así como, garantizar que la representación legal ejercida por padres o tutores no se traduzca en el menoscabo del derecho a la educación, privacidad, salud mental o descanso de las y los menores por razones del lucro o patrocinio. 

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia para dictamen.

Plantean que hijas o hijos de madres reclusas puedan acompañarlas hasta los tres años de edad

* La custodia se otorgará a un familiar designado por la madre: Diputada Martínez García (PRI)

La Diputada Verónica Martínez García, del PRI, propuso modificaciones a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para otorgar las mejores condiciones de desarrollo a las niñas y niños que nazcan mientras sus madres están en prisión, y eliminar todo riesgo que amenace su futuro.

La iniciativa, que reforma y adiciona los artículos 10, 44 y 116 del citado ordenamiento, establece que en el caso de las niñas y niños que permanezcan con su madre privada de la libertad en algún centro penitenciario, podrán hacerlo hasta que cumplan los tres años de edad, por lo que la separación se realizará en forma gradual y bajo la supervisión de un especialista en psicología.

Puntualiza que el especialista deberá emitir un dictamen en el que se recomiende la realización de un régimen de visitas y convivencia entre el menor de edad y su madre interna durante los días de visitas familiares, estableciendo sus términos, además de procurar en todo momento la conservación del vínculo emocional entre ambos.

Indica que la custodia de las niñas y niños que sean separados de su madre interna y salgan del centro penitenciario se otorgará a un familiar designado por la madre, o bien, a un albergue de la Fiscalía General de la República o de la respectiva entidad federativa, según el caso, o a alguna organización de la sociedad civil certificada por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, quien será la autoridad encargada de darle la atención psicológica recomendada, lo cual deberá ser coordinado con quien tenga la custodia del menor de edad.

Precisa que “en términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, durante la estancia de las niñas y los niños en algún centro penitenciario, en todo momento deberán recibir una alimentación adecuada, atención pediátrica, y contar con los espacios que permitan su recreación y actividades didácticas, como parte de su sano desarrollo, velando por el interés superior de la niñez”.

El documento, turnado a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, señala que el Estado tiene la obligación de proteger por todos los medios el interés superior de la niñez; es decir, garantizar de manera plena que accedan a todos sus derechos para satisfacer sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, entre otros, como parte de su desarrollo integral.

Menciona que la cantidad de niñas y niños que permanecen bajo estas condiciones es variable año con año, pues de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2023 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ese año había 344 niñas y niños; en 2022, 346; en 2021, 343; en 2020, 128; 2019, 362, mientras que en 2018 fueron 436.

“Según datos que se desprenden del Informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hay centros penitenciarios en los que no se permite la estancia de población infantil en su interior. Sin embargo, algunas entidades como Guerrero, concretamente en los municipios de Acapulco y Chilpancingo, transgreden el principio del interés superior de la niñez, al permitir en sus centros penitenciarios la estancia de niñas y niños de 8 años de edad y en otros a menores de 12 años de edad”.

Esto, advierte, tiene el riesgo de generar un verdadero problema social que puede magnificarse en pocos años al estar expuestos a un ambiente penitenciario y en contacto directo con diversos factores criminógenos, además de crearles alteraciones en el aspecto psicológico.

Las niñas o los niños que crecen en un centro penitenciario, desde temprana edad estarían expuestos a situaciones de constante violencia, hacinamiento, insalubridad, o circunstancias inadecuadas, por lo que a pesar de que se encuentren resguardados con su madre, el ambiente en que se desarrollarán es sumamente dañino, máxime si ya cuentan con una edad en la que puedan percibir conscientemente dichas circunstancias frecuentemente”, enfatiza.

Aprueban que autoridades adopten medidas de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad

• Asimismo, que los procedimientos de adopción sean expeditos, ágiles, simples y guiados por el interés superior de la niñez
• Diputadas y diputados modificaron la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

A fin de que se adopten medidas de protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad por circunstancias de desamparo familiar, por parte de las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, la Cámara de Diputados aprobó por 427 votos reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes.

El dictamen, que modifica los artículos 10, 28 y 49, precisa que en los casos de que niñas, niños y adolescentes sean víctimas directas o indirectas quedando en situación de desamparo familiar, se deberá garantizar la prestación de servicios de atención, al menos los reconocidos en la Ley, que permitan una óptima inclusión al entorno social

Asimismo, establece que los procedimientos de adopción deben ser en todo momento expeditos, ágiles, simples y guiados por el interés superior de la niñez.

En los considerados, el documento enviado al Senado, destaca que de acuerdo con el Informe Anual de UNICEF MÉXICO 2020, existen aproximadamente 33 mil niños, niñas y adolescentes viviendo en algún Centro de Asistencia Social, por lo que están privados del derecho a vivir en familia y en comunidad.

En el contexto actual y de acuerdo con reportes del DIF Nacional, hay más de 118 mil infantes huérfanos. El INEGI plantea que hay más de un millón 600 mil niños, niñas y jóvenes menores de edad que viven sin sus padres en México, los cuales pueden haber fallecido o privados de la libertad, desaparecidos o migrado a otra localidad o fuera del país, precisa.

Explica que tanto el marco jurídico internacional como el nacional establecen claramente la obligación del Estado mexicano de proteger a niñas, niños y adolescentes de cualquier situación desamparo familiar que sea ocasionado por abandono u orfandad, además de mandatar a las instancias correspondientes que se deben de encargar en caso de detección de niñas, niños y adolescentes.

La infancia debe ser protegida y disfrutar de sus derechos

La diputada Claudia Lizeth Palos García (Morena) destacó que la infancia debe ser protegida y disfrutar de sus derechos. De acuerdo a datos oficiales, relató, vivir en familia es un derecho humano fundamental que debe privilegiarse en todo momento, ya que al proteger este derecho se procuran otros.

Se manifestó para que los procedimientos de adopción sean expeditos, ágiles, simples y guiados por el interés superior de la niñez. Las situaciones que dan lugar al desamparo familiar, abundó, van desde la muerte del padre y/o la madre, o por el incumplimiento y/o ejercicio adecuado de los deberes de protección para su guarda y custodia. “Hay que contribuir al bienestar de niñas, niños y adolescentes en México”.

Atender la situación de orfandad por diferentes modalidades

Por el PAN, la diputada Joanna Alejandra Felipe Torres expuso que niñas y niños son los más vulnerables dentro de las sociedades, cuando son los más importante y se debe velar por sus derechos; por ello, el dictamen busca atender la situación de orfandad por diferentes modalidades, como la que resulta del feminicidio o del abandono o ausencia de los padres.

Con la reforma, dijo, tanto el abandono como la orfandad y el estado de exposición son modalidades del desamparo familiar; se incorpora que los procedimientos de adopción deben ser ágiles, simples y guiados por el interés superior de la niñez, y agrega que a las víctimas directas o indirectas que queden en desamparo familiar se les deberá garantizar la prestación de servicios de atención.

El abandono infantil tiene graves consecuencias a largo plazo

Eunice Monzón García, diputada del PVEM y promovente de la iniciativa, expresó que la finalidad es atender la situación de desamparo familiar, pues el abandono infantil tiene graves consecuencias a largo plazo. “Sin una figura de apoyo y un entorno estable y seguro muchos pueden sufrir problemas de salud mental, desarrollar problemas de comportamiento y dificultades para tener relaciones saludables y positivas en el futuro”.

Por esa razón, afirmó, el dictamen plantea establecer un marco normativo claro que garantice el reconocimiento de los derechos de las víctimas directas o indirectas que se encuentran en situación de desamparo familiar y establecer que los procedimientos de adopción se desahoguen de forma expedita, ágil, simple y guiados por el interés superior de la niñez.

Desechan reservas

La diputada Susana Prieto Terrazas (Sin partido) presentó propuesta de modificación al artículo 49, para incluir dentro de las medidas de protección especial de derechos, a niñas, niños y adolescentes en situación de explotación, ya que muchas veces se da desde el seno familiar.

Por el PRD, el diputado José Juan Barrientos Maya sugirió modificar el artículo 28, a fin de precisar que los procedimientos de adopción se desahogarán de conformidad con la legislación civil aplicable y bajo el principio del interés superior de la niñez. Ambas reservas no se admitieron a discusión, por lo cual se desecharon.

Piden que tutores de menores garanticen el respeto de su intimidad en el uso de tecnologías de información

• Niñas, niños y adolescentes deben vivir libres de cualquier tipo de violencia: Diputada Rodríguez Sarabia

La Diputada Leslie Estefanía Rodríguez Sarabia (PRD) propone reformar el artículo 76 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de establecer que “la persona que ejerza la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes estará obligada a garantizar el respeto de su intimidad dentro del uso de las tecnologías de la información y comunicación que afecten, impidan o menoscaben su desarrollo integral”.

La iniciativa, enviada a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia para dictamen, tiene como propósito proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes a vivir una vida libre de cualquier tipo de violencia que perjudique su bienestar y el libre perfeccionamiento de su personalidad.

Cita que en México el 50 por ciento de las niñas y niños entre 6 y 11 años son usuarios de internet o de una computadora, mientras que el 90 por ciento de los adolescentes de 12 a 17 años usa dichas tecnologías.

Añade que el internet también representa riesgos para la niñez y la adolescencia, dado que, de acuerdo con encuestas nacionales, 25 por ciento de las y los adolescentes de entre 12 y 17 años ha vivido alguna forma de ciberacoso. Además, las autoridades federales han advertido del incremento de crímenes digitales, violencia y tráfico de pornografía infantil.

Indica que las niñas, niños y adolescentes están particularmente expuestos a la violencia en internet, la cual puede tener consecuencias graves en su desarrollo, salud mental e integridad personal.

En su exposición de motivos, la legisladora afirma que el uso de las tecnologías de la información y comunicación son una herramienta básica para casi cualquier proceso social, al que la niñez y adolescencia no es ajena; por ello, cobra relevancia la responsabilidad y monitoreo de su utilización.

Añade que, como consecuencia del uso inadecuado de estas tecnologías, así como la poca o nula supervisión por parte de padres, madres, personas que ejercen la patria potestad o guarda y custodia de las personas menores de edad, derivan diversos tipos de violencia que pueden afectar gravemente su desarrollo integral.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) refiere que algunas de las conductas a las que se enfrentan las niñas, niños y adolescentes por la violencia en internet puede suceder cuando las personas se dirigen a ellos con fines sexuales en redes sociales, videojuegos o plataformas de mensajería.

Rodríguez Sarabia expone que es importante delegar la responsabilidad a los padres, madres, tutores o quien ejerza la patria potestad de las y los menores, para que garanticen en todo momento la protección más amplia a este sector.

Señala que en México diversas instituciones han reconocido la importancia de cuidar a las infancias, a fin de evitar riesgos a su integridad por el uso de las redes sociales y el internet sin supervisión.

Avala Comisión seis dictámenes y puntos de acuerdo sobre derechos y desarrollo de niñas, niños y adolescentes

Las y los diputados de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, que preside la legisladora Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI), aprobaron seis dictámenes a reformas y opiniones a iniciativas, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes.

El dictamen a la iniciativa que presentó la diputada María de Jesús Páez Güereca (PT) para modificar el marco legal y reconocer el derecho al libre desarrollo de la personalidad de niñas, niños y adolescentes fue avalado con 28 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención.

La reforma establece que las políticas públicas deberán contribuir a la formación física, psicológica, económica, social, cultural, ambiental, cívica, y al libre desarrollo de la personalidad de niñas, niños y adolescentes, así como establecer como derecho el acceso a una alimentación nutritiva, neuronutritiva y suficiente.

El segundo dictamen aprobado con 26 votos a favor y cero en contra, cuya iniciativa fue presentada por las diputadas Shirley Guadalupe Vázquez Romero (PT) y Consuelo del Carmen Navarrete Navarro (PVEM) y se refiere a la reforma al artículo 61 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El documento establece la obligación de fomentar en las niñas, niños y adolescentes, el descanso, el esparcimiento, el juego y las actividades recreativas; además de mantener en óptimas condiciones los espacios destinados para estas actividades.

Las y los integrantes de la Comisión también avalaron con 25 votos a favor, la iniciativa que propuso la legisladora Olimpia Tamara Girón Hernández (Morena) para reformar los artículos 57 y 58 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La resolución propone garantizar programas para promover denuncias de cualquier tipo de abuso o violencia en centros educativos. Para ello establece que las autoridades educativas en sus tres órdenes de gobierno garantizarán la creación de programas que promuevan la cultura de la denuncia desde edades tempranas.

Por otra parte, la Comisión aprobó con 26 votos a favor, un acuerdo para desechar ocho propuestas de la Legislatura pasada, "en algunos casos porque ya hay iniciativas con propuesta similares; en otros casos, porque ya se han aprobado minutas similares", dijo la diputada Herrera Anzaldo.

El quinto tema aprobado por 26 votos fue un punto de acuerdo para fortalecer los instrumentos legales para garantizar la vida libre de violencia hacia la niñez. Lo presentaron las diputadas Laura Barrera Fortoul (PRI) y Gina Gerardina Campuzano González (PAN).

Asimismo, la Comisión avaló con 26 votos a favor opiniones a iniciativas sobre temas relativos a adolecentes trabajadores del hogar, lactancia materna en primera infancia, derechos de menores de edad, prevención del suicidio y acoso escolar.

Piden garantizar transporte a menores que se trasladan a una comunidad distinta a la suya para asistir a la escuela

• La diputada Navarrete Navarro (PVEM) plantea adicionar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
• Señala que se deben brindar opciones para disminuir el abandono escolar

Para brindar transporte gratuito a niñas, niños y adolescentes que requieran trasladarse a una comunidad distinta a la suya para asistir a la escuela, la diputada Consuelo del Carmen Navarrete Navarro (PVEM) impulsa iniciativa que adiciona una fracción XXIII al artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Propone que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, destinen recursos humanos, materiales y presupuestarios adecuados y suficientes para tal fin.

El documento, enviado a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia para dictamen, y a la Comisión de Educación para opinión, menciona que el objetivo es procurarles a los menores mejores condiciones para el acceso y ejercicio de su derecho a la educación.

Señala que de acuerdo al Índice de Rezago Social la población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela aumentó entre 2015 y 2020 a nivel nacional en 2.6 puntos porcentuales, al pasar de 3.5 a 6.1 por ciento, respectivamente.

Considera relevante brindar a niñas, niños y jóvenes medios como becas y opciones de transporte público para continuar con sus estudios y fortalecer los programas que buscan disminuir el abandono escolar, enfocados especialmente a los adolescentes que terminan la secundaria para que puedan llevar a cabo sus estudios correspondientes al nivel medio superior. 

“No se puede soslayar que, en muchas comunidades del país, sobre todo aquellas más pequeñas y alejadas, no existen planteles de educación media, por lo cual los estudiantes se ven obligados a ir a otros municipios para seguir con su formación y el costo del transporte implica un obstáculo, en ocasiones insalvable, para acceder al derecho a la educación pues muchos estudiantes no cuentan con los medios suficientes para cubrirlo, lo que genera abandono escolar”, añade.

Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) entre 2018 y 2020 a nivel nacional el porcentaje de la población con rezago educativo se mantuvo en niveles similares, pasando de 19 a 19.2 por ciento, respectivamente; sin embargo, se observó un aumento a nivel nacional del porcentaje de la población de 3 a 21 años que no asiste a la escuela y no cuenta con la educación obligatoria.

La diputada del PVEM afirma que la población de los estados cuyas comunidades rurales son numerosas requiere el apoyo de transporte escolar para que niñas, niños y adolescentes que quieren continuar sus estudios puedan hacerlo y acceder por esa vía a mejores condiciones de vida.

Aprueban reformas para promover participación de niñas, niños y adolescentes en actividades culturales

• El dictamen fue aprobado por unanimidad por el Pleno de la Cámara de Diputados y se remitió al Ejecutivo Federal

En sesión presencial, la Cámara de Diputados avaló por unanimidad de 414 votos, el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el propósito de promover la recreación en las actividades culturales. Se envió al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

El dictamen a la minuta que modifica el artículo 63 y adiciona un artículo 63 Bis, establece que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, promoverán la recreación y la participación de las niñas, niños y adolescentes en las actividades culturales de su interés, así como a fomentar su participación en la vida cultura y en las artes, la creatividad y producción artística.

Establece que dichas autoridades podrán aprovechar su infraestructura y recursos; promover el uso y desarrollo de los medios de comunicación oficiales y de las nuevas tecnologías a su alcance, a fin de establecer políticas tendentes a garantizar la promoción, difusión y protección de la diversidad de las expresiones culturales, regionales y universales, entre niñas, niños y adolescentes.

El documento argumenta que el derecho a la recreación en actividades culturales y artísticas es una garantía necesaria y esencial en el desarrollo de las infancias; los beneficios observados por las actividades culturales aportan a su crecimiento, permiten el sano desarrollo de sus capacidades de interacción social y de procesos cognitivos esenciales en la vida de las y los niños.

Subraya que la promoción de la cultura y la recreación facilita la conformación de una identidad propia. También dota de herramientas de prolongación de la riqueza cultural que permiten a las y los niños identificarse respecto de los elementos y crear un sentido de pertenencia con respecto a las demás personas de su entorno. 

El dictamen destaca la importancia de reconocer la difusión cultural, ya que existen prácticas y dinámicas culturales propias que diferencian a cada región y configuran el pensamiento y entendimiento de los habitantes respecto a los fenómenos sociales, políticos y económicos. Esto, añade, representa un impacto directo en la vida futura de las y los niños, pues aporta los elementos necesarios para la interacción social que pueden determinar el éxito laboral y, a su vez mejor calidad de vida.

Proponen iniciativa para combatir desnutrición, sobrepeso y obesidad en niñas, niños y adolescentes

• El diputado Ramírez Ramos impulsa reformas a la Ley General en la materia.
• Se remitió a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia.

El diputado Antonio de Jesús Ramírez Ramos (PVEM) planteó reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con el objeto de combatir la desnutrición, sobrepeso y obesidad, mediante la promoción de una alimentación saludable, suficiente y de calidad a través de una dieta adecuada y nutritiva.

La iniciativa presentada en la Comisión Permanente modifica los artículos 50 y 103 y adiciona un artículo 50 Bis a dicho ordenamiento. Cita que las autoridades federales, las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se coordinarán para construir entornos que favorezcan el desarrollo físico y mental de la niñez.

Asimismo, señala que la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, fomentará la reducción del consumo de bebidas no alcohólicas que excedan los límites máximos de contenido energético, azúcares añadidos, grasas saturadas, sodio y los demás nutrimentos críticos e ingredientes que establezca la Norma Oficial Mexicana correspondiente, quedando excluidos los alimentos y bebidas que formen parte de los programas de Seguridad Alimentaria Mexicana.

El documento, turnado a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, expone que en los últimos años el sobrepeso y la obesidad constituyen problemas de salud preocupantes, no sólo por los altos costos sociales y económicos que generan, sino también por la incidencia en Enfermedades No Transmisibles (ENT), como son la diabetes tipo II, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer.

Ante ello, señala, se asume que la población requiere información y educación sobre hábitos alimenticios para poder tomar decisiones informadas sobre su alimentación, especialmente los menores de edad, ya que las niñas, niños y adolescentes se encuentran expuestos a un entorno que favorece el consumo de alimentos nocivos para su salud.

Ejemplo de ello son los productos con alto contenido de azúcares, grasas y sodio; por ello, es necesario orientar a la población infantil, a quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia de las y los menores, así como a las demás personas que por razón de sus funciones o actividades los tengan bajo su cuidado, sobre los riesgos de consumir alimentos con bajo valor nutricional y alta densidad energética en combinación con la ausencia de actividad física.

Observa que no llevar una dieta suficiente, variada y nutritiva es causa de mortandad de niñas y niños en todo el mundo. Cuando los menores padecen desnutrición son más propensos a morir por enfermedades y presentar retraso en el crecimiento durante el resto de su vida; además, no tener acceso a una alimentación saludable es causa de malnutrición en todas sus formas, lo cual genera la aparición de enfermedades no transmisibles y de trastornos alimenticios.

La iniciativa puntualiza que es indispensable atender los problemas de alimentación que afectan a esta población, tomando medidas desde el ámbito legislativo para propiciar que los hábitos alimenticios que coadyuvan a garantizar el derecho a la salud y al bienestar se implementen desde edades tempranas.

La Cámara de Diputados mantiene el firme compromiso de legislar en favor de niñas, niños y adolescentes: diputado Gutiérrez Luna

• Durante el segundo periodo ordinario de sesiones se aprobaron diversas reformas en la materia, indicó 
• Asegurar el interés superior de la niñez, el objetivo

El presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, sostuvo que la Cámara de Diputados mantiene el firme compromiso de legislar para salvaguardar los derechos de las niñas, niños y adolescentes de México y contribuir a que tengan un mejor futuro. 

Con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se conmemora el 12 de junio de cada año, refirió que entre los objetivos principales de las y los diputados está eliminar todo abuso de tipo laboral o explotación que ponga en riesgo la salud, el bienestar e incluso la vida de niñas, niños y adolescentes, para lo cual se han presentado diversas iniciativas que son analizadas por las comisiones correspondientes. 

​Gutiérrez Luna afirmó que es necesario robustecer el marco jurídico, en especial la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; en esta Legislatura se han aprobado diversas reformas que tienen el propósito de proteger y velar por el bienestar de la población infantil, que es piedra angular de la sociedad. 

​“No es un tema menor, ya que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México trabajan 3.3 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años”, precisó. 

Mencionó que “es deber de todas y todos cumplir con lo que mandata la Constitución, a fin de amparar los derechos de la niñez y la adolescencia, así como erradicar la discriminación, la explotación laboral, la falta de acceso a la educación y asegurar el interés superior de niñas, niños y adolescentes”. 

​El legislador resaltó que entre las reformas que la Cámara de Diputados ha impulsado está la de proteger a esta población, especialmente para que las entidades federativas y municipios propicien las condiciones para hacer efectivas las garantías de las niñas y niños en situación de orfandad. 

Asimismo, se avalaron reformas para emitir la Alerta Amber al momento en que se levante la denuncia formal ante la autoridad competente del extravío de un menor de edad. 

Otro de los dictámenes aprobado por consenso, dijo, tiene el objetivo de establecer que la reglamentación en materia de adopción contenga los requisitos y documentos necesarios para determinar la idoneidad de los adoptantes, con el fin de agilizar trámites en estos procesos. 

​Gutiérrez Luna sostuvo que “estos trabajos son transcendentes porque contribuyen a combatir el trabajo infantil; por ello las y los diputados de los diversos grupos parlamentarios tienen como prioridad la defensa, preservación y ampliación de los derechos de esta población, que se suma además a los tratados internacionales suscritos y ratificados por el gobierno federal”.

Impulsan reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de violencia vicaria

• La diputada Fernández Cruz (PVEM) presentó iniciativa para tal efecto

La diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz (PVEM) impulsa una iniciativa a fin de garantizar la salvaguarda de los menores de manera efectiva y ágil en los casos en los que se detecten indicadores de violencia vicaria ejercida en contra de las niñas, niños y adolescentes, estableciendo medidas que protejan a tiempo su integridad emocional, psicológica y física.

La propuesta de reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, señala que cuando niñas, niños o adolescentes se vean afectados por violencia vicaria, en los casos en los cuales quien ejerce las funciones de guarda y custodia no desarrolle adecuadamente su rol parental, las autoridades correspondientes están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar.

También se agrega a la ley que cuando el padre haya sido denunciado o condenado por violencia familiar, doméstica o vicaria o cualquier delito en razón de género contra las mujeres o sea deudor alimentario, las autoridades jurisdiccionales competentes, procurando el interés superior de la niñez, podrán decretar en todo momento, aún como medida cautelar, la limitación, suspensión o pérdida del derecho de convivencia, custodia provisional o definitiva o cualquier régimen de comunicación o relación cuando exista peligro para las niñas, niños y adolescentes.

Establece que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia o los Sistemas de las Entidades, en coordinación con las Procuradurías de Protección, deberán otorgar medidas especiales de protección de niñas, niños y adolescentes cuando se tenga conocimiento de que son víctimas de violencia vicaria; asimismo, deberán garantizar que sean atendidos por personal especializado en casos de violencia para asegurar que se adopten decisiones que respondan al interés superior de la niñez. 

Añade que se tomarán las medidas necesarias a fin de garantizar el apoyo para que las niñas, niños y adolescentes, durante su protección, atención especializada y recuperación, permanezcan con la madre, excepto si ello es contrario al interés superior de la niñez. 

Plantea como atribución del Sistema Nacional de Protección Integral, diseñar y aplicar protocolos especializados para facilitar la planeación e implementación de medidas de prevención, atención, esquemas de alerta temprana y de seguridad para eliminar la violencia vicaria y garantizar una vida libre de violencia para niñas, niños y adolescentes. 

Define a la violencia vicaria como las conductas realizadas contra otra persona de manera consciente a través de terceros con el propósito de castigar, dañar psicológicamente o causar un sufrimiento a la mujer con la que se mantiene, se ha mantenido o se pretende una relación con la intención de ejercer o continuar practicando manipulación, control, dominación y violencia sobre ella. 

La propuesta, turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, considera que para promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes es esencial asegurar el respeto de su dignidad humana e integridad física y psicológica mediante la prevención de toda forma de violencia en su contra, por lo que es urgente prevenirla y erradicarla.

Aprueban dictamen que prohíbe venta de bebidas azucaradas y alimentos envasados en planteles de educación básica

La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con el objetivo de prohibir por cualquier medio la distribución gratuita, venta y suministro de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico a menores de edad en las instituciones educativas públicas y privadas de educación básica.

El dictamen modifica la Fracción VIII del artículo 50 del citado ordenamiento legal. Fue avalado por unanimidad y turnado al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Establece dentro de las obligaciones de las autoridades federales, de las entidades federativas, de las municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, el prohibir también la venta a través de distribuidores automáticos o máquinas expendedoras de estos productos al interior de dichas instituciones. 

La presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, Ana Lilia Herrera, dijo que el reto es prevenir y combatir la obesidad infantil, así como fomentar en la niñez hábitos alimenticios saludables. 

Además, consideró que la promoción de una alimentación equilibrada, el consumo de agua potable, el fomento del ejercicio físico y el impulso a programas de prevención e información, son retos que no solo demandan legislar, “demandan que usemos el resto de nuestras facultades, la aprobación del presupuesto y la vigilancia de los recursos ya asignados, por cierto, cada vez más pocos”. 

La diputada Rocío Banquells, puntualizó que es necesario realizar modificaciones a la ley para construir mecanismos de prevención de enfermedades y garantizar el derecho de las y los niños a un libre y adecuado desarrollo. “Consideramos que aprobar el dictamen representa una acción directa del Poder Legislativo en la protección del desarrollo integral de la infancia como un derecho humano”. 

Buscan crear Registro Nacional de Orfandad, para restituir derechos de niñas, niños y adolescentes en esta condición

• En México existen cerca de 131 mil 325 menores en orfandad por causa del covid-19.

 

Para crear un registro sobre los datos estadísticos e informativos de las niñas, niños y adolescentes que quedaron en condición de orfandad, la diputada Raquel Bonilla de Movimiento Regeneración Nacional, planteó reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

El documento, enviado a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, prevé que el Sistema Nacional de Protección Integral, elabore un Registro Nacional de Orfandad para brindar certeza y seguridad jurídica a las acciones integrales de protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que por cualquier situación se encuentren en orfandad. Así como para que accedan a los programas sociales que implanten las autoridades federal, estatal y municipal.

 

Para ello, el Sistema Nacional de Protección Integral celebrará instrumentos y mecanismos de coordinación con los registros civiles de las entidades federativas, a fin de obtener información y documentación actualizada de las niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad. Estará regido por las disposiciones en materia de protección de datos personales, protegiendo los derechos e interés superior de niñas, niños y adolescentes.

 

El Sistema Nacional de Protección Integral emprenderá acciones enfocadas a promover, garantizar, proteger y restituir sus derechos, elaborar un diagnóstico sobre la problemática de orfandad en donde se esbocen sus diversas causas como serían: muerte de la madre con posterioridad al alumbramiento, accidentes, feminicidio u homicidio, enfermedad, desaparición de alguno o ambos padres o de quien ejerza la patria potestad, tutela o guarda, o custodia, entre otras causas.

Además, consideró necesario diseñar e implementar estrategias, planes, programas, instrumentos y mecanismos de apoyos de carácter social, psicológico, salud, educativo para su atención inmediata, salvaguardando el interés superior de la niñez y restitución integral de sus derechos. 

Expuso que la UNICEF ha señalado que la pandemia ha impactado a los hogares de las niñas, niños y adolescentes, registrándose un incremento en los casos de hambruna, mala nutrición, incremento en la pobreza, en el núcleo familiar, abusos y violencia, así como situaciones de ansiedad y depresión, afectando su salud mental. 

De acuerdo con cifras publicadas en diversos estudios, en México existen cerca de 131 mil 325 niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por causa del covid-19. Además, datos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) señalan que en la Ciudad de México la pandemia ha dejado a más de 2 mil 550 niñas, niños y adolescentes en orfandad.