• La Diputada Martínez Ruiz y el Diputado Robles Montoya impulsan reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
La Diputada Maribel Martínez Ruiz y el Diputado Benjamín
Robles Montoya, ambos del PT, propusieron reformar la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para incluir “la desocupación por la
persona agresora del domicilio conyugal o de pareja, independientemente de la
acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aun en los casos de
arrendamiento del mismo”, entre las órdenes administrativas de protección a la
mujer víctima de violencia.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Igualdad de Género
para dictamen, considera apremiante facultar a las autoridades administrativas
para que conozcan de la urgencia, ordenen y garanticen que el agresor abandone
el domicilio y se asegure el cese de la violencia, así como la no
revictimización de la mujer, hijos e hijas.
Refiere que en México la violencia familiar está reconocida
en el marco jurídico nacional y las acciones para erradicarla; sin embargo, los
esfuerzos institucionales no han logrado permear la esfera social a la
profundidad y al ritmo necesarios.
“Seguimos viviendo y conviviendo en una sociedad patriarcal
que se resiste a los avances del Gobierno Federal, los gobiernos estatales y
municipales”. Esto queda claro con las cifras del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que revelan “no sólo el altísimo
número de casos relacionados con la violencia familiar, sino que, además, éstos
van en aumento”.
De ahí que se considere la urgencia de adoptar medidas que
realmente garanticen que las mujeres, también en la esfera familiar, puedan
gozar de su derecho a vivir en espacios y condiciones libres de violencia.
Expone que estas modificaciones legislativas tienen el único
objetivo de proteger a la mujer y a sus hijas e hijos, dado que en muchos casos
se encuentran en un mayor estado de vulnerabilidad por no tener ingresos
suficientes para dejar el domicilio conyugal o de pareja.
Señala que las órdenes de protección son un mecanismo
fundamental para prevenir la violencia y brindar apoyo a las víctimas, buscan
detener el ciclo de abuso y establecen barreras legales que impidan que los
agresores se acerquen a las víctimas, y juegan un papel importante en la
prevención de futuros actos de violencia al imponer restricciones y
consecuencias legales, con lo que disuaden a los agresores potenciales de
cometer actos violentos o acosadores.
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