•El Auditor superior de la Federación, David Rogelio
Colmenares Páramo, da cuenta de lo realizado
La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la
Federación (ASF), presidida por el Diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño
(PRI), se reunió con auditor superior de la Federación, David Rogelio
Colmenares Páramo, con motivo del análisis del informe general ejecutivo del
resultado de la fiscalización superior y la tercera entrega del informe del
resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2022.
El Diputado Angulo Briceño señaló que hoy concluye una serie
de reuniones de trabajo con los principales servidores públicos de la Auditoría
Superior de la Federación, respecto a la Cuenta Pública 2022, que corresponde
al cuarto año del Gobierno Federal, así como al periodo respectivo de las
gestiones de los gobiernos de las entidades federativas, municipios y de los
entes que ejercen recurso público federal.
Afirmó que la fiscalización de los recursos públicos es
facultad exclusiva de la Cámara de Diputados y este tipo de encuentros sirven
para conocer a detalle la labor que realiza el ente fiscalizador, quien es el
principal responsable de cuidar los recursos públicos.
Estimó que la presencia del auditor superior de la
Federación y de los auditores especiales da muestra del ánimo de colaboración
entre el ente fiscalizador y la Cámara de Diputados, “lo cual se debe traducir
en un intercambio de visiones que abone a fortalecer el combate a la
corrupción, pues de una correcta fiscalización de los recursos públicos depende
alejar todo tipo de vicios de corrupción en la administración pública en todos
sus niveles” y, con ello, permitir que los recursos destinados cumplan con sus
objetivos.
“Hoy las y los diputados acudimos a ejercer la facultad
soberana de evaluar el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación,
quienes encuentran un insumo fundamental para llevar a cabo la colaboración con
la Unidad de Evaluación y Control en el análisis respectivo y contar con datos
objetivos para calificar el desempeño del ente fiscalizador”, puntualizó.
Participación de diputadas y diputados
El Diputado Azael Santiago Chepi, de Morena, apuntó que la
información brindada por la ASF permite tener los fundamentos para dar
respuesta a las preguntas de la ciudadanía; no obstante, planteó la necesidad
de mejorar los procedimientos administrativos o penales con el fin de
fortalecer y eficientar la fiscalización en el país. Asimismo, estimó necesario
conocer el estatus real de las cuentas públicas 2014-2017, las cuales se
declararon como concluidas, pero al revisar el sistema público de consultas de
la ASF se observa que existen mil 612 acciones relativas a 2016 y mil 555
acciones a 2017.
En tanto, la Diputada Inés Parra Juárez (MORENA) señaló que
en el periodo de gestión del Auditor Colmenares Paramo se ha tenido una
tendencia a la baja en la presentación de denuncias de hechos y “en el
aplazamiento amañado de los pliegos de observaciones insolventables”, por lo
que, sostuvo, ha sido improductivo.
La Diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño (PAN) expresó que
la ASF se ha convertido en un ente que se ha dedicado a esconder y solapar
actos de corrupción. Afirmó que el hecho de que casi 8 mil millones de pesos
aún estén sin aclararse en las cuentas públicas 2019, 2020 y 2021 sugiere una
posible falta de equidad en el tratamiento de las entidades auditadas.
También del PAN, el Diputado René Figueroa Reyes mencionó
que de acuerdo con lo señalado en el informe del resultado de la fiscalización
de la Cuenta Pública 2022, específicamente en la auditoría de desempeño de la
Comisión Nacional del Agua, el otorgamiento de nuevas concesiones y
asignaciones se sustenta en acuerdos y decretos de zonas de veda de los años
50, 60 y 80, por lo que preguntó ¿cuáles son las acciones que acordó con CONAGUA
para subsanar dicha situación?
A su vez, la Diputada Maribel Martínez Ruiz, del PT, indicó
que la fiscalización en las instituciones públicas promueve la transparencia y
la rendición de cuentas, lo cual abona al combate a la corrupción y evalúa el
desempeño del gobierno en el uso de los recursos. Por ello, consideró necesario
conocer si los procesos de auditorías de 2019-2022 han mejorado en esta materia
tomando en cuenta que hay devolución de recursos de diversas entidades
gubernamentales y acciones que se impulsan para su prevención.
Intervención del auditor superior de la Federación
El Auditor David Rogelio Colmenares Páramo explicó que en
las tres etapas de revisión de la Cuenta Pública 2022 se auditaron 313 entes de
la Administración Pública Federal que representan más del 50 por ciento del
total, dos empresas productivas del Estado y 16 organismos autónomos. Por el
lado de las auditorías del gasto federalizado, dijo, se practicaron 615
auditorías a las entidades federativas y al gobierno de la Ciudad de México,
930 municipios y las alcaldías de la Ciudad, 123 instituciones de educación
superior locales y otras 72 entidades, así como organismos autónomos.
Precisó que, en cuanto a desempeño, se realizaron en total
112 auditorías, de las cuales 107 fueron de desempeño y cinco relativas a la
gobernanza y control interno. Del total, 26 auditorías correspondieron a la
finalidad de gobierno, 52 a desarrollo social y 34 se asociaron a desarrollo
económico. Al respecto, se generaron 299 recomendaciones al desempeño.
Detalló que en la revisión de dicha Cuenta se llevaron a
cabo 279 auditorías de cumplimiento financiero que, desglosadas por grupo
funcional, fueron: 129 de desarrollo económico, 62 de gobierno y 88 de
desarrollo social. El universo seleccionado ascendió a más de 13 mil 743
millones de pesos, con una muestra auditada de prácticamente superior a la
mitad.
Indicó que, en cuanto a auditorías financieras, destacan por
monto observado las revisiones a los inventarios de materiales de Pemex
Logística, el Programa Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural
en la atención del Huracán Ágata en Oaxaca y al Programa de Jóvenes
Construyendo el Futuro; a la Universidad Autónoma de Chapingo, a CONAHCYT y a
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE).
Respecto a auditorías de inversiones públicas federales,
dijo, se efectuaron 110 auditorías de inversiones físicas federales, las cuales
totalizaron recursos fiscalizados por 252 mil 184.7 millones de pesos. Se
observaron 2,822.6 millones de pesos y se recuperaron 675.7 millones de pesos,
respectivamente.
En cuanto a las auditorías de TIC, ciberseguridad y
telecomunicaciones, mencionó que se llevaron a cabo 18 que totalizaron recursos
fiscalizados por 21 mil 283 millones de pesos con una muestra revisada muy
alta, lo que representó el 44 por ciento de alcance. Al respecto, se observaron
297 millones de pesos.
Colmenares Páramo señaló que en el ejercicio 2022 el gasto
federalizado ascendió a más de 2 billones de pesos, de los cuales más de un
billón, específicamente el 52.4 por ciento, correspondieron a las
transferencias condicionadas o gasto federalizado programable.
Resaltó que, como resultado de las mil 762 auditorías a los
recursos de origen federal, se observó un monto por aclarar de 22,892.1
millones de pesos. En cuanto a gobiernos estatales, los montos por aclarar
superaron los mil 300 millones de pesos. Respecto a las universidades públicas
estatales (UEP) se determinaron mil 732 millones de pesos por aclarar, siendo
los casos con mayor monto las universidades de Coahuila, Nayarit, Sinaloa,
Nuevo León y Chiapas.
También, añadió, se efectuaron 12 auditorías de cumplimiento
forense orientadas a la fiscalización de recursos del gasto federalizado,
incluidas las participaciones federales. Se detectaron, de manera recurrente,
incumplimientos asociados a pagos realizados sin acreditar la entrega de bienes
o servicios, colusión entre proveedores, alteración de documentos, sobreprecios
en la compra de bienes y servicios, falta de aplicación de penas
convencionales, pagos en exceso o improcedentes, y proveedores o contratistas
subcontratados cuando el contrato lo prohibía, entre otros.
Destacó que como resultado de la fiscalización superior de
la Cuenta Pública 2022 al gasto federalizado se logró que las entidades
fiscalizadas reintegraran, durante el proceso de fiscalización, recursos por 3
mil 128 millones de pesos, importe histórico que equivale al 142 por ciento de
los recursos con los que contó la ASF; es decir, que por cada peso asignado al
máximo órgano de fiscalización en 2022 éste recuperó para la Federación 1.2
pesos.
Con relación al estatus que guardan las acciones, el
funcionario detalló que en la Cuenta Pública 2016 hay 487 expedientes de
presunta responsabilidad administrativa con mil 301 presuntos responsables,
mientras que en la Cuenta Pública 2017 aún están en proceso de atención en el
área de la Dirección General de Investigación 178 expedientes con 449 presuntos
responsables.
Por su parte, el Director General de Auditoría del Desempeño
al Desarrollo Económico, Hugo Tulio Félix Clímaco, mencionó que, respecto al
desempeño en la gestión de las concesiones y asignaciones del agua, con la
auditoría se identificó la necesidad de que la CONAGUA realice estudios
técnicos para verificar los acuerdos y decretos en zonas de veda.
Afirmó que en la auditoría se encontró que hay decretos y
acuerdos de los años 50 y 70 que hacen necesario actualizar esa información
para saber qué tanto se está explotando el manto acuífero en determinadas
cuencas.
