• El Diputado Rodríguez Carrillo (MC) propuso modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
El Diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, de MC,
presentó una iniciativa que adiciona una fracción V al artículo 34 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para que en caso de
cancelación de programas y proyectos registrados en la cartera de inversión las
dependencias y entidades presenten a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público una evaluación económica que incluya los motivos.
Asimismo, la cuantificación de las implicaciones
económicas y financieras que se generarían por motivo de su cancelación, con el
fin de determinar si es viable cancelar el proyecto, así como el costo para el
Estado, realizar el seguimiento del proceso de cancelación y vigilar que su
costo no se incremente.
En la exposición de motivos señala que la importancia de
regular el proceso de cancelación de obras públicas radica en la posibilidad y
capacidad para promover una gestión transparente y responsable de los recursos
del Estado.
Al establecer normativas claras, se asegura que cada
decisión sea tomada con transparencia y que se rindan cuentas ante la sociedad
y las autoridades pertinentes. Esto no solo previene posibles actos de
corrupción y desvíos de fondos públicos, sino que también fortalece la
confianza de la comunidad en la integridad de las instituciones
gubernamentales, agrega.
Destaca que las obras públicas suelen involucrar grandes
sumas de dinero provenientes de los impuestos de los ciudadanos, por lo que
regular el proceso de cancelación asegura que estas inversiones se utilicen de
manera efectiva para beneficio público. Si una obra no cumple con su propósito
o no es viable, cancelarla protege los intereses y recursos de la comunidad.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública, advierte que desde el punto de vista legislativo existe una carencia
en nuestras leyes en materia de ejecución de proyectos y obras de
infraestructura, que es la falta de un marco legal que gobierne la cancelación
de proyectos.
Enfatiza que un marco normativo para la cancelación de
programas y proyectos de inversión abonaría de forma importante no sólo a
evitar irregularidades en dichos procesos, sino también a mitigar la afectación
a la nación y a la sociedad.
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