jueves, 27 de agosto de 2026
Comisión de Bienestar acordó desechar iniciativa sobre desplazamiento forzado y migración
martes, 28 de enero de 2025
Comisión de Bienestar aprobó en sentido negativo dictamen sobre empleo temporal para pescadores
En reunión semipresencial, la Diputada Rojo Pimentel aclaró que el dictamen está plenamente fundamentado. Explicó que la Ley General de Desarrollo Social tiene carácter general y no está diseñada para atender sectores específicos como el pesquero, el cual ya tiene una legislación propia, que es la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, cuya finalidad es regular y ocuparse de las necesidades de ese sector.
Agregó que la propuesta implica un impacto presupuestal de 9.85 millones de pesos, lo cual es inviable dentro del marco del Presupuesto de Egresos ya aprobado y su transitorio viola el principio de no retroactividad.
Recordó que ya existe el programa “BIENPESCA” que ha demostrado ser efectivo, por lo que “este dictamen no es un rechazo a los pescadores sino un ejercicio responsable alineado con las leyes y los recursos existentes”.
A su vez, el Diputado Mishel Castro Bello consideró que su iniciativa pretende garantizar que el sector pesquero tenga un apoyo social a través del empleo temporal remunerado, y solicitó a la Comisión deseche el dictamen en sentido negativo y emita uno nuevo en sentido positivo.
El Diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo (PVEM) expresó que al analizar la iniciativa se observó que tiene varios puntos que se duplican en la Ley General de Desarrollo Social y en la de Pesca. Además, afirmó que la propuesta al artículo 23 de dicho ordenamiento legal ya se atiende en el artículo 37 de la Ley General de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El Diputado Iván Marín Rangel (PVEM) mencionó que el programa “BIENPESCA beneficia a toda la República y pidió que se amplíe para que más pescadores puedan obtener este recurso.
En su oportunidad, el Diputado Gildardo Pérez Gabino (MC) refirió que los pescadores requieren ayuda urgente.
Vía zoom, Claudia García Hernández, Diputada de MORENA, hizo notar que lo planeado en la iniciativa ya está contemplado en la Ley General de Desarrollo Social.
María de Fátima García León, Diputada de MC, comentó que la problemática del sector debe ser atendida, porque los pescadores han sido afectados por desastres naturales; sin embargo, éstos ya están enmarcados en una legislación específica y no son de la competencia de la Ley General de Desarrollo Social.
martes, 14 de enero de 2025
Proponen empleo temporal para pescadores de litoral que vean afectada su actividad a causa de ciclones
• El Diputado Castro Bello, del PRI, presentó reformas a la Ley General de Desarrollo Social
El Diputado Christian Mishel Castro Bello, del PRI, presentó una iniciativa que modifica la Ley General de Desarrollo Social, a fin de establecer mecanismos emergentes de evaluación y empleo temporal para los pescadores de las costas mexicanas que sean afectados por ciclones tropicales.
Añade que para efectos de esta ley se entenderá como organizaciones a las agrupaciones civiles y sociales, legalmente constituidas, en las que participan personas o grupos sociales con el propósito de realizar actividades relacionadas con el desarrollo social.
También define al “censo de pescadores” como la relación de personas dedicadas a esta actividad en los litorales de México en el Océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe.
El documento, turnado a la Comisión de Bienestar, agrega que los beneficiarios de los programas de desarrollo social tienen entre sus obligaciones, dado el caso, presentar su solicitud de inclusión a dicho censo.
Puntualiza que la Política Nacional de Desarrollo Social debe incluir el desarrollo en las zonas costeras y que son prioritarios y de interés público dichos programas de empleo temporal.
Menciona que en los criterios para la distribución del gasto social con el que se financiará el desarrollo social, se establecerán previsiones para programas emergentes, a fin de mitigar los efectos ocasionados por desastres naturales.
La reforma plantea además que los municipios, gobiernos de las entidades federativas y el Gobierno Federal estimularán la organización de pescadores de los litorales de México.
En la fundamentación, se explica que conforme al último censo del INEGI hay aproximadamente un millón de pescadores, cifra que representa a aquellos que se dedican a la pesca en los distintos cuerpos de agua del país, incluyendo mares, ríos, lagos y lagunas; en ellos viven y trabajan pescadores y sus familias, quienes forman parte de un sector productivo de la economía de México.
“Dependemos en gran medida de los océanos y las zonas costeras para obtener una inmensa variedad de recursos, especialmente alimentos. Estos ecosistemas no solo sostienen nuestra alimentación diaria, sino que también son cruciales para la economía y el bienestar global, pero sobre todo de los pescadores y de sus familias”, sostiene la iniciativa.
Por ello, indica, se requiere modificar la Ley General de Desarrollo Social para que los apoyos emergentes necesarios para los pescadores afectados por fenómenos meteorológicos, como lo son los ciclones tropicales, queden firmes por ley.
Considera que “es crucial proteger y apoyar a quienes se dedican a la pesca. Su esfuerzo y trabajo son fundamentales para la economía nacional y su bienestar es vital para asegurar la continuidad de este importante sector”.
Menciona que los desastres naturales, particularmente generados por la actividad de ciclones tropicales, son cada vez más frecuentes y devastadores, lo que genera graves consecuencias. Solo por citar algunos ejemplos, “Otis” en el Pacífico afectó significativamente los estados de Guerrero y Oaxaca, mientras que “Rafael” en el Golfo de México impactó severamente los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Veracruz.
“Es de suma importancia que se tomen medidas y se dé respuesta a los pescadores y a las familias que se ven afectadas; ello ayudará a mitigar el impacto que dejan los desastres naturales”, enfatiza.
martes, 5 de noviembre de 2024
Senado de la República analiza reforma constitucional y nuevas leyes sobre el Derecho al Cuidado, destaca nota del IBD
* El 18 de noviembre de 2020, la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional que reconoce el derecho al cuidado y la turnó al Senado en donde se encuentra pendiente
* Históricamente, las labores de cuidado de niñas, niños, personas con discapacidad y adultas mayores, han recaído de manera predominante en las mujeres
* En los últimos años, el derecho al cuidado ha tenido importantes avances legislativos a nivel local, particularmente en Jalisco y la Ciudad de México en donde las constituciones locales han sido reformadas para incorporar este derecho, sin embargo, a nivel federal todavía están pendientes reformas y leyes para la conformación de un Sistema Nacional de Cuidados, destaca un estudio de la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD)
El documento titulado “Avances legislativos en materia de cuidados en México”, elaborado por la investigadora Irma Kánter Coronel, señala que, el 18 de noviembre de 2020, la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional que plantea garantizar el derecho al cuidado en condiciones de igualdad y calidad, así como promover la responsabilidad compartida entre el Estado, la sociedad civil, el sector privado y la familia.
El estudio apunta que esta minuta, la cual contempla la instauración del Sistema Nacional de Cuidados, lleva cuatro años siendo analizada por el Senado.
Posteriormente, el 20 de marzo de 2024, la cámara baja aprobó una reforma a la Ley General de Desarrollo Social para definir el trabajo de cuidados y elaborar una Política Nacional de Cuidados, desde la cual se coordinarían las estrategias gubernamentales y se promovería la responsabilidad compartida entre la familia, el sector privado, la sociedad civil y el Estado, para que garantice el derecho al cuidado en condiciones de calidad e igualdad entre el hombre y la mujer.
La investigación refiere que, históricamente, el trabajo de cuidados ha sido asignado de manera exclusiva a las mujeres, quienes han dedicado una cantidad significativa de su tiempo al cuidado de otras personas en detrimento de su desarrollo personal, profesional y laboral.
El estudio completo del IBD se puede consultar en la siguiente dirección: http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/6342http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/6342.
jueves, 14 de marzo de 2024
Avala Cámara de Diputados que el cuidado en condiciones de dignidad sea un derecho para el desarrollo social
• El dictamen fue enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales
En la sesión de este martes, la Cámara de Diputados avaló el
dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de
Desarrollo Social, con el propósito de incorporar el cuidado en condiciones de
dignidad, calidad e igualdad, como un derecho para el desarrollo social.
El dictamen, remitido al Senado de la República para sus
efectos constitucionales, reforma los artículos 5, 6, 49, 51 y 60, y agrega un
Capítulo II Bis al Título Tercero “De la Política Nacional de Cuidados” de
dicha ley.
Se establece la definición de trabajo de cuidados como las
actividades que aseguran el sustento de la vida, lo que implica el cuidado de
los cuerpos, la educación y formación de las personas, el sostenimiento de
vínculos sociales, el apoyo psicológico, el acompañamiento emocional a los
miembros de las familias y el mantenimiento de los espacios y bienes
domésticos.
Señala que la Política Nacional de Cuidados es parte
integral de la Política Nacional de Desarrollo Social, y tiene por objetivo
coordinar las políticas, estrategias y acciones de los programas en materia de
salud, educación, trabajo y seguridad social, que sean aprobados en el
Presupuesto de Egresos de la Federación, a fin de garantizar el derecho al
cuidado, y los derechos de las personas que realizan estos trabajos.
Indica que la Política Nacional de Cuidados promoverá la
responsabilidad compartida entre la familia, el sector privado, la sociedad
civil y el Estado, para que garantice el derecho al cuidado en condiciones de
calidad e igualdad entre el hombre y la mujer.
Dicha política promoverá que las personas en situación de
vulnerabilidad que requieran de cuidados los reciban en su domicilio o en algún
espacio designado por el Estado; que las personas que realizan trabajos de
cuidado accedan a capacitaciones, certificaciones y seguridad social y que las
licencias y permisos de maternidad y de paternidad, ayuden a conciliar la vida
laboral y familiar para que la o el trabajador disponga de tiempo para
dedicarse al cuidado de sus familiares hijas, hijos, madre, padre, persona
adulta mayor, persona con discapacidad o persona enferma.
Se incluye que podrá ser invitado a participar en las
reuniones de la Comisión Nacional de Desarrollo Social el titular del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía.
Intervención de diputadas
La Diputada Aleida Alavez Ruiz (MORENA) señaló que este
dictamen representa un avance significativo. Precisó que con las modificaciones
a la ley se visibiliza la responsabilidad del Estado al derecho a cuidar y ser
cuidado. “Nos queda muy claro cuál es la obligación del Estado ante este
derecho”.
Consideró que “hoy se tiene la oportunidad de reconocer en
la Ley General de Desarrollo Social la definición de trabajo de cuidados, así
como el reconocimiento de que sea realizado en condiciones de dignidad, calidad
e igualdad”. Apuntó que “no podíamos dejar pasar que el 8 de marzo, Día
Internacional de las Mujeres, no tuviéramos en esta tribuna temas de carácter
sustantivo”.
Por el PAN, la Diputada Sonia Murillo Manríquez indicó que
uno de los mayores obstáculos que enfrentan las mujeres en su camino hacia el
desarrollo profesional y económico es la falta de acceso a servicios de cuidado
infantil de calidad; las mujeres tienen una mayor responsabilidad en el cuidado
de los hijos y a menudo se ven obligadas a sacrificar sus carreras
profesionales para cuidar de ellos.
Sostuvo que con el dictamen busca hacer justicia a las y los
mexicanos que pasan tiempo cuidando a otros. En este marco jurídico “podremos
crear oportunidades de desarrollo y de bienestar infantil, generar bienestar
para otras personas que requieren cuidados y facilitar las oportunidades de
elección para las mujeres cuidadoras en los espacios educativos, laboral,
social y político, al reducir la sobrecarga de trabajo”.
La Diputada Nelida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda (PRI) precisó
que en México la distribución desigual del trabajo de cuidados en los hogares
se ve reflejada en la economía. Comentó que se estima que el 80 por ciento de
quienes cuidan a personas con alguna discapacidad son mujeres; el 96 por ciento
de quienes cuidan a niñas y niños, son mujeres; el 67 por ciento de quienes
están a cargo de personas mayores, son mujeres.
Explicó que el dictamen busca resarcir una deuda histórica y
contribuir a la construcción de un marco normativo que atienda a la justicia y
a la equidad. Dijo que la propuesta tiene como objetivo establecer como un
derecho para el desarrollo social el cuidado en condiciones de dignidad,
calidad e igualdad y establecer una política nacional.
Del PVEM, la Diputada Angélica Peña Martínez comentó que el
dictamen es un paso fundamental para atender las tareas de cuidado y asistencia
social, especialmente para los grupos más vulnerables quienes requieren de un
apoyo especial, pues reconoce el derecho de las personas a cuidar y ser
cuidados lo que significa un cambio radical en la forma en que concebimos la
asistencia social.
Estimó que este reconocimiento tendrá un impacto positivo en
la vida de millones de mexicanos y mejorará sus condiciones de vida y
bienestar. Representa una oportunidad para erradicar las desigualdades y las
asimetrías existentes entre hombres y mujeres en relación con las
responsabilidades y los cuidados en el hogar.
Ana Karina Rojo Pimentel, Diputada del PT y presidenta de la
Comisión de Bienestar, celebró y reconoció el apoyo y voluntad de las y los
legisladores integrantes de la Comisión que encabeza, por aprobar este
dictamen. Mencionó que el documento se construyó con base en el análisis de
diversas iniciativas y recoger los aportes y la pluralidad de todos los grupos
parlamentarios.
Con las modificaciones, dijo, se pretende establecer el
derecho al cuidado en condiciones de dignidad, calidad e igualdad. La reforma
no implica un impacto presupuestal adicional, sino que operará con los recursos
humanos, financieros y materiales ya existentes de las instituciones del Estado
mexicano.
En tanto, la Diputada Amalia Dolores García Medina (MC)
resaltó que las mujeres carecen de tiempo, “no tenemos tiempo libre, lo
dedicamos a los cuidados”. Señaló que el Sistema Nacional de Cuidados no es una
política social más, porque atraviesa todos los ámbitos de la vida.
Tiene que verse, comentó, como esa gran política que nos
abarque a todos, y lo que se propone es que se convierta en “una especie de
paraguas para que salud, educación, trabajo y seguridad social se combinen”.
Afirmó que esto “será la base para construir un estado de bienestar cuidador,
un Estado que nos garantice el derecho a los cuidados que es la política social
del siglo XXI”.
La Diputada María Teresa Madrigal Alaniz (PRD) mencionó que
las mujeres invierten tres veces más horas que los hombres para el desarrollo
de las labores no remuneradas en el cuidado de los hijos, de las hijas y otros
familiares, ya sea por discapacidad vejez o enfermedad.
Indicó que la política nacional de cuidados responsabiliza primero a la familia sobre los mismos sin que se genere el mecanismo para la corresponsabilidad del Estado, por lo que no se conceptualiza los cuidados como una política pública y “no se contemplan suficiencias presupuestarias y mucho menos las obligaciones que el gobierno requiere al reconocerles”.
jueves, 25 de agosto de 2022
Comisión pospone discusión de dictamen sobre Programa 3X1 para Migrantes, a fin de continuar con su análisis
La Comisión de Bienestar aprobó por 33 votos posponer la discusión del dictamen que adiciona una fracción décima al artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, cuya finalidad es la reinserción del Programa 3X1 para migrantes, en el que Federación estados y municipios colaborarán económicamente para la creación de obras en las localidades de origen de migrantes.
La iniciativa, suscrita por el diputado Alfredo Femat
Bañuelos, del PT, fue dictaminada en sentido negativo y, por ello, las y los
diputados avalaron retirarlo del orden del día para continuar con su análisis.
Al manifestarse en contra de que se desechara el
dictamen, la diputada de MC, Amalia Dolores García Medina, destacó que el
Programa 3X1 tiene un componente de solidaridad y compromiso de los migrantes
con sus comunidades, pues por cada peso que aportan los clubes y federaciones
de migrantes para una obra determinada, los gobiernos municipal, estatal y
federal aportaban otro peso cada uno. Destacó que nuestro país no podría
sostenerse sin las remesas, pues son el ingreso de divisa extranjera más
importante para México.
Del PAN, la diputada Berenice Juárez Navarrete dijo estar en
contra del dictamen, ya que se desecha porque no hay una evaluación,
mecanismos, ni transparencia, por lo cual debe ser actualizado ante las
necesidades, pues además ayuda al rescate de los espacios públicos. “Sería
darle la espalda a los migrantes que tienen la ilusión de que mejore su
municipio y sus estados”.
La diputada Nelida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda (PRI) se
manifestó en contra de que se deseche la propuesta, y pidió mejorar los
mecanismos para que el Programa funcione, ya que las federaciones de migrantes
han hecho bien a estados y municipios.
De la misma bancada, el diputado Rodrigo Fuentes Ávila
aseguró que los migrantes están comprometidos realmente con sus familias y su
origen, por lo que hoy en día los grandes ingresos que se reciben son las
remesas. Pidió encontrar un punto de encuentro para no dejar solos a los
migrantes en esta participación clara que tienen hacia el interior de nuestro
país.
También del PRI, la diputada Frinné Azuara Yarzábal señaló
que se demostraron las bondades de este Programa y cuando el gobierno asiste a
Estados Unidos destaca la relación con los migrantes y presume con sombrero
ajeno las remesas de la lucha que dan día a día. “Ellos tienen la necesidad y
el compromiso de ayudar a los que dejaron con dolor y tristeza en sus pueblos
olvidados”.
De Morena, el diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros
aseguró que este programa se volvió completamente irregular, incluso existen
observaciones de la Auditoría Superior de la Federación en donde nunca se
solventaron las obras que se hicieron en muchos casos. “Por la corrupción que
hubo en esos gobiernos desapareció ese Programa”.
El diputado Javier Huerta Jurado (MORENA) apuntó que el
dictamen tiene varios aspectos que deben considerarse, no solo es el tema
presupuestario, transparencia en el uso de recursos y la técnica legislativa,
sino que se debe ver el origen de la migración.
También de Morena, el diputado Otoniel García Montiel señaló
que no se puede dejar de lado el tema de los recursos, ya que el Gobierno
Federal tiene ya muy ajustado el presupuesto y la iniciativa no dice de dónde
vendrían los montos para un programa que fue señalado por corrupción.
El diputado Alfredo Vázquez Vázquez, de MORENA, consideró
que se necesita un análisis más profundo para hacer modificación y dijo que hay
un reconocimiento de la ciudadanía de los avances que se han logrado en todo
tiempo.
Del PT, el diputado Armando Reyes Ledesma indicó que, aunque
se ha logrado bienestar, se puede constatar que muchos programas de beneficio a
municipios y obra de infraestructura primaria para mejorar la calidad de vida,
han desaparecido como fue el programa 3X1. “No podemos hablar de corrupción
porque hoy nosotros somos ahora los responsables de la parte legislativa”.
La diputada Sonia Murillo Manríquez (PAN) se dijo de acuerdo
en revisar esta iniciativa porque es muy importante para la gente que da su
cara y trabajo fuera de México. “No podemos hablar de quitar un programa por
corrupción que señalan de años anteriores, debemos situarnos ahorita”.
La diputada de MC, María Asención Álvarez Solis, comentó que
se ha dicho que este Programa fue retirado por corrupción, pero en el caso del
programa de Apoyo a Adultos Mayores, éste tampoco cuenta con reglamentos.
De MORENA, la diputada Olegaria Carrazco Macías coincidió en
que se debe revisar la iniciativa.
Del mismo grupo parlamentario, el diputado Francisco Javier Borrego Adame aseguró que este no es un tema político o de partido, sino que se requiere buscar una solución a esta propuesta que calificó como muy buena. Pidió apoyar la iniciativa mediante reglas claras.
jueves, 28 de abril de 2022
Comisión de Bienestar avala dictamen que reforma la Ley General de Desarrollo Social
La Comisión de Bienestar, presidida por la diputada Ana Karina Rojo Pimentel (PT), aprobó el dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social, cuya propuesta fue presentada por el diputado Ornar Enrique Castañeda González (Morena).
El objetivo es establecer que las Reglas de Operación de los Programas (ROP) de las entidades federativas como de los municipios sean dadas a conocer al público en general, mediante su publicación en el Periódico Oficial del Estado y en las Gacetas Municipales, respectivamente.
El documento indica que la transparencia es necesaria para el manejo correcto del presupuesto, fortalece el funcionamiento de las instituciones gubernamentales y salvaguarda el Estado de derecho.
Asuntos generales
En este apartado, la diputada Sonia Murillo Manríquez (PAN) mencionó que es importante el análisis de los programas sociales para dejar de lado comentarios o situaciones equivocadas o sin sustento. “Es necesario tener reglas de operación en los programas sociales para que den mejores resultados y cumplan con el objetivo para el que fueron creados”.
De la misma bancada, la diputada Berenice Juárez Navarrete dijo que la Comisión tiene que apostar por el desarrollo social de todas y todos los mexicanos, sin distingo de colores. “Lo que quieren las y los mexicanos es que trabajemos para mejorar sus condiciones y calidad de vida”.
La diputada Ana María Esquivel Arrona (PAN) señaló que los programas de desarrollo social tienen que ser transversales y las evaluaciones que se les realicen son un indicador sobre una parte del proceso para llegar al objetivo. “Los programas sociales son cambiantes y deben ser integrales”.
El diputado Rodrigo Fuentes Ávila (PRI) indicó que se deben construir reglas pertinentes para posteriormente evaluar los programas y saber si cumplen con el fin para el que fueron creados.
El diputado Pedro David Ortega Fonseca (Morena) expuso que hay programas sociales muy humanos, uno de ellos es el de la Pensión para Adultos Mayores. “Nos llevamos el compromiso de trabajar en las áreas que nos hacen falta para mejorar lo que se requiera”.
La diputada Erika de los Ángeles Díaz Villalón (PAN) dijo que se deben realizar foros y mesas de trabajo para considerar la implementación de nuevos programas sociales. “No interesan los nombres, sino su objetivo, a quién van dirigidos y los resultados que arrojen”.
El diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez (PVEM) comentó que se debe trabajar de manera conjunta en lo que sea mejor para México. Agregó que hay problemas económicos en el ámbito internacional y un rezago social que ha permanecido por décadas.
Del PRI, la diputada Frinné Azuara Yarzábal manifestó que es necesario revisar los indicadores, ya que en algunos programas no hay reglas de operación ni evaluaciones. “Hay un incremento de pobres; por ello, se debe atender el tema”.
La diputada Olegaria Carrazco Macías (Morena) indicó que es relevante tener datos del Coneval, y estimó que el gobierno actual ha trabajado lo mejor posible para mejorar las condiciones de vida de la población.
La diputada María Asención Álvarez Solís (MC) dijo que está bien el apoyo que se está dando a los adultos mayores, pero siguen teniendo muchas carencias. “Su apoyo que les llega se lo gastan en medicamentos, este grupo es el más vulnerables ya que a muchos los abandona su propia familia”.
El diputado Alfredo Vázquez Vázquez (Morena) manifestó que es necesario ir al territorio para constatar lo que se ha trabajado y logrado en materia de bienestar.
La diputada Rocío Natalí Barrera Puc (Morena) comentó que el bienestar es un tema importante para este gobierno y el objetivo principal es acabar y erradicar con la pobreza. “Hay muchos logros en esta administración”.
lunes, 24 de enero de 2022
Publica CIEPS zonas de atención prioritaria 2022 en Edoméx
• Busca fortalecer la política social con enfoque de
derechos.
• Son Zonas de Atención Prioritaria, herramienta fundamental
para orientar los recursos, obras y acciones de desarrollo social en la
entidad.
Toluca, Estado de México, enero de 2022. Con el fin de
fortalecer la política social con enfoque de derechos, así como contribuir a
elevar la calidad de vida y bienestar de los mexiquenses, las Zonas de Atención
Prioritaria (ZAP) son una herramienta clave de aproximación a las áreas y
regiones, cuya población muestra insuficiencias y rezagos en el ejercicio pleno
de los derechos sociales.
Aunado a lo anterior y en cumplimiento con el artículo 25
bis de la Ley de Desarrollo Social del Estado de México, el Consejo de
Investigación y Evaluación de la Política Social (CIEPS) integra y publica
anualmente las ZAP correspondientes a la entidad, para lo cual toma en consideración
la publicación que el Gobierno Federal realiza en el Diario Oficial de la
Federación (DOF) sobre la Declaratoria de éstas a nivel nacional.
Se consideran Zonas de Atención Prioritaria a “las áreas o
regiones, que sean de carácter predominantemente rural o urbano, cuya población
registra índices de pobreza, marginación, indicativos de la existencia de
marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el
desarrollo social”, esto de acuerdo con lo estipulado en el artículo 29 de la
Ley General de Desarrollo Social (LGDS).
Para integrar las ZAP correspondientes de la entidad
mexiquense, el CIEPS se basó en la Declaratoria de las Zonas de Atención
Prioritaria para el año 2022, emitidas y publicadas en el DOF del 29 de
noviembre de 2021, misma que se sustenta en los Criterios Generales que emitió
el 14 de julio de 2021 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL), así como en los resultados de los estudios de
medición de la pobreza y los indicadores de desarrollo social y humano
asociados.
Para el presente año, el CIEPS determinó la clasificación de
ZAP en rurales y urbanas 2022, en el primer caso, se cuentan con 32 municipios
que cumplen con alguna de las siguientes condiciones: son de muy alto o alto
grado de marginación, o tienen muy alto o alto grado de rezago social o el
porcentaje de personas en pobreza extrema es mayor o igual al 50 por ciento o
son municipios indígenas o afromexicanos, o de alto nivel delictivo y son
municipios rurales.
En el caso de las ZAP urbanas se precisan 3 mil 118 Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEBs) urbanas, ubicadas en 444 localidades urbanas de 109 municipios, las cuales se encuentran en las siguientes condiciones: AGEBs urbanas con muy alto o alto grado de marginación, tienen muy alto o alto grado de rezago social, son AGEBs urbanas ubicadas en ZAP rurales o en municipios con muy alto o alto grado de marginación, tienen muy alto o alto grado de rezago social o el porcentaje de personas en pobreza extrema es mayor o igual al 50 por ciento o son municipios indígenas o afromexicanos, o de alto nivel delictivo y que sean municipios urbanos.
Para conocer las Zonas de Atención Prioritaria 2022 se puede acceder al siguiente enlace https://cieps.edomex.gob.mx/zonas-2022.
martes, 7 de diciembre de 2021
Plantean crear Programa para el crecimiento inclusivo, en beneficio de población en condición de pobreza
• Busca la diputada Sayonara Vargas adiciones a la Ley General de Desarrollo Social con ese propósito.
La diputada Sayonara Vargas de la bancada del PRI, propuso adicionar la Ley General de Desarrollo Social, a fin de constituir el “Programa para el crecimiento inclusivo”, a efecto de promover la inserción y facilitar la vinculación de la población en condiciones de pobreza, a través de acciones de inclusión social, productiva, laboral y financiera para mejorar el ingreso de las familias beneficiarias.
Ello, mediante la formulación, coordinación, seguimiento, supervisión y evaluación de su ejecución, así como establecer medidas de corresponsabilidad para mejorar la educación, salud, alimentación, la generación de ingresos y el acceso a los derechos sociales establecidos en esta Ley.
Planteó que la Secretaría de Bienestar promovería la coordinación necesaria con el pueblo de México, los tres órdenes de gobierno e instituciones privadas, a efecto de fortalecer y proponer mejoras a las acciones de dicho programa.
También, deberá elaborar, aplicar y coordinar los sistemas de recolección, análisis, supervisión y evaluación de información de las familias beneficiarias de dicho programa, añade la iniciativa que adiciona un Capítulo IX “Del Programa para el Crecimiento Inclusivo” al Título Cuarto, y un artículo 71 Bis a la Ley General de Desarrollo Social.
En los considerandos del documento, enviado a la Comisión de Bienestar, se expone que una política social se construye con herramientas que comprueben ser eficientes al contribuir a los indicadores nacionales de desarrollo social y avalen el impacto positivo en la sociedad, principalmente de los más pobres.
Menciona que las transferencias directas sólo alivian las carencias en un corto plazo, pero no garantizan que los beneficiarios gasten el dinero en acciones que les permitan reducir su pobreza a largo plazo.
De acuerdo a la CEPAL, durante este sexenio México se encuentra ubicado como el cuarto país con mayor incremento en el porcentaje de personas en situación de pobreza y el quinto que más aumentaría en pobreza extrema entre los países latinoamericanos, refiere.
Menciona que una política pública requiere de metodología, de investigación, de focalización, de evaluación y reformulación y precisa que mientras hace tres años había 51.9 millones de personas en pobreza, el año pasado sumaron 55.7 millones.
Por ello, propone una herramienta metodológica que propicie una mejora en la evaluación y focalización de la política social en México para el máximo aprovechamiento de recursos públicos, que realmente impacten en el desarrollo social, prioritariamente a las zonas que se encuentran en situación de pobreza.

