Impulsan banco de datos para agilizar localización de menores

Buscan eficientar su búsqueda en casos de desaparición, robo o sustracción.
La entidad es una de las más afectadas por la desaparición de menores: Ingrid Schemelensky.

Al reconocer que el Estado de México es una de las entidades más afectadas por la desaparición de menores de edad y a fin de agilizar su localización, el grupo parlamentario del PAN en el Congreso mexiquense propuso integrar un banco familiar de datos compuesto por una cédula de datos sensibles resguardados por la familia, que solo en caso de emergencia presentarán ante la autoridad competente.

Para la diputada Ingrid Schemelensky Castro y del diputado Enrique Vargas del Villar, integrante y coordinador de la bancada panista, respectivamente, esta propuesta surge como una herramienta que permita a las familias concentrar en un solo documento, datos que al momento del extravío de una niña, niño o adolescente puedan agilizarse los tiempos de reacción.

De acuerdo con la iniciativa, se facultará al Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para promover entre las instituciones que tengan trato directo con niñez y adolescencias en materia de salud, educación u oficinas del registro civil, padres y cuidadores o quien ejerza la patria potestad, la integración de estas cédulas con los principales datos de identificación las y los menores.

Lo anterior, explica la iniciativa que analizarán las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y Especial de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Primera Infancia, busca concientizar, prevenir y reaccionar en el menor tiempo posible ante un caso de desaparición, privación de la libertad o sustracción.

Las cédulas deberán contener por lo menos nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, edad, género, estatura, grupo sanguíneo, huellas dactilares, características físicas destacadas, señalización gráfica de las señas particulares, muestra de Ácido desoxirribonucleico y fotografía.

La iniciativa de reformas a la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ambas estatales, añade que el Mecanismo Estatal de Coordinación en materia de Prevención, Investigación y Búsqueda de Personas debe implementar y difundir entre la población estrategias que fortalezcan la cultura de la prevención respecto a la desaparición, robo o sustracción de niñas, niños y adolescentes.

Plantean incluir el Protocolo Alba al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas

• El diputado Víctor Manuel Pérez Díaz (PAN) presentó reformas a las leyes en Materia de Desaparición Forzada de Personas y de la FGR
• Agente del MP que no active Alerta Amber o dicho protocolo será sancionado, destituido e inhabilitado por 8 años

A fin de adicionar como una herramienta más del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el Protocolo Alba para la búsqueda inmediata y localización de mujeres, niñas, niños y adolescentes desaparecidos, el diputado Víctor Manuel Pérez Díaz (PAN) presentó una iniciativa.

La propuesta de reformas a las leyes General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y de la Fiscalía General de la República, fue remitida a las comisiones unidas de Derechos Humanos y de Justicia.  

Define el Protocolo Alba como el mecanismo operativo profundo de coordinación inmediata para la búsqueda y localización de personas desaparecidas y/o ausentes en el territorio mexicano. 

Considera a la Alerta Amber como el programa que establece una herramienta eficaz de difusión, que ayuda a la pronta localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en riesgo inminente de sufrir daño grave por motivo de no localización o cualquier circunstancia donde se presuma la comisión de algún delito. 

De igual modo, señala que en tanto no exista disposición en contrario prevista por el Sistema Nacional de Búsqueda, todos aquellos registros, programas, plataformas y base de datos que no se encuentren previstos expresamente en esta Ley, pero que tengan la finalidad de contribuir a la búsqueda, localización e identificación inmediata de personas desaparecidas o no localizadas, serán coordinados en su operación por la Comisión Nacional de Búsqueda y las Comisiones Locales de Búsqueda, en sus respectivos ámbitos de competencia.

En la Ley de la Fiscalía General de la República prevé como facultades de las personas agentes del Ministerio Público de la Federación, el activar la Alerta Amber en caso de menores desaparecidos y el Protocolo Alba para su búsqueda inmediata, cuando reciba denuncia de la probable comisión de un delito relacionado con esos hechos.

Menciona que al agente o agentes del Ministerio Público de la Federación, que por acción u omisión entorpezca con dolo, mala fe o notoria negligencia en el acceso a la procuración y administración de justicia, se les impondrán de tres a seis años de prisión y una multa de quinientas a mil quinientas Unidades de Medida de Actualización; además, serán destituidos e inhabilitados de cuatro a ocho años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión en el servicio público.

En la iniciativa, Pérez Díaz refiere que el incremento en las tendencias sobre las desapariciones de mujeres en el país ha llegado a porcentajes históricos y tan solo de 2016 a 2020 se convirtió en el periodo donde más mujeres han desaparecido. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, entre el 1 de enero y el 14 de abril de 2022 se han reportado 748 mujeres desaparecidas.

Además, de 2015 a enero de 2022 se han registrado 5 mil 790 víctimas de feminicidio en México, la expresión más grave de violencia contras las mujeres, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Expone que el Protocolo Alba es un proceso para la atención, reacción y coordinación entre los tres niveles de administración (local, estatal y federal) cuando existe el extravío de mujeres, niñas, niños y adolescentes, inicialmente implementado en Ciudad Juárez y posteriormente en otros estados.

Por ello, añade, “el Estado mexicano está obligado a implementar búsquedas de oficio sin dilación alguna, a establecer un trabajo coordinado entre diferentes dependencias para dar con el paradero de la persona, así como investigar efectiva y adecuadamente las desapariciones de estas personas, deberes que se conjugan con los de prevenir y sancionar los delitos”.