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jueves, 20 de abril de 2023

Comisiones Unidas avalan dictamen que reforma, adiciona y deroga leyes de Aeropuertos y de Aviación Civil

• Busca regresar a la categoría 1 de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA)
• Contempla el tema de asignación de aerolíneas al Estado y queda fuera el cabotaje
• Diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI, PT y MC externaron posturas 

Las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Economía, Comercio y Competitividad, y de Infraestructura, aprobaron con 57 votos a favor, 4 en contra y 45 abstenciones, el dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes de Aeropuertos y de Aviación Civil.

El presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, diputado Víctor Manuel Pérez Díaz (PAN) expresó que el dictamen incluye el tema de regreso a la categoría 1 de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA), el de la asignación de aerolíneas al Estado mexicano y queda fuera el cabotaje.

Por la Comisión de Infraestructura, su presidente, diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT), mencionó que el dictamen deriva de una iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal, cuya finalidad es recuperar la categoría 1, al reconocer que los vuelos juegan un papel importante en la dinámica del turismo del país, y elimina la incorporación en la ley de la figura de cabotaje.

También, dijo, considera viable la adición de la figura de asignación que permitirá que las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal que reciban en asignación la administración de aeropuertos y la operación de aerolíneas, lo que favorece a una mayor conectividad en el país, incrementará la disponibilidad de vuelos y rutas. “Debe fomentarse la competencia en el sector que actualmente en un esquema oligopólico”.   

Enrique Godínez del Río, diputado del PAN, dijo estar a favor de México, por lo que es una prioridad regresar a categoría 1, porque de ahí sabemos de la importancia de ese tema para el país y es lo que se necesita para que la población tenga una mejor calidad de vida, a través de este sector. “Analizaremos el dictamen y lo discutiremos en el Pleno siempre pensando en México”.

La diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra (PAN) argumentó que la figura es una inversión poco afortunada en la Ley de Aviación Civil al tratarse de una terminología ajena al espíritu del cuerpo normativo; como está prevista en el dictamen permite un amplio margen de discrecionalidad a las autoridades y sobre los títulos de asignación a las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal.

De Morena, el diputado Emmanuel Reyes Carmona expresó su apoyo al dictamen y sostuvo que gracias a esta reforma la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, podrá contar con las herramientas jurídicas necesarias para recuperar la categoría 1 “y que quede claro que no va el cabotaje”. Señaló que, para seguir fortaleciendo la aviación y la industria aeronáutica, es importante seguir el diálogo y trabajar sobre el plan de vuelo.   

La diputada Yeidckol Polevnsky Gurwitz (Morena) hizo diversas propuestas de modificación y adición a diversos artículos de las leyes de Aeropuertos y a la de Aviación Civil, “de un tema que es sumamente importante, todos ustedes conocen la existencia de los fumigadores agrícolas que son tan trascendentes no solo para enriquecer y mejorar la alimentación de los mexicanos, sino también para la exportación y que hasta este momento no están contemplados en estas dos leyes”. Las propuestas de la diputada Polevnsky Gurwitz fueron aceptadas en el dictamen. 

La diputada María Guadalupe Chavira De La Rosa (Morena) señaló que el dictamen garantiza que los servicios de carga y turismo aéreo lleguen a los lugares en donde hoy no se cuenta. Destacó que con las reformas la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes autorizará en favor de las entidades de la administración pública prestar el servicio del transporte nacional. Resaltó que es “imperante democratizar los servicios aéreos y beneficiar a los usuarios”.   

Manuel Jesús Herrera Vega, diputado de MC, mencionó que en el país ha costado trabajo avanzar en la libre competencia y generar una cancha pareja, “sería un gran retroceso y un mal mensaje si se generan condiciones especiales para una nueva aerolínea del Estado mexicano”.

El diputado Ildefonso Guajardo Villarreal (PRI) externó su postura en abstención, porque se quiere ayudar a la industria aérea a recuperar la categoría 1. “Es urgente hacer nuestra parte legislativa y en el Pleno daremos la batalla para que en el país se viva lo del pasado; el mercado aéreo es de alto riesgo y no podemos poner en riesgo el impuesto de las y los mexicanos; solamente dos aerolíneas mexicanas son competitivas y las demás tienen déficit; podría ser un dictamen sujeto a amparos”.

jueves, 14 de julio de 2022

“Telecomunicaciones para la inclusión: ¿Puede la conectividad reducir la pobreza y la desigualdad?”

• En un foro, analizan legisladores, funcionarios y especialistas este tema de especial interés social.
• Durante la emergencia sanitaria seis millones de jóvenes y niñas y niños no concluyeron su educación por falta de conectividad.

El diputado Víctor Manuel Pérez Díaz (PAN), presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, señaló que durante la emergencia sanitaria cerca de seis millones de jóvenes y niñas y niños no concluyeron su educación por falta de conectividad, como es el caso del Internet, que no tiene cobertura hacia toda la ciudadanía.

En el foro: “Telecomunicaciones para la inclusión: ¿Puede la conectividad reducir la pobreza y la desigualdad?”, el legislador resaltó que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la población rural no tiene acceso a la conectividad de redes, a las tecnologías de la información y la comunicación, de ahí la importancia de identificar qué se requiere para que todas y todos los mexicanos accedan a la conectividad y se les permita avanzar en la movilidad social, educativa, laboral y de salud. 

Consideró que es fundamental analizar la Ley Federal de Derechos en materia del espectro radioeléctrico, a fin de impulsar la conectividad y lograr un acceso más asequible al usuario final, es decir, una política pública alcanzable en precio e infraestructura.

Conferencia Magistral

Durante la Conferencia Magistral: ¿Cómo impulsar la igualdad y la inclusión a través de la conectividad?, la subdirectora General del área de Ciencias Sociales y Humanas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Gabriela Ramos, afirmó que se requiere legislar en la materia, crear instituciones y no generar regulaciones. 

Resaltó que, en el caso del campo de las tecnologías, sólo 25 por ciento de sus profesionales son del género femenino y cerca de 300 millones de mujeres en el mundo que no tienen acceso a la conectividad. De igual manera, argumentó que las tecnologías deben otorgar autonomía, libertad e independencia a las personas con discapacidad y los pueblos indígenas.

Mesa 1: ¿Cómo impulsar la igualdad y la inclusión a través de la conectividad?

El presidente de la Comisión de Radio y Televisión, diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo (PAN), expuso que a pesar de que tres de cuatro mexicanos cuentan con Internet, hay una gran disparidad en las entidades, por lo que la conectividad es una meta que debe buscarse permanentemente para impulsar la igualdad, así como el disfrute de los derechos fundamentales en el ámbito tecnológico y de la información.

Francisco Javier Arias Vázquez, titular de la Unidad de Política de Ingresos Tributarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, apuntó que la conectividad es una herramienta para atender problemas estructurales en el país como la pobreza y la desigualdad, además de que contribuye a garantizar el acceso a la salud, la educación y el trabajo. 

Por su parte, la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez Ruiz, propuso que las becas otorgadas por el Gobierno Federal destinen un porcentaje para subsidiar el acceso a Internet y quitar el IVA a los teléfonos inteligentes, toda vez que el tema de la conectividad no radica en la cobertura, sino en la falta de subsidio al consumo. 

La directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), Valeria Moy, indicó que para garantizar la justicia social en la accesibilidad se requieren políticas públicas enfocadas y directas, además de crear herramientas de educación financiera, inclusión en el lenguaje y abordar a través de las tecnologías las capacidades diferentes.

Alexia Lee González Fanfalone, analista de políticas de telecomunicaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), dijo que para impulsar la conectividad se requiere un marco legal sólido y certeza jurídica para fomentar la inversión, así como promover las medidas necesarias a fin de regular la competencia en el mercado.   

El vicepresidente nacional de telecomunicaciones de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI), Daniel Ríos Villa, apuntó que si se quiere cerrar las brechas de desigualdad se logrará una revolución social, económica sin precedentes, porque al incrementar los servicios móviles en uno por ciento, los ingresos promedio en México se incrementarían en 1.2 por ciento. 

Mesa 2: El Poder Legislativo: ¿Cómo impulsar leyes para la inclusión digital?

El senador Gustavo Madero Muñoz (PAN) propuso una reforma integral al Código Penal Federal para atemperar las figuras de los fraudes en Internet, suplantación de identidad, trata de personas, pornografía infantil, ciberataque, bullying y otros fenómenos en redes sociales. Planteó legislar en torno al BlockCheck para dar a la población un derecho de identidad desde el nacimiento.

Carlos Lerma Cotera, director general de ALTÁN Redes, subrayó que este proyecto creará una vía virtual para que los usuarios accedan al Internet en condiciones homologadas y autorizadas por la legislación. La infraestructura que se desarrolla tiene características particulares en la red compartida de buena calidad, cuya cobertura es significativamente mayor. 

Esta red cubre más del 70.98 por ciento de la población de forma directa con socios estratégicos y a través de convenios de itinerancia (roaming). Se busca atender a comunidades con menos o hasta cinco mil habitantes, al momento suman más de 108 mil localidades. 

El coordinador Ejecutivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Víctor Manuel Rodríguez Hilario, refirió que para impulsar la conectividad en el país se debe fortalecer la función regulatoria de este organismo, desarrollar un marco regulatorio sólido y flexible que permita poner piso parejo, disminuir los costos del espectro radioeléctrico, establecer esquemas de subsidios para alcanzar la universalización de los servicios, reducir cargas administrativas a trámites, así como impulsar a nivel nacional programas de alfabetización digital.

Irene Levy, presidenta de OBSERVATEL, planteó la necesidad de que se expida la política en materia de inclusión digital universal, impulsar subsidios, revisar el sistema radioeléctrico en materia de derechos; además, sugirió abrir una consulta pública para plantear las problemáticas en materia de conectividad e instar a las instituciones gubernamentales a que sean transparentes.

jueves, 30 de junio de 2022

Valida la Comisión de Comunicaciones y Transportes tres dictámenes en la materia

• Multas a vehículos sin seguro y pérdida de productos en los servicios de carga, entre los temas.
• Además, acordó solicitar el reporte de desfases en horarios de vuelos a la AFAC.

La Comisión de Comunicaciones y Transportes, que preside el diputado Víctor Manuel Pérez Díaz (PAN), aprobó por mayoría tres dictámenes respecto de pérdidas de productos de los servicios de carga y multas por conducir vehículos sin seguro que garantice cobertura de daños a terceros.

Dictámenes aprobados

En su reunión, la Comisión aprobó el dictamen por el que se adiciona una fracción VI al artículo 66 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a fin de establecer que los permisionarios de los servicios de carga son responsables de las pérdidas y daños a los bienes que transporten, excepto cuando estos productos sufran deterioro, daño parcial o total debido a condiciones externas o ajenas a la transportación, debido a desastres naturales.

Otro dictamen avalado reforma los artículos 63 bis y 74 bis del mismo ordenamiento legal, a fin de precisar que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Guardia Nacional, impondrá sanciones por conducir vehículos en caminos y puentes federales que no cuenten con un seguro que garantice daños a terceros, con multa de 20 a 40 días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente.

​El tercer dictamen aprobado reemplaza las denominaciones “Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)” Y “Distrito Federal” por “Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes” (SICT), y “Ciudad de México”, respectivamente, en diversas disposiciones de la Ley de Vías Generales de Comunicación.

Asuntos generales

En el apartado de Asuntos Generales, el diputado Francisco Javier Borrego Adame (MORENA) comentó que es necesario que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) tome la responsabilidad de atender los desfases en los horarios que se han presentado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) durante los últimos días, ya que es una situación que afecta directamente a la ciudadanía.

Ante esto, el presidente de la Comisión, diputado Víctor Manuel Pérez Díaz (PAN), mencionó que esta instancia solicitará un reporte a la AFAC sobre ese desfase, con el propósito de saber cuáles son las causas de las anomalías. Destacó que es un asunto que impacta en la economía nacional y, sobre todo, en la de los usuarios.

La diputada María Guadalupe Alcántara Rojas (PRI) refirió que no únicamente son los retrasos y cancelación de vuelos, sino también la entrega de equipajes, el tiempo de espera en salas y en áreas de revisión. “La economía se está frenando por el mal funcionamiento del aeropuerto”.

Por Morena, la diputada Beatriz Pérez López solicitó establecer una reunión con el titular de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), con el objetivo de atender la inseguridad que azota a los usuarios que transitan por la autopista y carretera México-Puebla.

Marco Antonio Natale Gutiérrez, diputado del PVEM, apoyó la moción para sostener una reunión con el titular de CAPUFE, además de resolver el tema de los vuelos a través de exhortos.

El diputado Alfredo Vázquez Vázquez (MORENA) consideró que un tema importante que debe de atender la Comisión es pedir un informe a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes sobre el avance del acceso a Internet en las comunidades rurales. “Es relevante tener esta información para trabajar a fin de reducir la brecha digital”.

lunes, 23 de mayo de 2022

Plantean incluir el Protocolo Alba al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas

• El diputado Víctor Manuel Pérez Díaz (PAN) presentó reformas a las leyes en Materia de Desaparición Forzada de Personas y de la FGR
• Agente del MP que no active Alerta Amber o dicho protocolo será sancionado, destituido e inhabilitado por 8 años

A fin de adicionar como una herramienta más del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el Protocolo Alba para la búsqueda inmediata y localización de mujeres, niñas, niños y adolescentes desaparecidos, el diputado Víctor Manuel Pérez Díaz (PAN) presentó una iniciativa.

La propuesta de reformas a las leyes General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y de la Fiscalía General de la República, fue remitida a las comisiones unidas de Derechos Humanos y de Justicia.  

Define el Protocolo Alba como el mecanismo operativo profundo de coordinación inmediata para la búsqueda y localización de personas desaparecidas y/o ausentes en el territorio mexicano. 

Considera a la Alerta Amber como el programa que establece una herramienta eficaz de difusión, que ayuda a la pronta localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en riesgo inminente de sufrir daño grave por motivo de no localización o cualquier circunstancia donde se presuma la comisión de algún delito. 

De igual modo, señala que en tanto no exista disposición en contrario prevista por el Sistema Nacional de Búsqueda, todos aquellos registros, programas, plataformas y base de datos que no se encuentren previstos expresamente en esta Ley, pero que tengan la finalidad de contribuir a la búsqueda, localización e identificación inmediata de personas desaparecidas o no localizadas, serán coordinados en su operación por la Comisión Nacional de Búsqueda y las Comisiones Locales de Búsqueda, en sus respectivos ámbitos de competencia.

En la Ley de la Fiscalía General de la República prevé como facultades de las personas agentes del Ministerio Público de la Federación, el activar la Alerta Amber en caso de menores desaparecidos y el Protocolo Alba para su búsqueda inmediata, cuando reciba denuncia de la probable comisión de un delito relacionado con esos hechos.

Menciona que al agente o agentes del Ministerio Público de la Federación, que por acción u omisión entorpezca con dolo, mala fe o notoria negligencia en el acceso a la procuración y administración de justicia, se les impondrán de tres a seis años de prisión y una multa de quinientas a mil quinientas Unidades de Medida de Actualización; además, serán destituidos e inhabilitados de cuatro a ocho años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión en el servicio público.

En la iniciativa, Pérez Díaz refiere que el incremento en las tendencias sobre las desapariciones de mujeres en el país ha llegado a porcentajes históricos y tan solo de 2016 a 2020 se convirtió en el periodo donde más mujeres han desaparecido. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, entre el 1 de enero y el 14 de abril de 2022 se han reportado 748 mujeres desaparecidas.

Además, de 2015 a enero de 2022 se han registrado 5 mil 790 víctimas de feminicidio en México, la expresión más grave de violencia contras las mujeres, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Expone que el Protocolo Alba es un proceso para la atención, reacción y coordinación entre los tres niveles de administración (local, estatal y federal) cuando existe el extravío de mujeres, niñas, niños y adolescentes, inicialmente implementado en Ciudad Juárez y posteriormente en otros estados.

Por ello, añade, “el Estado mexicano está obligado a implementar búsquedas de oficio sin dilación alguna, a establecer un trabajo coordinado entre diferentes dependencias para dar con el paradero de la persona, así como investigar efectiva y adecuadamente las desapariciones de estas personas, deberes que se conjugan con los de prevenir y sancionar los delitos”.