Fundamental, asegurar derecho a la identidad de personas que retornan a México

Comisiones aprueban reformas para facilitar la nacionalidad a hijos de padres mexicanos que nacieron en el exterior.

Las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Primera dieron su respaldo a una minuta que propone eliminar la legalización consular o “apostilla de documentos”, para acreditar la nacionalidad e identidad de connacionales que nacieron en el extranjero o migrantes en retorno de nacionalidad mexicana.

Con ello, destacaron estos órganos legislativos que presiden las Senadoras Olga Sánchez Cordero y Mayuli Latifa Martínez Simón, bastará con que estas personas presenten el certificado de nacimiento extranjero y el acta de nacimiento del padre o madre mexicanos, para acreditar su identidad y su nacionalidad mexicana, con el fin de obtener el registro de su nacimiento ante los Registros Civiles del país y en términos de la normatividad aplicable.

Se trata de un proyecto para adicionar un tercer párrafo al artículo 314 y un tercer párrafo al artículo 1144 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que fue aprobado por las comisiones el pasado 9 de abril.

De esta manera, consideraron las y los senadores, se busca facilitar el reconocimiento de la nacionalidad cuando el padre, madre o ambos, hayan sido deportados del país en el que se emitió el certificado de nacimiento de sus hijos, o bien que voluntariamente hayan retornado, y enfrentan una serie de dificultades y obstáculos en la tramitación y costos que conlleva la legalización o apostilla.

Las personas que retornan del extranjero se encuentran en una situación de vulnerabilidad, por lo que es indispensable y urgente ajustar el orden jurídico nacional, a fin de salvaguardar su derecho a la identidad y a la nacionalidad, subrayaron las y los integrantes de las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Primera.

Señalaron que las madres y padres mexicanos retornados al país sufren problemas para lograr el reconocimiento de la nacionalidad mexicana de sus hijos nacidos en el extranjero, dado que su situación migratoria irregular les impide legalizar o apostillar los certificados de nacimiento emitidos por el país de procedencia, para poder inscribirlos en el Registro Civil nacional y ser reconocidos como mexicanos.

Además, destacaron que entre los retos a los que se enfrenta este sector de la población son, entre otros: el integrarse al país después de una deportación o retorno forzado; dificultad para acceder a servicios de educación y salud; falta de acceso a identidad jurídica; problemas para contar con una Clave Única de Registro de Población (CURP); imposibilidad para acceder a becas o programas sociales; y hasta vivir en forma indocumentada en su propio país.

De la misma forma, advirtieron, entre las barreras para acceder a la nacionalidad mexicana de la niñez nacida en Estados Unidos, está el apostillar el acta de nacimiento; traducir al español por perito oficial el acta de nacimiento; pagar el trámite en dólares; realizar el trámite en las oficinas del Secretary of State donde se expidió dicho documento, un proceso difícil de llevarse a cabo desde México.

Asegura Sánchez Cordero que Juicio de Amparo requiere de una reforma integral

La ley debe dejar de ser un beneficio para unos pocos, los que cuentan con recursos, y cumplir su función al servicio de las mayorías, considera presidenta de Comisión de Justicia.

La presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, aseguró que se requiere de una reforma integral al Juicio de Amparo, así como enriquecer el texto constitucional y la ley reglamentaria en la materia.

Mediante una serie de mensajes publicados en redes sociales, la legisladora destacó una serie de consideraciones sobre la reforma a la Ley de Amparo.

Sánchez Cordero, quien es integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, manifestó que se debe priorizar el marco protector de derechos humanos, pero sobre todo de los sectores más vulnerables.

“La Ley debe dejar de ser beneficio de unos pocos, los que cuentan con recursos, y cumplir su función al servicio de las mayorías”, expresó.

La senadora explicó que el juicio de amparo es el principal instrumento de defensa de los derechos, que las personas tienen para protegerse de actos u omisiones de la autoridad, el cual tiene fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política.

Aseveró que toda autoridad debe estar sujeta al marco constitucional y legal, bajo el régimen de facultades expresas, es decir que, “las autoridades solo podemos hacer aquello que expresamente se nos faculte”.

Sánchez Cordero refirió que el artículo 107, fracción II de la Carta Magna, establece que las sentencias pronunciadas en juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, y si procede, sería en el caso especial sobre el que versa la demanda. “A esto se le llama, principio de relatividad”.

Indicó que, en precedentes aislados del Poder Judicial Federal, se ha interpretado que la suspensión, tratándose de leyes generales, se puede conceder con efectos generales; sin embargo, debe señalarse que la sentencia de amparo en el fondo solamente se concede para las partes que promovieron el amparo.

“La pregunta es: si la suspensión puede concederse con efectos generales ¿Por qué la sentencia de amparo se concede amparando y protegiendo únicamente a la parte quejosa? ¿En dónde se encuentra la justificación para que una medida cautelar, que por naturaleza es temporal, pueda tener efectos generales respecto de una norma general?”.

La Constitución, destacó la senadora, expresamente dispone que la resolución de amparo únicamente protege al quejoso.

En este sentido, agregó que el juzgador de amparo otorga suspensiones provisionales o definitivas con efectos generales siendo que, de conformidad con la fracción II del artículo 107 constitucional, la sentencia de amparo sólo debe ocuparse de los quejosos que lo hubieren solicitado.

Por lo cual, precisó que, bajo tales consideraciones, los efectos de la suspensión no pueden ser mayores a los efectos que derivan de la concesión del amparo, lo que es acorde al principio de relatividad de las sentencias.

La legisladora aseguró que considerar lo contrario, “deviene antagónico” a lo dispuesto en el texto constitucional, ya que desnaturaliza la figura de amparo.

“Nuestro papel como legisladoras y legisladores, se circunscribe al marco constitucional, haciendo valer la ley suprema por sobre cualquier otra norma inferior que la contraviene”, apuntó.

Puntualizó que es necesario materializar el mandato de resolver el fondo del asunto y no sólo privilegiar el análisis de la violación en la forma.

Reconocen a integrantes de grupo de trabajo en Materia de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias

Entre ellos hubo académicos, juristas y sociedad civil, que ayudaron a crear un producto legislativo de “gran calado”, sostiene la Senadora Sánchez Cordero

El Senado de la República y la Cámara de Diputados entregaron reconocimientos a integrantes del grupo de trabajo en Materia de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, quienes colaboraron en la conformación de esa Ley aprobada por unanimidad en el Congreso de la Unión en diciembre de 2023 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 26 de enero.

Los Presidentes de las Comisiones de Justicia, Olga Sánchez Cordero; y de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino de la Peña, reconocieron el trabajo de académicos, juristas, sociedad civil, notarios, corredores públicos, colegios de abogados y demás personas que colaboraron en la construcción de una Ley que, coincidieron, es uno de los productos legislativos y aportaciones más importantes de la LXV Legislatura.

Durante el acto, celebrado en el Senado de la República, Olga Sánchez Cordero recordó que la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias quedó integrada por 144 artículos y 17 transitorios, divididos en nueve capítulos, y tiene la finalidad de promover la participación de la ciudadanía en la impartición de justicia, con la instrumentación de alternativas amigables para la solución de conflictos, sin que se requiera acudir a instancias jurídicas.

Principalmente, precisó, tiene la finalidad de promover una cultura de la paz y reducir los asuntos judiciales en los tribunales, beneficios a la sociedad que se lograron con las aportaciones y conocimientos del grupo de trabajo, y que fueron de suma trascendencia de este producto legislativo “de gran calado” que fue aprobado por unanimidad en ambas Cámaras del Congreso.

El Senador Espino de la Peña, por su parte, detalló que el proceso para generar la Ley llevó varios meses de trabajo en el que se realizaron foros nacionales en el Congreso de la Unión y otros regionales en Hidalgo, Michoacán, Veracruz, Nuevo León, Querétaro, Chihuahua y Aguascalientes.

“En estos esfuerzos colectivos se tomó la opinión de especialistas y de la población en general; se llegó a acuerdos logrando notablemente una pieza legislativa aprobada con la anuencia de todos los grupos parlamentarios, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, proceso clave para alcanzar una legislación que refleja necesidades de la sociedad mexicana”, agregó,

El Senador Luis David Ortíz Salinas, presidente de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, felicitó al equipo que contribuyó a construir este modelo legislativo, al que calificó como “un gran paso para la paz” y aseguró que los y las legisladoras estarán atentos a su implementación para hacer las modificaciones que permitan enriquecerla.

Por su parte, los Senadores Damián Zepeda Vidales, del PAN, y Germán Martínez Cázares coincidieron en que, gracias a la participación del Grupo de Trabajo, se dio participación a la ciudadanía se evitó “simular” su intervención en la creación del nuevo producto legislativo que viene a resolver problemas reales y con mucho tiempo de antigüedad en México.

Agradecieron por el talento y opiniones de los expertos que colaboraron, pues con ello se pudo reflejar en la norma la eficacia, imparcialidad, honorabilidad y decencia que le hace falta a la justicia en México

Al tomar la palabra, la Diputada Aleida Alavez Ruiz, coordinadora del grupo de trabajo en materia de justicia cotidiana en la Cámara de Diputados, destacó la importancia de que el Poder Legislativo “esté aportando elementos para la pacificación”, con este nuevo instrumento jurídico que tiene elementos que llaman la atención como la justicia restaurativa, que tiene el objetivo de restaurar a la parte afectada en diversos ámbitos como son el emocional, material y social.

Finalmente, Rafael Guerra Álvarez, Magistrado Presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, celebró que en la elaboración de esta Ley hayan participado todos los estados, porque lo que está impreso en este documento, son las palabras de los juzgadores de todo el país.

Dijo que el hecho de que una jurista como Olga Sánchez Cordero se haya encargado de construir la norma les da una garantía de que los proyectos que habrán de resolver serán lo más cercano a la impartición de justicia.

Vive México una primavera democrática; requiere más profesionales en instituciones: Ana Lilia Rivera

En México se vive una primavera democrática, que requiere la profesionalización de las autoridades o ciudadanos que estén al frente de las instituciones, sostuvo la Presidenta del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera.

En la ceremonia de entrega de reconocimientos a alumnos que concluyeron la Maestría en Derecho Electoral, la senadora afirmó que esa disciplina es el instrumento para garantizar que la democracia, a la que calificó como el “alma de la nación”, se exprese de manera más justa y equitativa.

“Lo más importante en este momento, donde en México estamos viviendo momentos importantes, es que los profesionistas que estudian el Derecho Electoral en las instituciones nos ayuden a perfeccionar este modelo, que es el único que garantiza la paz social, la integración de las minorías, la inclusión de todas y todos en un país que deseamos y anhelamos sea para todas y todos los mexicanos en igualdad”, añadió.

Consideró, además, que esta especialización cada vez es más necesaria, en virtud de que la participación ciudadana y la integridad de los procesos electorales son fundamentales para el sano funcionamiento de las sociedades.

“La democracia no solamente es una figura jurídica como forma de gobierno, la democracia es una forma de vida”, insistió a los 50 graduados de la Maestría en Derecho Electoral, que organiza el Centro de Capacitación y Formación Permanente (CECAFP) del Senado de la República, en conjunto con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Además de colaboradores de esta cámara y jóvenes de Hidalgo, Morelos y Guerrero que cursaron el posgrado, también lo hicieron varias senadoras y senadores.

En su intervención, la Senadora Olga Sánchez Cordero, de MORENA, destacó la importancia de esta formación, ya que, con las herramientas adquiridas, las y los graduados estarán capacitados para proponer y liderar con ética las mejoras legislativas en materia político-electoral, a fin de defender la democracia y el impacto positivo que pueden tener en el fortalecimiento de las instituciones del país.

La Senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, del PT, en representación de los estudiantes, destacó que en el posgrado se conoció y estudió la importancia que tienen los partidos políticos como vínculo entre el gobierno y la sociedad. 

Además, se estudiaron elementos que ayudan a comprender la función que realizan los órganos electorales, en específico, el grado de ética que debe tener las y los juzgadores en el quehacer público.

La Directora General del CECAFP, Cynthia Murrieta Moreno, detalló que en cinco años se han preparado 15 mil 325 servidores públicos en el Senado, con cursos, talleres, diplomados, licenciaturas, maestrías y doctorados, instrumentados a través de convenios con diversas instituciones educativas y gubernamentales.

Celebró que entre las personas que hoy recibieron su reconocimiento se encuentren senadoras y senadores, pues “se predica con el ejemplo” y es motivo de admiración que los alumnos se comprometan con su formación profesional, más allá del trabajo que tienen por sus obligaciones legislativas como representantes de los estados.

Gabriela Dolores Ruvalcaba García, Directora de la Escuela Judicial Electoral del TEPJF, coincidió con la presidenta del Senado en que una formación especializada en Derecho Electoral, con enfoque humanista, es “más que pertinente”, por el contexto del proceso electoral más grande de la historia del país.

Comparece María Eréndira Cruz Villegas ante Comisión de Justicia del Senado de la República

• Integrantes de este órgano legislativo se declaran en sesión permanente a espera de votar el dictamen de idoneidad.  

La Comisión de Justicia, que preside la Senadora Olga Sánchez Cordero, desahogó la comparecencia de María Eréndira Cruz Villegas Fuentes, candidata a ocupar el cargo de ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

Cabe recordar que la nueva terna enviada por el titular del Ejecutivo Federal está conformada por Bertha María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Eréndira Cruz Villegas Fuentes.  Durante la reunión de este día únicamente compareció esta última, puesto que las otras dos aspirantes ya expusieron su plan de trabajo al formar parte de la terna anterior.

En su comparecencia, Cruz Villegas Fuentes indicó que cuenta con una trayectoria de más de 30 años de lucha por la defensa de los derechos humanos, dedicada a la defensa de las víctimas de los excesos del poder, de las condiciones estructurales de la desigualdad y de la violencia.

Señaló que los procesos judiciales se caracterizan por ser largos, inaccesibles y muy costosos, además de que privilegian los formalismos procesales sobre la solución de los problemas. Por ello, sostuvo, es necesario acercar la justicia a las personas más desprotegidas.

En ese sentido, subrayó que, de ser designada ministra, su labor cotidiana se centrará en cristalizar los beneficios de su mandato constitucional en la vida de quienes han sido históricamente invisibilizados.

Cruz Villegas Fuentes enfatizó que la función jurisdiccional debe ser autónoma e independiente, pero también responsable y respetuosa de la división de poderes; “si bien estoy convencida de que las personas impartidoras de justicia deben actuar de forma decidida en la defensa de la Constitución, no pugno por un gobierno de jueces”, acotó.

Además, se comprometió a ser congruente en la defensa de los derechos humanos, lo cual se reflejará en sus sentencias. También aseguró que su desempeño como ministra no se reducirá al papel o al escritorio, sino que vigilará el cumplimiento de las leyes; “siempre estaré en el camino de lograr una justicia sustantiva y cercana a la gente”, acotó.

Finalmente, la Presidenta de la Comisión de Justicia, la Senadora Olga Sánchez Cordero, declaró sesión permanente para proceder, posteriormente, al análisis y discusión del dictamen de idoneidad y elegibilidad de la terna propuesta por el Presidente de la República.

Presentan proyecto de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias

• Promueve la participación de la ciudadanía en la impartición de justicia, vía extrajudicial y a través de la instrumentación de soluciones efectivas, confiables y contundentes.

La Presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero y el Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino de la Peña, presentaron el Proyecto de Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que es un nuevo instrumento jurídico que pretende agilizar los acuerdos entre particulares para evitar juicios, así como buscar una justicia más pronta y cercana a la ciudadanía.

La Senadora Olga Sánchez Cordero recordó que, a partir de la reforma de 2017, se facultó al Congreso federal para expedir leyes que establezcan principios y bases en la materia de solución de controversias, y se concedió un plazo de 180 días para expedir la normativa, por lo que consideró que lograr esta Ley representará una oportunidad para dar respuesta a esta deuda que se tiene con la sociedad.

Mencionó que los trabajos para la elaboración de esta Ley General iniciaron desde el 22 de agosto del 2023, y que en el proceso hubo tolerancia, diálogo, cooperación, comprensión, negociación para la construcción del proyecto que se diseñó conjuntamente con la Cámara de Diputados.   

Olga Sánchez explicó que esta Ley está integrada por 132 artículos, 14 transitorios y ocho capítulos: Naturaleza y objeto; De la competencia; De las personas facilitadoras; La certificación; De las partes; De la tramitación de los mecanismos alternativos de solución de controversias; Del convenio, de los Centros Alternativos de solución de controversias en tribunales de justicia administrativa y, el octavo capítulo es el referente al régimen de responsabilidades y sanciones.

Este producto legislativo, dijo, promueve la participación de la ciudadanía en la impartición de justicia, vía extrajudicial y a través de la instrumentación de soluciones efectivas, confiables y contundentes a sus problemáticas.

La norma, abundó, busca que las partes solucionen sus conflictos sin que se requiera acudir a instancias jurisdiccionales, lo que propicia y fomenta la cultura de la paz; al tiempo que busca reducir el número de expedientes judicializados a lo largo y ancho del país. 

Puntualizó que la justicia es un principio que debe imperar en los estados democráticos y en el Estado de derecho, por eso desde el Senado de la República y la Cámara de Diputados, indicó, hemos impulsado leyes que garanticen esta impartición de justicia y que involucren de manera directa a las personas justiciables. 

Aclaró que desde las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda se han abocado a construir acuerdos con todas las fuerzas políticas y con la sociedad civil, porque si no hay “voluntad recíproca, la Ley no podrá llegar a buen puerto”. 

“La alternativa que planteamos es que los conflictos lleguen a una solución de manera más pronta, más económica, satisfactoria para las partes involucradas y sin formalismos excesivos, así como la inscripción de los convenios para que su ejecución sea obligatoria”, detalló.  

Mencionó que, para la formulación de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, se realizaron siete foros en un Parlamento Abierto en Querétaro, Aguascalientes, Chihuahua, Nuevo León, Michoacán, Veracruz e Hidalgo, y se instaló un grupo de trabajo integrado por senadores, diputados, magistrados y expertos técnicos, para exponer y analizar las propuestas, que derivaron en la confección del producto legislativo.

Reiteró que los y las senadoras están comprometidos a trabajar de la mano con todos los sectores de la sociedad y, en especial, con la Cámara de Diputados, a fin de construir una ley que atienda y responda las necesidades de la población; que se caracterice por la no confrontación, sino que permita encauzar la voluntad de las partes para llegar a una resolución amigable, eliminando el desgaste emocional que produce un procedimiento judicial.    

El Senador Rafael Espino de la Peña, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, destacó que unos de los aspectos más relevantes del instrumento jurídico es el presupuestal, ya que con la resolución de conflictos se impartiría de una forma más barata y ágil, al prescindir de los trámites y procedimientos de la impartición de justicia tradicional.

Otro aspecto que subrayó fue que la propuesta de ley cuenta con las opiniones de expertos en mecanismos alternativos de justicia, además de que se recorrió todo el país para recoger esas voces, con el objeto de crear un buen producto legislativo, similar a como ocurrió con la formulación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Por su parte, el Senador del PAN, Damián Zepeda Vidales, opinó que esta norma es una de las mejores piezas jurídicas que puede aprobar el Congreso de la Unión, pero más relevante, enfatizó, es que la Ley se divulgue y se implemente correctamente, ya que en la actualidad “el tema de justicia es preocupante” en el país.

En ese sentido, consideró que México necesita instituciones jurídicas “que aguanten”, por lo que la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias puede darles más solidez. “Es imposible que el Poder Judicial pueda resolver la cantidad de juicios que tenemos. No tiene el tiempo. Entonces, necesitas sacarlos por mecanismos alternativos que, además, son mucho más amables”, añadió 

En la presentación también participaron diputados federales que fueron parte de la formulación del instrumento. La Diputada Sue Ellen Bernal Bolnik, del PRI, apuntó que el reto para esta norma, después de aprobarse, es implementarla correctamente, por lo que se necesita capacitación de los impartidores de justicia en esta materia y promoción para que los ciudadanos conozcan los nuevos mecanismos.

La Diputada Mirza Flores Gómez, de Movimiento Ciudadano, también sostuvo que el ordenamiento servirá para crear una justicia unificada y eficiente, para así tener una sociedad más justa; además, opinó que los ejercicios de Parlamento Abierto con los que se formuló el proyecto, deberían replicarse todos los años para la creación de los distintos materiales legislativos.

Urgen políticas públicas para instrumentar Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares: Sánchez Cordero

• Este ordenamiento homologa los procedimientos, agiliza el sistema de impartición de justicia y brinda mayor certidumbre jurídica, destaca.

La Presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, calificó como “apremiante” que se definan las políticas y directrices que permitan la rápida instrumentación en los estados del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que se publicó el 7 de junio de este año y cuyo plazo su implementación no puede exceder del 1 abril de 2027.

Durante su participación, en la cátedra “Melquiades Morales”. Conferencia sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que organizó la Universidad Anáhuac, campus Puebla, la senadora de MORENA, explicó que el antecedente más relevante de este producto legislativo, fue la reforma constitucional del 15 de septiembre de 2017, que, entre otras cosas, estableció que el Congreso de la Unión tenía la obligación y la atribución de expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar.

Reconoció que las 32 entidades federativas, al ejercer sus atribuciones para expedir sus propias reglas procesales en el orden civil y familiar, terminaron por generar a lo largo del país una diversidad de normas. 

Ello, propiciaba incertidumbre respecto de la aplicación y sentido de la justicia, debido a la variedad de normas procesales, caracterizada por una disparidad entre las reglas, los plazos, los términos, los criterios, las instituciones procesales y las sentencias, que incluso en ocasiones resultaban contradictorias. 

Destacó que, en la construcción de esta herramienta, se escucharon las voces de diversas organizaciones de la sociedad civil, colectivos de personas con discapacidad, organizaciones de búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas, feministas, especialistas en derecho. 

Así como de integrantes del poder judicial tanto del ámbito federal como local, de senadores, senadoras, diputadas, diputados, organismos gubernamentales, financieros, de la PROFECO, de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y, en general, de todas las personas que representaron las distintas voluntades políticas.

Sánchez Cordero consideró que esta legislación “marcará un hito en el sistema de impartición de justicia en todo el país, al tratarse de un instrumento de gran calado, incluso mayor al que representó la correspondiente reforma al sistema integral de justicia penal de 2008, que culminó con la expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales, el 5 de marzo de 2014”.

Destacó la importancia del nuevo Código por la magnitud de asuntos que hoy en día se judicializan en todo el país en las materias civil y familiar, que rondan, dijo, alrededor del 70 por ciento del total de juicios y procedimientos que son instaurados; lo que hace más que notorio y evidente el impacto que esta legislación tendrá en la justicia cotidiana, pero sobre todo en la construcción de la paz social.

La legisladora explicó que este ordenamiento homologa los procedimientos, robustece y agiliza el sistema de impartición de justicia, brinda a las personas justiciables una mayor seguridad y certidumbre jurídica, privilegia la oralidad, la solución de los conflictos sobre los formalismos, la reducción de los términos extensos y de las costas onerosas, así como el desgaste emocional de las personas involucradas, a través de un efectivo acceso a la justicia pronta, completa e imparcial y garantiza la tutela judicial efectiva.

“Quiero destacar que este cuerpo normativo quedó integrado por mil 191 artículos, divididos en 10 libros y un régimen transitorio de 20 artículos, que sin duda tiene áreas de oportunidad que con el tiempo se irán perfeccionando”. 

Detalló que el Código Nacional abordará temas de violencia en contra de las niñas, niños, adolescentes, mujeres y de personas que históricamente han sido vulneradas, de una manera integral, precisa, profunda y detallada.

“En el glosario de términos, se incluyeron definiciones vanguardistas y progresivas de los conceptos que hasta ahora ninguna legislación procesal había adoptado, los cuales atienden a los principios del interés superior de la niñez; el juzgar con perspectiva de género, igualdad, equidad y la accesibilidad de grupos de atención prioritaria”.

Sánchez Cordero agregó que se incluyó la figura de ajustes de procedimiento y accesibilidad, que consiste en que la autoridad jurisdiccional podrá establecer formatos alternativos, que permitan la accesibilidad estructural y de comunicación.

Además de suplir la deficiencia de los planteamientos para proteger los intereses de la familia, personas mayores, niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad o cualquier otra que ha sido históricamente vulnerada, respetando el equilibrio procesal entre las partes; tarea que será novedosa para todas las personas juzgadoras.

Se estableció que en casos que impliquen violencia, la autoridad adoptará las medidas necesarias para que cesen, lo que incluye las relativas al régimen de convivencia, guarda y custodia y, en su caso, separación de personas, las medidas de protección deberán cumplimentarse en un término no mayor a 72 horas.

La legisladora dijo que también se reconoció la figura de violencia vicaria y en los juicios de alimentos se contempla que cuando el deudor alimentario haya dejado de cumplir con sus obligaciones, en cualquier momento del procedimiento, podrá solicitarse a la autoridad jurisdiccional lo haga del conocimiento del Registro de Deudores Alimentarios Morosos o institución equivalente en las entidades federativas.

Y se incorporó la institución jurídica de la declaración especial de ausencia por desaparición, que busca proteger los derechos de las personas desaparecidas, con el propósito de mantener íntegramente el reconocimiento y protección de la personalidad jurídica, sus derechos patrimoniales y laborales, y en su caso, la conservación de la patria potestad de sus hijos o hijas, así como la protección de sus familias.

Violencia obstétrica, producto de cultura patriarcal que persiste: Olga Sánchez Cordero

▪ Dijo que es necesario brindar información a madres, erradicar malas prácticas, así como promover trato materno respetuoso y digno. 

Dos millones de mujeres mexicanas, de 15 a 49 años, que tuvieron hijos entre 2016 y 2021, sufrieron violencia en la atención obstétrica, reveló la Presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero.

La senadora manifestó su preocupación por la violencia obstétrica que aún padecen las mujeres mexicanas, al considerar que estos datos del INEGI están muy por debajo de la realidad, porque este tipo de agresión no es nueva, y muchas veces pasa desapercibida, porque estamos muy acostumbrados a un sistema patriarcal.

En el ciclo de conferencias “Mujeres por una vida libre de violencia obstétrica”, lamentó que muchas madres o futuras madres se encuentran con personal médico y de enfermería en instituciones públicas y privadas, que les proporcionan un trato deshumanizado, a veces, hasta insultos: 

“Les niegan información sobre sus recién nacidos o sobre su embarazo, las coaccionan para aceptar tratamientos y que firmen formas sin información, y hasta suministran medicamentos y realizan procedimientos que ellas no han autorizado y que no han solicitado, como cesáreas o esterilización”. 

Mencionó que la violencia obstétrica forma parte del problema de la cultura patriarcal que persiste en el país, además de que constituye una violación a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres. 

“Hace falta crear conciencia, sensibilizar el tema, brindarles información a las madres y que sus decisiones sean tomadas en cuenta desde el embarazo, erradicando las malas prácticas, promoviendo el trato materno y neonatal respetuoso, digno, así como capacitar a los prestadores de servicios de salud y modernizar la atención médica para monitorear y evaluar los servicios de obstetricia e incorporar la perspectiva de género y de derechos humanos al sistema de salud”.

La Presidenta de la Comisión de Salud, Lilia Margarita Valdez Martínez, consideró necesario que se aborden este tipo de temas y que las instituciones del gobierno tomen acciones para frenar todo tipo de violencia contra la mujer.

En este sentido, recordó que presentó una iniciativa para que las mujeres que se encuentren en trabajo de parto puedan ser acompañadas por un familiar, a fin de evitar violencia obstétrica y las malas prácticas que realiza el personal de la salud.

“La mujer en trabajo de parto es muy vulnerable, por eso es blanco de muchas actitudes, humillaciones y hasta regaños del personal de la salud, que repiten una costumbre que no debe ser”.  

Luz María Bravo Rodríguez, especialista en ginecología y obstetricia y comisionada en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, destacó que la violencia obstétrica afecta de manera directa o indirecta el cuerpo y los procesos reproductivos de la mujer. 

Explicó que se consideran actos de violencia obstétrica no atender eficazmente las emergencias obstétricas, obligar a la mujer a parir con las piernas levantadas, obstaculizar el apego precoz del niño o niña con su madre, sin causa médica justificada, negándole la posibilidad de cargarlo y amamantarlo al nacer, entre otras formas de maltrato o mala praxis.

Úrsula Torres Herrera, especialista en medicina materno fetal en el Instituto Nacional de Perinatología, detalló que las víctimas de violencia en las instituciones pueden ser no sólo las mujeres en trabajo de parto, sino también los familiares y los recién nacidos.

La especialista recomendó que para erradicar este tipo de violencia se requiere capacitación del personal médico de la salud, diseño de presupuestos y espacios de atención materna, brindar información amplia a familiares y pacientes, así como erradicar el maltrato cultural y social en salud reproductiva. 

Urge garantizar que mujeres estudien en entornos libres de violencia: Olga Sánchez Cordero

▪ Advierte que las redes sociales incrementan las agresiones en contra de niñas, niños y adolescentes.

En el ámbito escolar se presentan casos en los que se vulneran múltiples derechos humanos, como la violencia en contra de las mujeres, que interfiere en el desarrollo, autonomía y bienestar de las estudiantes, advirtió la presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021, que realizó el INEGI, 32.3 por ciento de las mujeres de 15 años y más, que han asistido a la escuela, experimentó algún tipo de violencia a lo largo de su vida como estudiante.

La senadora agregó que 18.3 por ciento de ellas sufrió violencia física; 17.9 por ciento agresiones de tipo sexual; y 17.5 por ciento psicológica. Además, las victimas señalaron que los agresores fueron: 43.4 por ciento, compañeros; 16.8 por ciento, maestros; y 13.6 por ciento, compañeras.

Durante el foro virtual “Mujeres por una Vida Libre de Violencia Escolar”, Sánchez Cordero consideró que las y los senadores tienen la tarea de coadyuvar a garantizar la seguridad en las escuelas y centros educativos, para que las mujeres puedan estudiar en un entorno libre de violencia. 

La legisladora detalló que entre las agresiones en contra de las estudiantes están los castigos corporales, abusos sexuales, ciberacoso, riñas y violencia psicológica, cometidas por compañeras y compañeros, maestros y autoridades educativas.

Consideró que es un tema preocupante, porque las redes sociales posibilitan nuevas formas de violencia. Antes, dijo, si las manifestaciones en contra de estudiantes se ejercían en la escuela, paraban al llegar a casa.

Pero con las herramientas tecnológicas, advirtió, la violencia digital que es perpetrada desde el ámbito escolar, persigue a niñas, niños y adolescentes. “Es una agresión que las acecha a cualquier lugar al que vayan, aún si cambian de escuela, de ciudad o de país”.

Sánchez Cordero recordó que presentó una iniciativa para sancionar la práctica denominada deepfake, que altera las imágenes y rostros de personas haciéndolos pasar por verdaderos, y que se emplea para generar contenido violento, violencia sexual o pornografía.

“La educación se ha convertido en el refugio de la sociedad contra el patriarcado y la ideología machista, ayuda a cambiar paradigmas para asegurar un mejor mañana para las generaciones venideras. Si queremos que niñas, niños y adolescentes tengan un mejor futuro, es necesario asegurar que todos, especialmente las mujeres, estén seguros en los centros de estudio”. 

Julieta Yadira Islas Limón, directora de la facultad de Medicina y Psicología de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), dijo que la violencia escolar es un reflejo de la descomposición de la sociedad. Afirmó que se deben considerar las condiciones de género, pues la desigualdad y las prácticas sociales reproducen situaciones de violencia.

La académica indicó que existen factores escolares claramente identificables que ponen en riesgo a las comunidades escolares, como la tendencia a minimizar la gravedad de las agresiones, el ignorar la diversidad y la ineficiencia de la respuesta ante los actos violentos que se producen en centros educativos.

A su vez, Deysy Margarita Tovar Hernández, profesora e investigadora de la UABC, señaló que cuando se analiza la violencia escolar no se puede partir de un “piso parejo”, pues la condición histórica de las mujeres las sitúa en un lugar de desventaja, “porque siempre han luchado contra la desigualdad derivada del sistema patriarcal”.

En ese sentido, denunció que las agresiones contra este sector de la población se agudizaron con la pandemia por Covid-19, pues el confinamiento trajo desventajas en el desempeño de este sector poblacional.

Tovar Hernández subrayó que esta situación aumentó la violencia cibernética, lo cual generó un impacto negativo en el bienestar y aprendizaje de mujeres, niñas y adolescentes.

La Comisión Permanente realizará Sesión Solemne el próximo miércoles 20 de julio

• Será para conmemorar los cien años del arribo de la maestra y poetisa chilena, Gabriela Mistral a México.

Diputadas y diputados respaldaron un acuerdo para que la Comisión Permanente celebre una Sesión Solemne, el próximo miércoles 20 de julio de 2022, a las 11:30 horas, en el marco de la conmemoración de los cien años del arribo de la maestra y poetisa chilena, Gabriela Mistral a México, y honorar su servicio y su contribución a la función educativa en el país. 

En la Sesión Solemne únicamente tendrán lugar las intervenciones de la senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva; del senador Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, y de la senadora Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

Además, una intervención de un diputado integrante de la Comisión Permanente, y la participación de la senadora Yasna Provoste Campillay, presidenta de la Comisión de Educación del Senado chileno.

El acuerdo precisa que la Mesa Directiva invitará a los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial de la Federación, depositados en la Presidencia de la República y la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, así como a los servidores públicos de los órganos constitucionales autónomos y de los diversos órdenes de gobierno que estime conveniente; además, a representantes de organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas cuya labor sea destacada en el servicio educativo y cultural. 

También se invitará a las presidentas y los presidentes de las comisiones de Cultura, Educación, Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe del Senado de la República. Asimismo, a los de Cultura y Cinematografía y Educación, de la Cámara de Diputados. 

Próxima sesión 

Luego de que la Mesa Directiva de la Comisión Permanente diera trámite a los textos correspondientes a excitativas y de efemérides, se levantó la sesión y se citó para la que tendrá lugar el próximo miércoles 6 de julio, a las 11:00 horas, en el Senado de la República.

Lamentable que la senadora panista Kenia López abarate con mentiras la lucha contra la violencia de género: Gutiérrez Luna

Durante la sesión de la Comisión Permanente, y haciendo uso de la palabra desde su escaño, el diputado Sergio Gutiérrez Luna (MORENA), sostuvo que actitudes irresponsables como la asumida por la senadora Kenia López Rabadán (PAN) “abarata la lucha contra la violencia política de género”.

Cabe señalar que durante la sesión de este miércoles, la senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado de la República, tuvo que abandonar su función en la Mesa Directiva para atender un asunto oficial, por lo que el diputado Gutiérrez Luna asumió el cargo de presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Lo anterior, sirvió como excusa para que la senadora López Rabadán acusara con gritos que la ausencia de Sánchez Cordero obedecía a un acto de violencia política de género.

Desde su escaño, el legislador Gutiérrez Luna sostuvo que inventar un acto e intentar hacerlo ver como violencia de género, cuando definitivamente no lo fue, es una falta de respeto a la lucha que dignamente han emprendido las mujeres.

Exhortó a elevar el nivel del debate, actuar con seriedad y compromiso, con el propósito de legitimar las causas más justas y genuinas de la sociedad.

Ante la Comisión Permanente, la titular de la CNDH presentó su informe de labores

• El reto es crear una cultura de derechos humanos, dijo
• Legisladores y legisladoras externan comentarios al respecto 

Ante las y los legisladores de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, presentó su informe anual de actividades. 

La presidenta en turno de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, senadora Olga Sánchez Cordero, señaló que con la presentación del informe anual de actividades correspondiente a 2021 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “se da cabal cumplimiento a la obligación constitucional que nos impone el artículo 102 de nuestra Carta Magna”.    

Explicó que, si bien es cierto que la obligación contenida en la legislación secundaria de la Ley de la CNDH establece que en enero de cada año la presidencia de ese órgano autónomo comparecerá ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, “la situación sanitaria que impera en nuestro país orilló a que el ejercicio se realizara a distancia, sin menoscabo del cumplimiento constitucional y legal que compete a estos órganos del Estado”. 

Afirmó que el Congreso, a través de las comisiones correspondientes de sus cámaras, se abocará al análisis de dicho informe para su estudio y con ello cumplir eficazmente con este ejercicio de rendición de cuentas, propio de un Estado democrático.  

La CNDH sirve mejor que antes 

A través de la plataforma digital, la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, reconoció que “si bien todavía nos falta mucho, hoy la Comisión sirve mejor que antes a las y los mexicanos”. Sostuvo que las reformas que se han impulsado permiten reducir los tiempos de atención de quejas y conclusión de expedientes y, además de hacer más recomendaciones, ir desahogando las que quedaron pendientes de cumplimiento. 

Resaltó que, si se quiere construir un mejor país, la mejor asociación para lograrlo es “una Comisión Nacional de los Derechos Humanos autónoma, en plenitud de su ejercicio, como garantía de la contención de los excesos del poder, y una autoridad abierta al escrutinio y al juicio de quienes tenemos el deber de cuidar sus actos”. 

Piedra Ibarra detalló que en 2021 se emitieron un total de 155 instrumentos recomendatorios: 146 recomendaciones particulares, siete por violaciones graves y dos recomendaciones generales. Como resultado de ello, se atendió a 22 mil 994 personas en situación de víctimas. A la fecha, la CNDH da seguimiento a 735 recomendaciones en trámite, de las cuales se logró que 50 alcanzaran un estatus con pruebas de cumplimiento parcial. 

Asimismo, como parte de las acciones de protección, la Comisión Nacional presentó 115 demandas de acciones de inconstitucionalidad. También emitió 17 pronunciamientos. Mencionó que en 2021 el número de expedientes de quejas fue de 11 mil 521 y el número de víctimas de 134 mil 516.

Agregó que la CNDH “nunca como ahora ha actuado con autonomía y en plenitud de sus facultades, luchamos contra inercias, contra un cúmulo de demandas generadas por omisiones del pasado”. Consideró que es necesario “ubicar el ámbito de trabajo y competencias de cada quien, para coordinarnos, para ayudarnos mutuamente y atender el clamor de las víctimas”.   

Sostuvo que “hace dos años que la violencia a los derechos humanos en México no puede ser tarea sólo de la CNDH y mucho menos que se pueda resolver aisladamente”. Estimó que es menester un esfuerzo extraordinario que sume autoridades de todos los niveles a jueces y fiscalías, comisiones estatales de derechos humanos y comisiones de atención a víctimas”. 

Intervención de legisladoras y legisladores

Desde plataforma digital, la senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez (Encuentro Social) reconoció lo hecho por la CNDH para fortalecer el espíritu de la defensoría más importante en materia de derechos humanos en México y se pronunció por continuar avanzando para que las y los mexicanos tengan siempre una institución fuerte y dotada de las capacidades necesarias para su tranquilidad.

A su vez, la senadora Patricia Mercado (MC) expresó que el éxito de la autonomía de la CNDH será tangible en la medida que se demuestren acciones para proteger y acompañar a víctimas. Cuestionó el actuar de la Comisión en torno al asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, la militarización en el país, la prisión preventiva oficiosa, el caso de José Manuel del Rio Virgen y del cuerpo del bebé aparecido en un centro penitenciario de Puebla.

Por el PT, el diputado Benjamín Robles Montoya consideró que quienes critican las acciones del gobierno en materia de derechos humanos, son los que sumieron al país en un desastre y descomposición social por décadas. La CNDH, dijo, se transforma para estar al servicio del pueblo de México y es un órgano auténtico de defensoría de derechos humanos encabezado por una auténtica defensora y activista.

Desde plataforma digital, el diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) denunció que a lo largo de casi dos años se ha perseguido, atropellado, discriminado, violado derechos humanos e incluso se ha llegado a quitar la vida a algún ciudadano por medidas sanitarias, pero que en realidad se convirtieron en medidas que aterrorizaron a la población. Al respecto, dijo, “la CNDH no dijo y sigue sin decir nada”.   

La diputada Elizabeth Pérez Valdez (PRD) lamentó que la CNDH tenga ahorros cuando hay 96 mil personas desaparecidas de 2018 a la fecha, cuando más de cien mil personas han perdido la vida de manera violenta en lo que va del sexenio, ni en medio de la crisis sanitaria. La CNDH, dijo, ha quedado a deber en materia de feminicidios y asesinatos de políticos y periodistas en el país, así como en agresiones homofóbicas.  

El diputado del PVEM, Luis Arturo González Cruz, reconoció a quienes integran la CNDH por su trabajo y acciones para promover la paz, el bienestar y la protección de los derechos humanos. Añadió que en el contexto de la contingencia los derechos humanos son más relevantes, particularmente para acceder a los servicios de salud y la universalidad de aplicación de tratamientos y vacunas.

También del PVEM, la diputada Claudia Delgadillo González destacó que un reto en materia de derechos humanos es la protección a las y los migrantes solicitantes de asilo, refugiados y víctimas de trata de personas. Aseguró que la migración irregular representa una de las principales fuentes de ingresos para el crimen organizado. Se pronunció por dotar a la CNDH de todas las facultades para investigar y tener un papel más activo en la defensa y procuración de los derechos.

Desde la plataforma digital, la diputada Cristina Ruiz Sandoval (PRI) señaló que en México la lucha por el reconocimiento de los derechos humanos ha tenido una evolución importante, pero también “muchos retos por cumplir”. Consideró que un Estado democrático debe contar con un órgano protector de derechos humanos independiente y autónomo, alejado de presiones políticas.

El senador José Alfredo Botello Montes (PAN) sostuvo que “las maneras tan desaseadas en que la presidenta fue electa, la forma tan cuestionable en que se conducen algunos de sus funcionarios, el reglamento que le otorga todas las facultades a un subordinado, pero, sobre todo, las ausencias absolutas de la Comisión ante los graves problemas nacionales en materia de derechos humanos, están poniendo en severo riesgo la viabilidad misma de la institución”.

El diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros (Morena) llamó a leer el informe, hay cuestiones muy importantes. Mencionó que se presentaron mil 543 en materia penitenciaria, de las cuales 796 están concluidas. La CNDH emprendió en los penales una campaña para prevenir el Covid lo que salvó vidas humanas. Mencionó que se emitieron 155 recomendaciones, “el número más alto de un órgano autónomo”. 

También de Morena y por plataforma digital, la senadora Lilia Margarita Valdez Martínez dijo que “queremos que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se convierta en nuestro país en una defensoría del pueblo y esta es una tarea de reconstrucción por la cual quienes la conforman vienen a rendir cuentas de su actuar”. 

Es intolerable la minimización e insensibilidad que el Gobierno Federal tiene ante los femicidios en el país: PRD

• Urge se atienda de manera acelerada los feminicidios y la violencia que se ejerce en contra de las mexicanas.
• Las declaraciones de la secretaria de Gobernación reafirman el desinterés del Gobierno Federal hacia los derechos de las mujeres.

La Dirección Nacional Ejecutiva (DNE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) demanda al Gobierno federal que implemente políticas públicas reales en temas de género y derechos de las mujeres y que se actúe de manera responsable para salvaguardar la vida de mujeres mexicanas, así como poner un alto a la impunidad de cientos de feminicidios que se han presentado estos últimos meses.

 

Lo anterior, tras las declaraciones de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al desestimar las cifras en torno a los feminicidios y minimizar la violencia que viven las mujeres en nuestro país.

 

La funcionaria expresó que este año “no ha sido más mortífero para las mujeres”. Este dicho contrasta con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, puesto que suman ya 2 mil 865 casos entre enero y septiembre, lo que representa un aumento de 0.3 por ciento de víctimas respecto al periodo de 2019.

 

Por lo anterior, el PRD expresa su preocupación por la falta de sensibilización que existe sobre temas de género y derechos de la mujer en el Gobierno Federal, así como el escaso interés para erradicar dicha violencia por parte de algunos funcionarios, como la secretaria de Gobernación o el mismo Presidente de la República.

 

En este sentido, este instituto político refrenda su lucha para seguir creando espacios seguros para el bienestar de la mujer. Una muestra palpable de esto fue el respaldo a la iniciativa 3 de 3 contra la violencia de género para las elecciones de 2021 y la suma a iniciativas como el Día Naranja, fecha destinada para generar conciencia y prevención sobre la violencia contra la mujer.

 

Asimismo, el PRD ha sido firme en su rechazo a la violencia feminicida que azota al país y que la actual administración federal se niega a atender. El apoyo que la Organización Nacional de Mujeres del PRD mostró a las colectivas feministas que tomaron las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos el mes pasado es una muestra más de que este instituto político acompaña desde las trincheras necesarias el reclamo de justicia al que ha hecho oídos sordos el Gobierno Federal.

PRD pide al Gobierno Federal designar a la brevedad a la titular de CONAVIM

·Dirigente perredista envía carta a la titular de SEGOB pidiendo no detener más el nombramiento a fin de evitar que miles de mujeres sigan siendo víctimas de violencia.
·La nueva funcionaria debe tener estudios de género, empatía con las mujeres y víctimas de violencia, ser institucional, neutral y autonomía para cumplir de manera eficiente su encargo.

La dirigente nacional del PRD, Karen Quiroga Anguiano pidió al gobierno federal designar de manera urgente a la nueva titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), pues mantener ese espacio acéfalo perjudica las acciones para prevenir y erradicar la violencia de género.

En una carta que envió a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señala que no designar a la titular de uno de los organismos de relevancia para atender la violencia de género “parece corroborar la postura del gobierno federal de minimizar la violencia de género, lo cual envía un mal mensaje a la sociedad”.

Consideró que la persona que se nombre al frente de CONAVIM debe tener estudios de género y sobre todo empatía con las mujeres y víctimas de violencia, así como un sentido de autonomía que le permita cumplir todas y cada una de las obligaciones que marca la ley, evitando mantener una actitud de obediencia a las líneas de acción que se le señalen.

En ese sentido, dijo que es urgente que la nueva funcionaria se comprometa a tener una actitud institucional y neutral para cumplir con las acciones encaminadas a erradicar la violencia en todos los niveles de gobierno.

Quiroga Anguiano recordó que, derivado de las discrepancias sobre los datos de violencia de género y aumento de casos, especialmente en la denominada Jornada Nacional de Sana Distancia y la campaña “Quédate en casa”, organizaciones de la sociedad confrontaron al gobierno por minimizar el problema.

Dentro de esas organizaciones se encuentra la asociación Movimiento de Unidad, Justicia, Equidad y Reciprocidad (M.U.J.E.R), quienes en conjunto generaron incomodidad, lo que trajo como consecuencia la renuncia de la titular de CONAVIM.

La dirigente perredista recordó que día con día las cifras de mujeres violentadas siguen creciendo sin que haya una estrategia, dejando en claro que no se está haciendo lo suficiente en materia de prevención y combate a quienes cometen ese delito.

Reiteró que para el PRD la agenda de género es fundamental por lo que no quitarán el dedo del renglón para que el gobierno federal restituya de inmediato los recursos para operar las Alertas de Violencia de Género (AVG) a los siete estados que dejó sin un peso para implementar acciones en contra de la violencia de género.

“Hemos visto que existe desinterés, inexperiencia y falta de estrategia para la implementación de Alertas por Violencia de Género que CONAVIM diseñó y puso en marcha en 10 de los 18 estados donde se tuvo un repunte de hechos violentos, de ahí la importancia de nombrar un perfil adecuado, sensible y con experiencia al frente de la institución”, concluyó.