Aprueba Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal opinión al PPEF 2025

* Expone que los recortes afectan de manera negativa a estados y municipios

La Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, que preside la Diputada Carmen Rocío González Alonso (PAN), aprobó, con 16 votos a favor, su opinión al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025 en lo que se refiere a los Ramos 28 y 33, misma que se hará llegar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El documento menciona que se anexan las propuestas de las y los legisladores integrantes para que, con base en la disponibilidad de recursos, la Comisión de Presupuesto considere en el dictamen un mayor incremento respecto a los Ramos señalados.

Expone que, si bien existen aumentos presupuestarios en ciertos rubros que conforman los Ramos 28 y 33, lo cierto es que los recortes presupuestarios afectan de manera negativa a estados y municipios. Por ello, coinciden en que dichos Ramos, además de los Ramos Administrativos contemplados en el PPEF 2025 no garantizan el fin y objetivos del federalismo.

En conclusión, “tenemos un presupuesto cada vez más centralizado, por lo que es necesario que cada una de las y los diputados que integramos esta Comisión impulsemos mecanismos con el objeto de conseguir un presupuesto óptimo, cada vez menos centralizado y siempre con una visión más federalista, que resuelva los problemas particulares de cada región, buscando con ello seguir garantizando el desarrollo a lo largo y ancho del país.

González Alonso argumentó que la opinión está enriquecida por comentarios de las y los integrantes de la instancia legislativa, y anunció que para el mes de enero tendrán una primera reunión con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la finalidad de que “estemos inmersos en cómo viene una capacitación para las alcaldesas y los alcaldes sobre sus proyectos municipales.

Indicó que muchos, en ocasiones, ni siquiera conocen que para tener un proyecto deben registrarlo en Hacienda. Además, para mayo y junio de 2025 vendrán capacitaciones y acompañamiento de desarrollo urbano, lo cual fortalece a los gobiernos municipales y estatales.

Participación de diputadas y diputados

El Diputado Carlos Ignacio Mier Bañuelos (MORENA) estimó que la opinión que se hará llegar a la Comisión de Presupuesto debe incluir propuestas de todas y todos.

Precisó que la reunión con funcionarios de Hacienda servirá para tratar asuntos relativos a las gestiones que se pueden llevar a cabo a favor de municipios y entidades federativas con miras al PEF 2026.

Claudia Rivera Vivanco, Diputada de NMORENA, expuso que el compromiso es fortalecer a los gobiernos municipales, que son los de mayor cercanía y proximidad con la ciudadanía, y que mayores dificultades enfrentan. Se manifestó por construir comunidades más empáticas, sostenibles, asequibles, sustentables y se erradique toda forma de violencia contra las mujeres.

Por el PT, el Diputado Emilio Manzanilla Téllez subrayó que los municipios son los gobiernos más cercanos a la gente, pero la Federación los ha dejado solos y esa autonomía que tienen se ha manejado para cometer abusos y corrupción. “Qué lamentable, qué cruel con la que se conducen más de la mitad de los alcaldes del país, porque la Federación los deja solos”.

Luis Gerardo Sánchez Sánchez, Diputado del PRI, comentó que los municipios son los entes que más necesitan atención y una de las cuestiones que se debe dar a conocer constantemente a la ciudadanía de los municipios y a las y los 500 diputados federales, es lo que está trabajando la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal.

El Diputado José Luis Cruz Lucatero (MORENA) mencionó que es fundamental acompañar a los presidentes municipales y desde este espacio se puede hacer mucho, al ser un orden de gobierno que está olvidado y se debe apoyar para que tengan mejor presencia y solventar las grandes las necesidades del pueblo de México.

En la reunión también se avaló, con 15 votos a favor, el programa de trabajo 2024-2025 de la Comisión.

Prevé Ricardo Monreal ajustes en el PEF 2025 entre 15 mil y 20 mil millones de pesos

* El Presidente de la JUCOPO informa que mañana el Pleno discute la reforma constitucional que prohíbe vapeadores y uso ilícito del fentanilo

* El Diputado Sergio Gutiérrez Luna señala que la ABM tiene interés de estar en comunicación con la Cámara de Diputados sobre las reformas legislativas

El Diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), estimó que la Cámara de Diputados tiene que ajustar, necesariamente en el Proyecto Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2025, entre 15 mil y 20 mil millones de pesos.

Esta reasignación se debe hacer porque en dicho Proyecto se disminuyó el presupuesto a las universidades estatales públicas, respecto a este año “y estamos tratando de darle solución”, señaló el legislador.

Lo anterior, en conferencia de prensa, en la que estuvo también el diputado Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Monreal Ávila precisó que otros rubros que deben atenderse son el Plan Nacional Hídrico, la cultura --cuyos recursos también disminuyeron--, seguridad, Defensa, salud, campo e infraestructura carretera, que “tienen que tener un recurso extraordinario”.

Dijo que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, durante estos días, estará llevando a cabo mesas técnicas “para ver en dónde puede hacerse el ajuste”. Hoy, recibirá a la titular de la Secretaría de la Mujer, mañana a la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y el jueves a las consejeras y consejeros del INE.

“Pero donde tenemos que hacer ajustes, lo he dicho ya, es en algunos órganos autónomos como el INE, el Tribunal Electoral y otros entes autónomos en los que consideramos no les afectará un ajuste para poder resarcir a la educación, la salud, la cultura, el agua, y a la agricultura”, externó.

En otro tema, Monreal Ávila informó que la JUCOPO acordó este lunes que el Pleno discuta mañana la reforma al artículo 4º constitucional en materia de salud, que prohíbe los vapeadores y uso ilícito del fentanilo.

“Mañana será la discusión, aunque arrancaremos con una ronda de intervenciones de efemérides sobre el Día de las Personas con Discapacidad, y luego ya arrancamos la reforma en materia constitucional. Esos son los dos temas que vamos a tratar mañana”, anunció.

Enfatizó que se estará a la espera de las minutas que envíe el Senado de la República a la Cámara de Diputados sobre tres iniciativas que se presentaron la semana pasada en materia judicial: reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a la Ley de Carrera Judicial y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

“Estas leyes reglamentarias están en la Cámara de Senadores, aún no han sido aprobadas; entonces, estaremos en previsión, esperando que nos lleguen para actuar en consecuencia a través de las comisiones”, precisó.

Finalmente, indicó que el próximo jueves habrá sesión ordinaria del Pleno, en modalidad semipresencial, donde se abordará, en el apartado de efemérides, el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, y también habrá iniciativas, intervenciones y puntos de acuerdo. “Y Seguiremos dando espacio, priorizando el análisis que está llevando a cabo la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en este momento”.

La ABM tiene interés en tener comunicación con la Cámara de Diputados sobre las reformas legislativas: Gutiérrez Luna.

Por su parte, el Diputado Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva, se refirió a la reunión que sostuvo esta mañana con el Comité de Dirección de la Asociación de Bancos de México (ABM), la cual calificó como productiva.

Comentó que en el encuentro abordaron diversos temas, entre los cuales destacó el de la disponibilidad de dinero de la banca para inyectar en el mercado a través de créditos. “Ellos están en esta posición de poder contribuir en esa parte, de manera inmediata”.

Se habló –detalló-- sobre cómo ha crecido el crédito en México al sector empresarial y cómo las Pymes están siendo fondeadas por los bancos, también sobre el crédito al consumo y el nearshoring.

Enfatizó que la ABM mostró interés en tener una comunicación con la Cámara de Diputados “para ir teniendo conocimiento de primera mano y certeza sobre las reformas que están en el ambiente, o que se han venido aprobando”.

Dio a conocer que también dialogaron sobre la reforma del Poder Judicial; “les expliqué cómo viene esta etapa de mecanismos y de preselección de aspirantes y cómo se va a dar la elección”.

“Creo que, a partir de esta reunión y otras, vamos a ir teniendo un diálogo con sectores productivos empresariales sobre el quehacer legislativo, cómo impacta y cómo estamos transformando al país, y darles garantías de la ruta en la que vamos”, finalizó.

La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el Decreto del PEF 2024; se remitió al Ejecutivo

 

•Se emitieron 266 votos a favor, 204 en contra y una abstención

La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen con Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el Ejercicio Fiscal 2024, y lo remitió al titular del Poder Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

El documento, avalado en lo particular con 266 votos a favor, 204 en contra y una abstención, prevé un gasto neto total de 9 billones 66 mil 45.8 millones de pesos, un incremento real de 4.2 por ciento comparado con el 2023, y estima un déficit presupuestario de un billón 693 mil millones de pesos.

En la discusión en lo particular, y de acuerdo con lo publicado en la Gaceta Parlamentaria del Anexo RA-1 al Anexo RA-62, se desahogaron alrededor de tres mil 93 reservas impulsadas por diputadas y diputados de MORENA, PAN, PRI, PVEM, PT, MC y PRD, propuestas de modificación a la totalidad del dictamen. Se presentaron un total de 280 oradores en tribuna.

El Pleno aceptó modificaciones al dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, validado en lo general, con 262 votos a favor, 216 en contra y una abstención, en la sesión presencial iniciada el lunes 6 de noviembre.

Aceptan modificaciones

La Asamblea admitió la reserva presentada por la Diputada Irma Juan Carlos (MORENA), la cual modifica la fracción IV y adiciona la fracción VII del artículo 24, perteneciente al Capítulo VI referente al Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas.

Con estas adecuaciones, se estipula que las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Pueblos Indígenas y Afromexicanos de la Cámara de Diputados podrán integrar un grupo de trabajo encargado de analizar y darle seguimiento al ejercicio del presupuesto comprendido en el Anexo 10 Erogaciones para el Desarrollo Integral Pueblos Indígenas.

De igual manera, se establece en la fracción VII que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas podrá emitir opinión sobre los Programas previstos en dicho Anexo, para que la ejecución de los recursos sea debidamente focalizada, cuente con perspectiva de género, derechos indígenas y pertinencia cultural.

Asimismo, se aceptó la reserva presentada por el Diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana (MORENA) para adicionar el artículo décimo cuarto transitorio que establece que los recursos que se reintegren a la Tesorería de la Federación, derivados de la extinción de los fideicomisos constituidos por el Poder Judicial de la Federación, referidos en el decreto publicado el 27 de octubre de 2023, se destinarán para atender los daños y desastres ocasionados por el huracán Otis en el estado de Guerrero.

Al respecto, el legislador aseguró que esta modificación representa la oportunidad de hacer un acto de Estado, donde concurran los tres poderes: la propuesta del presidente de la República, la adhesión de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, y la voluntad política de los grupos parlamentarios.

 “Dejemos a un lado el ancla de guerra, levantemos la visión, ayudemos a que renazca Acapulco, la reconstrucción va a ayudar a que se fortalezca la economía de Guerrero y a que tengamos un México más próspero”, señaló en tribuna.

El Pleno también avaló la propuesta de modificación presentada por el Diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT), la cual se refiere al presupuesto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a fin de reponer 500 millones de pesos de los 767 millones que se les redujo.

Apuntó que con este reajuste el TEPJF contaría con un presupuesto de tres mil 622 millones 833 mil 452 pesos, lo que permitiría que esta institución tenga presupuesto para realizar “la elección más grande la historia”.

Sandoval Flores detalló que se le asignó al organismo un presupuesto como si fuera un año normal; sin embargo, reiteró que en el 2024 habrá elecciones, por lo que es necesario fortalecer a esta institución para que saque adelante su tarea.

La Comisión de Presupuesto y la SCJN analizan los requerimientos presupuestales para el ejercicio fiscal 2024

• El Poder Judicial de la Federación solicita 80 mil millones de pesos de presupuesto para el próximo año

Con el propósito de analizar y conocer los requerimientos presupuestales para el ejercicio fiscal 2024, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, presidida por el Diputado Erasmo González Robledo, se reunió con representantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

El Diputado González Robledo dijo que el papel de la Cámara de Diputados es dar seguimiento al ejercicio de los recursos públicos. En este contexto, hoy dialogamos con el personal del Poder Judicial de la Federación para conocer los principales aspectos de la propuesta para el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2024.

Afirmó que para mantener un auténtico sistema de frenos y contrapesos es necesario tener un Poder Judicial fuerte, funcional y que tenga la capacidad de asegurar la impartición de justicia; además de salvaguardar la solución pacífica, justa y equitativa de controversias, debe garantizar el Estado de derecho y acceso a la justicia.

“Estos son aspectos que, lejos de coyunturas políticas, deben ser respetados en aras de una sana vida democrática para el país”, indicó.

Solicitó información sobre los indicadores de productividad que tiene el Poder Judicial de la Federación, “porque todos nos tenemos que apegar al ejercicio de presupuesto con productividad, cuántos casos tiene pendiente de resolver la SCJN y cuál es el grado de avance”. También cuestionó si tienen considerado en este presupuesto una solicitud por la creación de nuevas plazas.

Puntualizó que en este análisis faltan datos sobre en qué capítulo van “al mil, al dos mil, entonces es una información que requerimos en la Comisión. Necesitamos más datos, tal vez otra reunión, porque me quedan muchas dudas”.

El Diputado Hamlet García Almaguer (MORENA) cuestionó sobre algunas partidas como la relativa a los jardines, donde se pide cerca de 4 millones de pesos; y preguntó por los salarios de los consejeros de la Judicatura, de magistrados y jueces de distrito, así como las prestaciones de ley, los bonos de riesgo y si todos los jueces y magistrados revisan casos que implican riesgo. 

En tanto, el Diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT) consideró importante que se transparente lo que hacen porque luego les toca juzgar a “verdaderos delincuentes”. Refirió que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo algunas recomendaciones sobre los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación y se sugirió emitir una legislación general que los regule. 

La Diputada Ana Elizabeth Ayala Leyva (MORENA) comentó que llama la atención que en una partida del Poder Judicial se destinen para 2024 casi tres mil millones de pesos para servicios de vigilancia. “Debemos explicar al pueblo porqué el Poder Judicial solicita esta cantidad, cuando, en este recurso deben transparentarse las necesidades”.  

De MORENA, el Diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas afirmó que estas mesas de trabajo tienen la finalidad de conocer todos los elementos que sirvan para tomar una decisión a la hora de votar el presupuesto. Mencionó que en el rubro de producto alimenticios están destinados un millón 247 mil 449, por lo que preguntó ¿cuántos servidores públicos superiores son? y ¿por qué se gasta el 66 por ciento de este rubro en productos alimenticios para servidores públicos superiores?

El Diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (MORENA), Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, afirmó que sí se pueden hacer ajustes en sueldos y plazas. “Sería bueno que hicieran un planteamiento de lo más austero que pueda ser y se lo presenten al presidente de la Comisión para intentar un ajuste republicano, creo que es posible en muchos conceptos, particularmente en servicios personales, que es lo que lleva el mayor gasto”.

SCJN y CJF solicitan 80 mil millones de pesos

La Oficial Mayor Gisela Morales González puntualizó que la SCJN solicita seis mil 109.1 millones de pesos que representan un crecimiento de 8.5 por ciento, y el CJF pide 74 mil 793.3 millones de pesos, en total, ambos órganos solicitan 80 mil 902.4 millones de pesos.

Refirió que la solicitud de recursos para el Ejercicio Fiscal 2024 del Poder Judicial de la Federación considera un incremento de 3.3 por ciento en términos reales, de acuerdo con la información y expectativa de inflación, y este incremento equivale a dos mil 610 millones de pesos respecto al presupuesto autorizado para este año.

Informó que el presupuesto solicitado por la SCJN y CJF para 2024 representa una disminución en términos reales de 13.4 por ciento respecto al autorizado en 2017. Por su parte, el autorizado a la SCJN ha disminuido 21 por ciento. “Ambos órganos han presentado una tendencia a la baja en su presupuesto autorizado”.

Detalló que el CJF plantea utilizar 466 millones de pesos para crear 45 órganos jurisdiccionales: seis centros de justicia penal Federal; tres centros Regionales de Ejecución Penal, 22 Tribunales laborales, nueve juzgados de Distrito, cuatro Tribunales Colegiados de Apelación y un Tribunal Colegiado.

Asimismo, añadió, se destinarán recursos para servicios personales, gasto corriente y gasto de inversión; también para crear 49 mil 987 plazas, mil 712 personas juzgadoras, 892 personas defensoras públicas y 319 asesoras jurídicas.

Mientras que para la SCJN el recurso solicitado lo destinará para priorización la protección de los derechos y el orden constitucional, fortalecer la función jurisdiccional y la impartición de justicia centrada en las personas, con el fin de hacer un uso óptimo de los recursos y reforzar las acciones de control del gasto.

Asimismo, para fortalecer la Unidad de Conocimiento Científico y Derechos Humanos, prevenir y atender la violencia de género, combatir la corrupción y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.

Mencionó que el Poder Judicial de la Federación es uno de los tres poderes de la Unión y su responsabilidad es vigilar el cumplimiento de las leyes federales, así como revisar que los actos de autoridad estén alineados a la Constitución y a los Tratados Internacionales de los que México forma parte.

Informó que el PJF se integra por tres órganos, la SCJN, el CJF y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para cumplir con sus responsabilidades, el Poder Judicial de la Federación requiere de recursos adecuados y suficientes, así como para lograr un incremento progresivo de los mecanismos para acceder a la justicia.

Morales González refirió que en los últimos años el Poder Judicial Federal y sus tres órganos han implementado medidas de racionalidad y austeridad que permiten tener un mejor ejercicio del gasto.

Comentó que el CJF se compone por 906 Órganos Jurisdiccionales que incluyen Juzgados de Distrito, Tribunales Laborales, Tribunales de Circuito, Centros de Justicia Penal Federal, Tribunales Colegiados de Apelación y Plenos Regionales. También tiene seis Órganos Auxiliares como la Defensoría Pública, la Escuela Federal de Formación Judicial, el IFECOM y órganos de vigilancia. De igual forma, áreas administrativas indispensables para garantizar su operación.

En el CJF se resuelven 1.8 millones de asuntos al año, tiene presencia en más de 40 ciudades y desarrolla sus actividades en 696 inmuebles.

De la partida de jardinería y fumigación, la Magistrada Morales González precisó que incluye las asignaciones destinadas a cubrir los gastos por control y exterminación de plagas, instalación y mantenimiento de áreas verdes, fertilización, poda de árboles, plantas y hiervas. Se presupuestan 4 millones de pesos y se piden porque se tienen que atender 42 inmuebles a cargo de la SCJN.

Detalló que en años anteriores el presupuesto que se asignaba al Poder Judicial de la Federación en su conjunto y a cada uno de los órganos era alto y a partir de 2019 han disminuido las asignaciones de recursos, y lo que ya no se gasta o tiene un destino específico, se reintegra a la Tesorería de la Federación.

Respecto a los fideicomisos, aclaró que se constituyeron antes de que hubiera una disposición expresa que impidiera concentrar los remanentes y se prohibiera, a finales de los años 90 cuando existía la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y no se establecía la obligación para que los órganos del Poder Judicial de la Federación concentraran sus remanentes al cierre del ejercicio fiscal en la Tesorería de la Federación.

En cuanto a la remuneración de consejeros, indicó que son los mismos montos y conceptos que se han aprobado en años anteriores; tanto los magistrados de la Sala Superior del Tribunal de Electoral como los consejeros del Consejo de la Judicatura Federal y los ministros de la Suprema Corte, tienen sus salarios homologados. 

El Magistrado José Alfonso Montalvo Martínez, Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, resaltó que el bono de riesgo es una “contraprestación al riesgo que asumimos en una sobreexposición de nuestra vida”, la cual está en riesgo asunto por asunto y no solamente se limita a los asuntos penales y se tienen casos emblemáticos. Ejemplificó el asesinato de diversos jueces derivado de la función. “Hay muchos casos en que nuestra labor cotidiana se pone en riesgo momento a momento”.

En su oportunidad, César Campa Campos, Director General de Programación, Presupuesto y Tesorería, expresó que, respecto a la partida de seguridad y vigilancia, en el Consejo de la Judicatura el monto que se pretende obtener es de dos mil 769 millones de pesos para servicio de vigilancia intramuros en 695 inmuebles y para mitigar situaciones que impliquen riesgo en la seguridad de jueces, magistrados, personal y sociedad que acude a los mismos.

Este recurso también se destina para el servicio de escoltas que proporcionan dos empresas. Uno es el de protección federal a cargo del Poder Ejecutivo y otra privada. “Tenemos una comisión de seguridad que fija los criterios que analizan el grado de riesgo que se pueda tener y sobre ese se atienda la demanda de la población específica, ya sea juez o magistrado, fijando las medidas de seguridad que corresponda.

Es 'poco fiable' el cálculo de PIB de Hacienda: ASF

MILENIO México La Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó que la metodología que utiliza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para estimar el producto interno bruto (PIB) y elaborar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) "puede no ser estadísticamente confiable" y generar "un margen de discrecionalidad en el uso de la estimación para requerir al Congreso de la Unión un mayor nivel de déficit presupuestario y de deuda pública para su financiamiento".

Consideró que el método empleado "implica un alto riesgo", porque es "muy sensible a la ventana de tiempo contemplado para estimar el PIB estacional", por lo que es necesario considerar criterios más armónicos con "metodologías más robustas y aceptadas a nivel internacional", como las empleadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para estimar la variable "con más precisión". Por ello, la ASF propuso que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sea el que tenga la "responsabilidad legal" de realizar la estimación y publicación periódica de este PIB, con transparencia en la metodología, los cálculos, los criterios, supuestos y resultados alcanzados dentro de las mejores prácticas internacionales en los términos de su autonomía técnica y de gestión. El PIB potencial es una de las variables que se necesita para elaborar los Criterios Generales de Política Económica (CGPE), documento que acompaña la entrega a la Cámara de Diputados de los proyectos de presupuesto de ingresos y egresos cada año, y sirve para establecer el nivel déficit fiscal y endeudamiento que el gobierno federal solicita al Congreso de la Unión. Adicionalmente, la ASF calificó de conveniente reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), con el fin de que la estimación realizada por el Inegi sea utilizada por los poderes Legislativo y Ejecutivo como apoyo para determinar la meta anual de balance presupuestario y de los requerimientos financieros del sector público (RFSP), en relación con la capacidad de financiamiento y del techo de endeudamiento del sector público federal, "en un marco de prudencia y sostenibilidad a mediano y largo plazos". Información imprecisa En un estudio que elaboró para la evaluación de políticas públicas, como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2013, la ASF señaló que la Secretaría de Hacienda tiene la función de calcular el PIB potencial para estimar la posición fiscal y definir sus metas anuales conforme marca la LFPRH y su reglamento. Hizo notar que en los CGPE de 2014 y 2015 no se presenta la información de manera sistematizada que permita al usuario replicar los resultados reportados en dicho documento. Por esa razón, la ASF sugirió que la información publicada en los CGPE para estimar el PIB potencial sea pormenorizada y completa; la metodología y la información deben estar contenidas en los CGPE, debido a que dicha estimación justifica el uso del financiamiento que compromete recursos futuros y por las obligaciones que adquiere la hacienda pública. Se reconoció que si bien la actualización que se hizo en 2008 para efectos de cálculo del PIB representa un avance, hay que tomar en cuenta que ese año fue atípico y los ponderadores podrían mostrar deficiencias para servir como referentes para el análisis de la economía mexicana. El cálculo del PIB potencial es fundamental para estimar la posición de la política fiscal y definir sus metas anuales conforme a la LFPRH y su reglamento. Hacienda tiene la función de realizar esa tarea, pero se observa que el método que utiliza muestra limitaciones respecto de los que se aplican a nivel internacional, determinó la ASF.