Llaman congresistas a castigar reclutamiento forzado de menores

• Al iniciar el análisis en comisiones de la iniciativa del Grupo parlamentario de MC, las Legisladoras Ruth Salinas (MC) y Yurixi Leyva Piñón (PT) concordaron en que el Estado de México debe legislar para castigar el reclutamiento forzado de menores.

• Dado que en 2022 se estimaba que en México había al menos 3 mil 951 menores que podrían ser víctimas de reclutamiento forzado, las legisladoras respaldaron que esta conducta se castigue hasta con 60 años de prisión.

• Según la Red por los Derechos de la Infancia en México, hay alrededor de 200 mil menores en riesgo de ser captados por grupos delictivos que operan en México.

• En el país, solo Hidalgo, San Luis Potosí, Jalisco y Michoacán han legislado al respecto, señalaron.

Dado que, según la Secretaría de Gobernación, en 2022, había al menos 3 mil 951 menores que podrían ser víctimas de reclutamiento forzado en México, las Legisladoras Ruth Salinas Reyes (MC) y Ana Yurixi Leyva Piñón (PT) concordaron en que el Estado de México se debe legislar para en la materia, como lo han hecho las entidades de Hidalgo, San Luis Potosí, Jalisco y Michoacán.

En reunión de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LXII Legislatura mexiquense, en la que se inició el análisis de la iniciativa de la bancada de MC para establecer penas de hasta 60 años de prisión por estas acciones, la Parlamentaria Ruth Salinas compartió que, según esta dependencia federal, en ese año se tenía registro de 20 mil 327 niñas y niños y adolescentes, que fueron reportados como desaparecidos. De estos, 3 mil 951 podrían ser víctimas de reclutamiento forzado.

Además, refirió que, según la Red por los Derechos de la Infancia en México, hay alrededor de 200 mil menores en riesgo de ser captados por grupos delictivos que operan en México.

Por lo anterior, añadió, en 2021, el Gobierno Federal elaboró el Mecanismo Estratégico de Reclutamiento y Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes por Grupos Delictivos, en donde se identificaron 18 entidades con presencia de crimen organizado, propensas a reclutar a estos sectores.

De estos estados, se ubicaron 50 municipios con alta incidencia de reclutamiento. Además, el Estado de México tiene cinco municipios que se encuentran en esta situación, debido a su colindancia con otras entidades como Guerrero, Morelos, Hidalgo, Ciudad de México y Michoacán.

Expuestas estas circunstancias, enfatizó en la relevancia de legislar en la materia, tal como establece la iniciativa, que sancionaría hasta con 60 años de prisión a quien reclute forzadamente algún menor, con el objeto de formar parte de una pandilla; fabricar, portar, usar o traficar armas prohibidas con fines ilícitos; o realizar vigilancia, mensajería, transporte, entrega o custodia de objetos relacionados con actividades ilícitas.

En este sentido, la Legisladora Ana Yurixi Leyva lamentó que en el sur de la entidad se reclute a menores para que hagan labores de vigilancia de los grupos criminales, por lo que señaló que es importante establecer estas conductas delictivas y castigar a quienes participan en el reclutamiento.

Indicó que esta situación ocurre desde hace más de 15 años y que se han empleado estrategias al respecto, pero que sólo se han modificado cuatro marcos jurídicos estatales, por lo que exhortó a que el Estado de México pueda ser la quinta. Además, solicitó ajustar la iniciativa para no dañar a quienes trabajan en paquetería y entreguen productosprohibidos, pero que desconozcan la situación.

Cabe señalar que la propuesta para reformar el Código Penal estatal establece que también comete este delito de reclutamiento forzado quien obligue a menores de edad a participar directa o indirectamente en la comisión de cualquier conducta ilícita prevista en ese código.

El documento precisa que la pena máxima de 60 años se aplicaría cuando el reclutamiento sea cometido por el padre, madre, tutor, ascendiente o cualquier persona que, por su posición de autoridad o confianza, tenga a la víctima bajo su custodia, guarda o educación y se ejerza violencia física o psicológica contra la víctima.

Plantean que Contraloría estatal opere mecanismo de testigos sociales

• La bancada de MC, coordinada por el Diputado Juan Zepeda, propuso que la Secretaría de la Contraloría de continuidad al trabajo de los testigos sociales, tras la extinción del Instituto de Transparencia del Estado de México y Municipios.

• Para fortalecer la figura, propone que quienes aspiren a ser parte de este mecanismo de participación ciudadana aprueben un examen de conocimientos avalado por el Comité de Registro de Testigos Sociales.

El Grupo Parlamentario de MC propuso que las funciones del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM) —cuya extinción está en trámite— relacionadas con los testigos sociales, sean asumidas por la Secretaría de la Contraloría estatal.

La iniciativa de reforma al Código Administrativo del Estado de México también plantea ampliar los requisitos que deberán cumplir quienes aspiren a ser parte de este mecanismo de participación ciudadana, como presentar y aprobar un examen de conocimientos avalado por el Comité de Registro de Testigos Sociales, con una calificación mínima de ocho, con el objetivo de elevar la calidad de su desempeño y dar mayor difusión a su labor.

La propuesta de la bancada de MC, coordinada por el legislador Juan Zepeda Hernández, recuerda que el testigo social es una figura que involucra a la sociedad civil en los procedimientos de contratación pública relevantes. Sus funciones son prevenir, detectar y denunciar actos de corrupción que se presenten durante los procesos de adquisición gubernamental, así como evitar la impunidad en el manejo de los recursos públicos.

De acuerdo con el planteamiento, al que dio lectura la Diputada Ruth Salinas Reyes (MC), la desaparición del INFOEM hace necesaria una adecuación del marco legal en la materia, con el propósito de optimizar las funciones que ahora asumirá la Secretaría de la Contraloría estatal.

En su exposición, la Parlamentaria Salinas Reyes añadió que fortalecer el mecanismo de testigo social servirá para saber, por ejemplo, a qué empresas se les ha pagado el bacheo que debería durar al menos tres años, aunque hoy sólo duran tres meses.

“Para eso son los testigos sociales. Para atestiguar quiénes son esos amigos, compadres, vecinos o servidores públicos que se están llevando las grandes obras”, enfatizó durante la sesión deliberante.

La propuesta establece que, para ser testigo social, será necesario contar con el registro correspondiente, otorgado de manera conjunta por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX) y la Secretaría de la Contraloría estatal, con base en el dictamen emitido por el Comité de Registro de Testigos Sociales.

Dispone, además, que la UAEMEX y dicha secretaría mantengan una lista actualizada de las personas registradas como testigos sociales y otra de quienes hayan perdido su registro, las cuales deberán publicarse en sus respectivos portales de internet.

En cuanto a los requisitos, se prevé que el examen de conocimientos podrá eximirse si la persona solicitante demuestra haber acreditado los cursos establecidos por el Comité de Registro, así como el examen que determine la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno o la autoridad federal competente en la materia.

Se establece que la vigencia del registro será de cuatro años a partir de la expedición de la constancia y podrá renovarse por el mismo periodo de manera consecutiva, siempre que se cumplan los requisitos y se considere el desempeño del testigo social en los procedimientos previos.

Cabe señalar que el 26 de junio, la LXII Legislatura mexiquense aprobó la extinción del Infoem. El decreto establece que, en un plazo de 90 días naturales tras su entrada en vigor, se deberán crear y aprobar las leyes secundarias correspondientes, y que una vez que estas entren en vigor, el Infoem se extinguirá formalmente.

Pide Ruth Salinas mayor infraestructura inclusiva en Congreso Local

* La legisladora planteó mejorar el acceso y movilidad para personas con discapacidad

* Además, indicó que deben existir sanitarios para la comunidad de la diversidad sexual

Al encabezar la inauguración del Foro ‘Los Retos para el Reconocimiento del Derecho a la no Discriminación’, la Legisladora Ruth Salinas Reyes (MC) recalcó la necesidad de que exista infraestructura adecuada en el Congreso mexiquense para las personas con discapacidad y personas de la comunidad de la diversidad sexual.

En el marco del Día Nacional contra la Discriminación en México, conmemorado el 19 de octubre, la diputada lamentó que en las instalaciones del Congreso mexiquense no se cuente con rampas para facilitar la movilidad de personas con discapacidad, incluyendo a quienes visitan el recinto y a quienes se desempeñan como congresistas, pues no existen adecuaciones necesarias en el pleno legislativo para sus participaciones.

En presencia de la Parlamentaria Maricela Beltrán Sánchez (MC), quien se pronunció por la congruencia respecto a la inclusión, la Legisladora Ruth Salinas recordó que, por primera vez en la historia del Poder Legislativo, LXII Legislatura mexiquense tiene como integrante a le Diputade Luisa Esmeralda Navarro Hernández (MORENA), quien arribó al Congreso Local por la acción afirmativa para la población Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Travesti, Transexuales, Intersexual y Queer (LGBTTTIQ+) del Instituto Electoral del Estado de México, pero que tampoco el recinto cuenta con sanitarios mixtos para que las personas de la comunidad de la diversidad sexual puedan elegir a cuál sanitario entrar.

Durante el foro, en el que también estuvo la Legisladora Federal Laura Hernández García y personas con diferentes tipos de discapacidad, se abordaron temas como el marco actual de la marginación, el derecho a la no discriminación en México y las necesidades y desafíos para los grupos en situación de vulnerabilidad.

Participaron ponentes como Brenda Lara Hernández, Rocío Suárez Hernández, Silvia Carmona Medina, Haziel Marroquín López, Elvira Melo Velázquez, Ginés Sandoval Quiroz y Leonardo Bastida Aguilar, quienes recriminaron todo tipo de exclusión, particularmente contra la Comunidad LGBTTTIQ+, a personas con virus de inmunodeficiencia humana y quienes padecen alguna discapacidad motora, visual y psicosocial, por lo que resaltaron la importancia de realizar campañas de concientización entre la ciudadanía para acabar con esta conducta social; así como por cubrir los vacíos legales para proteger las preferencias sexuales y facilitar a esta comunidad el acceso a servicios de salud.

Quienes asistieron al evento firmaron la declaratoria del foro para dar seguimiento a las observaciones realizadas.