Llaman congresistas a castigar reclutamiento forzado de menores

• Al iniciar el análisis en comisiones de la iniciativa del Grupo parlamentario de MC, las Legisladoras Ruth Salinas (MC) y Yurixi Leyva Piñón (PT) concordaron en que el Estado de México debe legislar para castigar el reclutamiento forzado de menores.

• Dado que en 2022 se estimaba que en México había al menos 3 mil 951 menores que podrían ser víctimas de reclutamiento forzado, las legisladoras respaldaron que esta conducta se castigue hasta con 60 años de prisión.

• Según la Red por los Derechos de la Infancia en México, hay alrededor de 200 mil menores en riesgo de ser captados por grupos delictivos que operan en México.

• En el país, solo Hidalgo, San Luis Potosí, Jalisco y Michoacán han legislado al respecto, señalaron.

Dado que, según la Secretaría de Gobernación, en 2022, había al menos 3 mil 951 menores que podrían ser víctimas de reclutamiento forzado en México, las Legisladoras Ruth Salinas Reyes (MC) y Ana Yurixi Leyva Piñón (PT) concordaron en que el Estado de México se debe legislar para en la materia, como lo han hecho las entidades de Hidalgo, San Luis Potosí, Jalisco y Michoacán.

En reunión de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LXII Legislatura mexiquense, en la que se inició el análisis de la iniciativa de la bancada de MC para establecer penas de hasta 60 años de prisión por estas acciones, la Parlamentaria Ruth Salinas compartió que, según esta dependencia federal, en ese año se tenía registro de 20 mil 327 niñas y niños y adolescentes, que fueron reportados como desaparecidos. De estos, 3 mil 951 podrían ser víctimas de reclutamiento forzado.

Además, refirió que, según la Red por los Derechos de la Infancia en México, hay alrededor de 200 mil menores en riesgo de ser captados por grupos delictivos que operan en México.

Por lo anterior, añadió, en 2021, el Gobierno Federal elaboró el Mecanismo Estratégico de Reclutamiento y Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes por Grupos Delictivos, en donde se identificaron 18 entidades con presencia de crimen organizado, propensas a reclutar a estos sectores.

De estos estados, se ubicaron 50 municipios con alta incidencia de reclutamiento. Además, el Estado de México tiene cinco municipios que se encuentran en esta situación, debido a su colindancia con otras entidades como Guerrero, Morelos, Hidalgo, Ciudad de México y Michoacán.

Expuestas estas circunstancias, enfatizó en la relevancia de legislar en la materia, tal como establece la iniciativa, que sancionaría hasta con 60 años de prisión a quien reclute forzadamente algún menor, con el objeto de formar parte de una pandilla; fabricar, portar, usar o traficar armas prohibidas con fines ilícitos; o realizar vigilancia, mensajería, transporte, entrega o custodia de objetos relacionados con actividades ilícitas.

En este sentido, la Legisladora Ana Yurixi Leyva lamentó que en el sur de la entidad se reclute a menores para que hagan labores de vigilancia de los grupos criminales, por lo que señaló que es importante establecer estas conductas delictivas y castigar a quienes participan en el reclutamiento.

Indicó que esta situación ocurre desde hace más de 15 años y que se han empleado estrategias al respecto, pero que sólo se han modificado cuatro marcos jurídicos estatales, por lo que exhortó a que el Estado de México pueda ser la quinta. Además, solicitó ajustar la iniciativa para no dañar a quienes trabajan en paquetería y entreguen productosprohibidos, pero que desconozcan la situación.

Cabe señalar que la propuesta para reformar el Código Penal estatal establece que también comete este delito de reclutamiento forzado quien obligue a menores de edad a participar directa o indirectamente en la comisión de cualquier conducta ilícita prevista en ese código.

El documento precisa que la pena máxima de 60 años se aplicaría cuando el reclutamiento sea cometido por el padre, madre, tutor, ascendiente o cualquier persona que, por su posición de autoridad o confianza, tenga a la víctima bajo su custodia, guarda o educación y se ejerza violencia física o psicológica contra la víctima.

Apoya Gobernadora Delfina Gómez Álvarez a más de 5 mil mexiquenses con lentes graduados a través de las Jornadas DIFEM

* Además, entrega ayudas técnicas como bastones, andaderas, muletas y sillas de ruedas

* Acerca consultas médica y odontológica, así como pruebas rápidas de diagnóstico de hepatitis, colesterol, triglicéridos y glucosa

La estrategia que la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez impulsa para atender a la población vulnerable en todos los rincones de la entidad, a través de las Jornadas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), ha logrado transformar la vida de los mexiquenses; muestra de ello es la entrega de más de 5 mil lentes graduados que permiten la autonomía, integración y bienestar de los beneficiados.

Karina Labastida Sotelo, Directora General del DIFEM, en compañía de Saray Benítez Espinoza, Presidenta Municipal de Mexicaltzingo, visitó esta localidad en donde destacó que el organismo está realizando un trabajo humano y sensible integrado por un equipo multidisciplinario de profesionales que atienden las necesidades de la gente y entregan ayudas como sillas de ruedas, bastones, andaderas, semillas para huertos, así como servicios de bienestar.

“Hoy quiero también hacer llegar un saludo de nuestra querida Gobernadora, la Maestra Delfina Gómez Álvarez, quien nos ha hecho un encargo a todo este equipo de DIF del Estado de México; ustedes saben que es una mujer verdaderamente sensible, que trabaja siempre en beneficio de todos los grupos prioritarios, los grupos en situación de vulnerabilidad, y entonces algo que nos ha pedido es que estemos trabajando siempre de la mano de los ciudadanos”, expresó Karina Labastida Sotelo, Directora General del organismo asistencial.

En este sentido, dijo que, con El Poder de Servir, estas Jornadas DIFEM estarán visitando los 125 municipios de la entidad para atender a las personas que carecen de seguridad social, que viven en zonas de marginación o en situación vulnerable.

Durante estos eventos, también se otorgan diversos servicios como consulta médica y odontológica, pruebas rápidas de diagnóstico; se cuenta con módulos de atención y valoración para personas adultas mayores y con discapacidad, asesoría jurídica en materia agraria, familiar, laboral, civil, y temas en torno a la igualdad de género.

De igual forma, se realizan conferencias, talleres, difusión de derechos de la infancia, asesoría de adopciones, cuenta cuentos, juegos de mesa, actividades interactivas para prevención de embarazo en la adolescencia y de sustancias nocivas.

Se brinda orientación nutricional con valoración de peso y talla, pláticas y distribución de paquetes de semillas para instalación de huertos familiares y escolares; así como pláticas de integración familiar.

Durante este evento, Saray Benítez Espinoza, reconoció y agradeció el apoyo de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, al estar al pendiente de las necesidades de la población en toda la entidad y por los apoyos que ha hecho llegar a este municipio.

Previo a esta visita, las Jornadas DIFEM estuvieron presentes en los municipios de Tezoyuca y Tepetlaoxtoc, al servicio de la población con la atención de servidores públicos municipales y estatales.

Aprueba Comisión reforma que garantiza derecho a la movilidad de la infancia

• El proyecto pretende brindar seguridad a niños, niñas y adolescentes, porque son los más vulnerables a accidentes de tránsito.

En México, en 2019, murieron cerca de mil 700 personas menores de 18 años en siniestros de tránsito, reveló la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, que preside la Senadora Patricia Mercado Castro.

Ante esta situación, los y las legisladoras aprobaron, por unanimidad, con ocho votos, un dictamen que propone incorporar la movilidad al catálogo de derechos de niñas, niños y adolescentes, junto con las acciones que garanticen la protección a su vida e integridad física, a través de un enfoque de sistemas seguros.

El documento que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, señala que, de acuerdo con el Informe sobre la seguridad vial de México, en 2019, la mortalidad por lesiones causadas por accidentes de tránsito fue la segunda causa de muerte en niños y niñas de cinco a nueve años, y en jóvenes de los 10 a los 19 años.

Por ello, el proyecto que se aprobó en la reunión de este miércoles, contempla establecer criterios mínimos para los entornos escolares seguros como los límites de velocidad, infraestructura urbana, participación de las y los menores, y el uso de indicadores para la identificación de factores de riesgo.

También plantea establecer criterios mínimos para espacios públicos con perspectiva de derechos de la infancia, tales como: la previsión de instalaciones y mobiliario urbano que garanticen un entorno accesible para la niñez, el fomento de mecanismo de participación de las y los niños y adolescentes en el diseño de éstos, así como la creación de espacios y zonas de juego seguras, accesibles y suficientes.

Además, faculta a las autoridades federales y locales para fortalecer las medidas legislativas y administrativas para garantizar la seguridad vial de las y los niños y adolescentes.

Esto, a través de la identificación de factores de riesgo e implementación de estrategias, medidas de mitigación y soluciones como, reducción y control de la velocidad, el uso obligatorio de cinturón de seguridad, sillas de retención infantil o asiento de seguridad que cumpla con criterios reconocidos internacionalmente en su fabricación y el uso obligatorio de casco para personas usuarias de motocicletas, entre otros.

Además, propone establecer medidas administrativas que faciliten la instalación correcta de los sistemas de retención infantil, la capacidad del automóvil para instalarlo de forma segura y la capacidad del consumidor para adquirirlo e instalarlo, e incorporar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano al SIPINNA.

Patricia Mercado explicó que este dictamen incorpora modificaciones recibidas del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.

El Senador Emilio Álvarez Icaza explicó que este proyecto es un ejercicio de armonización, producto del trabajo de más de 60 organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia, que propusieron el proyecto con la finalidad de armonizar nuestro marco normativo en materia de movilidad y seguridad vial, anteponiendo como principio el interés superior de las niñas, niños y adolescentes.

“Tenemos la obligación de evitar la muerte o lesiones graves de niñas, niños y adolescentes, asegurando que las calles y carreteras sean una herramienta para alcanzar su bienestar, salud, seguridad, en donde puedan desarrollarse y potenciar sus capacidades, adecuar su entorno y adaptarlo a sus necesidades, que sus entornos escolares sean seguros y que se conviertan en lugares aptos de aprendizaje y socialización”.

La Senadora Guadalupe Covarrubias Cervantes, de MORENA, destacó que la protección y la garantía del pleno ejercicio de los derechos fundamentales de la niñez y de la adolescencia deben ser prioritarios, por lo que es necesario, dijo, entender que el derecho a la movilidad con todas sus ramificaciones no puede ser excluido.